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Crecen dudas por
ley anticorrupción
Irene Vizcaíno
Redactora La Nación
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SOLUCIÓN A UNA LEY INEFICAZ
Por
José Luis Campos Vargas
Abogado y Periodista
La
Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda,
también denominada Ley Anticorrupción, a un año
de su vigencia, ha demostrado ser un instrumento ineficaz desde el punto
de vista práctico para sancionar los delitos de la función
pública.
A las ya conocidas críticas de inaplicabilidad por falta de recursos económicos para el Poder Judicial cuando se crea un órgano judicial en una ley especial como la que nos ocupa, es importante adicionar los inconvenientes derivados de la concentración de competencia en las instancias judiciales del Segundo Circuito Judicial de San José, algo que verdaderamente es incomprensible, ilógico y poco práctico para todos los operadores del sistema, sean jueces, fiscales o defensores públicos o particulares.
Una vez más se comprueba que nuestros legisladores promulgan nuevas disposiciones penales, lo hacen de cara a la opinión pública, sin realizar el menor análisis sobre cuestiones elementales sobre su aplicabilidad. Parece que la lógica que inspira la creación de leyes de este tipo es salir al paso de las críticas de la prensa cuando los escándalos de corrupción tienden a aumentar. Por estos motivos, resulta de suma importancia que agrupaciones como la Asociación de Ciencias Penales participen ampliamente en la fase de discusión en la Asamblea Legislativa y se manifiesten oportunamente ante las comisiones encargadas de elaborar los correspondientes proyectos de ley.
De más está decir que la única solución
viable es la derogatoria de la ley, tal y como lo plantearon los Fiscales
de la República, según la nota informativa. Ojalá
que en un futuro, este tipo de disfunciones sean corregidas antes de
que nazcan a la vida jurídica nuevas ordenanzas similares. Aunque
no nos debe extrañar que los diputados sigan "jugando para
la gradería" - especialmente cuando ya los primeros aires
electorales empiezan a soplar - y así tratar de conseguir más
votos para sus partidos bajo el ya conocido método de aparecer
en campaña como los garantes de la ética y la honestidad
en la función pública.
