ADOLESCENTES
EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD:
Consumo
de drogas en menores privados de libertad y transgresión de la ley penal.
M.Sc. Mario Alberto Sáenz Rojas
[1]
MSc. Julio Bejarano Orozco [2]
Licda. Sandra Fonseca Chaves [3]
Resumen
En este artículo se analiza la problemática del consumo de drogas
en adolescentes recluidos por infracción a la ley penal juvenil y su relación
con aspectos como la contención familiar, la temprana edad de inicio, la generación
de consumo problemático, la influencia del grupo de pares, la misma participación
en hechos delictivos y otras percepciones sociales. Se destaca la imperiosa necesidad de atender
esta población mediante la utilización de métodos innovadores, tales como
la psicoterapia familiar y la educación para la salud centrada en las habilidades
para la vida.
Palabras
clave: Adolescentes, privados de libertad, consumo de drogas, programas de
prevención, familia, Costa Rica.
Abstract
This
article analyzes the situation of a group of youngsters involved in drug use
and in conflict with the law and their relationship with topics like family
contention, the early drug onset, the peer pressure, their participation in
criminal acts and other social perceptions. The necessity of paying attention
and taking care of this population
are discussed as well as the importance of developing actions as family therapy
and health education based on life skills.
Key words: Adolescents, prisoners, drug consumption,
prevention programs, family,
INTRODUCCIÓN
El consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de libertad ha sido un tema de múltiple interés en el campo de la investigación sobre drogas. La misma se ha centrado fundamentalmente en personas adultas, encontrándose un grupo significativo de trabajos publicados en el área (Abarca, Molina y Sáenz, 1993; Bejarano, Sáenz y Ugalde, 1997; Martínez y Alfaro, 1989; Sáenz, 1995-1996; Sáenz, 1998; Sáenz, Bejarano, Alvarado y Briceño, 1998). Entre los principales hallazgos de varios de estos estudios, se destaca que una proporción importante de sujetos refirió una asociación entre el consumo de la droga y la comisión del hecho ilícito; no obstante, como bien se ha señalado, no se puede plantear una relación causal, lineal y unívoca.
Sin embargo, los estudios con personas menores de edad criminalizadas han sido escasos (Campos, 1996; Míguez, 1983). Ellos refieren a un momento histórico en que la legislación nacional se guiaba bajo el paradigma de la situación irregular, aunque la investigación respecto a estas edades en la población general y, especialmente escolarizada, es abundante en el país (Bejarano, 2001; Bejarano y San Lee, 1997; Bejarano, Sáenz y Ugalde, 1999; Bejarano y Jiménez, s. f.; Herrera y Valerio, 1977; Míguez, 1984; Míguez, Bolaños y Alfaro, 1985; Molina, Durán, Donas y Rocabado, 1999; Obando y Sáenz, 2000; Obando y Sáenz, 2001; Sáenz y Obando, 2000; Sandí, Díaz, Blanco y Murrelle, 1995; Ugalde et al., 2003).
En este sentido, es destacable recordar que se ha concebido la adolescencia
“... como el periodo crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio” [4] (Krauskopf, 1998, p. 23).
Ahora bien, tal como plantean Sandí et al. (1995), parafraseando a Torres de Galvis, existe evidencia de que el consumo de drogas en los y las adolescentes está asociado con diferentes conductas problema, tales como delincuencia, embarazo, conducta desadaptativa en el aula y deserción escolar, entre otras, lo cual sugiere que este tipo de comportamientos tienen relación entre sí.
En virtud de lo anterior, el presente estudio pretende analizar dicha problemática desde una perspectiva criminológica y de salud pública, visualizando su comportamiento en un periodo de un año. De tal manera, se ha planteado como finalidad de este trabajo la sensibilización de las autoridades de diversos sectores (salud, justicia, educación), así como la realimentación respecto de diversas políticas implantadas por la institución penitenciaria.
MATERIAL
Y MÉTODO
Sujetos
de análisis:
La población objeto de estudio estuvo constituida por los jóvenes que ingresaron en el Centro de Formación
Juvenil Zurquí del Ministerio de Justicia durante los períodos de inicio y
finalización de los años 2003 y 2004. En
general, el número de admisiones es bajo, puesto que en los dos años el total
fue de 357 jóvenes. En este sentido, en 2003 se entrevistaron 30 sujetos en
tanto que, en 2004, fueron 61. Estos
valores representan un 25,5% del total
citado.
Instrumento:
El instrumento aplicado
es parte de la batería de cuestionarios que utiliza el Sistema Interamericano
de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC) para los diferentes escenarios.
El correspondiente a jóvenes con problemas judiciales consta de 54 ítems y
el tiempo promedio de aplicación es
de 15 minutos por individuo.
Además de las preguntas sobre aspectos
demográficos, se cuestiona sobre la condición ocupacional del sujeto, su grupo
de convivencia, edad de la primera infracción, motivo de ingreso al centro
y relación entre el consumo de drogas y la comisión del delito. La sección
de drogas inquiere por sustancias tanto lícitas como ilícitas. Para todas
se explora el consumo alguna vez, la edad de inicio, la ingestión en los últimos
doce meses y treinta días; frecuencia y cantidad consumida, existencia de
amistades que consumen, facilidad para conseguir drogas, autoevaluación de
los conocimientos sobre drogas y exposición a actividades de prevención.
Características
de la población:
En lo relativo a los datos sociodemográficos la totalidad de los sujetos son hombres. Esto resulta llamativo por varios aspectos; por ejemplo, la asociación existente entre conductas violentas y masculinidad (Miedzian, 1995), especialmente en el caso de los homicidios (Sáenz, 2004), así como la relación entre consumo de sustancias, principalmente alcohol, y el hecho de ser hombre (Bejarano y Sáenz, en prensa a, en prensa b; Cambronero y Ortega, 2003; Fromm y Maccoby, 1979), lo cual ha sido claramente establecido.
Tal como se aprecia en la tabla 1, la mayoría de los adolescentes son costarricenses, aunque merece destacarse la variación ocurrida en lo relativo al sector poblacional nicaragüense, aspecto que podría relacionarse con la migración ocurrida desde hace varios años, así como el incremento de la natalidad de dicha procedencia en el país. En cuanto a la provincia de residencia previo a su ingreso, se destaca la amplia proporción registrada por Limón, sobre todo siendo la de menor densidad poblacional, aspecto que necesariamente debe vincularse con los índices de violencia y desarrollo humano presentados en tal área geográfica, pues tal como demuestra Sáenz (2004), resulta la de mayor tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes.
Aunado a ello, más de cuatro quintas partes de los jóvenes contaban con edades entre los 16 y 17 años para ambas cohortes, determinándose una edad promedio para los dos grupos prácticamente igual (16,43 años en 2003 y 16,44 años en 2004).
Otro aspecto interesante es el descenso observado en el año 2004 respecto a la población que reportó encontrarse estudiando al interior del establecimiento, pues sería un indicador del escaso efecto reeducativo de la prisionalización. Asimismo, es llamativo que una amplia mayoría manifestó encontrarse laborando, lo cual, asociado con su escaso nivel educativo, permite prever su ubicación como mano de obra no calificada y, por ende, con una baja remuneración salarial. En otras palabras, son adolescentes que por razones de abandono, maltrato y pobreza, huyen de su hogar y son objeto de situaciones de violencia, drogadicción y otras condiciones de vulnerabilidad psicosocial.
Por último, en relación con la organización familiar de procedencia, destaca que en el 2003 cerca de la mitad de los sujetos convivía en un grupo uniparental, mientras que en el 2004 más de la mitad residía sin una figura parental, aspecto que remite a los grupos incompletos y desintegrados como una característica fundamental de las familias de los fármacodependientes (Sáenz, 2003). Esto se complementa con la proporción que refirió vivir solo y aquellos que manifestaron mantener convivencia de pareja, constituyendo su grupo familiar inmediato, situaciones que remiten al hecho de haber asumido responsabilidades adultas en un periodo en que aún no han alcanzado la plena madurez emocional.
Tabla 1
Características sociodemográficas de los jóvenes
con problemas
judiciales del Centro de Formación Juvenil Zurquí:
2003-2004
| VARIABLE |
2003 (n= 30) |
2004 (n= 61) |
||
| Absolutos |
Relativos |
Absolutos |
Relativos |
|
Nacionalidad
-
Costarricense
-
Nicaragüense
-
Panameña |
25 3 2 |
83,3 10,0 6,7 |
48 12 1 |
78,7 19,7 1,6 |
Procedencia
-
San José
-
Alajuela
-
Cartago
-
Heredia
-
Guanacaste
-
Puntarenas
-
Limón |
3 7 4 3 2 1 10 |
10,0 23,3 13,3 10,0 6,7 3,4 33,3 |
14 16 7 --- 6 8 10 |
23,0 26,2 11,5 --- 9,8 13,1 16,4 |
Edad
-
14 años
-
15 años
-
16 años
-
17 años |
--- 5 7 18 |
--- 16,7 23,3 60,0 |
1 8 16 36 |
1,6 13,1 26,2 59,1 |
Estudia
-
Sí
-
No |
28 2 |
93,3 6,7 |
40 21 |
65,6 34,4 |
Nivel educativo
-
1 ciclo
-
2 ciclo
-
3 ciclo |
10 9 11 |
33,4 30,0 36,6 |
12 48 1 |
19,7 78,7 1,6 |
Condición laboral
-
No trabajaba
-
En la calle
-
En empresa
-
Otro |
11 4 10 5 |
36,7 13,3 33,3 16,7 |
27 2 7 25 |
44,2 3,3 11,5 41,0 |
Con quién vivía*
-
Padre
-
Madre
-
Madrastra
-
Padrastro
-
Novia
-
Esposa
-
Otro familiar
-
Amigo
-
Solo |
5 21 1 2 1 4 17 --- 3 |
16,7 70,0 3,3 6,7 3,3 13,3 56,7 --- 10,0 |
9 27 2 5 1 8 35 5 9 |
14,8 44,3 3,3 8,2 1,6 13,1 57,4 8,2 14,8 |
Nota: * Respuesta
múltiple.
---
No se registró información en este año.
Por otra parte,
en la tabla 2, se aprecia que para ambas cohortes más de la mitad de los sujetos
se encontraba indiciada; o sea, sin que sobre ellos haya recaído sentencia
judicial firme, aspecto que necesariamente remite al planteamiento del uso
excesivo de la prisión preventiva por parte de las autoridades judiciales,
la cual, según la legislación penal
costarricense, ha de ser una medida de excepción
[5]
(Hidalgo, 1996), así como al fenómeno de los presos sin condena, tan significativo
en América Latina y, particularmente en Costa Rica (Chinchilla y García, 2003).
Tabla 2
Características criminológicas de los jóvenes con problemas
judiciales del Centro de Formación Juvenil Zurquí:
2003-2004
| VARIABLE |
2003 (n= 30) |
2004 (n= 61) |
||
| Absolutos |
Relativos |
Absolutos |
Relativos |
|
Condición jurídica
-
Indiciado
-
Sentenciado |
17 13 |
56,7 43,3 |
38 23 |
62,3 37,7 |
Motivo de ingreso*
-
Propiedad
-
Vida
-
Sexual
-
Tráfico** |
18 11 3 3 |
60,0 36,7 10,0 10,0 |
30 16 13 5 |
49,2 26,2 21,3 8,2 |
Edad 1er ingreso
-
Menos de 15
-
De |
4 26 |
13,3 86,7 |
11 50 |
18,0 82,0 |
Edad 1er delito
-
Menos de 12
-
De
-
17 años |
5 8 17 |
16,7 26,6 56,7 |
15 11 35 |
24,6 18,0 57,4 |
Nota: * Respuesta múltiple.
** Se
refiere a delitos relacionados con el tráfico de drogas, contemplados en
En lo relativo
a la infracción penal que motivó el ingreso, para ambos periodos los delitos
contra la propiedad ocuparon el primer lugar, lo cual es concordante con lo
sucedido en población penal adulta masculina; este tipo de acción ilícita
ha sido asociada con el incremento de la proporción de hogares pobres y la
disminución de la capacidad de consumo (Barreto y Álvarez, 1987; Carranza,
1994; Carranza y Solana, 1997) por
lo que esta situación podría interpretarse, aunque de manera parcial, como
una penalización de la pobreza. Aunado
a ello, destaca el ascenso en 2004 de los delitos sexuales y la disminución
de aquellos cometidos contra la vida. Valga
destacar que algunos sujetos registraron más de un delito. Los que aparecen
mencionados simultáneamente son aquellos contra la propiedad en conjunción con delitos contra la
vida y delitos sexuales.
Llama la atención
que el promedio de edad para la comisión de la primera infracción se encuentra
en menos de 14 años (13,93 años en 2003 y 13,85 años en 2004), lo cual denota
que el comportamiento delictivo empieza a aparecer en un periodo de la vida
en que aún existe una relación de dependencia con el grupo familiar, y lleva
a cuestionarse el papel socializador de la familia, así como su función de
contención normativa.
En relación directa con lo anterior,
la edad promedio de primer ingreso a un centro penal fue de 15,5 años en 2003
y 15,46 años en 2004, situación que refuerza el planteamiento precedente,
pues la inacción familiar llegó a tal punto que no sólo permitió la iniciación
del comportamiento ilícito, sino que, además, no logró evitar la institucionalización
del adolescente. Los vínculos que el joven presenta con su familia se ven
progresivamente deteriorados y debilitados por las situaciones de pobreza
y las consecuentes limitaciones en su seguridad emocional. La familia de estos menores no cumple una función
de contención adecuada, por lo que se dificulta su identificación con figuras
estables y se obstaculiza una adecuada integración del yo, lo cual trae como
consecuencia una baja autoestima, ansiedades, pérdidas y conductas destructivas.
RESULTADOS
Niveles de consumo y edad de inicio:
Los niveles
de prevalencia de consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, son
sumamente elevados (ver tabla 3) y superan significativamente los reportados
para la población general en la última encuesta nacional (Bejarano y Ugalde,
2003) y los registrados para otras poblaciones jóvenes (Bejarano, Ugalde y
Morales, 2005). Si bien se observan
caídas sustanciales en el consumo activo para ambos años del estudio, lo cual
podría deberse a la institucionalización penitenciaria del menor, también
resulta interesante que, a pesar de ésta, el consumo continúe, aspecto que
da cuenta de la problemática del tráfico de drogas en el interior de las prisiones.
Llama la
atención que, entre quienes reportaron haber consumido tabaco en el último
mes, cerca de la mitad (44,4%) indicó consumir diariamente entre 11 y 20 cigarrillos.
Este patrón ha de considerarse de importancia epidemiológica, sobre
todo por su asociación con ciertas patologías crónicas y el riesgo de una
mortalidad temprana (Bejarano y Blanco, 1995).
Respecto
a la comparación con otros sectores de población privada de libertad adulta,
se aprecian proporciones de consumidores similares e inclusive superiores,
situación que evidencia la severa problemática sanitaria de la franja de edad
en estudio, pues su promedio la ubica en los inicios de la adolescencia, siendo
que, como bien se ha establecido (Sandí et al., 1995), a más temprana iniciación
en la ingesta de sustancias, mayor es la probabilidad de un consumo intenso
y de participar en actividades ilegales.
Tabla 3
Consumo de drogas en menores privados de
libertad,
por tipo de sustancia, según año y tipo
de prevalencia:
2003-2004
(Valores porcentuales)
| Drogas |
2003 |
2004 |
||||
| Vida |
Año |
Mes |
Vida |
Año |
Mes |
|
| Tabaco |
90,0 |
70,0 |
30,0 |
86,9 |
68,9 |
23,0 |
|
Alcohol |
93,3 |
53,3 |
13,3 |
77,0 |
50,8 |
9,8 |
|
Tranquilizantes |
13,3 |
10,0 |
10,0 |
4,9 |
1,6 |
1,6 |
|
Inhalables |
16,7 |
13,3 |
--- |
19,7 |
4,9 |
--- |
|
Marihuana |
83,3 |
66,7 |
26,7 |
75,4 |
57,4 |
14,8 |
|
Cocaína |
46,7 |
40,0 |
6,7 |
41,0 |
21,3 |
6,6 |
|
“Crack” |
46,7 |
33,3 |
13,3 |
63,9 |
49,2 |
11,5 |
|
Alucinógenos |
20,0 |
16,7 |
3,3 |
16,4 |
4,9 |
1,6 |
|
Éxtasis |
6,7 |
6,7 |
--- |
3,3 |
1,6 |
--- |
| Heroína |
6,7 |
6,7 |
3,3 |
4,9 |
4,9 |
1,6 |
Notas: --- No se registró
información.
La prevalencia de vida designa la proporción
de todas aquellas personas que hayan consumido alguna vez en la vida; la prevalencia
de último año (consumo reciente) se refiere a la proporción de personas que
han consumido hace menos de un año, y la prevalencia de último mes (consumo
activo) se refiere a la proporción de sujetos que han consumido durante el
último mes.
Retrospectivamente,
en la década de 1980 se determinó en este sector poblacional un mayor consumo
de sustancias inhalables (cemento o pegamento) y marihuana (Míguez, 1983);
mientras tanto, en la década siguiente, alrededor de dos terceras partes de
los menores privados de libertad indicaron como droga de preferencia el “crack”
(Campos, 1996), la cual resultó en el presente estudio la segunda de mayor consumo en la vida y en consumo activo para
ambos años, ocupando la marihuana el primer lugar en todos los tipos de prevalencia.
Por último,
cabe resaltar el consumo de metaanfetaminas (éxtasis) y de heroína, debido
a que no han sido informadas en la población general (Jiménez y Bejarano,
1991; Bejarano, Carvajal y San Lee, 1996; Bejarano y Ugalde, 2003) y en adultos
privados de libertad ha sido sensiblemente inferior (Bejarano, Sáenz y Ugalde,
1997). Debe ser de preocupación sanitaria
este reporte por dos razones fundamentales, a saber: los niveles de dependencia
generados por estas sustancias y la vía de administración utilizada, particularmente
en el caso de la heroína, por su relación con la transmisión del virus de
la inmunodeficiencia humana y de la hepatitis B.
En la figura
1 se puede observar que para los años considerados en este estudio, las edades promedio de inicio son inferiores
a los 15 años, percibiéndose una ruta de comienzo temprano con el tabaco,
prosiguiendo con el alcohol, y luego las demás sustancias. En este sentido, Sandí et al. (1995) plantearon
que se ha determinado que el comienzo antes de los 15 años es un fuerte predictor
de un consumo problemático con posterioridad; lo anterior pone en evidencia
la vulnerabilidad a la que está expuesto este sector poblacional, puesto que,
en el caso del tabaco y de las bebidas alcohólicas, la legislación costarricense
prohíbe su expendio a personas menores de edad
[6]
. Esto de alguna manera sugiere una carencia de
control parental o la propia facilitación social del consumo en el contexto
familiar, aspectos establecido por Sáenz y Obando (2000) en relación con el
consumo de los padres/hermanos y su asociación con el consumo de los hijos
escolarizados, así como con la experiencia de haber recibido la oferta de
la sustancia en su propia casa u otro contexto familiar y el consumo de los
niños.
Por otra parte, la edad promedio de
inicio respecto de las drogas ilegales se presentó en todos los casos antes
de los 15 años, tanto en 2003 como en 2004 (ver figura 1), resaltándose la
escasa efectividad de las figuras de autoridad en cuanto a la generación de
conductas desviadas por parte de los jóvenes, quienes ante tal carencia no
han logrado internalizar la ley y la prohibición (Kalina, 1987).
Figura 1
Edad promedio de primer consumo
de drogas lícitas e ilícitas
2003-2004
(Valores en años de edad)
Las edades de inicio de consumo
de éxtasis y heroína, en los pocos casos que lo refirieron, son semejantes
a las indicadas para las drogas ilegales. Un aspecto de interés en cuanto
a estas edades promedio es que no existen diferencias significativas en el
comienzo de tabaco y de marihuana, lo cual anticipa el involucramiento temprano
con otras sustancias.
Respecto del funcionamiento familiar, Sáenz (2003)
ha desarrollado el planteamiento de diversos problemas referentes a la dinámica
familiar en casos de adolescentes fármacodependientes, destacando que generalmente
existe una actitud permisiva de los padres hacia las drogas (aunque no necesariamente
consciente); se presentan prácticas parentales débiles e inconsistentes, asociadas
con el manejo de la autoridad y los límites; resulta común el consumo de sustancias
por parte de los progenitores; existen pobres vínculos afectivos en el nivel
paterno-filial y, por último, se trata de jóvenes criados en grupos familiares
muy conflictivos.
Aunado a ello, Campos (1996)
estableció para este tipo de población, un significativo factor de riesgo,
que los problemas en el hogar, entendidos como una mala relación con los progenitores,
conllevaban al abandono emocional y, consecuentemente, a la salida
del joven de su hogar, aspecto que se asocia marcadamente con la curiosidad
por el consumo, lo cual tiene una alta correlación con el trato con otros
jóvenes consumidores. Por otra parte, una investigación etnopsicoanalítica
con menores privados de libertad (Rodríguez y Rojas, 1997) señaló la existencia
de un vínculo ambivalente con la madre, entre la omnipotencia/omnipresencia
que se le atribuye y el enojo/dolor, producto de que ella no responde a la
demanda de incondicionalidad que se le hace; mientras tanto, con la figura
paterna se presenta una intensa y violenta rivalidad, manifestándose ese enfrentamiento
violento por medio de la transgresión, la crítica y la rebelión del joven.
Consumo de sustancias, tráfico de drogas y acto ilícito:
Si bien no
se puede establecer una asociación causa-efecto entre el consumo de drogas
y sus consecuencias con la ocurrencia de comportamientos delictivos, se ha
planteado que son el vehículo de condiciones latentes hacia la acción
delictiva (Bejarano y Carvajal, 1993;
Neuman, 1984), aunado
a que, según se aprecia en la figura 2, existen indicadores para el diagnóstico
del abuso de sustancias, como son los problemas legales repetidos relacionados
con ésta (American Psychiatric Association, 1997). Lo anterior pone de manifiesto que se trata
de un sector poblacional sensible ante este fenómeno, el cual probablemente
ha generado un conjunto de criterios clínicos asociados con una situación
problemática desde una perspectiva de salud pública.
Figura 2
Distribución porcentual de
la población estudiada, según si la infracción
fue cometida bajo efectos de
alguna sustancia:
2003-2004
(Valores porcentuales)
Asimismo,
se destaca el efecto inhibidor de algunas sustancias sobre los sistemas inhibidores
de la formación reticular que controlan la actividad cortical (Lorenzo, Ladero,
Leza y Lizoasain, 1998). Esto podría
explicar, aunque parcialmente, la actuación violenta o desviada de las normas
sociales, ante una inadecuada acción del sistema nervioso central, especialmente
por la presencia en sangre de niveles de alcohol, cocaína y "crack".
En este sentido,
llama la atención la similitud de proporciones con la población penal adulta
masculina, pues Sáenz et al. (1998) determinaron que un 43,8% de los privados
de libertad ubicados en un régimen de custodia semi-abierto cometió el delito
bajo los efectos de alguna droga, mientras que sólo un 25,5% lo hizo para
obtenerla.
Percepciones:
Una abrumadora
mayoría de los sujetos de investigación considera que varios de sus amigos
consumen bebidas alcohólicas de manera excesiva (68,6% en 2003 y 80% en 2004),
aspecto que sugiere la influencia del grupo de pares en este periodo de la
vida y a la posibilidad de que este factor sea desencadenante de conductas
desviadas; en este sentido, Sandí et al. (1995) señalan que se ha determinado
que el peso de este factor es aún más fuerte que el de consumo por parte de
los padres.
En la figura
3 se observa, al igual que en el caso anterior, que una amplia mayoría de la muestra estudiada
reporta que varios de sus amigos consumen drogas ilegales, aunque se evidencia
una mayor cantidad respecto de la ingesta excesiva de alcohol. Esta situación permite plantear nuevamente el
tema de la influencia del grupo de pares y, tal como lo han referido Sandí
et al. (1995), la relación con este es más potente como factor de riesgo para
el consumo de drogas en general que para el de alcohol.
Figura 3
Distribución porcentual de
la población estudiada, según su criterio sobre
la cantidad de amigos que consumen
drogas ilícitas:
2003-2004
(Valores porcentuales)
Atención y prevención del consumo de drogas:
En torno
a la proporción de jóvenes que ha recibido información sobre las consecuencias
de las drogas, en 2004 más de la mitad de la población manifestó encontrarse
bien informada (52,5%), registrando un ascenso en comparación con el año anterior.
Este elemento es de interés, puesto que según Sáenz y Obando (2000),
con menores escolarizados se presentó una relación estadísticamente significativa
entre no consumir drogas y los daños causados a la salud
como motivo señalado; en este sentido, la información ha de ser entendida
como un instrumento que le permite al joven enfrentar con mejores recursos
los desafíos de la vida. De esta manera, los programas preventivos no
pueden reducirse exclusivamente a brindar contenidos informativos sobre los
efectos de las drogas, los cuales podrían asumir un carácter intimidatorio;
por el contrario, deberían dirigirse a la búsqueda del desarrollo óptimo de
las personas (Sáenz, 2001).
El tema del
grupo de pares nuevamente aparece con
valores significativos en relación con las fuentes que poseen los adolescentes
para obtener información sobre las drogas (54,1% en 2003 y 53,4% en 2004).
En este punto, resulta pertinente cuestionarse la veracidad de la información
brindada por otros jóvenes pero, sobre todo, la escasa presencia de las figuras
parentales (14,7% en 2003 y 13,3% en 2004) u otras del mundo adulto asumiendo
ese papel (13,1% en 2003 y 20% en 2004).
Otro elemento interesante se refiere a la prevención de la farmacodependencia
con estos adolescentes, donde como muestra la figura 4, en ambos casos la
mayoría indicó no haber recibido curso alguno, alcanzando más de dos terceras
partes en 2004. Estos datos evidencian
la carencia relativa de acciones preventivas dirigidas a este sector y la
urgente necesidad de promoverlas como parte de una política estatal.
Figura 4
Distribución de la población estudiada,
según si ha recibido cursos
de prevención sobre el consumo de drogas:
2003-2004
(Valores porcentuales)
En la figura 5 se indica que la mayoría
de la población que ha participado en cursos de prevención considera los mismos
como útiles o muy útiles (64,8% en 2003 y 84,2% en 2004). Estos calificativos podrían indicar la pertinencia
de las acciones preventivas desarrolladas y por las cuales han pasado un grupo
mínimo de adolescentes privados de libertad. No obstante lo anterior, según se observa en
la figura 6, la proporción entre quienes manifestaron sentirse igualmente
atraídos por las drogas y quienes refirieron sentirse igual aunque menos atraídos,
alcanzó cifras marcadamente elevadas (88,2% en 2003 y 80% en 2004); esto podría
indicar que la calificación positiva de los cursos obedecería al denominado
fenómeno de “deseabilidad social”, el cual indica que la persona tiende a
responder según supone que se espera de ella y, además, expresar que los contenidos
informativos no son suficientes para prevenir un fenómeno de tales magnitudes
como el aquí estudiado.
Figura 5
Distribución de la población
estudiada, según la calificación de
los cursos de prevención recibidos:
2003-2004
(Valores porcentuales)
Por otra parte, alrededor de un tercio de las dos muestras ha requerido de ayuda para enfrentar su problemática de farmacodependencia (40% en 2003 y 32,8% en 2004). En comparación con los privados de libertad adultos, en 1996 se encontró que la proporción de quienes habían recibido algún tipo de tratamiento debido al consumo de alcohol fue de un 17,2% en el Centro de Atención Institucional de San José, mientras que en el Centro de Atención Institucional de Limón no superó el 5%; en el caso del tratamiento por consumo de drogas los niveles se establecieron en 11,5% y 7,8% respectivamente (Bejarano, Sáenz y Ugalde, 1997). Lo anterior podría coincidir con uno de los criterios diagnósticos para la dependencia de sustancias, el cual alude a un deseo persistente o esfuerzos infructuosos por disminuir, controlar o descontinuar el uso de la sustancia (American Psychiatric Association, 1997).
Figura 6
Distribución porcentual de la población
estudiada, según el criterio
con respecto al efecto de las acciones preventivas:
2003-2004
DISCUSIÓN
Por tratarse de una muestra pequeña, los datos
deben examinarse con la debida cautela. De
esta manera, no es posible establecer generalizaciones ni asociaciones estadísticas
entre las diferentes variables, así como tampoco comparaciones entre ambas
cohortes; sin embargo, si permite visualizar tendencias respecto a este grupo
específico.
El consumo de drogas tiene, en este
sector poblacional, un importante significado, que requiere exploraciones
adicionales. La asociación entre los
efectos del consumo y la ocurrencia de infracciones a la ley penal es un elemento
interesante que integra dos tipos de conducta desviada en un periodo de la
vida en que el sujeto se encuentra en el proceso de definición de su propia
identidad y de un proyecto de vida, aspectos que remiten a una doble condición
de vulnerabilidad psicosocial.
Tanto la ingesta de sustancias lícitas como ilícitas es sumamente elevada y las acciones de intervención deberían comprender ambos tipos de drogas de manera separada; lo anterior aunado a dos condiciones que no se pueden obviar y que rebasan el ámbito de la salud pública, a saber: por una parte, la asociación entre estos patrones de consumo y la ocurrencia de acciones ilícitas propias del campo del derecho penal, y por otra, el papel que desempeñan las drogas en los sistemas de privación de libertad. En este último caso, se ha insistido en que la función que la droga podría cumplir dentro de la dinámica de un centro penal es variada; no obstante, se citan: el reforzamiento de la conducta de retirada, fantasía y fuga de la realidad; la evasión psicológica; la modalidad inconsciente de autoagresión; la forma de agredir a la autoridad, en tanto burla sus prohibiciones; o bien, la búsqueda deliberada del arrojo y la excitación (Irurzun, 1968).
Adicionalmente,
el tema de la influencia del grupo de pares sobre la conducta desviada es
de sumo interés, sobre todo por la doble vulnerabilidad del sector poblacional
en estudio (consumo-abuso de drogas y delincuencia). No obstante, según indica Sáenz (2003), diversos estudios apuntan a que si los vínculos
intrafamiliares son estables, el grupo de pares no tiene mayor influencia
respecto al consumo de drogas. Necesariamente
esto obliga a cuestionar el papel desempeñado por el grupo familiar en su
rol de crianza, autoridad y promoción del desarrollo integral de las personas
menores de edad que de él dependen. En concordancia con estos aspectos, surge la
necesidad de invitar a la investigación sobre la cohesión y adaptabilidad
familiares en casos de adolescentes con problemas de consumo de drogas e infracciones
a la ley penal, tal como ha sido planteado anteriormente en términos generales
(Sáenz, 2003), y su relación con las representaciones inconscientes que estos
jóvenes poseen respecto de sus figuras primarias, además de incorporar la
psicoterapia familiar como parte de la modalidad de atención con estos jóvenes.
Se evidencia, por tanto, la necesidad de búsqueda de soluciones concretas
y realistas, no sólo a los problemas de drogadicción sino a las necesidades
socioafectivas y económicas que permitan a esos adolescentes el fortalecimiento
de su proyecto de vida y la intervención sobre los factores que inciden en
el consumo de drogas, como la dificultad de poner límites, la baja autoestima,
la desintegración familiar, la violencia, etc.
En el ámbito de las estrategias de
intervención, resulta imperativo el desarrollo de una eficiente coordinación
interinstitucional que convoque a entidades como el Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia,
Por tratarse de individuos jóvenes, cabe considerar
la implantación de proyectos de prevención que no se han probado en el ámbito
penitenciario antes, tales como las estrategias de habilidades para la vida
y educación para la salud, adaptadas a esta población, o aquellas que desde
la vasta experiencia en el interior del sistema penitenciario pudieran desarrollarse,
siempre en apego al respeto de los derechos fundamentales de los menores privados
de libertad y a un enfoque integral en la constitución de la subjetividad.
Por último, cabe mencionar que la legislación costarricense
cuenta con un instrumento que contempla el principio educativo para la reinserción
del joven en la familia y la comunidad, lo cual está relacionado con su desarrollo
integral
[7]
. Esto es importante por cuanto también establece una serie
de medidas alrededor de la desintoxicación por abuso de sustancias, las cuales
incluyen opciones de reinserción igualmente ventajosas y con mayores posibilidades
de integración para el adolescente
[8]
.
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Mario Alberto Sáenz Rojas
Julio Bejarano Orozco
Sandra Fonseca Chaves
sandramfch@yahoo.com