EL  PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Ronald Salazar Murillo

 

Introducción

La transacción de los cargos y la pena en el proceso penal, es una de los aspectos más novedosos introducidos en el Código Procesal Penal (cpp) de 1998.  Bajo la denominación de Procedimiento Abreviado se reguló en los artículos 373 a 375 los requisitos y formas para acceder a esta vía diferenciada de resolver el proceso penal y desde su instauración se concibe como un elemento que debilita en alguna medida al juicio oral y público, porque permite llegar a una sentencia condenatoria sin pasar por esa fase. [1]

 Los ocho años de vigencia del abreviado, nos permiten echar una mirada retrospectiva para resaltar los aspectos más relevantes de su aplicación y el papel de la jurisprudencia penal y constitucional para conceptualizar este procedimiento, adecuarlo al sistema de garantías que comprende el proceso legal y el papel que se le asigna en el proceso acusatorio.

I.- Conceptualización del abreviado en la Jurisprudencia

La regulación del abreviado es relativamente escasa, dado que en tres artículos se han establecido las reglas para prescindir de una fase tan importante como es el juicio oral y público.   Esta variante tan importante en el proceso ordinario trajo consigo la necesidad de que la jurisprudencia dimensionara el contenido del instituto y las condiciones para un correcto ejercicio de los derechos de las partes.

a.- Examen de constitucionalidad

Desde antes de su instauración en nuestro proceso penal, el abreviado venía precedido de importantes críticas que señalaban su inconstitucionalidad, por prescindir de la fase de juicio oral y público, catalogado como uno de los derechos que comprende el proceso legal.  Además, por cuanto los acuerdos se toman en condiciones de desigualdad que llevan a confesiones sobre la base de la coacción y genera la condena de inocentes. [2]

La Sala Constitucional señaló al respecto, que no obstante la existencia de reglas diferentes para llegar a una sentencia no se vulneraba el debido proceso al imputado, toda vez que además de ser voluntario, tenía previstos mecanismos suficientes para asegurar su posición en el proceso: 

Es así como al analizar la naturaleza jurídica de este procedimiento especial consideró que no resulta violatorio de norma o principio constitucional alguno en relación al debido proceso o el derecho de defensa, no obstante que el procedimiento tiene reglas diferentes dada su especial naturaleza... en el cual se dan cabal cumplimiento de las garantías del debido proceso y derecho de defensa, máxime que para su aplicación se requiere contar con el asentimiento ( o consentimiento) del imputado, y también se requiere que el Ministerio Público y la víctima estén de acuerdo en su aplicación...” [3]

Con el fallo en mención no sólo se disipó un cuestionamiento inicial, sino que tácitamente se deriva que el derecho al juicio oral y público tiene una naturaleza instrumental y por ello puede ser disponible por el imputado y las partes. [4]   

Tampoco se ha considerado contrario a la Constitución, que el Ministerio Público tenga la facultad de decidir si acepta o no el abreviado y que dependa de su voluntad la aplicación, [5] porque igual puede afirmarse de los demás partes que intervienen, su negativa a acordarlo impide el acuerdo.

 

b.- Concepto

Se trata de un procedimiento especial [6] , reglado en el Código Procesal Penal, [7] mediante el cual se faculta a las partes para variar el curso del procedimiento ordinario y tomar acuerdos sobre los hechos y la pena a imponer, para resolver la causa prescindiendo de la etapa del juicio oral y público. [8]

c.- Naturaleza jurídica

La regulación del código concibe el abreviado como una posibilidad para las partes, sin considerarlo como un derecho o una carga. [9] Abundante jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, han señalado que el procedimiento abreviado no es un derecho del imputado o de las demás partes, sino una posibilidad procesal, para cuyo acceso se requiere de un acuerdo válidamente establecido. [10]

d.- Partes en el abreviado

Conforme la regulación inicial, sólo podían intervenir en ese acuerdo el fiscal, defensor, imputado y querellante, debiendo reformarse el inciso b) del artículo 373 del cpp para incluir al actor civil como sujeto parte en esos acuerdos. [11]   No obstante lo anterior, se incurrió en una omisión al no incluir también al demandado civil como parte del acuerdo, en virtud de que los hechos que se admiten forman parte de la sentencia, hacen cosa juzgada y pueden afectar la futura responsabilidad civil que se le exige.

e.- Requisitos

Aunque el artículo 373 del cpp establece requisitos mínimos para acordar el abreviado, como es el consentimiento de las partes y el cumplimiento de las formalidades, la jurisprudencia ha ido señalando especiales condiciones que deben cumplirse para evitar vicios en los acuerdos.

Los puntos del acuerdo versan sobre los hechos acusados que debe aceptar el imputado, la pena a imponer y la eventual responsabilidad civil.  Además, la disposición de variar el procedimiento prescindiendo del juicio oral y público.

La determinación de las partes para llegar al abreviado debe provenir de un ejercicio libre de la voluntad para llegar al consenso y no es válido un acuerdo si existe coacción o amenaza de alguna naturaleza para cualquiera de las partes.   También pueden viciar la voluntad los acuerdos obtenidos bajo engaño, desconocimiento o por defectuosa configuración, de ahí que se exija al Juez la labor de asesorar al imputado y las partes sobre el contenido y naturaleza de los acuerdos tomados. [12]

El instituto parte de un presupuesto fundamental de la voluntad de las partes, desde esa perspectiva, la negociación de cargos y de la pena es una declaración de voluntad de las partes. [13]

La Sala Constitucional ha señalado que “...no hay que perder de vista que el cuerpo normativo en análisis fue cuidadoso al estipular que lo que acepta el encartado es el hecho, no su responsabilidad penal, cuya existencia y medida queda a juicio del juzgador como en cualquier proceso de esta índole. [14]   No obstante el criterio de tan alto Tribunal, el Tribunal de Casación ha entendido que la aceptación de los hechos acusados por parte del imputado tiene el efecto de una confesión de cargos [15] , aún cuando posteriormente el Juez al resolver pueda estimar que los mismos resultan atípicos o bien, que media alguna causa eximente de responsabilidad. [16]

En lo que sí hay coincidencia absoluta en la doctrina y jurisprudencia penal y constitucional, es que la aceptación de los hechos resulta insuficiente para poder sustentar una sentencia condenatoria, por lo que debe existir suficientes elementos de prueba, que, independientes o unidos a la aceptación de los hechos, puedan desvirtuar el principio de inocencia que protege al imputado. [17]

f.- Procedimiento y control jurisdiccional

Para apartarse del procedimiento ordinario se requiere el acuerdo de las partes tendente a definir el proceso por la vía abreviada.  Adicionalmente, el imputado debe aceptar los hechos acusados, la pena pactada y el procedimiento a seguir.

Los acuerdos deben ser tomados o ratificados ante el Juez Penal quien debe verificar el ejercicio libre y voluntario de las facultades de las partes e imponer al acusado de la trascendencia de su renuncia al juicio oral y público y a la reproducción de la prueba. Cumplidos los requisitos debe remitirlo al tribunal debe examinar la acusación y la prueba para decidir si lo remite al Tribunal de Sentencia.

El examen en la sede de sentencia se inicia por los extremos del acuerdo alcanzado y superado ello debe avocarse a resolver la causa mediante el pronunciamiento de fondo.  Esto exige el examen de la acusación, la legitimidad y suficiencia de la prueba para sustentar el juicio sobre la responsabilidad penal, la calificación legal y la pena a imponer previamente acordada por las partes. 

El doble control jurisdiccional en la fase intermedia y de juicio, es un elemento trascendente porque refuerza la garantía de la transparencia de los acuerdos y disposiciones de las partes y el cumplimiento de los derechos y garantías.

g.- Sobre el momento procesal para acordarlo

El ccp establece como límite para acceder al abreviado antes del dictado del autor de apertura a juicio, de manera que es claro que solamente puede acordarse en la etapa intermedia y no en la sede de juicio.  Por necesidad de equiparar los procesos enviados a juicio bajo el código anterior se permitió las transacciones en sede de juicio, pero como excepción a la regla.

La Sala Constitucional indicó en principio que la limitación de acordarse en la fase intermedia restringía el derecho de las partes de obtener una solución al conflicto mediante soluciones alternativas. [18]    Se confunde en el fallo en mención las alternativas con el abreviado y además, se concibe como un derecho, cuando hemos señalado que no existe un derecho constitucional a ese procedimiento y como efecto práctico se permitió el instituto en cualquier estado del proceso.

Por sentencia posterior la Sala Constitucional corrigió el punto señalando la importancia del principio de justicia pronta, que obligaba a preparar los juicios con la suficiente antelación, de manera que el imponer límites temporales para llegar a acuerdos no se vulneraban derechos de las partes [19] y que en ese tanto era razonable establecer algunos límites para configurar la estructura del proceso. [20]   Agregamos a ello, que tampoco se vulnera el principio de igualdad, en tanto las partes pueden acceder al mismo en la fase respectiva.  Luego la Sala Constitucional vendría a considerar que si el acuerdo se generaba en la fase de juicio ello no vulnera derechos fundamentales del imputado. [21]

A lo anterior debe agregarse que el Ministerio Público en circular No.19 de 2005 señaló a los fiscales la directriz de no acceder a abreviados en sede de juicio, a efecto de darle plenitud a la disposición del código procesal penal, lo cual tiene la virtud de impedir negociaciones en sede de juicio, aún cuando no se determine la existencia de una lesión para las partes por hacerse en fase no acordada en la norma. [22]   

Analizando la gran cantidad de procesos pendientes para juicio y el importante retraso en la realización de los mismos, consideramos que no tiene sentido limitar el acuerdo del abreviado sólo a la fase intermedia y que se propicia más la justicia pronta el permitirlos aún en la sede de juicio, por lo que debe hacerse la reforma correspondiente. [23]   Para tal efecto debe eliminarse del párrafo primero del artículo 373 la frase que dice “antes de acordarse la apertura a juicio” y en su lugar estipular: “antes de iniciar el debate oral y público”.

III.- Principales cuestionamientos en la sede de casación

Podría pensarse que al admitir los cargos el imputado y llegar a una pena razonable de su caso, la resolución de la causa sería pacífica, lo cual no ha sido así. No obstante la experiencia considerable de los usuarios y el desarrollo jurisprudencial del abreviado, se genera una importante litigiosidad, de manera que una vez logrado el acuerdo marco pretende por la vía de los recursos atacar los acuerdos mismos para procurar mayores ventajas. [24]  

a.- Falta de precisión de los acuerdos

La jurisprudencia ha sido clara en señalar que los acuerdos a que han llegado las partes deben comprender los hechos aceptados como la pena que se pacte y la posición de las partes sobre posibles beneficios o descuentos.   Asimismo, cobra especial importancia la claridad de las estipulaciones en aquellos casos que son facultativos del juez de sentencia como son los rebajos de la pena acordada y la ejecución condicional, sobre los que no puede haber promesa, sino una simple expectativa o posibilidad.

Se ha dicho que el acta debe ser lo suficientemente clara para permitir corroborar al tribunal de sentencia todos los aspectos propios del acuerdo, de manera que ante la duda debe convocar a una audiencia de partes en esa sede.

b.- Sobre la fijación de la pena

La aceptación del abreviado se ha convertido en un mecanismo para asegurarse una pena máxima en el caso y las partes una vez hecha la fijación en sentencia, inician una etapa de reclamos atacando por un lado la motivación de la pena impuesta, la negativa a disminuir la pena por el juez y la violación del principio de igualdad cuando se trata de varios imputados.

En cuanto a la motivación de la pena impuesta, una importante cantidad los juzgadores han acudido al criterio de respetar la pena negociada, en virtud de ser producto del acuerdo en el cual ha intervenido el acusado y su defensor, lo cual ha sido admitido por el Tribunal de Casación como criterio válido para sustentar la pena ha imponer, pero que no agota otros elementos que deben tomarse para sustentar debidamente ese extremo.

Así, por ejemplo ha exigido motivar por qué razón no aplica rebajas de pena o beneficios posibles, eso sí, haciendo ver que no existe un derecho a que el juez le disminuya la pena en un tercio del mínimo del tipo penal, sino que es una facultad del juzgador.

También ha sido objeto de múltiples cuestionamientos la aplicación del principio de igualdad en las negociaciones, procurando que se fije por igual la pena a todos los intervinientes del delito.  La jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal ha exigido la motivación de las distinciones en cuanto a la fijación de la pena y en múltiples procedimientos de revisión ha acogido el alegato procediendo a adecuar las penas en igualdad cuando estima que se ha vulnerado ese derecho.

c.- Insuficiencia de prueba y prueba ilícita

El primer aspecto en que hay coincidencia plena, es que la aceptación de los hechos por el imputado es insuficiente para llegar a la convicción de su responsabilidad penal [25] , y que para desvirtuar el principio de inocencia que protege todo acusado, debe existir prueba suficiente, que en forma independiente o unida a la confesión, permitan derivar más allá de toda duda, que el imputado cometió el hecho que se le atribuye. [26]

Gran parte de los recursos de casación planteados cuestionan la falta de prueba suficiente para demostrar la responsabilidad del sentenciado, para lo cual acuden a hacer un examen de la prueba documental, irrespetando los acuerdos y restando toda importancia a la confesión de cargos expresada en la negociación.

Uno de los aspectos más reclamados es que la policía actuante no apreció bien los hechos, que hay vicios en el manejo de la prueba o cadena de custodia y que de haber completado la investigación con otra prueba se pudo llegar a conclusiones diferentes.

Al respecto se ha señalado que uno de los efectos de la renuncia al juicio oral y público, es la aceptación de la prueba que respalda la acusación, de tal forma que no puede por la vía de casación pretender reconstruir aspectos de la investigación, para cuya discusión requiere la realización del juicio oral y público, al cual renunció cuando aceptó el abreviado.

También se ha dicho que la aceptación de la acusación y la prueba convalida los posibles defectos que ella pudiera contener, salvo aquellos casos en que haya una evidente y grosera vulneración de derechos en la obtención de la prueba, como sería la tortura o situaciones equiparables. [27]

Ha indicado el Tribunal de Casación Penal:

“Tampoco existe en este caso, una violación a las reglas del debido proceso, pues el decomiso y registro del automotor, según se expuso, no sólo era razonable y proporcionado, sino que también debe considerarse que el imputado admitió la aplicación del proceso abreviado, legitimando, sin cortapisas, las pruebas que sustentaban la acusación. Su voluntad y silencio, evitando el contradictorio, legitimó, plenamente, la actuación de las autoridades de policía. Si tanto el accionante, como su defensor, admitieron, sin ningún reparo, la prueba que sustentaba la acusación, manifestando su acuerdo con la sanción que se les impuso, resulta contrario a la lealtad procesal que debe imperar en cualquier proceso, que posteriormente formulen una objeción que con su silencio avalaron plenamente. Si se renunció al contradictorio, escenario procesal propicio para discutir la prueba; si su contenido tampoco se objetó en la audiencia preliminar o durante el desarrollo del proceso, no es admisible que después de dictar un fallo en el que estuvo de acuerdo el acusado, éste formule, posteriormente, una serie de objeciones que debió plantear oportunamente y frente a las que guardó absoluto silencio, convalidando su inacción, las eventuales informalidades que ahora acusa.

Además de estas omisiones, tanto el imputado como su defensor admitieron la aplicación de un proceso abreviado, aceptando los hechos y la prueba que sustenta la acusación. El silencio y voluntad del acusado y su defensor, convalidó los posibles vicios de la diligencia de reconocimiento. Durante el desarrollo del proceso, ni el imputado, ni su defensor, objetaron las formalidades aplicadas en la diligencia de reconocimiento, aceptando, finalmente, un fallo condenatorio, obviando la realización del debate oral y contradictorio, escenario procesal idóneo en el que pudo objetarse la diligencia que ahora cuestiona el accionante, después de un fallo condenatorio, en el que estuvo de acuerdo, pretende plantear objeciones que no formuló oportunamente y sobre los guardó silencio, omisión que convalidó los posibles yerros que podría tener la diligencia. Por otra parte, los supuestos yerros que acusa el impugnante no son graves, groseros y absolutamente inconstitucionales, que sería la única hipótesis, en la que a pesar de la aquiescencia del imputado y su defensor, no se convalidaría el vicio acusado.” [28]

Al respecto se ha reiterado en diversos fallos, que esos aspectos son propios de la reproducción de la prueba en juicio y que no pueden ser objeto de reclamo en sede de casación, dado que para ello era necesario confrontar en juicio los testigos y reproducir la demás prueba, derecho al cual la parte renunció con el abreviado.

Si la prueba aportada por el Ministerio Público es muy escasa entonces puede perfectamente ser cuestionada la sentencia en casación por vicios de fundamentación o de violación de reglas de sana crítica.  La discusión es si al existir prueba escasa corresponde absolver o devolver a juicio.

d.- Vicios en la voluntad por comportamiento del Fiscal

En la sede de casación se ha reclamado varios aspectos referentes a los vicios de la voluntad, asegurando haber aceptado los cargos no obstante ser inocente y renegando del comportamiento del Ministerio Público.

En los casos planteados se alega como causal la existencia del proceso penal como elementos de coacción y el comportamiento del fiscal, lo cual ha resultado insuficiente para reconocer un reclamo de esa naturaleza y se ha señalado que la sola existencia de un proceso penal no es suficiente para presumir vicios en la voluntad. [29]   Por el contrario, se aprecia que el control jurisdiccional sobre la voluntad en la toma de los acuerdos ha permitido claridad en ese sentido y no se observa ningún comportamiento vindicativo de los fiscales en las negociaciones.

No obstante los reclamos sobre la forma de negociar del acusador, no existe ningún caso documentado, que permita reconocer comportamientos vindicativos o arbitrarios de parte del Ministerio Público en las negociaciones.   Tampoco el acusador ha utilizado el instituto para encubrir investigaciones deficientes, sino que en la mayoría de los casos la prueba de cargo es bastante contundente.

e.- Sobre la motivación de las sentencias

Es claro el artículo 375 cpp en autorizar que la sentencia en el abreviado puede ser sucinta, lo cual es explicable en razón de que no se reproduce la prueba en juicio, lo cual no significa que deba carecer de motivación.  Especialmente en los inicios los tribunales de sentencia le otorgaron excesiva importancia a la aceptación de cargos (confesión) dejando de lado la obligación de analizar la prueba, vicio que llevó a declarar con lugar la casación o la revisión en su caso. [30]

El otro aspecto observado es que las sentencias en la actualidad aunque valoran un tanto más la prueba, siempre evitan entrar al análisis detallado de la prueba documental.

f.- Alegatos de inocencia y lealtad procesal

Es incuestionable el derecho de la parte a luchar por su inocencia y a cuestionar los fallos que violan las reglas del proceso, no obstante hay un importante número de casos muy evidentes, en que luego de pedir el abreviado e insistir al acusador para lograrlo, sin razón alguna desconocen los acuerdos alcanzados. 

Esto se manifiesta en la negación de todas las actuaciones que llevaron al abreviado, desde el desconocimiento de lo actuado, pasando por el papel del defensor hasta el del fiscal, obligando a la casación a mostrarle y transcribir el contenido de los acuerdos. También concurren los alegatos de inocencia por la suerte corrida por otros coimputados que fueron absueltos en juicio, por diversas razones, como el hecho de que la prueba de cargo no llegó a debate.  Sobre este aspecto ha dicho el Tribunal de Casación que el asumir el abreviado implica algunos riesgos,  sobre lo que eventualmente ocurriría en juicio, como el que la prueba no sea presentada, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la parte al momento de tomar la decisión. Al respecto se ha señalado que:

 “En la toma de la decisión sobre la opción del procedimiento abreviado, la defensa técnica, el imputado, el Ministerio Público y el Juez, deben ser muy rigurosos en el examen de la prueba de cargo existente, a fin de poder extraer sin dificultad alguna la responsabilidad del acusado y así para poder afirmar lo innecesario de reproducir la prueba en el juicio oral y público.   La elaboración de este juicio anticipado implica el examen cuidadoso de la prueba documental y material recogida, así como la testimonial que se haya recibido, sea en las denuncias o bien en forma anticipada, de manera tal que, por sí misma y sin necesidad de reproducirla en juicio, permitan derivar un juicio lo más cercano posible a lo que ocurrirá en debate.   Siendo un juicio anticipado siempre lleva implícitos algunos riesgos, que también deben ser valorados por las partes, como el que la prueba testimonial que sustenta el caso no llegue a juicio o que la concurrencia de otros coimputados que prefieren el debate pueda traer variantes a los hechos o en las calificaciones, o que alguna de la prueba tenga vicios importantes que terminen en su ineficacia.   Hay que admitir que algunas de estas incertidumbres - como el que los testigos de cargo no sean localizados o no lleguen a juicio - serán siempre parte de la valoración y no podrá adquirirse certeza, sólo realizando el juicio oral y público.  En este caso la queja del defensor reside en primer lugar en que al momento de aceptar el abreviado le pareció que la prueba de cargo apuntaba en una sola dirección que lo incriminaba como autor del hecho, lo que llevó a aceptar el abreviado.   Resulta que en el juicio realizado a otros coimputados alguna parte de la prueba testimonial de cargo no se presentó al juicio, de manera que los hechos no fueron probados -respecto de ellos- con la contundencia que creyó al momento de aceptar el abreviado, no obstante, esta es una circunstancia propia del debate y que debió tomar en cuenta la defensa - técnica y material - al momento de prescindir de la reproducción y confrontación de la prueba en juicio oral.  En este sentido, no es viable alegar la existencia de vicios en la voluntad para acordar el abreviado, en virtud de que lo ocurrido en juicio a los otros imputados, es una cuestión fortuita que no invalida ni vicia el acuerdo entre partes.” [31]

Es indiscutible que estas formas de desconocer los acuerdos deben ser cuidadosamente examinados a fin de no dar pie a la informalidad de los acuerdos y a desnaturalizar el espíritu del instituto, resguardando por supuesto el derecho en aquellos casos que se evidencien vicios que lesionen la inocencia del imputado.

IV.-   Incidencia del Abreviado

Dos aspectos son importantes de medir, uno de la aplicación del abreviado con relación a todos los casos resueltos en sentencia y de otro lado, en relación con el número de medidas alternas que se han aplicado.  Hay que advertir que los escasos mecanismos de control no permiten tener información sobre la cantidad de recursos presentados y acogidos, ni tampoco sobre la penalidad impuesta.

a.- Porcentaje de casos resueltos por abreviado

Examinadas las estadísticas tenemos que el porcentaje de procesos resueltos por la vía del abreviado ha venido en descenso, pues por un lado en 1998 al 2001 el porcentaje promedio alcanzaba el 25% de todas las causas resueltas en sede de juicio y luego sigue descendiendo hasta un 16 % en el año 2004 tal como lo muestra el cuadro adjunto.

Cuadro No. 1

Este fenómeno es explicable por cuanto en 1998 había muchas causas elevadas a juicio y tramitadas bajo las reglas del código anterior que no permitía este tipo de transacción.  Cuando se autorizó aplicar el abreviado a dichos casos resultó propicio para resolver la causa, pero conforme ese gran número de procesos se negociaron y se descongestionó de casos viejos, entonces se dio una importante disminución porcentual.  Luego, al impedirse las negociaciones en sede de juicio y alguna mayor reserva de las partes en cuanto a su aceptación, han implicado una disminución importante de su aplicación.

b.-   Incidencia en absolutorias y condenatorias

En el inicio de vigencia del código procesal penal, de 1998 al 2001 representan el punto más alto de las condenatorias en el tiempo de vigencia de la nueva legislación, alcanzando su punto más alto de condenas en el año 2001 con un 63.2 % de los casos resueltos.  Luego el porcentaje de condenas disminuye en forma importante en aproximadamente 10 puntos porcentuales hasta llegar al 51.7 % de condenas en el año 2004 como lo muestra el cuadro siguiente.

La disminución porcentual de condenas tiene una relación directa y proporcional con el descenso en la cantidad de procesos abreviados que se resuelven, pues la disminución es de aproximadamente diez puntos porcentuales y en igual medida se reducen los porcentajes de condenas.   Lo anterior nos permite afirmar que el juicio abreviado tiene una importante incidencia en los porcentajes de condenas dictadas, lo cual no resulta un elemento extraño, si tomamos en cuenta que salvo excepciones, al negociar un abreviado la sentencia es condenatoria.

 

V.- Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de varios años ha llevado a definir adecuadamente al abreviado como mecanismo simplificador y no como solución alternativa al proceso.   El aspecto más trascendente es la adecuación del abreviado con el derecho de la Constitución, así definido por la Sala Constitucional, admitiendo con ello que aún cuando el proceso ordinario establece el juicio oral y público como eje central, se trata de un derecho del que pueden prescindir las partes.

También se ha definido por el Tribunal de Casación Penal, que la aceptación de los hechos por el imputado es una confesión simple que debe estar libre de coacción y no vulnera el principio de inocencia, por cuanto el Estado debe demostrar con prueba adicional, la responsabilidad penal del acusado.  También se ha señalado que los acuerdos deben tomarse con la suficiente claridad para evitar incertidumbres y la importancia del control jurisdiccional como mecanismo de garantía de las partes.

Las discusiones más comunes en la fase recursiva se derivan de reclamos en cuanto a la fijación de la pena por cuanto los jueces mantienen una importante tendencia a homologar el contenido del acuerdo denegando rebajas no pactadas.  El otro aspecto relevante son los alegatos sobre la insuficiencia probatoria y vicios en la prueba, cuyo planteamiento generalmente introduce críticas a la prueba, ante lo cual la jurisprudencia ha sido clara en señalar que si se aceptan los hechos y la prueba que sustenta la acusación, se convalidan los defectos de la prueba y no es posible luego por la vía de la casación o revisión cuestionar el contenido, por cuanto para ello – en muchos casos - es necesario abrir el juicio oral y público, fase a la cual renunciaron cuando hicieron el pacto.  También es común encontrar alegatos desconociendo lo acordado, que advierten un alto contenido de deslealtad procesal al rechazar sin razón alguna los acuerdos y pactos anteriores.

En cuanto a la incidencia se observa una importante variación porcentual en la utilización del abreviado, pasando de ser aplicado en el 25% de los casos aproximadamente a un 16% del total de las causas resueltas por el Tribunal de Juicio.    El abreviado sí ha mostrado que conforme aumenta el número de casos resueltos aumenta en similar proporción el número de condenatorias.

En cuanto al comportamiento del Ministerio Público, no se observan acciones vindicativas o coacciones indebidas en las negociaciones y por el contrario, hay un clima de respeto de los derechos y garantías de las partes.  Tampoco se ha convertido en un mecanismo para excusar malas investigaciones, pues en la mayoría de los casos observados la prueba de cargo es muy contundente.

No obstante la aplicación que se viene operando, debe reafirmarse que el abreviado no está diseñado para todo tipo de delitos, pues la complejidad o la naturaleza de algunos presenta dificultades importantes para sustentarlo sin escuchar la prueba de cargo, como ocurre con los delitos sexuales.

Consideramos que atendiendo a la forma en que se viene aplicando, no existe razón alguna que justifique el negar las negociaciones en la fase de juicio y hacemos votos para que se elimine esa prohibición.   Además, que se permita un mayor margen de negociación de cargos al acusador para flexibilizar la persecución penal y la racionalidad de las pernas, especialmente en algunos delitos.

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[1] Con razón afirma Binder que el abreviado debilita el juicio oral y público en el tanto permite evadir el carácter central que se le ha asignado al juicio en el derecho procesal moderno, pero por otro lado, fortalece el carácter acusatorio del proceso. En: “Del Preso..”,(2000), p. 4

[2]   Sobre las críticas ver autores como: Bassiouni (1988),Alschuler ( 1986), Easterbrook, Bobino (2000), Langbein (.1978) , Llobet (1998), Salazar (2003), entre otros.

[3] Sentencias 4835-98 y 2743-99 y 2000-10584 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

[4] Ver en igual sentido la sentencia No. 2000-08747 de la Sala Constitucional.  También el Tribunal de Casación Penal señaló en su momento que las garantías son irrenunciables pero los derechos como el de declarar o el de inocencia pueden ser administrados a criterio de su titular ( Sentencia 005-f-99 del Tribunal de Casación Penal). Ya otros tribunales habían resuelto años antes la cuestión de constitucionalidad como la Corte Costituzionale Italiana que en sentencia 313-90 lo estimó acorde con la constitución.  En sentido similar la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Brady vs United States (1970) y Santobello vs New York (1971), estableció que el derecho al juicio por jurado, aunque es un derecho Constitucional, no constituye una obligación y por ello puede disponerse por el acuerdo de partes.

[5] Esta Sala no tiene ninguna duda sobre la constitucionalidad de ese  procedimientos especial, pues amén  de que ya la Sala Constitucional (resolución 4864-99 de 15:27 horas de 8 de julio de 1998), se pronunció “en el sentido de que no es contrario a la Constitución Política el procedimiento abreviado previsto en los artículos 373 a 375 del Código Procesal Penal”, no puede compartirse que una parte (Ministerio Público o querellante), tenga privilegios sobre las otras (imputado y defensor).” Sentencia 1186-99 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

[6] Sentencia 4835-98 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[7] El abreviado es un procedimiento especial, con una reglamentación propia...” Sentencia 342-2000 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

[8] Salazar (2003) p. 59

[9] Sentencia  842-1998 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

[10] ...no puede decirse que exista un derecho del imputado a que se le beneficie con un proceso abreviado...no se trata de una obligación procesal ni mucho menos un derecho fundamental que pueda ser exigido.” Sentencia  2000-04983 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido sentencia No. 842-98 y 0099-2002 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y sentencia No. 005-1999 del Tribunal de Casación Penal.  El tema también había sido objeto de discusión constitucional ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que en el caso Carolina vs Alford definió que no existe un derecho constitucional al guilty plea. Ver: Weinred, Loyd, “Leading and Cases..” p. 838.

[11] Mediante ley No. 8146 de 30 de octubre de 2001 se reformó el inciso b) del artículo 373 cpp, para incluir al actor civil como uno de los sujetos que debía manifestar su voluntad para acceder al abreviado.  Ya el Tribunal de Casación Penal en diversos fallos 671-98, 674-98 y 708-98, había considerado su voluntad como un elemento esencial para la validez del acuerdo.

[12] Por tal razón la jurisprudencia ha insistido en que el acuerdo debe ser lo suficientemente claro y comprensible sobre los aspectos de interés del acuerdo. ( Sentencia 564-99 del Tribunal de Casación).  Se trata por ello de una escogencia racional del acusado una vez informado debidamente de las consecuencias y posibilidades del ejercicio de sus derechos. Así: Guidorizzi (2001) p. 5

[13] Gimeno (1992) p. 120.

[14] Sentencia 4864-98 y 9129-00 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[15] En igual sentido Binder señala que la aceptación de los cargos en el procedimiento abreviado, para denominarlo sin eufemismos es una confesión. cit. p. 8

[16] Ver en este sentido la sentencias 208-99, 236- 99 y 288-99 del Tribunal de Casación Penal.

[17] Además de que el dicho del encausado debe estar corroborado con otros elementos de convicción – peritajes, testigos, documentos-, que le hacen creíble al criterio del Juez, los que deben ser analizados  en su conjunto al momento de fundamentar el fallo condenatorio.” Sentencia 9129-2000 de la Sala Constitucional. Ver también: Miranda M ( .....) p. 125, quien señala que es necesario “...que exista una mínima actividad probatoria en la que pueda descansar y encontrar su fundamento la apreciación probatoria llevada a cabo por el juzgador. Toda condena que se dicte debe ir precedida de esa mínima actividad probatoria.” P. 125.

En los Estados Unidos es conocida como la doctrina de “factual basis” o bases fácticas adecuadas, que significa igualmente, que toda condena debe estar sustentada en prueba suficiente para fundar el juicio de culpabilidad emitido. Ver: Langbein J , p. 8.

[18] Sentencia 5836-99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[19] Ver sentencias 4864-2000  y 4983-2000 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[20] Sentencia 02989-2000 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.   En la sentencia de comentario la Sala también hace ver algunas inconveniencias que el mismo Juez del Juicio sea el que participe en la negociación del abreviado, porque puede perder imparcialidad si luego conoce del debate.

[21] Ver consulta preceptiva de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Casación Penal, resuelto en sentencia 2004-07915 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[22] ...el proceso abreviado no se ofrecerá ni concederá por Fiscal alguno, después del dictado de la apertura a juicio por parte del Juez Penal”.   La rigurosidad con que se dirigió la circular del ente persecutor, ha impedido absolutamente al fiscal poder negociar en sede de juicio. El Tribunal de Casación Penal estableció que el abreviado debe darse en la fase intermedia como lo establece el numeral 373 cpp y que en caso de acordarse en la fase de juicio se genera un vicio absoluto cuyo decreto procede aún de oficio. (Sentencia 215-f-99).  No obstante no consideramos que se trate de un vicio y que en el tanto no cause agravio puede acordarse fuera del plazo de ley.

[23] Cuando la Sala Constitucional trató el tema de la fase de acuerdo del abreviado, hizo hincapié en que la preparación del juicio en la sede de Tribunales podía verse interrumpida por negociaciones de última hora.  La realidad actual nos lleva a considerar que los juicios se interrumpen en cientos de casos por múltiples circunstancias, de manera que nada alteraría que se permita el abreviado en esa sede.

[24] No hay estudios concretos que determinen la cantidad de casaciones o revisiones planteadas en los procedimientos abreviados, pero por la cantidad se estima que son muy considerables.

[25] Esta es una de las grandes diferencias con el sistema norteamericano, en que la aceptación del guilty plea tiene la naturaleza de una conviction del jurado, o sea, de una sentencia y por ello el juez solamente pasa a fijar la pena.

[26] En este sentido la Sala Constitucional cuando valoró la conformidad del abreviado con el derecho de la constitución, estableció que el Estado está obligado a ofrecer pruebas que demuestren la responsabilidad penal del acusado, para así superar el principio de inocencia.  En sentencias 005-f-99 y 025-f-99 el Tribunal de Casación Penal  también ha reiterado ese extremo.

[27] En el sistema norteamericano en el caso Usa vs Jakson 1968 acordó que al aceptar el guilty plea se renuncia a cuestionar la validez de la prueba, indicando que sólo podría aceptarse como agravio, aquellos casos extremos de violación de derechos constitucionales no se convalidan.  En sentido similar el Tribunal de Casación Penal en la sentencia 2003-0497 ha plasmado que la aceptación de la prueba y el silencio de la parte, convalida cualquier defecto de la prueba.

[28] Sentencia 2003-0497 del Tribunal de Casación Penal.

[29] La jurisprudencia norteamericana en  Bordenkircher vs Hayes (1978), cuando señaló que:La sola existencia de un proceso penal en contra de la persona no podría considerarse como una forma de coacción o amenaza, sino la consecuencia propia del ejercicio de una actividad estatal, en que la negociación es sólo una de las posibilidades que el sistema le otorga a los acusados y sólo ejerce de acuerdo a su interés.”   En el sistema norteamericano se ha desarrollado una amplia jurisprudencia para atribuir efectos a la súplica de culpabilidad, especialmente porque muchos acusados aceptan el plea bargaining  conociendo que de ir a juicio podrían sufrir una pena mucho mayor.  El requisito de voluntariedad – voluntary or uninfluenced plea-  es esencial para la configuración del guilty plea.    Uno de los casos más conocidos en la jurisprudencia es Bordenkircher v Hayes( 1978), porque además de valorar el consentimiento del acusado expresó lineamientos sobre persecución vindicativa del fiscal – vindicative excercise of a prosecutor”.  Ver: Israel, Kamisar, Lafave, “Criminal Procedure and the Constitution”, West Group, Minnesota, Usa, año 2000, p.  586.”

[30] El Tribunal de Casación ha sido unánime y reiterado en exigir la debida motivación de la sentencia condenatoria, aún cuando sea producto del abreviado. Ver sentencia 25-f-99. Al respecto ha dicho: “La Sala Constitucional ha establecido claramente que la confesión rendida con todas las formalidades, no elimina la obligación de probar con otros medios de prueba la culpabilidad del acusado... No puede el juez, aunque se trate de un proceso abreviado, fundar el fallo condenatorio en la admisión de los hechos contenidos en la acusación, como ocurrió en el presente caso. La declaración del acusado, como expresión esencial del ejercicio de la defensa, no puede transformarse en el único elemento de prueba que le dé sustento a un fallo condenatorio.”  Sentencia 452-2000.

[31] Sentencia 1165-2005 del Tribunal de Casación Penal.