“LOS DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO: PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL”

 

Msc. Alfonso Chacón Mata

 

 

I. INTRODUCCIÓN

 

La intención de estas líneas, conlleva la necesidad de recalar en torno a una reforma que se pretende realizar al Código Penal vigente en Costa Rica.   A través del proyecto de ley No 11.871 que pende en la corriente de la Asamblea Legislativa, se busca adicionar bajo un título denominado “Delitos contra los trabajadores”, una serie de provisiones en materia penal que tutelan los intereses y derechos de los trabajadores.   La importancia que reviste esta iniciativa, es de primer orden debido a que no existe en nuestra legislación penal, tipos penales de esta naturaleza o mejor dicho, de defensa de los derechos laborales a través de la vía penal. 

 

Hemos escogido este tema de ensayo, debido a la necesidad de seguir estudiando y analizando al trabajador(a)/obrero(a)/funcionario(a) como sujeto de las relaciones laborales en sentido amplio, y la posible cobertura de sus intereses a través de la normativa penal.    Si hacemos una mirada retrospectiva de los derechos y garantías laborales, tenemos que el tránsito histórico hacia las conquistas obreras no ha sido fácil en el espacio y tiempo, teniendo su sustrato en la época de implementación del capitalismo liberal como producto de esta fase de consolidación[1].   El proyecto liberal se impuso en los diferentes países europeos por caminos y matices diferentes.  Hacia el fin de la primera mitad del siglo XIX, el sistema económico liberal se había hecho realidad en Alemania, dándose las consecuencias verdaderas en el marco de un sistema capitalista, en el que los pudientes podían desenvolverse y acumular bienes materiales en plena libertad económica.  Pero las grandes y crecientes mayorías obreras desposeídas, entraban en una época caracterizada por una contradicción, cada vez mayor, entre las promesas de libertad, igualdad, fraternidad y sus condiciones de vida reales:  “Impotentes debido a su condición de individuos no organizados, sufrían cobrando salarios miserables insuficientes para la mera supervivencia, situación que obligaba a sus mujeres y hasta a sus niños a trabajar en fábricas en condiciones inhumanas.  Al firmar sus contratos de trabajo, se entregaban completamente a la merced del empresario.  El dictaba todas las condiciones de trabajo, desde la fijación de la jornada y la forma de realizarlo hasta el salario.  En su trabajo, la mayoría de los obreros no eran más que apéndices ciegos de las máquinas.  No tenían derecho de codeterminación.  Al regresar a sus hogares, después de 16 horas de jornada, estaban demasiado agotados como para desenvolverse humanamente y llevar una vida familiar satisfactoria[2].

 

Ahora bien, independientemente de las variables histórico sociales que impulsan la necesidad de conformar y positivizar un derecho laboral que protegiera a los(as) trabajadores(as), tenemos además que el derecho en cuestión desarrolló sus propios principios jurídicos de tutela a la parte más débil de la relación laboral, tratando de contrarrestar el desequilibrio interpartes.   En la doctrina nacional, un autor como CASCANTE CASTILLO, ha dicho sobre el Principio Protector o “Pro Operario”, lo siguiente: “Se considera el más importante, el que verdaderamente identifica al Derecho del Trabajo; es el “principio “ del Derecho Laboral. ¿Porqué? Por que actúa como criterio fundamental en la medida que quiebra el denominado “Principio de Igualdad “ del Derecho Civil; es decir, no se inspira en el denominado principio de igualdad”[3].    En el marco de una relación laboral confluyen dos partes que son asimétricas en potestades reales de ejercer su poder.   Es por ello, que el principio protector busca defender y coadyuvar al trabajador como parte que se tiene más indefensa dentro de la relación.   Por esta razón estimamos además, que la legislación que vamos a proceder a analizar en este trabajo, vendría a complementar el principio protector y las prerrogativas que serían inherentes a defender y consolidar aún más los derechos de la población trabajadora a través de otra vía jurisdiccional  alternativa a la sede laboral: la de naturaleza o índole penal.

 

II.  TEORÍA GENERAL DE LOS DELITOS EN MATERIA LABORAL

 

En la materia de delitos contra los trabajadores, se genera la misma funcionabilidad de la teoría general que en cualquier otra clase de delitos.  Se suscita un juicio de antijuricidad y uno de culpabilidad.    Si hablamos del primer supuesto, para que una conducta sea punible debe ser antijurídica y ello depende de la constatación de dos aspectos básicos: vulneración o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por la norma, a través de la realización del tipo delictivo previsto por la norma penal y ausencia de causas de justificación[4].

 

En torno al juicio de culpabilidad, se concreta en el reproche personal que se realiza al autor por la realización de la conducta antijurídica, por lo que “La culpabilidad se caracteriza así como actitud interna jurídicamente desaprobada o como negación del deber de actuar en el sentido determinado que el ordenamiento exigía, cuando ello era posible para el autor”[5]        Procedemos seguidamente a caracterizar en las líneas que siguen, algunos elementos que nos ayudarán a comprender el fenómeno en estudio, desde la óptica de la dogmática penal y su aplicación tratándose de delitos laborales en estricto sentido.

 

2.1  Derecho Penal del Trabajo

Debemos de decir inicialmente, que este tipo de derecho es una categoría histórica, que tiene relación básicamente con la tutela del Derecho Penal a factores como el de la “libertad de trabajo” o sobre la protección de mujeres o niños[6].    Por su parte, un autor como ARROYO ZAPATERO, define al derecho penal del trabajo como “...el conjunto de preceptos penales (criminales) creados para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores”[7].

            En todo caso, se ha dicho que el derecho penal del trabajo se extiende a tres grandes grupos de intereses:

            a) Protección penal de las condiciones mínimas de trabajo, incluyéndose en este apartado como elemento dotado de especificidad propia, además del salario y la estabilidad en el empleo, el conjunto de mecanismos de acceso al sistema de Seguridad Social.

            b) Protección penal de las condiciones personales de trabajo, casi unívocamente referidas a la salud laboral (seguridad e higiene en el trabajo)

            c) Protección penal y regulación en última instancia, del principio de autonomía colectiva y de las reglas de actuación colectiva[8].

            Para SEMPERE NAVARRO, existe una incorporación de bienes sociolaborales al derecho penal, generándose cada vez más, una mayor importancia de los delitos laborales en el conjunto de las normas penales[9].    Es decir, la normativa penal ha subsumido aquellos delitos que a pesar de nacer en el seno de las relaciones laborales; presentan suma importancia para conformar una materia especializada, denominada derecho penal del trabajo.     Ahora bien, esta conexión entre las normas penales y las típicamente laborales, es para el autor similar a la existente en la relación de género a especie,  “lo que significa que la dogmática y el fundamento sobre el que se asienta la construcción del Derecho Penal no resulta alterado por el hecho de que existan delitos de proyección laboral, o más ampliamente social”[10] .

Tratando de hacer una reflexión sobre todo lo antes expuesto, debemos de destacar que estimamos la existencia de dos dimensiones fácticas posibles de este derecho penal del trabajo: una interna y la otra externa.    Si hablamos de la dimensión interna, nos referimos a aquellos delitos que atañen al constreñimiento de derechos surgidos de la relación obrero-patronal; los cuales se lesionan en perjuicio de los titulares e incluso al Estado como parte pasiva –piénsese en la evasión a la seguridad social y el perjuicio a la entidad estatal como un todo con este acto-.    Al referirnos en contrapartida, a la dimensión externa del tipo de derecho que nos ocupa, estamos haciendo alusión a aquellas prácticas constitutivas de delito, que tienen su gestación fuera del ámbito de la empresa.   Nos referimos a los delitos que impidan, menoscaben o desconozcan libertades públicas tales como a manera de ejemplo, el ejercicio de la libertad sindical y de organización representativo/partidista.  

            Por último, estimamos que sería valido ahondar más detalladamente sobre la intencionalidad de tutelar en tipos penales, aspectos laborales, y al respecto nos planteamos la siguiente interrogante: ¿por qué razón determinadas acciones que pueden tener su germen en el derecho laboral, son ventiladas en sede penal?   ¿por qué razón no se pueden dejar estas conductas en ilícitos laborales?.   En primer lugar la conversión de tales ilícitos en sede penal, tiene su relevancia en razón del bien jurídico tutelado, lo que implica que existe importancia por parte del ordenamiento jurídico, de tutelar las faltas cometidas hacia los(as)  trabajadores(as) en su cotidiana prestación de servicios.    Segundo, los principios de derecho laboral como lo hemos analizado anteriormente, buscan salvaguardar a la parte más débil de la relación obrero/patronal[11] y al reforzarse la defensa de los trabajadores en el ámbito penal; ello implica que a éstos les asiste otra vía legal y supletoria para el ejercicio de sus derechos, coactiva, oficiosa, de impulso procesal por parte del poder punitivo del Estado.  

 

A) Los delitos laborales y el bien jurídico protegido

El hecho de referirnos a los delitos laborales, significa por si mismo que el derecho penal adquiere una autonomía, que produce por sí misma su desprendimiento de otras materias afines a la tutela por excelencia de los derechos del trabajador.  Nos referimos propiamente al Derecho del Trabajo y a la Seguridad Social.    Es decir, el legislador consiente darle un mayor realce a bienes jurídicos que tengan relación o incidencia en el campo laboral, sin embargo habría que realizar una marcada distinción en lo siguiente: naturalmente no son delitos laborales todos aquellos que afectan a los trabajadores como sujetos pasivos o que se producen en el contexto del mercado de trabajo.    En todo caso, la tipificación de delitos penales en general –y los laborales no podrían ser la excepción-, no escapan de la tendencia del principio de intervención mínima, que significa ni más ni menos que el Estado no está obligado a castigar absolutamente todo, sino lo más perjudicial para la convivencia humana puesto que “Si pretendiese castigar todo lo malo, tendría que multiplicar el aparato policial, judicial y penitenciario hasta límites insostenibles y además, se expondría a agarrotar la convivencia normal de los individuos”[12].    Para QUINTEROS OLIVARES este principio en estudio está ligado directamente al de protección exclusiva de los bienes jurídicos, debido a que debe discriminarse entre los intereses de la sociedad y desecharse aquellos que son considerados de índole minoritaria[13].

Por otra parte, la dinamicidad de los bienes jurídicos laborales hace que el Derecho Penal se entronice en una variabilidad de las necesidades sociales, positivizadas en cada momento en la normativa penal.    Entre los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal se encuentran algunos que directa o más matizadamente –por ser comunes a otras realidades- están presentes en el ámbito de las relaciones laborales:  vida e integridad física de los trabajadores, condiciones de trabajo, libertad sindical etc.[14]  

Asimismo, vale destacar que lo anteriormente expuesto es válido para el Derecho Penal del Trabajo, el cual no se mantiene invariable ni ajeno a las vicisitudes históricas y políticas, que inciden en determinar que bienes jurídicos de índole laboral deben ser tutelados.   Es así, como en este tipo de derechos existe la necesidad de salvaguarda de requerimientos muy concretos, que se plasman en delitos tales como discriminación laboral; tráfico ilegal de mano de obra; promoción inmigración laboral etc., los cuales han necesitado ser cuidadosamente tipificados.    

B) Diferencia entre delitos contra los trabajadores y criminalidad común

Una arista de este trabajo que podría detallarse, es la que indaga si existe alguna diferencia sustantiva entre los delitos comunes y los delitos cometidos en contra de los trabajadores.     En principio, para ambas categorías de delitos funge el principio de que el Estado ejerce su facultad represiva, basados en que el fundamento de la existencia de este ordenamiento punitivo, se vincula a su necesidad para el mantenimiento de un determinado orden social, y cuya creación deviene en la consecución de un mecanismo que nos permita vivir mejor[15].  

El profesor ROXIN, nos ilustra básicamente en que consiste la misión del Estado como entidad respectiva, y al respecto aduce lo siguiente:

“Si el Derecho penal tiene que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre desarrollo del individuo, así como al mantenimiento del orden social basado en este principio, entonces mediante este cometido sólo se determina, de momento, qué conducta puede conminar el Estado”[16].

Ahora bien, se hace oportuno destacar que el sistema penal se torna como una respuesta no absoluta para infringir responsabilidades por los ilícitos cometidos y consecuentemente, para reducir el auge criminal por si mismo.  Como bien lo ha dicho DANDURAND, “Sabemos que el sistema penal, aun en el mejor de los casos, es un instrumento torpe e inadecuado para prevenir la delincuencia y proteger los derechos humanos y políticos.  En su mayor parte las respuestas verdaderas a nuestros problemas de criminalidad parecen yacer fuera del ámbito de nuestro sistema de justicia penal.  Sin embargo, el problema es que, si bien todos nosotros podríamos estar muy conscientes de todas estas limitaciones, el público no está compartiendo nuestras opiniones”[17]

En otras palabras, las instancias legales institucionales creadas en el marco de nuestras sociedades para solucionar la delincuencia si las analizamos separadamente, se constituyen en un mecanismo de alcance medio en razón que no se les puede atribuir que sirvan de panacea para resolver problemas que por demás, tienen hondas implicaciones y repercusiones que deben ser solventados, por el aparato estatal en su conjunto.   No es un asunto de poderes constitucionales de la República, en donde uno de ellos a manera de ejemplo, como lo es el judicial, debe solventar la conflictividad social: más bien se requiere de una labor compartida que se encamine hacia un esfuerzo conjunto de todos los órganos del Estado.

            En una encuesta de opinión pública de la CID, para enero de 1995 los costarricenses consideran toda una serie de problemáticas como las principales causas del aumento de la delincuencia y en consecuencia de la inseguridad ciudadana.   De todas ellas, el 41% de causas inherentes al aumento de la delincuencia, eran causas  atribuibles  al  sistema penal[18].   La situación no ha variado mucho diez años después, la información que se dispone sobre la criminalidad en la región y su aumento a partir de los años ochenta indica que las tendencias en ascenso en el caso de Costa Rica no serían distintas de las de la generalidad de los países de América Latina y el Caribe (Naciones Unidas 2003, 2004), con la salvedad de que, comparativamente, Costa Rica sería un país de menor frecuencia delictiva y menores niveles de criminalidad violenta, más siempre con enormes reproches al aparato institucional legal[19].

En el caso concreto del sistema de justicia penal costarricense, existen autores que han detectado problemáticas inherentes al mismo, que lo han sumido en una irreversible crisis[20].       Con todos estos antecedentes, podemos apreciar la problemática que aqueja a los delitos comunes o a la criminalidad común, más entonces, ¿en qué se diferenciarían este cuadro fáctico con los delitos laborales?.   Esta respuesta nos la dan BAYLOS y TERRADILLOS, cuando nos ilustran de la siguiente manera:

“Quizá lo más sobresaliente de estas particularidades radica en que los delitos contra derechos de intereses específicos de los trabajadores despliegan su eficacia dentro del ámbito de la empresa.  En contra de lo que ocurre en la criminalidad socioeconómica en general, que afecta a intereses más globales y “difusos” y a sujetos pasivos más indeterminados o indeterminables, el Derecho Penal del Trabajo se ocupa de conductas criminales que sin dejar de afectar a bienes jurídicos colectivos tienen más acotado el campo de perjudicados directos”[21] .

 

 

2.2  Tipo de Injusto y subjetividad en los delitos laborales

 

El tipo es la descripción de la conducta contraria al ordenamiento jurídico y por lo tanto, prohibida, que realiza el legislador en las normas penales.   La verificación del tipo delictivo significa la realización del desvalor o injusto que la norma penal asocia a cada delito descrito en la misma[22].

 

Este tipo de injusto ha sido definido como el “Conjunto de las características que fundamentan la antijuricidad de la acción”[23]  y si a su vez, hablamos de la antijuricidad, nos referimos al choque que tiene la conducta con el orden jurídico; por lo que el método según el cual se comprueba la presencia de la antijuricidad  consiste en la constatación de que la conducta  típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación (precepto permisivo) en ninguna parte del orden jurídico[24].   Esta causa de justificación no solo es válida para el derecho penal, sino también en el ámbito civil, comercial, administrativo, laboral, etc.

            El tipo de injusto es, por tanto, la descripción de aquellas características positivas de la acción que, en abstracto, determinan su contrariedad a Derecho.   Es decir, de aquellas características en virtud de las cuales la acción aparece objetivamente como negación intolerable de bienes jurídico-penalmente protegidos.    A continuación vamos a indagar en torno a si existe alguna diferencia entre el injusto penal y el de índole laboral.

 

A)  Injusto penal e injusto laboral

 

Para SEMPERE NAVARRO, el injusto penal no coincide con el injusto laboral,  “...ya que este último es mucho más amplio que el primero.   Por ello vulneran las exigencias de tipificación aquellas figuras delictivas en las que todo incumplimiento laboral que perjudique los intereses de los trabajadores tendrá relevancia penal”[25].

Sin embargo, el injusto laboral puede tener vicios de concreción para una correcta o adecuada tipicidad, lo cual dificultaría conocer cual es el tipo de injusto de la norma laboral, al no comprenderse certeramente los elementos normativos del tipo.  Una situación que se podría dar para no obtener una adecuada tipicidad, sería la de los conceptos jurídicos indeterminados, los cuales contrastan la ineludible necesidad de describir la  conducta típica, antijurídica y culpable.   En ese sentido, tenemos que un autor como DE LA VILLA GIL, nos habla de que la indeterminación normativa no es uniforme sino que responde a exigencias y propósitos distintos que autorizan la delimitación de tres grados o niveles de intensidad: mínima, media y máxima[26].

En nuestro ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional a través de la sentencia

No 5594-94, de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de septiembre de 1994, realizó una caracterización de estos conceptos jurídicos indeterminados, de la siguiente manera:

 

“V. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los primeros delimitan el  ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca, como lo son la mayoría de edad, plazos para promover recursos y apelaciones, etc. Por el contrario, con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos limites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual, es claro que intenta delimitar un supuesto concreto, conceptos como lo son la buena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas costumbres, etc. Así, aunque la ley no determine con claridad los límites de estos conceptos, porque se trata de conceptos que no admiten cuantificación o determinación rigurosa, pero que en todo caso, es manifiesto que con ellos se está  refiriendo a un supuesto de realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de aplicación. La ley utiliza conceptos de valor -buena fe, estándar de conducta del buen padre de familia, orden público, justo precio, moral-, o de experiencia -incapacidad para el ejercicio de sus funciones, premeditación, fuerza irresistible-, porque las realidades referidas no admiten otro tipo de determinación más precisa. Pero resulta claro que al estarse refiriendo a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, como es el caso de la determinación de las infracciones o faltas disciplinarias, la aplicación de tales conceptos a la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se da el concepto; o hay buena fe o no la hay, o acciones contrarias al orden público o no las hay, o hay acciones contrarias a la moral o no las hay, etc. En esto radica lo esencial de este tipo de conceptos, de manera que la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una "unidad de solución justa" en cada caso.

La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, que no obstante su denominación, son conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes, se da en todas las ramas del derecho, como por ejemplo en la civil -buena fe, diligencia del buen padre de familia, negligencia-, en la comercial -interés social-, en la procesal -pertinencia de los interrogatorios, medidas adecuadas para promover la ejecución, perjuicio irreparable-, o en la penal -alevosía, abusos deshonestos-, son sólo algunos de los ejemplos que se pueden citar. En el Derecho Administrativo, no existe diferenciación en cuanto a la utilización de conceptos tales como  la urgencia, el orden público, el justo precio, la calamidad pública, las medidas adecuadas o proporcionadas, la necesidad pública o el interés público, etc., no permitiendo una pluralidad de soluciones justas, sino sólo una solución a cada caso concreto."

 

Una vez que se ha determinado la tipicidad de una conducta, esto es, la concurrencia en la misma de los diferentes elementos que definen el tipo, se considerara la relevancia penal de dicha acción.   Por esta razón, los injustos laborales no pueden escapar de las demás vicisitudes que atañen a los injustos penales, puesto que en el fondo los injustos laborales son solamente una categoría específica del Derecho Penal. 

 

B)  Sujetos del delito laboral

 

La comprobación de los sujetos que podrían intervenir en estos tipos penales, básicamente habría que reseñarla de la siguiente manera: el sujeto pasivo del delito como titular del bien jurídico es el trabajador[27].   Los delitos penales son elaborados con la ferviente necesidad de proteger a esta parte de la relación laboral, y por consiguiente, estimamos que si los(as)  trabajadores(as) no son aquellas personas hacia las que van dirigidas estas previsiones, entonces se desnaturaliza la razón de ser del derecho penal del trabajo como disciplina jurídica y de protección de los intereses laborales.

 

Mayor problema podría causar el sujeto activo puesto que ha sido frecuente en la doctrina estimar estos delitos especiales propios, que solamente pueden ser cometidos por personas que reúnen las condiciones de empresarios o empleadores (CARBONELL MATEU/GONZÁLEZ CUSSAC).    Si constatamos está situación en la jurisdicción comparada, tenemos que el artículo 318 del Código Penal español, faculta endilgar los tipos delictivos a las personas jurídicas, y la sanción se puede atribuir “..a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello”.     En el caso de nuestra legislación, el artículo 2 de nuestro Código de Trabajo faculta que la figura patronal recaiga sobre personas jurídicas, por lo que si conglobamos esta disposición con la legislación civil aplicable en la materia, nos encontramos las siguientes situaciones:  la persona jurídica debe su existencia a la misma ley o de cualquier convenio, que estuviere conforme a esta ley[28], a la vez que la entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de ésta, y de las personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a la propia legislación[29].

 

En ese sentido, si analizamos que dentro del ámbito privado, la empresa puede conformarse bajo las denominadas sociedades de comercio según sus diferentes modalidades[30]; una disposición como la analizada para el caso español, permitiría la configuración de reprochabilidad a los mismos socios, si éstos pudiendo remediar el asunto, no lo hubiesen hecho.     Además, esta connotación de sujeto activo de acuerdo con nuestra legislación costarricense, podría endilgarse a quien(es) ejerza(n) la administración de la sociedad[31].

 

II.  LOS DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES EN OTRAS LEGISLACIONES: EL CASO ESPAÑOL

 

Se hace oportuno destacar los antecedentes de los delitos contra los trabajadores en España –como modelo inspirativo al que se propone- y al respecto tenemos que los actuales preceptos que integran el Título XV del Libro II del Código Penal, encuentran su precedente en el artículo 499 bis, que regía lo que denominaba el legislador del año 1971, los “delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo”[32].

Un aspecto importante a destacar sería que en la época en que se incorporan al ordenamiento jurídico estas conductas, España estaba viviendo en  el franquismo cuya dictadura no precisamente se podía caracterizar de salvaguardar los intereses laborales.  Es paradójico que esta legislación se diera, por cuanto la ausencia de libertades en general era la tónica y lógicamente, mucho menos se salvaguardaban las garantías sindicales y el derecho de huelga.   Al respecto se ha caracterizado esta coyuntura de la siguiente manera:  “”El advenimiento del régimen nacido de la Guerra Civil significó desde la óptica de las relaciones de trabajo un incremento radical del intervensionismo administrativo y consiguientemente, del aparato burocrático que se reforzaría y consolidaría en etapas posteriores (....) La negación de la libertad de sindicación se compensó con fuertes medidas intervensionistas en los ámbitos más variopintos (conflictos individuales y colectivos, autorizaciones administrativas), negando virtualidad al conflicto social, acorazando la posición del trabajador e imponiendo trabas al poder de dirección del empresario y, en última instancia, al libre desarrollo económico de la empresa”[33].

 

            El profesor MORILLAS CUEVA, nos sigue relatando el desenlace del artículo 499 bis del Código Penal español[34], al cual en el transcurrir del tiempo se acompañó de otros artículos, que presentan igualmente la característica de protección a los trabajadores.   De este modo, surge el artículo 348 bis, a) como delito contra la seguridad en el trabajo, incorporado por Ley Orgánica 8/1983, del 25 de junio de ese mismo año, al igual que los delitos contra la libertad sindical y el derecho a la huelga, del artículo 177 bis, o las lesiones por infracción de las leyes del trabajo del art. 427, modificado por Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, o sino las coacciones laborales del art. 496 párrafos 2 y 3, introducidas en el Código Penal por Ley 23/1976 del 19 de julio[35].

El Código Penal vigente en España  –promulgado en el año 1995- consolida el derecho penal del trabajo y ubica los tipos penales bajo el Título XV del Libro Segundo con el título “De los Delitos contra los Trabajadores”, cuyos numerales corren desde el artículo 311 al 318.    Básicamente se aglutinaban tales delitos en los siguientes tipos penales los cuales a su vez, poseen tipos más especializados o descriptivos: A) Imposición de condiciones laborales ilegales;   B) Tráfico ilegal de mano de obra;   C) Migraciones clandestinas o fraudulentas;  D) Discriminación laboral;  E) Límites a la libertad sindical y al derecho de huelga;  F) Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo;  G) Responsabilidad en las personas jurídicas.

            En torno al bien jurídico tutelado en este tipo de derechos, siguiendo con MORILAS CUEVAS, tenemos que el autor nos relata lo siguiente:  “En cualquier caso, el cambio de comprensión asumido y desarrollado por el Código Penal supone indudables ventajas: por un lado se tutela el derecho al trabajo en condiciones dignas, como un derecho fundamental de la persona, de manera análoga a los contenidos en el Capítulo II del Titulo I de la Constitución; por otro, se unifica el bien jurídico protegido, concretándose en los derechos de los trabajadores, por encima de los posibles bienes jurídicos-derechos específicos a los que se pueden referir los diferentes tipos; por último, se utiliza la posibilidad de albergar otros comportamientos relacionados con el trabajo que constituyen de igual manera conductas intolerables.  En definitiva el bien jurídico protegido en el Título XV son los derechos de los trabajadores como interés autónomo tutelado.  Ello no significa que en cada tipo en concreto  esta protección generalísta no se proyecte en bienes específicos, como los derechos de los trabajdores derivados de las condiciones mínimas generales de trabajo, la seguridad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el derecho de igualdad jurídica en el trabajo, el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, la seguridad de la vida, de la integridad y de la salud de los trabajadores desde la idea de la seguridad y la higiene en el trabajo, etc.”[36]

 

            3.1  Influencia de la legislación española en la propuesta de reforma

En el caso de la introducción de la reforma al Código Penal, que pretende incorporar el capítulo de “delitos contra los trabajadores”, nos encontramos con que la génesis de esta iniciativa, proviene de los tipos penales homólogos del derecho penal español, quien tiene incorporados los mismos delitos que se han asimilado en Costa Rica, dado que desde el año 1995 empieza a regir el Código Penal vigente en España, el cual ubica los tipos penales bajo el Título XV del Libro Segundo con el título “De los Delitos contra los Trabajadores”, cuyos numerales corren desde el artículo 311 al 318 y según lo hemos relatado en el acápite anterior.   

Ahora bien, podría pensarse que esta situación de “copiar” los delitos es algo perjudicial debido a que estamos hablando de implantar una legislación a otro contexto diferente.   Sin embargo, en el caso costarricense es necesario partir de un cimiento que venga a servir como normativa aplicable en la especie y que hasta el día de hoy se carece dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal.  

 

Por esta razón, la reforma que nos ocupa reviste especial importancia, además que son tipos penales actuales y aplicables para nuestra realidad nacional.

 

IV.  LOS TIPOS PENALES PROPUESTOS EN EL CAPÍTULO DE “DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES”

 

Pasamos en este apartado, a analizar someramente los alcances del proyecto de ley en sus diferentes delitos propuestos.  Haremos una transcripción del tipo penal, así como unos breves y puntuales comentarios de cada uno de los delitos que compondrían el capítulo de “Delitos contra los trabajadores”, con la finalidad de ensayar algunos elementos accidentales o de modo, que podrían suscitarse en la aplicación del derecho penal laboral por parte de los operadores jurídicos.     

 

4.1  Imposición de condiciones ilegales en el trabajo 

 

“Serán sancionados con pena de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa:

1° Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

2° Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.

3° Si las conductas indicadas en los incisos anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación las penas se aumentarán hasta en un tercio”.

 

Este delito se comete si mediando engaño o abuso de situación de necesidad, se imponen por el empresario, condiciones laborales ilegales, como no afiliar o dar de alta en el Sistema de Seguridad Social al trabajador, o pagar solo parte del salario que le corresponde; o contratar de forma sucesiva a un trabajador mediante contratos temporales.    Requerimos entonces precisar que tipo de condiciones laborales, podrían invocarse como violentadas por el tipo penal en cuestión, y al respecto la doctrina ha tenido posiciones disímiles; una que podríamos llamarse como restringida y otra en contrapartida de naturaleza amplia.   Por un lado, tenemos que la primera postura la enarbola CONDE-PUMPIDO, para quien se hace necesario recurrir en cada caso al examen de la regulación de la prestación laboral de cada trabajador en particular:  “Tan amplia referencia a los derechos del trabajador deberá conjugarse con el principio de intervención mínima del Derecho Penal, lo que conduce a requerir una cierta gravedad en la conducta y una mínima trascendencia del derecho afectado”[37]La posición contraria, es asumida por TERRADILLOS BASOCO, para quien por condiciones laborales debe entenderse como “todas las que componen el contenido de la relación de trabajo”  y por  condiciones de seguridad social,  “las referidas a la relación jurídica de seguridad social”[38].   Nótese entonces que el contraste es grande, todo ello que no existe un acuerdo doctrinario, más debe encontrarse un punto inflexivo para solucionar esta disyuntiva y se hace más difícil, si estudiamos los principios que informan la materia tanto en sede laboral como penal[39]

 

Sin embargo, desde nuestra óptica diremos que las condiciones legales de trabajo están claramente establecidas en la normativa  laboral de orden público, así como en las resoluciones que sobre dichas condiciones ha establecido la Sala Constitucional.   Estas condiciones son de vital importancia, debido a que se concretan o materializan sobre acciones y tópicos variados: jornadas laborales; derechos salariales; protecciones o fueros etc.

 

La acción típica de este delito consiste en imponer condiciones laborales o de Seguridad Social restrictivas a los derechos reconocidos a los trabajadores.  Ahora bien, el verbo de imponer nos merece un análisis detallado en torno a lo que podría interpretarse por este término.    Para un autor como CONDE-PUMPIDO FERREIRO, “Aunque el término “imponer” parece implicar una cierta coacción (....) ésta, en realidad, es sólo exigible cuando se cometa abusando de la situación de necesidad del trabajador, para lo cual, en principio se necesita algo más que el hecho de encontrarse sin empleo.  En estos casos poco importa que el trabajador conozca el alcance y trascendencia de las condiciones que se le imponen, ya que se ve obligado a aceptarlas en virtud de su situación de necesidad, como única vía para conseguir el empleo.  No ocurre así en los casos en los que el trabajador acepta las condiciones restrictivas como consecuencia de un engaño, que es la otra modalidad comisiva,  pues entonces, la maniobra engañosa, que puede ser cualquiera que aparezca como idónea, hace que ignore las consecuencias negativas de unas condiciones que, más que resultar impuestas, acepta voluntariamente, aunque con una voluntad viciada”[40].    El medio utilizado es en cualquier caso el abuso de la situación de supremacía con que cuenta el patrono frente a quien vende su fuerza de trabajo, expresado por el verbo “imponer” utilizado por el legislador.  Así, el propio precepto se refiere a la “situación de necesidad” en que se encuentre el trabajador o el error en que incurre éste a consecuencia del engaño de aquél, con lo cual se cubren quizás todas las posibilidades de conductas abusivas[41].

En cuanto a lo relacionado a la seguridad social, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en su artículo 44 dispone el régimen sancionatorio con diferentes multas, y se complementa con lo dispuesto en el Reglamento del Seguro de Salud de 1997, el cual impone una serie de obligaciones concretas a los patronos.    En este tipo penal propuesto no se incluye la sanción penal al patrono que defraude la seguridad social, debido a que el artículo 216 del mismo Código Penal que regula el tipo penal de estafa, sería aplicable en la especie y por lo tanto, se cumpliría dicho acometido.

 

Ahora bien, este delito penal propuesto se infringe no solo por el perjuicio del sujeto pasivo cuando concurre la acción típica –p-e. contratarlo negando o suprimiendo las garantías mínimas de ley-, sino que además, se comete igualmente el ilícito si se pone en peligro a los trabajadores con condiciones ilegales establecidas de antemano.   Estamos en presencia entonces, de la distinción dogmática entre delitos de resultado o lesión y delitos de peligro[42].  

 

El inciso segundo del tipo penal, contempla la posibilidad de aplicar la misma sanción, en caso que quien asuma la empresa continúe con éstas prácticas lesivas[43].   Finalmente debemos de manifestar que si lo que se persigue es detectar condiciones ilegales de trabajo, los(as) Inspectores(as) de trabajo tendrían una oportunidad propicia para denunciar penalmente las situaciones anómalas que descubran.   Ahora bien, el problema que se les plantea entonces, es el concerniente a la carencia de plazas y recursos de toda índole para cumplir efectivamente su trabajo en concordancia con la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 

4.2   Tráfico Ilegal de mano de obra

 

“Serás sancionados con pena de prisión de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa;

1.      Los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.

2.      Los que recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas.

3.      Los que empleen a inmigrantes sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.

 

Comete este delito quien trafique de cualquier manera ilegal con mano de obra, y también quien reclute alguna persona o la determine a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas y asimismo, quien emplee a extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos existentes.    Este tipo necesariamente se configura con la acción de traficar –colocar ilegalmente- a trabajadores(as) extranjeros.  Por consiguiente, el tipo penal se consolida en el momento en que se trata de emplear en condiciones que son contrarias a las leyes migratorias.   En ese sentido, los elementos modales de referencia del delito implican que la acción es típicamente dolosa[44].   Es así como tenemos acciones tales como “traficar”  “engañar”  “suprimir”  “restringir”, que se encuentran encaminadas a menoscabar los verdaderos derechos del sujeto pasivo.

 

Precisamente el tercer inciso habla del verbo típico emplear y en el contexto de la norma se aduce que se sanciona solamente a quienes “empleen” a inmigrantes  sin permiso de trabajo.   Es decir, que se podría decir en principio que la imposición de condiciones en el momento posterior al contrato, no encajaría en el tipo.    Sin embargo, esta posibilidad es desechada por un autor en estudio, quien entiende “que la expresión “emplear en condiciones...” es aplicable a toda la vida del empleo, por lo que aunque esas condiciones restrictivas de los derechos aparezcan con posterioridad al momento inicial, será aplicable al precepto”[45].

 

Todos los trabajadores extranjeros requieren de un permiso de trabajo, ya que en Costa Rica los derechos laborales están garantizados por la Constitución Política, el Código de Trabajo y otras leyes conexas.  Los extranjeros que poseen cédula de residencia permanente o un carné de refugiado[46], ambos vigentes, pueden laborar sin requerir permiso de trabajo. El ser residente permanente o temporal debidamente autorizado le permite laborar y ser sujeto de todos los derechos laborales que esta situación conlleva, como acceso a la seguridad social, pago de salarios conforme a la ley, así como el deber de aportar a los regímenes de protección social.    Para solicitar un permiso temporal de trabajo en servicio doméstico corresponde al patrono (a) gestionar con base en los requisitos que suministra la Dirección General de Migración en su Departamento de Permisos Temporales. Con el permiso, el patrono o contratante tiene el deber de afiliar al trabajador (a) a la seguridad social, representada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Se debe entender como infringido el tipo penal si se suscitare la conducta descrita anteriormente, salvo que el extranjero tenga un permiso de residencia o carné de refugio, o las personas con las salvedades que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así como las autoridades de migración, impongan (Ej: permisos temporales de trabajo).

 

Por otra parte, es conveniente acotar que no puede decirse que existe un concurso aparente de normas entre el artículo 245 de la recién promulgada Ley de Migración y Extranjería[47]  y este tipo penal, debido a que la primera sanciona el ingresar ilegalmente a extranjeros; mientras que el delito en estudio lo que sanciona es emplear a dichas personas.    Igualmente, el ilícito que nos ocupa es un tipo de delito de peligro, todo ello que se penaliza el ofrecer condiciones de trabajo engañosas o falsas para reclutar trabajadores.   Es decir, no necesita concretarse la acción típica sino que con solo prometer a futuro condiciones no ciertas o ilegales, se consume el delito.

 

4.3   Provocación de emigraciones clandestinas

 

“Serán sancionados con pena de prisión de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa;

1.      El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores a Costa Rica.

2.      El que simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país”.

 

 

Se comete esta figura delictiva  cuando se promueve o favorezca por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores a Costa Rica y quien simulando contrato o colocación, o cuando otro engaño semejante, determine o favorezca la emigración de alguna persona u otro país.    Es conveniente hacer mención, que este ilícito penal se compone de dos supuestos o posibilidades.   Una de ellas es si se suscita la migración de fuera hacia dentro, sea de otros países a Costa Rica; la otra posibilidad sería todo lo contrario: desde dentro hacia fuera, sea de nuestro país a otro país de destino.

 

Ahora bien, para COBOS GÓMEZ DE LINARES, el carácter de extranjero es inherente a los sujetos pasivos del apartado primero del tipo penal  –que el proyecto de reforma costarricense igualmente lo incorpora-, y que aporta la otra cara del delito anteriormente analizado (“tráfico ilegal de mano de obra”).  Sin embargo, desde la óptica del autor “la verdad, no era necesario llevar a cabo previsiones distintas cuando la finalidad es la misma, pero fundamentalmente, este precepto, como aquél, no son sino previsiones demagógicas, pues sin preverse perjuicio alguno para el trabajador (...) resulta difícil mantener la existencia de un delito, máxime cuando aparecen en la prensa constantemente, noticias sobre personas reducidas a la prostitución o explotados en talleres clandestinos durante años, gracias a la inmigración ilegal, de manera que la persecución penal de quienes provocan dichas situaciones se debe basar en la comisión de delitos contra la libertad sexual de las víctimas, o contra sus derechos como trabajadores, pero no burlar las fronteras del país para conseguir un puesto de trabajo”[48].    Desde nuestra perspectiva, no encontramos contraposición con el delito de tráfico ilegal, en los fundamentos que apunta el autor, pero si más bien estimamos que pueden darse regulaciones del tipo reiteradamente.   Es así como el concepto de traficar expuesto en el tipo penal de tráfico ilegal de mano de obra, supone una conducta amplia que subsume globalmente el aspecto de promoción y favorecimiento de inmigración  clandestina.   El hecho de que se aduzca que existe una ilegalidad en el tráfico, supone que se cumplen en igual sentido, el supuesto del inciso 1) del delito de migraciones fraudulentas, que es a la postre igualmente una conducta que atenta contra la misma legalidad.

 

            Otro aspecto que nos merece la pena referirnos, es el concerniente de que la acción penal para el primer inciso, puede ser cumplida de manera amplia e indeterminada puesto que los verbos de “promover” o “favorecer”, tienen estas connotaciones.   Con relación al segundo inciso, nos circunscribe a la simulación de contrato o engaño semejante, lo cual supone al menos que el sujeto activo se valga de una argucia formal, inventando un supuesto trabajo en el exterior, amparado igualmente por un supuesto contrato inexistente o que no sería el que fuese a cumplir  el sujeto pasivo.

 

Costa Rica es junto con Guatemala y Belice, el tercer escenario de importancia para el emplazamiento de colectivos de inmigrantes que interactúan en el medio laboral local.   La información más reciente obtenida a partir de los resultados del Censo Nacional de Población, señalaban que en el año 2000 existían en nuestro país 296,461,00 personas nacidas en el extranjero.  Tal cifra equivaldría a un 7,78% del total  de la población del país, la cual fue estimada en 3,810.179,00 (INEC 2000)[49].                  Con todo este contingente migratorio tenemos que el tipo penal basta que se tenga realizado no solo desde la posibilidad de promover o favorecer este ingreso violentando las leyes migratorias, sino que además valiéndose de la argucia de “simular un contrato”. Por consiguiente, si no se atiene a lo dispuesto en tales provisiones, y se promoviere el acceso en este caso a nuestro país –emigración- en detrimento de los nuevos statuts migratorios, entonces se configura el delito en mención.

 

En todo caso, la nueva normativa en materia de migración dispone diferentes categorías o status migratorios, los cuales permiten la posibilidad de  laborar en Costa Rica según la especificidad descrita para cada situación.  Es así, como la Ley de Migración nos habla de una serie de categorías especiales, de acuerdo al artículo 90, las cuales tienen relación con el trabajo.    En primer lugar, nos habla de los trabajadores transfronterizos, que son “(...) las personas extranjeras  vecinas de las zonas aledañas a las fronteras de Costa Rica, que sean autorizados por la Dirección General para ingresar al territorio nacional diariamente y así egresar de él, con el fin de realizar actividades asalariadas, autorizadas por la Dirección General, con base en los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (art. 93).

 

Otra categoría que se dispone en este proyecto de ley, es la de trabajadores temporales, que corresponde a los extranjeros(as) a quienes la Dirección General les autorice su ingreso y permanencia en el país y permanezcan en él con el objeto de desarrollar aquellas  actividades económicas de carácter temporal, según corresponda, en las que sean requeridos según los estudios  que por actividades ocupacionales recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (art. 94).   Este trabajo se encuentra condicionado a una serie de requisitos, como el plazo –el cual determinará la Dirección General de Migración-; solo podrán desarrollar actividades laborales remuneradas, en los términos, condiciones, zonas y para los patronos que autorice la Dirección General, con base en las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; quien definirá además, las actividades de carácter temporal en las que se requiera  autorización de ingreso y permanencia de mano de obra extranjera, mediante la realización de estudios técnicos y de mercado que determinarán el contingente de trabajadores temporales necesarios, según lo dispuesto en el numeral 95.

 

Por último, se cuenta con la categoría de trabajadores de ocupación específica, los cuales son “…las personas extranjeras que, sin estar comprendidos en las demás categorías especiales, sean requeridos para ejercer actividades asalariadas según los estudios que por actividades ocupacionales recomiende  el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”,  “Los Trabajadores de Ocupación Específica podrán permanecer en el país por el plazo, términos, condiciones y contratante o empleador que se determine en la autorización de la Dirección General” (arts. 96 y 97).

 

Ahora bien, solo nos resta analizar otras disposiciones que atañen a la figura del empleador y el control que éste debe ejercer, para repeler la migración ilegal.   Al respecto, el artículo 170 de la iniciativa en estudio, nos dice que   “Todo empleador, intermediario o contratista, al contratar o proporcionar trabajo u ocupación a un extranjero, deberá cumplir con toda obligación que le imponga la presente ley y la legislación laboral y conexa”.     Esta disposición, tiene conexidad con la prohibición que presenta el mismo texto, para que ninguna persona física o jurídica, pública o privada, pueda contratar trabajadores extranjeros que estén en condición ilegal en el país, o que aun gozando de permanencia legal, no estén habilitados para ejercer dichas actividades[50].

 

La misma ley pretende sancionar a las  personas físicas o representantes de las jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación  a extranjeros no habilitados para ejercer actividades laborales en el país o que realicen actividades diferentes a las autorizadas,  con una multa que oscilará entre cinco y hasta veinte veces el monto de un salario base definidos en el artículo 2 de la Ley Nº7337 del 5 de mayo de 1993.      La multa será aplicada por la Dirección General de Migración y se agregará al Fondo Específico establecido por la presente Ley y su monto será determinado según la gravedad de los hechos y el número de extranjeros a los que se les otorgue trabajo en condición irregular[51].

 

4.4 Discriminación laboral 

 

“Serán sancionados con pena de prisión de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa, los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores o por el parentesco con otros trabajadores de la empresa, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimientos o sanción administrativa reparando los daños económicos que se hayan derivado”.

 

 

Como tesis de principio, este delito descansa en el precepto de igualdad inserto en el artículo 33 de nuestra Carta Magna.    Un aspecto importante a destacar es el relativo a que “la igualdad ante la ley implica, en ocasiones, el tratamiento diferenciado de circunstancias y situaciones semejantes, pero de acuerdo con presupuestos normativos que excluyan la arbitrariedad o la discriminación.  El postulado de la diferenciación evita que el principio de la igualdad ante la ley se traduzca en un uniformismo, que supondría tratar todo de la misma manera, cuando “los supuestos de hecho que se producen en la vida, son tan distintos entre sí que no permiten medirlo todo por el mismo rasero”[52].

 

Este delito se comete por quien provoque una grave discriminación en el empleo público y privado contra alguna persona en razón de diferentes variables:  ideología, religión, creencias, etnia, raza, edad etc.  Se viene a consolidar la tutela de situaciones que están debidamente normadas en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, así como en normativa interna.

 

En este delito se necesita que la acción discriminatoria que se tenga como reprochable, deba revestir de gravedad, por lo que no es cualquier conducta la que se puede tener como lesiva.    Asimismo, el tipo penal opta por una técnica de tipo cerrado, por cuanto enumera las conductas que se tendrían como discriminatorias, llamando la atención que al igual que en el caso español, no se toma la edad como elemento discriminatorio, susceptible de sancionar[53].

 

Ahora bien, la norma nos habla de recibir discriminación en el empleo, por lo que la doctrina ha interpretado el concepto de empleo, en el sentido de “acción y efecto de emplear, por lo que “en el tipo se comprenden, tanto las acciones discriminatorias en la fase de concertación y contratación, así como en las que se produjesen durante la vida laboral del trabajador”[54].   El tipo penal en estudio presenta los siguientes elementos para su realización:  a) la producción de una grave discriminación, por lo que la gravedad como ya dijimos debe ser valorativa, susceptible de ser apreciada en un caso concreto por parte de la autoridad judicial, lo que introduce un elemento discrecional sumamente importante;  b)  la posibilidad de discriminación ha de ser no importa, tanto en una relación de empleo público como en una privada;  c) la discriminación puede estar fundada tanto por leyes internas como por instrumentos de derechos humanos que conminen a que se evite este efecto  y finalmente;  d) Se necesita como situación objetiva, que no se haya restablecido la igualdad ante la ley, tras requerimiento o sanción administrativa previa[55].

 

         En síntesis, el delito nos presenta la magnitud y gravedad de las prácticas discriminatorias en el empleo, las cuales se conjugan en una serie de prácticas diversas y lesivas para el trabajador o trabajadora.    Asimismo el tipo penal contempla como una causal en la que se pude incurrir en discriminación hacia una persona,  la de “ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores”.   Nos parece que existe un tipo penal específico en el proyecto, que sanciona “Los Delitos contra la Libertad Sindical y de Huelga”[56], en el que se establece una tipicidad que congloba actos discriminatorios, como serían los de “estorbar o entorpecer”, a quienes tienen la citada representación; los cuales en alguna medida se encuentran regulados y puede haber un concurso aparente de normas.

 

          Ahora bien, adentrándonos un poco más en el tópico de la discriminación, tenemos que existen en el país antecedentes normativos que prohíben la discriminación en materia laboral, y que regulan más aspectos discriminatorios que el tipo penal propuesto.  Empezamos por mencionar el caso de la Ley No 2694 de 1960.   En ese sentido, cuando analizamos esta legislación, encontramos con que amplia e incluso contempla la posibilidad de ser discriminado por el “estado civil”, así como por la “situación económica”  u “origen social”; lo que supone nuevos factores discriminativos que no los contempla el proyecto de ley en estudio.   Por otra parte, la Ley No 8107 del 18 de julio del 2001, incorpora la prohibición de Discriminar como garantía genérica, bajo el Título XI del actual Código de Trabajo y contempla la posibilidad discriminatoria por razones de edad, mientras la propuesta de delito penal no la contiene.     

 

      Igualmente la prohibición de discriminar tiene su asidero en una serie de tratados internacionales suscritos por Costa Rica, que regulan y prohíben esta nefasta práctica tanto en el orden del sistema de la Organización de las Naciones Unidas –tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer-, como en el seno de la Organización Internacional del Trabajo[57].

 

          Sobre los factores de discriminación contemplados en la propuesta legal, tenemos que decir inicialmente que la discriminación por ideología, religión o creencias, los artículos 12 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben estas posibilidades.   La discriminación por motivos étnicos y raciales ha tenido algunas resoluciones a la luz de la Sala Constitucional en las que se tutela y ampara estos derechos[58].   Asimismo, la discriminación por motivos de género u orientación sexual tiene en el caso de la normativa interna, las leyes 7126, 7476 o el Decreto Ejecutivo 26898-MTSS, que regula una serie de aspectos que destacamos al respecto.    Si hablamos de la discriminación por situación familiar nos encontramos con que existen normativas que discriminan para optar por una plaza si se es familiar de otros funcionarios(as) previamente contratados(as).   Con respecto a la discriminación por enfermedad o minusvalía, nos vamos a encontrar una gama de disposiciones legales que prohíben esta situación, como la Ley No 7600.

 

4.5  Delitos relativos a la libertad sindical y el derecho de huelga

 

“Serán sancionados con pena de prisión de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa;

1.      Los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2.      Si las conductas indicadas en el inciso anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación las penas se aumentarán hasta en un tercio.

3.      Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

 

 

Este tipo penal, por si mismo merece un análisis detallado y podría ser objeto de un estudio más profundo, puesto que encierra el núcleo de la defensa a la libertad sindical como medio idóneo para la defensa de los trabajadores.  Para CONDE PUMPIDO FERREIRO, en este artículo se tipifican dos conductas distintas: de un lado impedir o limitar la libertad sindical y el derecho de huelga, agravándose las penas en los casos en que se emplee fuerza, violencia o intimidación; y de otro lado, lo que se ha llamado coacción a la huelga[59].

 

En cuanto al primer supuesto, la conducta consiste en como bien se ha dicho, limitar o impedir  el ejercicio de los derechos de libertad sindical o de huelga.   Más en este caso concreto, la doctrina ha señalado que el hecho de ejercer tales acciones restrictivas como elementos modales del tipo;  supone un concurso aparente de normas con las disposiciones previstas para el tipo penal de condiciones laborales ilegales[60].  Sin embargo, esta antinomia debería ser resuelta con la aplicación del tipo penal que estamos analizando, por ser más específico que el de condiciones laborales ilegales, que obedece más que todo a una connotación de alcance general[61].

 

El sujeto activo en este caso podrían ser prioritariamente los empleadores o quienes ejerzan el poder de dirección sobre la fuerza laboral, pero también puede pensarse en la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que atenten contra los derechos señalados y en general, de todos(as) los(as) trabajadores(as)[62]

 

Debemos señalar que para el caso del sistema normativo en Costa Rica, los derechos de libertad sindical y huelga, tienen un rango constitucional.   Así, tenemos que los artículos 60 y 61 de la Carta Magna disponen lo siguiente:

 

“Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos”.

“Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia”.

  

 

            Volviendo al análisis del tipo, tenemos que el segundo inciso presenta una modalidad agravada, la cual consiste en utilizar los mecanismos de fuerza, intimidación o violencia, para que  los(as) trabajadores(as) no se sumen a la defensa de sus libertades sindicales como a su derecho de huelga.    Esta situación podría interpretarse en el sentido de desvirtuar el movimiento de huelga, por lo que estimamos más oportuno la distinción que realiza la jurisprudencia comparada, siendo que en el caso español se ha fijado una distinción basada en la siguiente forma:  “...el bien jurídicamente protegido es el derecho a no hacer la huelga o a no estar en huelga; con lo que la naturaleza de esta figura delictiva se aproxima, como advierte la más reciente doctrina científica a los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo; tipo delictivo a cuya existencia no obsta en forma alguna el carácter de fundamental del derecho de huelga”   (STS del 22 de junio de 1986).

 

Por último, el tercer inciso presenta la segunda modalidad agravada; la  coacción.  Esta posibilidad de coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga, queda claro que lo que se protege es el derecho a no hacer huelga o permanecer en ella.    Esta situación desde nuestra perspectiva, presenta un contrasentido en el ámbito laboral con los convenios internacionales de protección a los derechos laborales, vigentes en el marco de la OIT.   Podemos ejemplificar lo anteriormente esbozado, con lo previsto en el artículo 2 del Convenio No 87 de esta organización internacional, que en su inciso segundo dice lo siguiente:  “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.   Perfectamente, se puede intervenir y constreñir administrativamente el derecho a la manifestación huelguística por parte del empleador tanto público como privado, so pretexto de decir que los trabajadores fueron coaccionados o incitados para proceder así; constituyéndose en una falsa premisa susceptible a extenderse como práctica o tendencia violatoria hacia los derechos laborales.  

 

Además, nos sumamos a lo externado por DURÁN LÓPEZ, para quien este inciso plantea una amplia problemática tanto legal como doctrinal.  El autor lo ha considerado como un obstáculo más que habría que superar en aras de conseguir un auténtico reconocimiento en el caso de la huelga como derecho y justifica su peligrosidad por dos motivos:  a) porque no es la libertad de trabajo la que está en juego;  b) porque incriminar directamente la formación y actuación de “piquetes” en vez de acudir en su caso, a las normas penales que pudieran ser reclamadas caso de existir conductas que integren violencias o amenazas contra las personas, significa abrir la puerta a una intervención represiva por vía penal sobre los movimientos huelguísticos[63]

Otro aspecto que es conveniente destacar y que está ligado a lo anteriormente expuesto, es el concerniente a la necesidad de no regresar a episodios históricos, que han sido superados por las luchas de los(as) trabajadores(as) unidos(as) en la defensa de sus derechos.    Traemos a colación la coyuntura del año 1993, en la que organizaciones laborales denunciaron al país internacionalmente por violación a una serie de garantías laborales.   A raíz de esta denuncia, la Organización Internacional del Trabajo hace que el caso sea examinado por la Comisión de Normas de la Conferencia, quien decide recomendar el envío de una Misión de Contactos Directos (aprobada finalmente por la Conferencia), para que constate en situ, las violaciones que se vienen consignando.   Esta gestión consigue que el Estado reaccione, para evitar efectos adversos de esta visita, concurriendo a los tres poderes de la república y gestándose diferentes iniciativas con sus diversos resultados en el entorno laboral[64].   Ahora bien, para los efectos pertinentes, nos interesa destacar como uno de los resultados visibles que se gestó en este marco de presión, la derogación de los artículos 335 y 336 del Código Penal.     Tales disposiciones fueron derogadas mediante Ley No 7348 del 22 de junio de 1993, publicada en el Alcance 27 a La Gaceta No 130 del 9 de julio de 1993 y consistían en las siguientes conductas típicas: 

 

“Será reprimido con veinte a sesenta días multa el funcionario o empleado público, que, con daño al servicio abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño de éste”   artículo 335 C.P.

 

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con sesenta a ciento veinticinco días multa, el que incitare al abandono colectivo del trabajo a funcionarios o empleados en los servicios públicos”  artículo 336 C.P.

 

 

Estos artículos se venían usando indistintamente para acallar y reprimir a los trabajadores en este caso del sector público, pero con uso similar de los elementos modales del tipo al que pretende el inciso tercero del artículo en estudio –“coaccionar a otros”  “incitar”-.   En ese momento hubo un acuerdo concertado, y tales artículos fueron derogados, por lo que revivir esta posibilidad no parece conveniente debido a que perfectamente puede prestarse tal como se hizo en el pasado; para reprimir el movimiento organizado de los(as) trabajadores(as).    Asimismo, hay que hacer notar que la redacción del  tipo penal propuesto es mucho más amplia y no congloba solamente al personal sometido al servicio público, sino que también a la fuerza laboral inmersa dentro del sector privado.  Así que en conclusión, se están volviendo a viejos rudimentos que se tenían como prácticamente superados.

 

Es importante destacar que comete este delito quien mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impida o limite el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.  Puede presentarse en la práctica como una panacea para persuadir a los patronos a menoscabar e inobservar los derechos de libre asociación en perjuicio de sus trabajadores, más es importante no perder de vista una serie de bemoles que existen en nuestra actual legislación y práctica judicial.   Como conducta reprochable generalizada, se sanciona el hecho de limitar o impedir  el ejercicio de los derechos de libertad sindical o de huelga.  Podría pensarse que existe un concurso aparente de normas con las disposiciones previstas para el tipo penal de condiciones laborales ilegales.  Sin embargo, esta antinomia debería ser resuelta con la aplicación del tipo penal que estamos analizando, por ser más específico que el de condiciones laborales ilegales[65], que obedece más que todo a una connotación de alcance general.   En cambio, en este caso específico estamos hablando de los trabajadores que ostenten la condición de ser dirigentes sindicales, lo cual reviste la necesidad de proteger su investidura de cualquier acto injustificado por parte de sus empleadores.

 

El sujeto activo está constituido como lo hemos dicho anteriormente, por el patrono o empleador, más sin embargo la ley de orden público, si bien reconoce al tenor de normativas como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 56 la figura del Reconocimiento Ilegal de Beneficios Laborales, es importante señalar que no sanciona el hecho de entorpecer o menoscabar los beneficios o derechos laborales hacia los trabajadores.   Ahora bien el  tipo penal propuesto puede analizarse como una manera para defender la libertad sindical, la cual está menoscabada en su ejercicio pleno dentro del sector privado en sus diferentes manifestaciones.   

 

            Seguidamente, nos permitimos esbozar algunos comentarios que estimamos conveniente destacar en referencia a diferentes tópicos que componen el delito propuesto:

·      El título que se pretende incorporar mediante esta reforma al Proyecto de Código Penal concerniente a delitos contra los trabajadores, supone al menos –o eso creemos interpretar- que sus regulaciones van encaminadas a defender, fortalecer y expandir una serie de beneficios a favor de la población trabajadora; por lo que cualquier iniciativa que se separe de tales postulados, necesariamente contradice el espíritu de la normativa.   Así las cosas, este controversial inciso tercero vendría precisamente a menoscabar la posibilidad de defensa del trabajador como sujeto pasivo en los tipos penales descritos, y más bien lo revierte al rol de sujeto activo de la norma.    Es decir, se estaría gestando una reforma en su perjuicio en el marco de un elenco legal propuesto, con acciones típicas que tienen la intencionalidad precisamente de defender y realzar los derechos laborales, y no constituir portillos o prerrogativas a favor del empleador precisamente para gestar el efecto contrario de lo que se pretende; la efectiva tutela de sus derechos”.

·      El derecho a la libre sindicalización a pesar de estar consignado con rango constitucional y tutelado en los instrumentos internacionales de la OIT suscritos por Costa Rica (p.e. Convenios No 87, 98 y 135), en el foro constitucional ha sido tutelado más certeramente a partir del Voto No 5000-93.   En todo caso, la estructura de patrones privados favorecen la constitución del solidarismo en detrimento del sindicalismo.

·      Por otra parte, si hablamos del derecho de huelga en Costa Rica, tenemos que la titularidad de este derecho se debe determinar  con fundamento en los artículos 61 constitucional y 364 y 366 del Código de Trabajo.   El Voto No 1317-98 tiene una serie de implicaciones en el ejercicio del derecho de huelga, ya que se sometieron a la Sala Constitucional una serie de vicios de constitucionalidad, los cuales tienen incidencia en el desenlace del mismo.  

·      El inciso tercero del tipo que se refiere a la “coacción”, estimamos que es una regresión a otros tipos penales que fueron derogados y que asumían tales conductas típicas –como fueron los casos de los artículos 335 y 336 del Código Penal-.    Además, al sancionar la posibilidad de coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga, queda claro que lo que se protege es el derecho a no hacer huelga o permanecer en ella como fin último.    Esta situación desde nuestra perspectiva, presenta un contrasentido en el ámbito laboral con los convenios internacionales de protección a los derechos laborales, vigentes en el marco de la OIT, como sería lo previsto en el artículo 2 del Convenio No 87[66]

 

4.6  Delitos relativos a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

 

“Serán sancionados con pena de prisión de seis meses a tres años o con cincuenta a doscientos días multa, los que con infracción de las normas de prevención de riegos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

 

 

Sobre este tipo penal propuesto, tenemos que decir que tomando como matriz la legislación española, la conducta esbozada se encontraba regulada en el antiguo artículo 348 bis inciso a) del Código Penal de ese país –en la actualidad se encuentra en el artículo 316, el cual sirvió de base al que adopta el proyecto de Costa Rica-.    Este delito tiene dos modalidades comisivas diferenciadas por el elemento subjetivo: un tipo doloso y un tipo imprudente.     Sobre la primera modalidad comisiva, tenemos que el tipo doloso castiga a quienes no faciliten los medios necesarios para que el trabajador realice su tarea en concordancia con las regulaciones de seguridad e higiene, y estando legalmente obligado a hacerlo.   La conducta típica gira alrededor del verbo en negativo “facilitar” y que gramaticalmente significa hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin/ proporcionar o entregar[67].

 

La presentación de la conducta requiere una actuación omisiva del sujeto activo o infractor, que en este caso podría centrarse comúnmente en la persona del jefe o patrono directo del trabajador(a) afectado(a)[68].   Al respecto, MORILLAS CUEVAS, ha especificado los presupuestos que se requieren para el desarrollo de esta conducta[69]:

a) Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.   Para el autor esta interpretación debe verse en sentido amplio y no puede contextualizarse solamente a la norma de rango legal, sino incluso a las de carácter reglamentario o convenios colectivos que ocupan esta materia.

 

b) Que el sujeto esté legalmente obligado.   Se refiere a las personas a las que las normas citadas, les atribuye la responsabilidad de facilitar los medios necesarios para la optimización de la seguridad e higiene en el trabajo.

 

c) Puesta en peligro grave de la vida, salud o integridad física delos trabajadores.  Estamos ante un delito de peligro concreto.  Exige que la conducta típica con la infracción de las normas correspondientes provoque un peligro grave a los bienes jurídicos citados[70].  

 

Sobre este último aspecto de poner en peligro determinados bienes jurídicos, nos atenemos seguidamente a lo que expone COBOS GÓMEZ DE LINARES: “La conducta consiste en poner en peligro, pero no de forma directa sino indirecta, a través del incumplimiento del deber de facilitar las medidas de higiene y seguridad en el trabajo a que esté obligado el autor.  Es evidente (...) que se trata de una conducta omisiva, por lo que el peligro para los bienes jurídicos se crea en un momento precedente, y es un riesgo socialmente asumido consistente en el propio ejercicio de la actividad laboral.  Es evidente también por ello, que no se trata de construir relación causal alguna entre la omisión del autor y el peligro creado, simplemente porque al no existir en la realidad física el no hacer, es imposible que constituya causa desencadenante de efecto alguno”[71].

 

 

             El delito que nos ocupa, tiene dos modalidades comisivas diferenciadas por el elemento subjetivo: un tipo doloso y un tipo imprudente.     Sobre la primera modalidad comisiva, tenemos que el tipo doloso castiga a quienes no faciliten los medios necesarios para que el trabajador realice su tarea en concordancia con las regulaciones de seguridad e higiene, y estando legalmente obligado a hacerlo.

 

Con respecto a la segunda modalidad de este tipo penal propuesto, ya la doctrina se ha referido sobre el tipo imprudente en el sentido que es un tipo omisivo (de comisión por omisión), en el que la fuente del deber de garantía es la ley; debido a que así lo establece el tipo doloso, presente en la primera modalidad de comisión del delito de marras[72]

 

En síntesis, se trata de sancionar a quien o quienes infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales y estando obligado a ello, no facilite los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física.

            Las regulaciones contenidas en esta materia, tienen su asidero incluso en el texto de nuestra Constitución Política, la cual dispone una serie de obligaciones en la materia que nos ocupa, y en ese sentido, el artículo 66 de la Carta Magna dispone como una obligatoriedad patronal, la “de adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo”.    Por su parte, el artículo 73, párrafo final, enuncia que los seguros contra riesgos profesionales “...serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”. 

           Como fuentes jurídicas para regular este derecho, tenemos fuentes a nivel internacional y en el orden interno.  Con respecto a las primeras, nos encontramos que el Convenio No 120 de la Organización Internacional del Trabajo (“Convenio sobre la higiene comercio y oficinas); Convenio No 134 (“Convenio sobre la prevención de accidentes/gente de mar”); Convenio No 148 (“Convenio sobre el medio ambiente de trabajo”).  Es decir, las provisiones insertas en dichos tratados constituyen parte del ordenamiento jurídico costarricenses de acuerdo al artículo 7 de la Carta Magna y por ende, son de plena observancia y aplicación.   Con respecto a las disposiciones internas, tenemos una variedad de disposiciones las cuales nos servimos a manera de ejemplo, enunciarlas.  Tenemos entonces que hacer mención a ellas de la siguiente manera:  Ley General de Salud en su artículo 298; Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo -Decreto Nº 1, de 1967, y Decreto 4 de 1970-; Ley sobre Riesgos del Trabajo;   Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes  (Decreto No  29220-MTSS).  

 

V. CONCLUSIONES FINALES

La reforma propuesta plantea la necesidad de regular conductas típicas en las que se considere al trabajador(a) como sujeto pasivo.  En ese sentido existe una concordancia con la regulación laboral, al estimar al trabajador como la parte más débil y por ende, más proclive a ser menoscabado en sus derechos.

Los delitos propuestos presentan la particularidad de tutelar diferentes posibilidades o acciones, que atañen a bienes jurídicos de muy diversa índole: honor, seguridad, condiciones dignas de trabajo, respeto, trato humano, no discriminación etc, los cuales tienen asidero en una relación jurídica sinalagmática de naturaleza laboral.  Por ende, esta legislación puede llegar a constituirse en una aliada de los trabajadores ayudándoles en su continuo quehacer, constituyéndose en un catalizador entre los abusos desmedidos de los patronos y los derechos inalienables de la población trabajadora en este país.    Así que, esta primera propuesta de entrelazar las normativas en el orden laboral y penal –la primera como referente y la segunda de orden sancionatoria-  se establece por demás, en un marco jurídico mucho más hilvanado y complementado.    Por lo tanto, habría que mirar con optimismo esta iniciativa y esperar que la corriente legislativa la apruebe sin ningún contratiempo.

 

VI.  BIBLIOGRAFÍA  UTILIZADA

 

ARROYO ZAPATERO, (Luis A.)  “Manual de Derecho Penal del Trabajo”, Barcelona, 1988

BAJO FERNÁNDEZ, (Miguel)  y BACIGALUPO, (Silvina)  “Delitos Tributarios y Previsionales”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Jorge De Palma editor, enero 2001.

 

BAYLOS, (Antonio) y TERRADILLOS, (Juan)  “Derecho Penal del Trabajo”, Editorial Trotta, Madrid, 1990

 

CARRANZA, (Elías), coord.  “Delito y Seguridad de los habitantes”, Programa Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/Comisión Europea, siglo XXI editores s.a,  primera edición 1997.

 

CASCANTE CASTILLO, (German Eduardo)  “Teorías Generales del Derecho del Trabajo”, Investigaciones Jurídicas S. A ediciones, San José, primera edición, 2001

 

CHINCHILLA MIRANDA, Laura (edit.),  “Seguridad Ciudadana y Justicia Penal: Perspectiva de la Sociedad Civil: Memoria del Foro”,  CHINCHILLA MIRANDA, Laura (edit.),  San José Costa Rica, primera edición, 1999

 

COBO DEL ROSAL, (Manuel)   “Curso de Derecho Pernal Español: Parte Especial”, Volumen I, Marcial Pons editores, Madrid, 1998.

 

COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel)   “Derecho Penal:  Parte Especial III”, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 1999

 

Código Civil de la República de Costa Rica, 1887 y sus reformas.

 

 Código de Comercio de la República de Costa Rica, 1973 y sus reformas.

 

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, (Cándido)  “Derecho Penal Comentado”, Tomo I, Editorial Bosh S.A., Barcelona, segunda edición, febrero 2004

 

CORDERO SAAVEDRA, (Luciano)  “Los Trabajadores cualificados en prevención de riesgos laborales y sus responsabilidades Parte I”, en  www.derecho.com/boletin/articulos/articulo0195.htm.   

 

CREUS, (Carlos). “Derecho  Penal, Parte Especial”, Tomo I.  Editorial Astrea, Buenos Aires,  5° edición actualizada, 1995.

CUELLO CALÓN, (Eugenio)  “Derecho Penal Tomo I (Parte General)”, quinta edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1940.

 

DE LA VILLA GIL, (Luis Enrique) y LÓPEZ CUMBRE, (Lourdes)   “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1999

 

HOUED VEGA, (Mario), FALLAS REDONDO, (David) y SÁNCHEZ ROMERO, (Cecilia), “Proceso Penal y Derechos Fundamentales”, San José, Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición, 1998.

 

MEYER, (Thomas), “El Socialismo Democrático : 36 Tesis”, Friedrich Ebert Stiftung, Trad. al español, 1982

 

MORALES GAMBOA, (Abelardo) “Situación de los Trabajadores Migrantes en América Central”, Estudios sobre Migraciones Internacionales No 53, Programa de Migraciones Internacionales, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2002.

 

PEREZ LUÑO, (Antonio)  “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”, Editorial Tecnos, Madrid, 1984.

 

Proyecto Estado de la Nación, Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, “Informe Final: Seguridad frente al delito en Costa Rica”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CONARE-Defensoría de los Habitantes, San José Costa Rica

 

RODRÍGUEZ RAMOS, (Luis); COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel) y SÁNCHEZ TOMAS, (José Miguel)   “Derecho Penal: Parte General Vol III”, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, España 1999

 

SALAZAR  CARVAJAL, (Juan Pablo), “Sistema Penal en la Sociedad Democrática”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1998

 

SEMPERE NAVARRO, (Antonio) coordinador; CORDERO SAAVERDRA, (Luciano); GUTIERREZ-SOLAR-CALVO, (Beatriz) y MARTÍN JIMÉNEZ, (Rodrigo)  “Derecho Sancionador Público del Trabajo”, Editorial Colex, Madrid, 2001

 

SEPÚLVEDA MALBRÁN, (Juan Manuel) editor.  “Las organizaciones sindicales centroamericanas como actores del sistema de relaciones laborales”, San José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo, 2003.

 

ZAFFARONI, (Eugenio Raúl),  “Tratado de Derecho Penal General”,  sétima reimpresión, Editorial Ediar, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1987

 

 

 

 

 



[1] .  El liberalismo fue el gran movimiento de la historia que combatía, a partir del siglo XVIII, el orden social feudalista y el absolutismo europeos.  Sus raíces filosóficas eran el humanismo y el esclarecimiento.  Según esta filosofía, todos los hombres tenían derechos naturales  e iguales por su carácter racional.  La condición de hombre implica derechos naturales no derogables.  He aquí la razón filosófica de la demanda política de libertad, igualdad y fraternidad.  Esta demanda se convirtió en la consigna de lucha de la burguesía liberal por la reformación fundamental del Estado, de la economía y la sociedad, primero en la Revolución Francesa de 1789 y luego, paulatinamente en los demás países europeos.

 

[2]. MEYER, (Thomas), “El Socialismo Democrático : 36 Tesis”, Friedrich Ebert Stiftung, Trad. al español, 1982, pág  9.

[3]. CASCANTE CASTILLO, (German Eduardo)  “Teorías Generales del Derecho del Trabajo”, Investigaciones Jurídicas S. A ediciones, San José, primera edición, 2001, pág 206. 

[4]. SEMPERE NAVARRO, (Antonio) coordinador; CORDERO SAAVERDRA, (Luciano); GUTIERREZ-SOLAR-CALVO, (Beatriz) y MARTÍN JIMÉNEZ, (Rodrigo)  “Derecho Sancionador Público del Trabajo”, Editorial Colex, Madrid, 2001, pág 149.

[5] . Ibíd., pág 173.

[6] . BAYLOS, (Antonio) y TERRADILLOS, (Juan)  “Derecho Penal del Trabajo”, Editorial Trotta, Madrid, 1990, pág 12.

[7] . ARROYO ZAPATERO, (Luis A.)  “Manual de Derecho Penal del Trabajo”, Barcelona, 1988, pág 10.  Cfr: En contra de esta posición véase a BAYLOS y TERRADILLOS, Op Cit, pág 30.

[8] . BAYLOS, (Antonio) y TERRADILLOS, (Juan), Op Cit, pág 31.               

[9] . SEMPERE NAVARRO, (Antonio)  Op Cit, pág 34.

[10] . Ibíd.

[11] . Supra pág 4.

[12] . LANDECHO VELASCO, (Carlos María) y MOLINA BLÁZQUEZ, (Concepción), Op Cit, pág 58.   Para JESCHECK este principio se caracteriza por lo siguiente: “El Derecho Penal no puede intervenir ante cualquier perturbación de la vida comunitaria, sino que debe limitarse a la protección de los valores fundamentales del orden social”, Op Cit, pág 9; en igual sentido a SEMPERE NAVARRO, pág 159.

[13] . QUINTEROS OLIVARES, (Gonzalo)   Op Cit, pág 94.

[14] . SEMPERE NAVARRO, (Antonio),  Op Cit, pág 33.

[15] . BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, (Ignacio) y otro, Op Cit, pág 5. 

[16]. ROXIN, (Claus), Op Cit pág 81. 

[17] . DANDURAND, (Yvon), “¿Debe una Mayor Seguridad de los Ciudadanos Significar un Mayor Castigo?  Reacción a los Desafíos Actuales en Materia de Condenas y Prisiones”, en CARRANZA, Elías (coord.), Delito y Seguridad de los Habitantes, Programa Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/Comisión Europea, siglo veintiuno editores, primera edición 1997, pág 191.

[18] . Citado por SALAZAR  CARVAJAL, (Juan Pablo), “Sistema Penal en la Sociedad Democrática”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1998.  El autor establece que ese 41% lo constituyen en su orden las penas leves (18%); el mal entrenamiento policial (7%); la corrupción policial (7%); la Sala Constitucional (4%).

[19] . Proyecto Estado de la Nación, Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, “Informe Final: Seguridad frente al delito en Costa Rica”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CONARE-Defensoría de los Habitantes, San José Costa Rica, pág 11.

[20] . “Cuando decimos que el sistema punitivo costarricense está en crisis, es porque hemos observado que algunos de sus mayores problemas -entre otros de diversa índole- lo constituyen el congestionamiento en la tramitación de causas penales y su escasa eficiencia como respuesta al control de los conflictos que se presentan en la sociedad.  Varias razones pueden apuntarse al respecto: la excesiva penalización  de dichos conflictos, derivada en gran medida del llamado fenómeno de la “bagatelización” del derecho penal (utilizando como una vía sancionadora para hechos de poca monta que dificultan la resolución de los verdaderamente graves); el enconado “ritualismo” de los procedimientos judiciales en la averiguación de los ilícitos (dándose en no pocos casos, mayor trascendencia a la “forma” que al “fondo”); la impunidad de los delitos no convencionales (especialmente los económicos), que implica un severo daño a la credibilidad del sistema; y la gran demora o tardanza en la tramitación y decisión final de los asuntos.”, HOUED VEGA, (Mario), “Modificaciones al sistema punitivo costarricense: un nuevo modelo procesal penal y la aplicación de penas alternativas” en  HOUED VEGA, (Mario), FALLAS REDONDO, (David) y SÁNCHEZ ROMERO, (Cecilia), “Proceso Penal y Derechos Fundamentales”, San José, Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición, 1998, págs 112-113.   Otras apreciaciones interesantes en torno al fenómeno judicial costarricense se vierten en el seminario organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  los días 23 24 de setiembre de 1999 en tres ciudades del país -San José, Puntarenas y Limón-. En el aspecto denominado “La Reforma Procesal Penal y el Régimen de Garantías: Logros y Problemas”, que contó con la presencia entre otros, del Dr. Fernando Cruz, Presidente del Tribunal de Casación Penal, el Dr. José Manuel Arroyo, juez del Tribunal de Casación Penal y del Lic. Carlos María Jiménez, Fiscal Adjunto de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, se diagnostica la siguiente situación: “Para el caso de Costa Rica, hubo consenso en que el problema central en la aplicación de la nueva normativa lo plantea el Ministerio Público (…) Tanto para Cruz como para los juristas Arroyo y Jiménez, esa institución no estaba materialmente preparada para hacer frente a la cantidad y la calidad de la tarea que se le impuso. (…)

          Jiménez hizo ver la carencia de los más básicos recursos que aqueja al Ministerio Público para desempeñar sus funciones: personal insuficiente en proporción con la cantidad de asuntos para tramitar; espacio físico limitado y poco propicio para ciertas diligencias; falta de equipo y materiales básicos; escaso presupuesto para la capacitación, etcétera.”,  en  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Seguridad Ciudadana y Justicia Penal: Perspectiva de la Sociedad Civil: Memoria del Foro”,  CHINCHILLA MIRANDA, Laura (edit.),  San José Costa Rica, primera edición, 1999, pág 40-41.

[21] . BAYLOS, (Antonio)  y TERRADILLOS, (Juan)   Op Cit, págs 41-42.    Para NAVARRO SEMPERE, “la existencia de delitos específicamente laborales –y comunes que, de una u otra forma aparecen vinculados al ámbito de las relaciones de trabajo- no permite establecer ninguna diferenciación respecto de los demás más allá de las especialidades propias derivadas de la aplicación de las normas sustantivas (laborales) en la determinación del exacto alcance que deban tener ciertos conceptos (condiciones de trabajo, libertad sindical, seguridad y salud en el trabajo) a la hora de determinar la existencia o inexistencia del delito (...) Las sanciones penales que pueden imponerse como consecuencia de la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores o contra el patrimonio de la Seguridad Social no difieren en absoluto de las que se aplican a otros delitos”, Op Cit, pág 78.

[22] . SEMPERE NAVARRO, (Antonio) y otros, Op Cit, pág 154.  Cfr: “La lesión del bien jurídico puede no constituir un injusto típico si no va, acompañado del desvalor de la acción (...) Es indiscutible, pues, que el desvalor de acción puede jugar, y de hecho juega en ocasiones, un papel decisivo al lado del desvalor del resultado, en la integración del contenido material de la antijuricidad”  RODRÍGUEZ MOURULLO, Op Cit, págs 332-333.

[23] . RODRÍGUEZ MOURULLO, (Gonzalo) Op Cit, pág 239.

[24] . ZAFFARONI, (Eugenio Raúl),  “Tratado de Derecho Penal General”,  sétima reimpresión, Editorial Ediar, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1987, pág 480.

[25] . SEMPERE NAVARRO, (Antonio)  Op Cit, pág 155.

[26] . DE LA VILLA GIL,  (Luis Enrique) “El Principio de Adecuación Social y los Conceptos Jurídicos Indeterminados en el Derecho del Trabajo”  Capítulo XIII pág 407 y sgtes en DE LA VILLA GIL, (Luis Enrique) y LÓPEZ CUMBRE, (Lourdes)   “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1999.

[27] . Sin embargo, esta posibilidad no está del todo clara en la legislación comparada.  Volviendo al caso de España, tenemos que se ha dicho que “En sentido general podemos trasladar los conceptos explicitados al ámbito penal, con alguna particularidad: en la mayoría de los artículos la protección está pergeñada hacia el “trabajador que trabaja” pero para el Título en general hay que ampliarlo no sólo a derechos reconocidos a aquél sino también al que desea ejercitar su derecho y deber al trabajo (art. 35 de la Constitución).  Por ejemplo, el reclutar personas ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas (art. 312) es una conducta previa a la obtención de empleo; como lo pueden ser la inmigración clandestina de trabajadores o la emigración engañosa  (art. 313)”,  MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)   Op Cit, pág 898.

[28] . Código Civil de la República de Costa Rica, artículo 33.

[29] . Ibíd., artículo 34.

[30] . Código de Comercio de la República de Costa Rica, artículo 17.

[31] .  “La administración de la sociedad, y el uso de la firma social, corresponderán exclusivamente a la persona o personas a quienes de acuerdo con los términos del contrato se hubiere dado esa facultad (...)”    “Podrá ser administrador quien no sea socio, pero la escritura social deberá autorizarlo expresamente”

“Los administradores tendrán las facultades y poderes que se determinen en la escritura social”  Código de Comercio de la República de Costa Rica, artículos 39,40 y 41.

[32] . RODRÍGUEZ RAMOS, (Luis); COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel) y SÁNCHEZ TOMAS, (José Miguel)   “Derecho Penal: Parte General Vol III”, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, España 1999, pág 149.   Para MORILLAS CUEVAS, “El nuevo articulado asentado, según la Exposición de Motivos, en la experiencia obtenida por la vigencia del Decreto-Ley del 15 de febrero de 1952, ampliaba el número de conductas punibles en un intento no excesivamente logrado de terminar con la fenomenología empresarial de abusos contra los derechos de los trabajadores” pág 892, en COBO DEL ROSAL, (Manuel)   “Curso de Derecho Pernal Español: Parte Especial”, Volumen I, Marcial Pons editores, Madrid, 1998.

[33] . SEMPERE NAVARRO, (Antonio) y otros, Op Cit, págs 36-37.

[34] . El artículo 499 bis del Código Penal Español  reformado el 15 de noviembre de 1971, se presentaba dentro del Capítulo VIII –De los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo- en el Título XII –Delitos contra la libertad y la seguridad-, del Libro Segundo.   Se componía de las siguientes infracciones delictivas:  a) imposición de condiciones ilegales de trabajo (núm. 1);  b) alteración ilegal de las condiciones de trabajo (núm.2);  c) tráfico ilegal de mano de obra (núm.3);  d) migraciones fraudulentas (núm.3 inciso final);  e) crisis fraudulenta de empresa (penúltimo párrafo).   El último párrafo lo dedicaba a la responsabilidad de las personas jurídicas.

[35] . MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  en COBO DEL ROSAL, Op Cit, pág 893.    Continua el autor en estudio relatando la evolución de estos tipos penales, aduciéndonos lo siguiente: “El Proyecto de 1980 se ocupaba de estos delitos bajo la denominación de Delitos cometidos con ocasión de las relaciones laborales, en el capítulo del Título VIII –Delitos contra el orden socioeconómico- del Libro Segundo; los arts. 356 357 y 358 contenían de manera parecida, lo que no obviaba importantes modificaciones, las diversas modalidades del entonces vigentes 499 bis, los arts. 359, 360, 361 y 362 contenían sin epígrafe especial las defraudaciones a la Seguridad Social lo que representaba la innovación más trascendente.  La Propuesta como Anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983, los tipifica igualmente como delitos socioeconómicos, -Título XII- en el Capítulo III, bajo la denominación de Delitos laborales con dos secciones, la primera, De los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 288,289,290); la segunda, De los delitos relativos a la Seguridad Social y a la contratación de los trabajadores (arts. 291,292 y 293).   El Proyecto de 1992, los regulaba de manera relativamente diferente como Delitos contra los derechos de los trabajadores en el Capítulo XIV del Título XII –Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico- en los artículos 292 a 298; del 292 al 294 se pueden equiparar con algunas diferencias importantes  a los contenidos del 499 bis citado, incluyendo además la discriminación laboral (art. 295), los límites a la libertad sindical y al derecho de huelga (art. 296) y los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo (art. 297).  Puede comprobarse con respecto a las otras Propuestas, la omisión en el Capítulo de los tipos referidos a la Seguridad Social”,   Ibíd.  

[36] . MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  en COBO DEL ROSAL, Op Cit, págs 897-898.

[37] . CONDE-PUMPIDO FERREIRO, (Cándido)  Op Cit, pág 944.

[38] . Citado por MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  Op Cit, pág 902.

[39] . Es así como tenemos igualmente, un escenario biliateralizado en donde por un lado la ciencia del derecho laboral ha concebido el principio de norma más favorable como parámetro para solucionar las antinomias;  y por otro lado el Derecho Penal posee entre sus principios el de principio de condición más beneficiosa.  Uno a favor del trabajador que se tiene como sujeto pasivo y el otro puede ser incluso a favor del empresario o patrono, como el sujeto activo dentro de la configuración del delito, por lo que indudablemente no existe punto de encuentro.   Desde nuestra óptica, el auxilio entre ambas disciplinas no debe verse en los principios propios, los cuales son disímiles entre si; sino más bien en el marco de la misma ley laboral e instrumentos internacionales aprobados en esos ámbitos.

[40] . CONDE-PUMPIDO FERREIRO, (Cándido)  “Derecho Penal Comentado”, Tomo I, Editorial Bosh S.A., Barcelona, segunda edición, febrero 2004, págs 943-944.   Cfr:  “La imposición de condiciones ha de lesionar –perjudicar,suprmir o restringir- los derechos de los trabajadores reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.  Que se lesione estos derechos no significa necesariamente que exista un perjuicio económico entendido como una disminución del patrimonio del trabajador, entre otras razones porque pueden lesionarse derechos carentes de contenido económico” BAJO FERNÁNDEZ, (Miguel)  y BACIGALUPO, (Silvina)  “Delitos Tributarios y Previsionales”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Jorge De Palma editor, enero 2001, pág 644.

[41] . COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel)   “Derecho Penal:  Parte Especial III”, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 1999, pág 150. Cfr:  Para MORILLAS CUEVA, “La conducta típica nuclea alrededor del verbo impone .  Gramaticalmente significa “poner carga, obligación u otra cosa”.   Desde el punto de vista técnico jurídico QUINTERO OLIVARES lo identificó con el imponer del concepto de coacciones (amenazas).  Esta interpretación es excesivamente restrictiva.   BAJO FERNÁNDEZ y de manera parecida ARROYO ZAPATERO, aun situando la comprensión del término en el sentido de obligar a hacer algo, aquí, como sometimiento de la voluntad del trabajador en relación con su situación profesional, obligándole a aceptar unas condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos, dilata el contenido al admitir un alcance distinto de los medios comisivos.  Para nosotros, sin embargo, lo adecuado de ésta última idea, su sentido respecto al verbo tipo imponer ha de ser matizado en la línea de admitir, junto al primero de los entendimientos, obligar a aceptar, la posibilidad de obligar sin el matiz de ratificación por parte del obrero que supone la obligación de aceptar.  Esto es, las condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman derechos o los restrinjan del trabajador pueden ser impuestas por el empresario bien con la aceptación del obrero mediatizado por la situación de necesidad, o bien de manera engañosa sin la aceptación ni el conocimiento directo del trabajador.

La imposición ha de suponer el perjudicar, suprimir o restringir los derechos reconocidos legalmente.  Perjudicar es ocasionar daño o menoscabo, en este caso a los derechos citados; suprimir es hacer cesar, desaparecer; restringir es reducir  a menores límites.  Aunque los tres conceptos son muy parecidos no es desacertada su inclusión diferenciada.  En sentido contrario, AYALA los considera innecesariamente reiterativos”     MORILLAS CUEVA, (Lorenzo)  Op Cit, pág 902.

[42] . Delitos de resultado:  La figura del delito de resultado que exige la lesión de un bien jurídico.   Para CREUS, los tipos penales sólo toman en cuenta resultados que, trascendiendo de la acción u omisión, se automatizan y quedan como entidad una vez que ella ha cesado; esos delitos son de lesión o daño, en CREUS, (Carlos). “Derecho  Penal, Parte Especial, Tomo I.  Editorial Astrea, Buenos Aires,  5° edición actualizada, 1995,pág 164.    Por su parte, para  los Delitos de peligro:  En esta otra modalidad, el hecho constitutivo del delito no causa un daño efectivo y directo en intereses jurídicamente protegidos, pero crean para éstos una situación de peligro.   Por peligro debe entenderse la posibilidad de la producción, más o menos próxima de un resultado perjudicial, CUELLO CALÓN, (Eugenio)  “Derecho Penal Tomo I (Parte General)”, quinta edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1940, pág 251.   Cfr: Para MANZINI, “El peligro no es nunca algo concreto, porque no es una realidad, sino un juicio lógico, una nueva previsión, fundada, en verdad, sobre la realidad, pero en la cual la misma realidad se evalúa en su potencialidad, esto es como indicio de lo que podrá suceder en el porvenir y no en sí misma”, pág 155.

[43] . En nuestro país existe disposición expresa en la legislación de trabajo, en referencia al principio de continuidad en caso de sustitución patronal.   Al respecto el artículo 37 del Código de Trabajo enuncia que “La sustitución del patrono no afectará los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador.  El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses.   Concluido ese plazo, la responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo patrono”. 

[44]. Igualmente podemos hablar de delitos dolosos y culposos, en donde para los primeros se requiere que haya una voluntad realizadora del tipo objetivo, guiada por el conocimiento de los elementos de éste en el caso concreto ZAFFARONI, (Eugenio Raúl)  Op Cit, pág 405.    Para el segundo delito, tenemos la siguiente digresión:  “Asentado que el tipo culposo prohíbe una conducta que es tan final como cualquier otra, cabe precisar que, dada su forma de deslindar la conducta prohibida, el más importante elemento que debemos tener en cuenta en esta forma de tipicidad es la violación de un deber de cuidado”, Ibíd, pág 427.  

[45] . CONDE-PUMPIDO FERREIRO, (Cándido)  Op Cit, pág 947.

[46] . En el caso de la población refugiada, regida por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la que define refugiado como "una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales condiciones, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.. La Ley General de Migración les otorga la subcategoría de residente temporal (art. 36), les asigna un estatus y lo acredita con un carné, con autorización para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite.

[47] . “Se le impondrá pena de prisión de dos a seis años a quien:  a) Con fines de tráfico ilícito, conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares no habilitados por la Dirección General, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos.  b) A quien, con fines de tráfico ilícito de personas, aloje, oculte o encubra a personas extranjeras que ingresen al país o permanezcan ilegalmente en él.  La pena establecida en este artículo se incrementará en un tercio, cuando el autor o cómplice sea un funcionario público, o cuando se utilice a menores de edad para cometer estos delitos”

[48] . COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel)   Op Cit, pág 154.

 

[49] . MORALES GAMBOA, (Abelardo) “Situación de los Trabajadores Migrantes en América Central”, Estudios sobre Migraciones Internacionales No 53, Programa de Migraciones Internacionales, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2002, pág 33.

[50]. “Todo empleador, intermediario o contratista, al contratar o proporcionar trabajo u ocupación a un extranjero deberá verificar la permanencia legal en el país del extranjero y que se encuentre autorizado para ello, así como exigirle el documento que acredite su condición migratoria para tales efectos”. ARTÍCULO 172.  Ley de Migración y Extranjería de la República de Costa Rica.

[51] . Ley de Migración y Extranjería,  art. 168.

[52]. PEREZ LUÑO, (Antonio)  “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”, Editorial Tecnos, Madrid, 1984,  pág 268.

[53] . Ver en este sentido a COBOS GÓMEZ DE LINARES, pág 155 y a  CONDE-PUMPIDO FERRERIRO, pág  951.

[54] . SAINZ RUIZ, (José Antonio),  Op Cit  pág 2026.   Para este autor “La conducta del empleador ha de producir una grave discriminación en el empleo, que tenga por finalidad, beneficiar a una persona en detrimento o perjuicio de otra, por razones de ideología, religión o pertenencia a etnia o raza etc...”.  Cfr:  Así igualmente lo entiende la Organización Internacional del Trabajo, cuando en su Convenio No  111   “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación”,  en el artículo 1, párrafo 3, se aduce que “A los efectos de este Convenio, los términos «empleo» y «ocupación» incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo”. 

[55] . Este factor es así considerado por MORILLAS CUEVAS, Op Cit pág 909.

[56] . Véase Infra pág 33 y sgtes

[57] . Véanse al respecto el Convenio No 45; Convenio No 89; Convenio No 100 y 111.

[58] . SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Exp: 98-003975-007-CO-P. Voto No 04427-99. San José, a las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho.  Consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de reforma del artículo 76 de la Constitución Política, que se tramita en el expediente legislativo número 10.077, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Exp: 98-007361-007-CO-E.  Voto No : 08857-98.  San José, a las dieciséis horas treinta minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

[59] . CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Op Cit, pág 952.

[60] . Véase sobre este tipo penal lo expuesto en supra págs 20 y sgtes.

[61] . MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  Op Cit, pág 910.

[62] . Así como se ha tejido a nivel legal la posibilidad de responsabilidad del funcionario por “Reconocimiento Ilegal de Beneficios Laborales” (art. 56) en la recién promulgada “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito” , también debe señalarse en contrapartida como un suceso a reprochar, el hecho que los funcionarios constriñan los derechos laborales estatuidos para los trabajadores para su  beneficio, como son los derechos que nos ocupan.

[63] . Citado por MORILLAS CUEVA, (Lorenzo)  Op Cit, pág 911.  Cfr:  Sobre este tema de la represión de movimientos de los trabajadores, véase infra pp 205-211.

[64] . Véase al efecto el cuadro sinóptico que refleja esta situación, elaborado por REGIDOR UMAÑA, (Jorge Emilio)  “El Caso Costa Rica”  cuadro No 15 pág 66, en SEPÚLVEDA MALBRÁN, (Juan Manuel) editor.  “Las organizaciones sindicales centroamericanas como actores del sistema de relaciones laborales”, San José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo, 2003.

 

[65] . Véase supra págs 20 y 21 de este trabajo.

[66]. El  proyecto de ley de reforma procesal laboral al Código de Trabajo, que introducía el artículo 388, nos  dice que “Toda persona que incite públicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de este Título, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios mensuales”.    Es importante hacer notar que, en el marco de la legislación penal vigente, no existe ningún delito que pueda atribuírsele como sujeto activo, a los(as) incitadores de huelga o paro; salvo las regulaciones que se están proponiendo tanto con la legislación procesal laboral como con el delito en estudio.

[67] . MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  Op Cit, pág 912.

[68] . Sobre el tipo objetivo, tenemos que para CONDE-PUMPIDO “El sujeto activo es quien está legalmente obligado a cumplir con las normas encaminadas a suprimir riesgos en el trabajo, es decir, el empresario o los encargados por éste de realizar sus propias funciones (...)”. pág 954.

[69] . MORILLAS CUEVAS, (Lorenzo)  Op Cit, pág 913

[70] . Sobre este último supuesto el autor nos acota lo siguiente:  “TERRADILLOS apuesta por una figura de peligro abstracto por parecerle más eficaz.  No estamos de acuerdo por criticar la técnica de los delitos de peligro abstracto más próximas las conductas al derecho Administrativo o Laboral que al Penal.   La gravedad va dirigida al peligro no a la infracción de las normas, es decir, un peligro intenso para la vida, la salud o la integridad de los trabajadores”, Ibíd..   En igual sentido ver a CORDERO SAAVEDRA, (Luciano)  “Los Trabajadores cualificados en prevención de riesgos laborales y sus responsabilidades Parte I”, en www.derecho.com/boletin/articulos/articulo0195.htm.   Para la jurisprudencia española, tenemos que este tipo delictual se ha definido así:  “...se trata de un tipo de omisión que consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislación laboral (...) Y por último, es preciso (...) se ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario el peligro se concrete en una lesión efectiva puesto que el delito en cuestión es un tipo de riesgo”  STS 12 de diciembre de 1998.

[71] .COBOS GÓMEZ DE LINARES, (Miguel Ángel)   Op Cit, pág 159.

[72] . Ibíd, pág 160.