Walter Antillon

Estas notas, cuya brevedad contrasta con la amplitud e importancia del tema escogido, pretenden llamar la atención sobre las características de la corrupción de nuestro tiempo, y su relación directa con las formas autoritarias de ejercicio del poder que son propias de los regímenes que gobiernan la Región, a fin de contribuir al desarrollo de una respuesta democráticamente inspirada.

1. Es sabido que el vocablo español "corrupción", y su equivalente en otras lenguas, sirve para describir situaciones y procesos muy diferentes, aunque todos con el mismo significado de destrucción, putrefacción, disolución, etc. (se habla, por ejemplo, de corrupción del idioma, de los alimentos, de las costumbres, etc.).

En este ensayo me interesa la palabra en su vertiente social, pero no tanto en cuanto actitud intrasubjetiva (mente corrupta), sino cuando tal actitud se resuelve en la conducta externa de ciertas personas con poder político o económico, que usan de dicho poder para conseguir ventajas patrimoniales, con menoscabo de los derechos de los demás, y, lo que es más grave, con un efecto desmoralizador difuso (confr. Henri Capitant et al.: "Vocabulario Jurídico", Depalma, Buenos Aires, pág. 167).

En consecuencia, el concepto de corrupción que usaré en este escrito alude, sí, insoslayablemente, a una actitud moral, pero esa actitud me interesa en el tanto en que se manifiesta en las figuras de muchos delitos "de funcionario" y delitos económicos y 'de cuello blanco' contemplados en casi todos los códigos penales, y también en otros comportamientos indeseables de reciente penalización en algunos ordenamientos, como el tráfico de influencias, la manipulación del mercado, el abuso de información, etc., como, por último, en antiguas figuras de ilícito ahora impunes como tales: la simonía, el nepotismo.

Así pues, desde un punto de vista subjetivo, la corrupción es sinónimo de degradación moral, generalmente originada en la soberbia y la codicia que con frecuencia se despiertan en quien detenta poder social, de cualquier clase que sea (y lo corrompen, es decir, destruyen sus escrúpulos o reservas morales); y en la actitud supina, obsecuente, de los destinatarios de su arbitrariedad. Así pues, se trata de una degradación moral corruptora en cuanto destruye primero los escrúpulos o reservas morales de los implicados, pero luego, al trascender, lleva su efecto disolvente a círculos cada vez más amplios.

De manera que, en el sentido que aquí nos interesa, los delitos en los que la corrupción se manifiesta, presuponen o postulan una relación asimétrica entre el titular del poder y los sometidos a él; y se fundan, repito, en la actitud de arrogancia y subestimación de los demás que podemos observar, por ejemplo, en el origen de la institución monárquica: como estoy convencido de que soy el mejor, por nacimiento o cualidades personales (reales o imaginadas), siento que puedo hacer y tener más que los otros, y obrar por encima de sus leyes: "Princeps legibus solutus est" (Ulpiano: Digesta, 1, 3, 31). Y es la misma actitud que históricamente han observado los que tienen poder político o económico, hacia los destinatarios de dicho poder, en todas las sociedades clasistas, incluido el Capitalismo (sobre el tema: Werner Sombart: "El burgués", Alianza, Madrid, 1977).

2. A esta acepción jurídico-política de la palabra, que hemos elegido, se refiere la conocida frase "el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente", escrita de manera un tanto incidental por Lord Acton (en una carta a Mandell Creighton fechada el 5 de Abril de 1887). Frase que, muy seguramente, cristaliza una generalizada y recurrente intuición varias veces milenaria; porque es razonable pensar que la corrupción es más antigua que los casos que nos cuenta Plutarco, y que datan de los cuatro o cinco siglos anteriores a nuestra Era (en "Vidas Paralelas", Janés, Barcelona, 1945; págs. 393 y sigtes., 729 y sigtes.).

Por ello no es sorprendente que las formas más clamorosas de corrupción de la Antigüedad (verdaderos "delitos de cuello blanco" cuando aún no se usaba cuello) se produjeran sobre todo en daño de los pueblos sojuzgados por Roma, por obra de los patricios que los gobernaban: se trata de los famosos 'crimines repetundarum' que llenan gran parte de los Siglos II y I a. C., y que enconan la pugna secular entre patricios y plebeyos (ver: Theodor Mommsen: "Historia de Roma", Aguilar, Madrid, 1955; Tomo II, pág. 109 y sigtes.; Feliciano Serrao: "Las clases, los partidos y la ley en la República Romana"; Pacini, Pisa, 1974; pág. 207 y sigtes.). Pero no olvidemos que, para una época aún anterior, de corrupción hablan abundantemente, en la Biblia, el Libro de los Reyes y los de los Profetas.

3. Ahora bien, a pesar de los hechos de la Historia, que parecen abrumadores, quiero adelantar que no creo que deba interpretarse la frase de Lord Acton en el sentido de que la sociedad humana esté condenada a sufrir por siempre el flagelo de la corrupción. Y no lo creo por tres razones: a) Porque la fórmula de Lord Acton, más que postular una actitud fatalista sobre la naturaleza humana, habla de una "tendencia", y con ello invita a reflexionar acerca de los posibles medios para su evitación. b) Porque, en general, no creo en ningún tipo de determinismo histórico; y c) Porque, por eso mismo, si el poder social fuera uno de los presupuestos de la corrupción, ésta podría desaparecer, o atenuarse significativamente, si un día lográramos transformar o, incluso, 'eliminar' ese poder social, tal como se nos presenta históricamente. Esto último merece una explicación más circunstanciada, que dejaré para el final; pero, por el momento, en las circunstancias en que el poder se ha estructurado en las sociedades históricas, la fórmula de Lord Acton mantiene su vigencia.

4. Aunque, según podemos ver, la corrupción viene acompañándonos desde muy lejos, lo cierto es que nuestra época tiene sus formas específicas de corrupción, derivadas del desarrollo que ha tenido el sistema capitalista a lo largo del Siglo XX; el cual, a su vez, ha condicionado un notable aumento de la producción económica y un desarrollo sin precedentes de la tecnología, así como también ha propiciado el crecimiento y la transnacionalización de un centenar de fortunas colosales, y la correlativa marginación de gran parte de la población mundial; y a la vez ha fomentado, al paso con la globalización neoliberal, una cultura de exacerbado individualismo; y ha terminado por afectar profundamente la estructura y la función misma de los Estados tradicionales (ver: C. B. Macpherson: "La teoría política del individualismo posesivo", Fontanella, Barcelona, 1970; Alvaro Montero Mejía: "La globalización contra los pueblos", Juricentro, San José, 1998; Helio Gallardo: "Política y transformación social", Tierra Nueva, Quito, 2000).

En razón del dinamismo del proceso capitalista actual, los grandes escándalos de corrupción ya no se producen aisladamente, como ocurría en el Siglo XIX (por ejemplo, el sonado "Affaire Panamá", que sacudió Francia); sino que, y sobre todo en los últimos cincuenta años, tales escándalos estallan constantemente y, de preferencia, en las economías más avanzadas: desde Inglaterra al Japón, de Francia a Estados Unidos, Canadá, Taiwán, etc., hasta el punto de que los llamados "delitos de cuello blanco" llegan a ser considerados, en su momento, como una verdadera epidemia (William Endicott, en "Los Angeles Times" de 27 de Febrero de 1978).

Correlativamente, a partir de la tercera década del Siglo XX los "crímenes de los poderosos" despiertan el interés de los científicos sociales, primero en los Estados Unidos y Gran Bretaña (cfr. entre muchos, Edwin Sutherland: "El delito de cuello blanco", Dryden, Nueva York, 1949; Charles Wright Mills: "La élite del poder"; Oxford U.P., Nueva York, 1956; R. Wraith -E. Simpkins: "La corrupción en los países desarrollados"; Allen & Unwin, Londres, 1963; Frank Pearce: "Los crímenes de los poderosos"; Routledge & Kegan Paul, Londres, 1975), y posteriormente en el resto de Europa y en el Tercer Mundo (Ives Mény: "La corrupción de la República", Fayard, Paris, 1992).

Una de las muchas formas de corrupción características de la modernidad son los "delitos mafiosos", que tienen su origen en las actividades de las organizaciones delictivas del Sur de Italia (Cfr. Salvatore Francesco Romano: "Historia de la Mafia", Alianza, Madrid, 1970), y de allí se propagan al resto de Europa y a Estados Unidos, país este último donde la Mafia llega a tener una enorme fuerza entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, e incluso más allá (Cfr. los trabajos de la 'Comisión Kefauver' del Senado de los Estados Unidos, recogidos en las publicaciones de Jack Lait y Lee Mortimer: "U.S.A. Confidential", Nueva York, 1951, citados por Romano, obra y lugar cit.).

En la propia Italia, en la segunda mitad del Siglo XX asistimos a una alianza cada vez más estrecha entre los gobiernos hegemonizados por la Democracia Cristiana, la Masonería y la Mafia, con profundos efectos corruptores en la Administración Pública, la banca y la gran empresa -es el fenómeno llamado 'Tangentopolis', que significa ciudad de las 'tangenti', es decir, de los sobornos, aludiendo a los que recibían los burócratas en la contratación administratriva (sobre ello, entre muchísimas obras: Giuseppe Borrè, Livio Pepino (eds.): "Mafia, 'Ndrangheta y Camorra"; Franco Angeli, Milán, 1983; y los artículos de Agostino Cordova: "El poder secreto", y Edmondo Bruti Liberati: "Magistrados y políticos: una convivencia difícil", ambos en la revista "MicroMega" N.5 de 1993; además Vittorio Andreoli: "Culpa y vergüenza: la enfermedad de los sobornos", Editori Riuniti, Roma, 1994).

La corrupción en América Latina viene casi siempre aliada a las dictaduras y a la intervención de capital foráneo, especialmente inglés y norteamericano. Sobre esa historia se ha escrito muchísimo, de modo que me limito a indicar algunas fuentes muy conocidas (Eduardo Galeano: "Las venas abiertas de América Latina", Siglo XXI, México, 1979; Tulio Halperin Donghi: "Historia contemporánea de América Latina", Alianza, Madrid, 1977). Conviene, sin embargo, detenerse brevemente en los casos particulares de México y Venezuela, por ser paradigmáticos.

Por ser poseedora a la vez de una avanzada cultura e inmensas riquezas materiales, a la población indígena de México le tocó sufrir duramente la explotación y la marginación del gobierno colonial español, el cual, durante los siglos de su dominio, produjo una sociedad feudalizada y férreamente estratificada que, después de la Independencia, se convirtió en el más serio obstáculo para la construcción de un Estado liberal y democrático, precisamente por haber heredado y conservado el carácter radicalmente asimétrico de las relaciones entre los poderosos y el pueblo (José Vasconcelos: "Breve Historia de México", Continental, México, 1956; pág. 359 y sigtes.; Halperin, obra cit., pág. 235 y sigtes.). Así, a la corrupción que se enseñorea del régimen dictatorial de Porfirio Díaz (1876-1911), sucede, tras el interludio maderista, la corrupción de los caudillos, desde Carranza hasta Calles (1916-1930), y desde la fundación del PNR en 1929 (precursor del PRI), la corrupción institucional (cfr. Rosario Castellanos et al.: "La corrupción", Nuestro Tiempo, México, 1969).

La Venezuela agrícola y esclavista del Siglo XIX se debate en las pugnas de sus oligarquías conservadoras y liberales hasta la llegada al poder, en 1908, del dictador Juan Vicente Gómez, quien lo ejercerá hasta su muerte en 1935. Es en la tercera década del Siglo, en pleno auge del gobierno Gómez, cuando Venezuela se consolida como un importante exportador de petróleo (cfr. D.F. Maza Zavala: "Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975", en Pablo González Casanova (cord.): "América Latina: historia de medio siglo"; Siglo XXI, México, 1979; Tomo I, pág. 458 y sigtes.).

De allí en adelante, si bien es cierto que, en una primera etapa, dicho producto será causa de un relativo bienestar económico en la población venezolana, también lo es que generará uno de los procesos de corrupción oligárquica más profunda, arrastrando con ella por igual a los dirigentes políticos y a la clase empresarial y bancaria (sobre ello véase: Margot Adrianza et al: "El delito de cuello blanco en Venezuela. Las relaciones entre el poder político y el económico como parte de una explicación estructural de ese delito", en la Revista "Capítulo Criminológico" Nº 7-8, Maracaibo, 1980, pág. 155 y sigtes.).

Tenemos entonces que las características de los delitos de corrupción de los cuales nos estamos ocupando, son las siguientes:

a) Son cometidos desde una posición de poder, es decir, desde la posición dominante de una relación asimétrica;

b) Su ejecución requiere la colaboración de grupos organizados (corporaciones legales u organizaciones clandestinas);

c) Sus cabecillas se mantienen a una discreta distancia, o en la sombra, de modo que sólo muy excepcionalmente son identificados y detenidos; y

d) Producen un efecto difuso de degradación moral de los cuadros burocráticos y empresariales, que se propaga entre la gente del pueblo.

5. Viniendo al caso de Costa Rica, quiero referirme, en concreto, a la corrupción, como un aspecto particularmente sensible del ambiente político e institucional, estimulado por las mencionadas tendencias universales de internacionalización de los capitales y de debilitamiento del Estado Nacional. Fenómeno que se ha venido extendiendo en nuestro País, entre personeros y dirigentes políticos, funcionarios y empleados públicos de todos los rangos, y sectores de la empresa privada. Porque no fue precisamente la casualidad lo que hizo que también los costarricenses despertáramos un día y nos encontráramos viviendo dentro de una versión criolla de la célebre 'TANGENTOPOLIS' que azota por doquier (Cfr.,en general, últimamente, Thomas Ferenczi: "Una vieja enfermedad que al fin nos dice su nombre" en 'Le Monde' de 7 de Abril de 2002).

En muchos casos se trató de hechos notorios; otras veces el escándalo no trasciende; o bien, siendo conocido en cìrculos selectos, no llega sin embargo a estallar en los medios de comunicación. No mencionaré nombres, pero ¿quièn no recuerda a aquel honorable ministro que, aprovechando la información oficial sobre una inminente devaluaciòn monetaria, obtiene fabulosas ganancias para sí, familiares y amigos? ¿Quièn no conoce alguno de los numerosos casos, repetidos a través de los años bajo gobiernos de diferente signo, en que altos dirigentes políticos, sabiendo de antemano en qué partes del territorio nacional se emprendería la construcciòn de carreteras, edificios, puentes, etc., compraron a bajo precio los relativos terrenos, a fin de aprovechar el sobreprecio, con frecuencia exorbitante, de las expropiaciones? ¿Y la presión sobre directivas bancarias, para conseguir préstamos y sobregiros a favor de empresas que los políticos interesados dominaban por medio de mayorías accionarias a nombre de sus testaferros? ¿Y las decenas de honrados empresarios que usaron fraudulentamente los 'Certificados de Abono Tributario' (CAT)? Y tantos y tantos otros casos.

Durante mucho tiempo, hechos como los que antes enumeramos quedaban impunes, ya fuera porque se ocultaban bajo el silencio de los pactos políticos, o simplemente porque nadie tomaba la iniciativa (ni el riesgo, ni la infinita molestia) de denunciarlos. Sin embargo desde hace unos quince años, en nuestro País las cosas empezaron a cambiar, y ello no debido a una milagrosa regeneración moral de políticos, magnates o burócratas, sino a otras razones, y particularmente:

a) Porque la corrupción llegó a crecer desmesuradamente, tanto en calidad como en cantidad, revistiendo diversas formas del fraude fiscal de parte de industriales y agricultores, o de malversaciones, concusiones y peculados de parte del funcionariado público; y en este campo se extendió desde los más altos hasta los más modestos estratos de la burocracia, central y descentralizada, de modo que el funcionamiento de muchos organismos estatales se vio seriamente afectado, llegando en algunos casos a límites cercanos a su paralizaciòn Ejemplo de esto último: el notorio caso de las municipalidades (pero hay mucho más);

b) Porque esa situación terminó lógicamente por generar una reacciòn de parte de los ciudadanos, irritados por las mordidas de los tràficos y las propinas de los empleados, pero también alarmados por la postergaciòn y general inseguridad en que se vinieron a encontrar sus asuntos. Las manifestaciones de esta reacción ciudadana podrían evocarse una por una y rápidamente tendríamos una masa imponente.

c) Porque algunos medios de comunicación colectiva, pronto emulados por los restantes, empezaron a hacerse eco del clamor ciudadano, de modo que contribuyeron a su vez a fomentar el clima de descontento y escepticismo popular que desde hace algunos años nos muestran las encuestas;

d) Porque la oposiciòn política de uno y otro signo vio en este clima de alarma generalizada una buena oportunidad para llevar agua a su molino, de manera que se sumó a la presión cívica y moralizadora ya en marcha, tratando de manipularla para poner en la picota a los funcionarios del gobierno rival, o, en su caso, abandonando a su suerte a los propios (salvo, naturalmente, que se tratara de algún miembro de la élite gobernante);

e) Porque el propio Poder Judicial, orgulloso de su pasado impoluto, se vio envuelto en el escándalo, habiendo sido objeto de fuertes críticas en comisiones ad hoc de la Asambleal Legislativa, y experimentando un descenso apreciable de su imagen en las encuestas de opinión..

Frente a esta situación, que amenazaba con poner en peligro la existencia del PLN y el PUSC como partidos de masas, éstos tenían dos caminos: reconocer la realidad del problema, hurgar en sus causas más profundas y, pagando la cuota necesaria de dolor y sacrificio, cortar de raíz; o bien, reconociendo puertas adentro la evidencia del problema, tratar de vanificarlo, negarse a profundizar sus causas y, buscando una vía rápida y fácil para que todo quede igual, escoger y sacrificar ejemplarmente a algunos personajes secundarios que si, además, son del partido rival, ¡miel sobre hojuelas!

Esta última fue la opciòn a la que se aferraron los dos partidos mayoritarios que se han turnado en el Gobierno a lo largo de ese medio siglo, y que han terminado por constituir el tristemente célebre "Bipartido", fecundo en pactos secretos y públicas recriminaciones. Y lo que ocurrió en los escándalos de corrupción dados a la publicidad en los últimos diez años, ejemplifica perfectamente su conducta, tanto cuando actuaban desde el gobierno como en la oposición. Porque, en efecto, con los mencionados casos se produjo una especie de empate entre ambas agrupaciones; cuyos gobiernos (que tradicionalmente habían sido tan comprensivos ante las "debilidades" de sus miembros) se vieron entonces compelidos por las circunstancias a rivalizar en la predica de la moralidad pública; y se cuidaron ambos de advertir 'urbe et orbi' que, en los casos incipientes dejarían que los tribunales actuaran, y se conformarían con sus resultados.

Pero estaba claro que, en aquellas ocasiones, los mensajes implícitos, pero inequívocos, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial se limitaban básicamente a recomendar que se hiciera una justicia "ejemplar", es decir, que pudiera ponerse de modelo para el futuro (y que, sobre todo, sirviera a la vez, para lavar ante los ojos del pueblo las manchas del pasado).

Ahora bien, si la corrupción nos envuelve ¿quién no está de acuerdo en luchar con seriedad y honestidad por erradicarla de las diversas administraciones públicas y, en general, de la vida nacional? El problema es cómo hacerlo, y allí es donde me parece que debemos hablar claro: no dejará de haber corrupción mientras no se profundice nuestra sistema democrático, mientras se mantenga al pueblo en un papel de pasividad y sometimiento, mientras no se le dé amplia participación en la cosa pública.

Por eso mismo, creo que debe denunciarse la maniobra politiquera, de mero camuflaje, que busca lavarle la fachada a los viejos partidos mediante verdaderos 'autos de fe', en los que son sacrificados personajes secundarios y terciarios para garantizar la impunidad de los peces gordos y que, en el fondo, las cosas sigan igual. En fin, una solución verticalista, antidemocrática, profundamente reaccionaria (sobre ello, la conferencia del Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga "Cultura y corrupción" en la Universidad Nacional, el 11 de Febrero de 2002).

Por otra parte, es más que comprensible que los jueces honestos se hayan sentido mortificados por el sensible descenso de su respetabilidad ante la opinión pública; y todos esperamos de ellos esa sana reacción: una actitud más vigilante en la marcha de sus despachos; un mayor esfuerzo para estar mejor preparados y mantenerse al día en sus disciplinas de trabajo; pero, sobre todo, un examen de conciencia acerca de su papel en la sociedad y sus deberes frente a la comunidad ciudadana. Los jueces deben realizar también su propia revolución democrática, que será, en primer lugar, una revolución de sus conciencias: deben llegar a sentirse ligados a los valores y expectativas del ciudadano común, del pueblo, y no a los intereses de los magnates políticos y económicos que forman las modernas oligarquías transnacionales.

Para la seguridad de todos resulta crucial que, ante los hechos de corrupción, los jueces no se lancen tras aquel señuelo agitado desde el poder, y que se limita a la captura y sacrificio del chivo expiatorio, sino que miren, al fondo, a los verdaderos protagonistas. Pero creo que no me equivoco al suponer que en un Poder Judicial seriamente cuestionado, chivo expiatorio, también él, de pecados ajenos, el asunto sólo sea percibido difusamente como un reto y, a la vez, como una instancia a sumarse a la sublime Cruzada. Y creo que sus miembros más cercanamente aludidos (fiscales y jueces de mérito) han recogido el guante, es decir, han asumido aquel dudoso y expeditivo lema de hacer, ante todo, una justicia hacia fuera, es decir, de mera fachada, donde la función ejemplarizante aparece hipertrofiada.

Y es que, en mi criterio, la regeneración de las costumbres no se alcanza mediante esos falsos remedios externos, sino que, precisamente, descansa en el desarrollo de la conciencia democrática de la sociedad; de modo que la tesis central de este ensayo (que persigue un fin didáctico, y ninguna pretensión de originalidad) es que, a mayor democracia, menor poder asimétrico, menor corrupción. Tesis ingenua, se me dirá, porque falazmente postula la infalibilidad moral del pueblo ¿no existe la posibilidad de que la mayoría se corrompa? ¿no fueron corrompidas las masas populares en el Imperio Romano, a base de 'pane et circus'? ¿no es una forma moderna de corrupción esa entrega desenfrenada del pueblo a los espectáculos (como el fútbol), para escamotear y no tener que afrontar los graves males que lo aquejan?

No tengo, talvez para mi desgracia, aquella fe jacobina en una especie de "infalibilidad moral del pueblo" porque, entre otras cosas, para empezar, no creo que exista en el Mundo algo muy concreto y aprehensible que se llama "el bien" y algo muy concreto y aprehensible que se llama "el mal". Es decir, que no creo que 'la voz del pueblo' sea 'la voz de Dios'; sino que los pueblos, al tomar decisiones (importantes o no) pueden equivocarse de medio a medio, y tener luego que sufrir las consecuencias. Pero por otra parte sí creo que, en la medida la profundización de la democracia vaya haciendo posible que prevalezcan en la comunidad los intereses de cada vez mayor número de ciudadanos, en esa medida perderá terreno la corrupción, según quedó caracterizada atrás.

Porque, en efecto, la Historia ha demostrado que la corrupción tiende a expandirse cuando el poder se concentra en pocas manos y, correlativamente, tiende a aumentar la distancia entre sus detentadores y la comunidad gobernada. Y viceversa, la corrupción tiende a disminuir cuando el poder es compartido por todos, pues la democracia significa precisamente que el poder está de alguna manera (sufragio, referéndum, etc.) en manos de todos. Pero ¿puede el poder estar en manos de todos y continuar existiendo? ¿Hasta qué punto podemos llamar poder a la situación en que gobernante y gobernado se confunden? Y entonces, en la medida en que, efectivamente, el poder sea ejercitado de modo creciente por todos los ciudadanos, en esa medida se transforma en autorregulación, deja de ser distancia y asimetría y, por ende, se aproxima (aunque sin alcanzarlo nunca) al grado cero.