bovino18

EDITORIAL=20

=20

DOCTRINA = EXTRANJERA=20

El curso de la criminolog=EDa.=20 Eugenio Ra=FAl = Zaffaroni

Un an=E1lisis cr=EDtico de la visi=F3n de = Zaffaroni sobre=20 el curso actual de la criminolog=EDa. Susana Murillo, = Carlos=20 Elbert

DOCTRINA = NACIONAL=20

La Ley de Armas y la violencia en Costa=20 Rica. El=EDas=20 Carranza

La historia =BFMala consejera? A prop=F3sito de la = reforma al=20 proceso penal. Walter Antill=F3n

El claroscuro de la seguridad ciudadana en Costa = Rica. Sus=20 deficiencias hist=F3ricas y las disfunciones de la reforma del = proceso=20 penal. Fernando=20 Cruz Castro

Relaciones administraci=F3n-jurisdicci=F3n en la = ejecuci=F3n penal=20 seg=FAn el nuevo C=F3digo Procesal Penal (1996). Jos=E9 Manuel Arroyo = Guti=E9rrez

El A.D.N. y su importancia en la investigaci=F3n=20 criminal=EDsitca. Jaime Robleto Guti=E9rrez

Algunos apuntes sobre los delitos=20 burs=E1tiles. Manuel Rojas Salas

La conciliaci=F3n penal en = Iberoam=E9rica. Daniel = Gonz=E1lez=20 Alvarez

=20

JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia de casaci=F3n = penal. Mart=EDn Rodr=EDguez = Miranda

Jurisprudencia constitucional. Mart=EDn Rodr=EDguez = Miranda, Lucila=20 Monge Pizarro

Procedimiento abreviado y juicio = por=20 jurados=20

Alberto=20 Bovino=20

=BFQu=E9=20 clase de trato es =E9ste que han imaginado las gentes doctas? El = fiscal no=20 es sino un acusador p=FAblico, el ejecutor de la ley. Y el = ejecutor no puede=20 dispensar o alterar un =E1pice de la ley... Este imaginario = contrato no=20 puede ser sino un sue=F1o y un sofisma forense. =

F.=20 M. Pagano, Considerazioni sul processo=20 criminale (1787).

I=20

Cuando=20 hablamos de juicio por jurados y, especialmente, del procedimiento = abreviado como alternativa posible frente a la imposibilidad = pronosticada=20 =97quiz=E1 sin demasiado fundamento=97 de que todos los juicios = criminales=20 ordinarios terminen por jurados, la inmediata comparaci=F3n con el = derecho=20 estadounidense y la pr=E1ctica del plea bargaining es casi=20 autom=E1tica. Sin embargo, esta opci=F3n, aparentemente = inevitable, es=20 err=F3nea. La primera decisi=F3n que se debe considerar en nuestro = marco=20 constitucial es qu=E9 delitos merecer=E1n ser juzgados por = nuestros=20 conciudadanos.

La = Corte=20 Suprema estadounidense, en este sentido, y a pesar de que su texto = constitucional es similar al nuestro, ha limitado el derecho al = juicio por=20 jurados a cierto tipo de delitos. El Art=EDculo III, Secci=F3n 2, = p=E1rrafo III,=20 de la Constituci=F3n Federal de los EE.UU. dispone: =93The Trial of all Crimes... = shall be by=20 Jury...=94 (El juzgamiento de todos los delitos... debe ser = por=20 jurados). La Enmienda VI, por su = parte,=20 establece: =93In all = criminal=20 prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and = public=20 trial, by an impartial jury...=94 (=93En todos=20 los casos penales, el acusado debe gozar del derecho a un juicio = r=E1pido y=20 p=FAblico, ante un jurado imparcial...=94). El sentido literal de = ambas=20 disposiciones parece aludir a todo tipo de delitos(1).=20

La = Corte ha=20 resuelto, como regla, que toda infracci=F3n que previera en = abstracto una=20 pena m=E1xima mayor a seis meses de privaci=F3n de libertad = requer=EDa un juicio=20 por jurados. En =93District of Columbia v. Clawans=94 (1937), = sostuvo que si=20 la pena posible no era mayor a seis meses de privaci=F3n de = libertad no se=20 requer=EDa jurado, si por =E9sa y otras razones la infracci=F3n = pod=EDa ser=20 calificada como un delito menor (petty offense). Aclar=F3 = que la pena=20 conminada ten=EDa fundamental relevancia para determinar si se = trataba de un=20 delito serio y pod=EDa, por s=ED misma, si era lo suficientemente = severa,=20 exigir el juicio por jurados de la Enmienda VI. En =93Duncan v. = Louisiana=94=20 (1968), la Corte extendi=F3 la garant=EDa a los estados. En = =93Baldwin v. New=20 York=94 (1970), afirm=F3 que si la pena autorizada era mayor a = seis meses de=20 privaci=F3n de libertad no se trataba de una infracci=F3n menor = (petty offense). En = =93Blanton v.=20 City of North Las Vegas=94 (1989), la Corte aclar=F3 que aun = cuando el m=E1ximo=20 de la pena privativa de libertad no excediera los seis meses, el = imputado=20 pod=EDa probar que otras consecuencias adicionales la = distingu=EDan de una=20 infracci=F3n menor. Sin embargo, la restricci=F3n jurisprudencial = es realmente=20 poco significativa, pues la legislaci=F3n penal estadounidense se=20 caracteriza por prever penas m=E1ximas mucho m=E1s altas que las = de nuestro=20 derecho, debido al r=E9gimen de penas indeterminadas de ese = sistema=20 jur=EDdico(2). A pesar=20 de que desde la d=E9cada pasada el derecho penal federal =97y el = de varios=20 estados=97 ha adoptado un sistema de penas determinadas, mucho = m=E1s=20 r=EDgido(3), los montos m=E1ximos previstos en la legislaci=F3n, = por lo general,=20 no han sufrido variaci=F3n alguna.

Si = tomamos=20 como ejemplo el caso estadounidense y, adem=E1s, si tenemos en = cuenta=20 nuestro texto constitucional, estaremos en condiciones de resolver = el=20 primer problema que plantea la instrumentaci=F3n del juicio penal = por=20 jurados, esto es, la definici=F3n del conjunto de delitos que = requerir=EDan la=20 intervenci=F3n de ciudadanos legos para pronunciar el veredicto = =97jurado=20 cl=E1sico=97 o la sentencia definitiva =97jurado escabinado=97. = Reci=E9n despu=E9s de decidir = esta cuesti=F3n,=20 podemos comenzar a interrogarnos por el tema de esta reuni=F3n. = =BFEs posible=20 sustituir el juzgamiento=20 popular y p=FAblico de delitos por mecanismos alternativos al = juicio por=20 jurados? Si as=ED fuera, =BFresultar=EDa adecuado un mecanismo = procesal como el=20 mal llamado =93juicio abreviado=94? =BFResulta racional, en = nuestro sistema,=20 abreviar el juicio? A simple vista, parecer=EDa que el debate = regulado en=20 los arts. 363 y ss. del C=F3digo procesal penal de la Naci=F3n = =97en adelante,=20 CPP Naci=F3n=97 ya es, en s=ED mismo, un juicio abreviado. Ello = pues por su=20 particular regulaci=F3n, en la pr=E1ctica se ha vaciado de = contenido a la=20 etapa de debate, circunstancia que ha impedido que el juicio se = constituya=20 en la etapa central del procedimiento penal, tal como lo exige la=20 Constituci=F3n Nacional =97en adelante, CN=97 en su art. 18.=20

Uno podr=EDa=20 afirmar que existen razones de peso para limitar el derecho al = juicio por=20 jurados a un conjunto determinado de delitos y, tambi=E9n, que = existen=20 fundamentos para permitir mecanismos alternativos al juzgamiento = por=20 jurados de los delitos que integren ese conjunto. Dejaremos de = lado, en=20 esta discusi=F3n, aquellos delitos respecto de los cuales se = pudiera acordar=20 que no involucran el derecho a un juicio por jurados(4). De=20 todos modos, estos delitos continuar=EDan exigiendo la = realizaci=F3n de un=20 juicio oral, p=FAblico, contradictorio y continuo, con las debidas = garant=EDas, ante un tribunal independiente e imparcial. Este = =FAltimo derecho=20 surge tanto del art. 8 de la Convenci=F3n Americana sobre Derechos = Humanos=20 =97en adelante, CADH=97 como del art. 14 del Pacto Internacional = de Derechos=20 Civiles y Pol=EDticos =97en adelante, PIDCP=97, y resulta = aplicable al=20 juzgamiento de todos = los=20 delitos, sin excepci=F3n alguna.

Para todo=20 jurista estadounidense que est=E9 a favor del plea bargaining, el = derecho al=20 juicio por jurados es un =93privilegio=94 que puede ser renunciado = sin=20 demasiadas exigencias(5). Para=20 todo jurista de nuestra tradici=F3n jur=EDdica que est=E9 a favor = del=20 procedimiento abreviado, de manera an=E1loga, el derecho al juicio = previo=20 =97con o sin jurados=97 tambi=E9n es renunciable. A pesar de las = similitudes de=20 ambas afirmaciones, ellas tienen un significado completamente = distinto y,=20 por ende, producen consecuencias completamente diversas.=20

La = considerable diferencia de significado entre la renuncia al juicio = por=20 jurados estadounidense y la renuncia al juicio previo de nuestro = derecho=20 no se vincula con el modelo de juicio penal propio de cada pa=EDs, = sino, en=20 todo caso, con el principio estructural que organiza la = persecuci=F3n penal=20 p=FAblica en uno y en otro.

II=20

En = los=20 EE.UU. rige el principio de disposici=F3n absoluta de los fiscales = =97federales o estatales=97 sobre la acci=F3n penal p=FAblica. De = all=ED la ausencia=20 de todo criterio de legalidad procesal que oriente la = persecuci=F3n p=FAblica,=20 y las facultades reconocidas al fiscal para negociar la = imputaci=F3n con el=20 acusado(6). La idea=20 de que el fiscal pueda ser obligado por el legislador a iniciar la = persecuci=F3n en t=E9rminos generales =97como lo dispone nuestro = CP, 71=97, o aun=20 para cierto tipo de delitos, resulta inimaginable para un jurista=20 estadounidense, dado que el sistema no admite que el fiscal pueda = ser=20 obligado por el juez a perseguir en un caso concreto.=20

Por=20 ello, se considera que una "de las caracter=EDsticas m=E1s = asombrosas del=20 sistema estadounidense es el amplio rango de discreci=F3n, casi=20 completamente incontrolada, que ejercen los fiscales"(7).=20 La decisi=F3n de iniciar la persecuci=F3n es una de las funciones = m=E1s=20 importantes del fiscal. Pero esa decisi=F3n es s=F3lo uno de los = aspectos de=20 la discreci=F3n de fiscal, pues en tanto supere el obst=E1culo de = establecer=20 la exigencia de que existe causa probable para creer que alguien = ha=20 cometido un delito, tiene amplia autoridad para decidir si = investiga, si=20 inicia formalmente la persecuci=F3n, si garantiza inmunidad a un = imputado,=20 si negocia con el imputado; tambi=E9n para elegir qu=E9 cargos = formula, cu=E1ndo=20 los formula y d=F3nde los formula. La Corte Suprema ha sostenido = que una vez=20 que el fiscal logra establecer la existencia del est=E1ndar de = causa=20 probable respecto de la posible responsabilidad penal del imputado = (probable cause), la = decisi=F3n=20 acerca de si inicia o no la persecuci=F3n, o sobre qu=E9 cargos = formula ante=20 un tribunal o presenta ante un gran jurado queda generalmente a su = entera=20 discreci=F3n(8).

Una de las=20 razones consideradas m=E1s importantes para impedir el control = judicial de=20 las decisiones del fiscal es el principio de la divisi=F3n de = poderes, pues,=20 al constituir la persecuci=F3n penal una tarea t=EDpicamente = ejecutiva, el=20 poder judicial no puede interferir con el libre ejercicio de los = poderes=20 discrecionales del fiscal(9). Tampoco=20 se admite que la v=EDctima impugne judicialmente la decisi=F3n del = fiscal de=20 no perseguir(10).

El = sistema=20 estadounidense establece el derecho del imputado a ser condenado = s=F3lo en=20 un juicio oral, p=FAblico, contradictorio y continuo, ante un = jurado=20 imparcial(11). Sin=20 embargo, la etapa de juicio ha dejado de ser la fase central en el = procedimiento y ha pasado a ocupar un lugar simb=F3lico como = m=E9todo de=20 atribuci=F3n de responsabilidad penal. Ello pues cerca del 90 % de = las=20 condenas son impuestas sin realizar=20 el juicio, por renuncia del imputado a ejercer ese = derecho(12).=20 Iniciada formalmente la persecuci=F3n, el imputado debe decidir = qu=E9 actitud=20 procesal adopta. Si se declara no culpable (not guilty) el fiscal = debe probar=20 la imputaci=F3n en el juicio; si se declara culpable (guilty) el juicio no se = realiza, y=20 se pasa a la siguiente etapa, la audiencia sobre la = determinaci=F3n de la=20 pena (sentencing = hearing). Casi=20 ning=FAn imputado hace uso de su derecho constitucional, y = detr=E1s de esta=20 estad=EDstica se halla la pr=E1ctica del plea bargaining.=20

El = proceso=20 de negociaci=F3n conocido como plea=20 bargaining consiste en las concesiones que el fiscal realiza a = cambio=20 de obtener la admisi=F3n de culpabilidad del imputado(13). En=20 principio, hay dos tipos de plea=20 bargaining. En el primer caso, el imputado admite su = culpabilidad a=20 cambio de una recomendaci=F3n del fiscal para que el juez imponga = una pena=20 determinada =97o no imponga penas a cumplir consecutivamente en el = caso de=20 concurso real(14)=97; estos acuerdos se llaman sentence bargains. En el = segundo=20 caso, el fiscal acusa por un hecho m=E1s leve, o bien imputa menor = cantidad=20 de hechos cuando se trata de la sospecha de un concurso real. Dado = que la=20 decisi=F3n acerca del contenido de la imputaci=F3n es exclusiva = del fiscal, su=20 decisi=F3n, en principio, no puede ser revisada judicialmente(15). = El fiscal=20 ofrece reducir los cargos o solicitar una sentencia determinada. = La=20 concesi=F3n del imputado, en cambio, es siempre la misma: su = admisi=F3n de=20 culpabilidad.

III=20

Ahora bien,=20 la admisi=F3n de culpabilidad (plea=20 of guilty, o guilty = plea)=20 no es equivalente a nuestra confesi=F3n. En el sistema = estadounidense, el=20 jurado se pronuncia, con su veredicto (verdict), sobre la = cuesti=F3n de hecho referida a la=20 culpabilidad del imputado. Un veredicto se diferencia de una = decisi=F3n=20 judicial (judgment) = no s=F3lo por=20 ser pronunciado por legos, sino tambi=E9n por ser una decisi=F3n = sobre los=20 hechos del caso, que el tribunal puede aceptar o rechazar para = fundar su=20 resoluci=F3n. En un caso penal, el veredicto de culpabilidad del = jurado=20 funda la resoluci=F3n judicial de condena (judgment of conviction). = Tras la=20 condena, el tribunal dictar=E1 otra resoluci=F3n, llamada =93sentence=94, en la cual=20 individualizar=E1 e impondr=E1 la pena aplicable al condenado, en = una=20 audiencia especial convocada al efecto.

En = este=20 contexto, el guilty = plea no es=20 un elemento de prueba o una confesi=F3n, es en s=ED mismo una condena y tan = determinante como el=20 veredicto del=20 jurado(16).=20 Presentado el guilty = plea, s=F3lo=20 resta la resoluci=F3n judicial de condena (judgment of conviction) = y,=20 posteriormente, la determinaci=F3n de la pena (sentence). Por ello, se = dice que=20 la admisi=F3n de culpabilidad no es una prueba de cargo que = sirva al=20 acusador estatal, sino una declaraci=F3n formal del = imputado=20 sobre su culpabilidad por uno o m=E1s hechos punibles, que acepta = como=20 verdadera, e implica la renuncia a sus derechos=20 constitucionales(17)=97v. gr., a=20 un juicio por jurados=97. La funci=F3n del jurado en el juicio = penal es=20 determinar la cuesti=F3n de hecho acerca de la culpabilidad del = acusado. Por=20 ello, cuando el acusado admite su propia culpabilidad, el jurado = se queda=20 sin funci=F3n alguna que cumplir, y el juicio no se = realiza(18).=20

La = renuncia=20 al juicio involucrada en el guilty=20 plea, entonces, reemplaza=20 al juicio, pues la declaraci=F3n formal del imputado cumple el = mismo fin:=20 determinar la cuesti=F3n de hecho acerca de su culpabilidad. = As=ED, el control=20 judicial de la declaraci=F3n del imputado no tendr=E1 el mismo fin = asignado al=20 juicio, pues ese fin ya ha sido realizado con la declaraci=F3n del = imputado,=20 que tiene id=E9ntico valor al veredicto del jurado. Ahora bien, = como esa=20 declaraci=F3n representa la renuncia a varios derechos = constitucionales, el=20 control judicial anterior a la resoluci=F3n condenatoria tiene por = objeto=20 verificar los presupuestos de validez del acto de renuncia a tales = derechos.

La = regla 11=20 de las Reglas Federales del Procedimiento Penal (Federal Rules of Criminal=20 Procedure) se refiere al control judicial de la declaraci=F3n = de=20 culpabilidad (guilty = plea). El=20 sentido de esta regla, se afirma, es que el "debido proceso = requiere que=20 el tribunal se asegure que la admisi=F3n de culpabilidad es = voluntaria e=20 inteligente. El incumplimiento por parte del tribunal de las tres=20 exigencias principales de la Regla 11 (ausencia de coerci=F3n, = comprensi=F3n=20 de los hechos imputados y conocimiento de las consecuencias de la=20 declaraci=F3n) requiere la revocaci=F3n del acuerdo aceptado por = el=20 tribunal"(19). Son=20 requisitos adicionales la verificaci=F3n de "bases f=E1cticas = suficientes" y=20 el derecho a ser asistido por el abogado defensor(20).=20

A = pesar de=20 la afirmaci=F3n anterior, el contenido que la jurisprudencia le ha = dado a=20 cada una de las exigencias ha generado numerosas excepciones, que = no=20 permiten obtener la revocaci=F3n del acuerdo tan f=E1cilmente. Una = de las=20 obligaciones del tribunal consiste en informar al imputado =97o = verificar=20 que =E9l conoce=97 las consecuencias que derivan de su admisi=F3n = de=20 culpabilidad y el m=E1ximo de la pena prevista para cada delito = que se le=20 imputa. La jurisprudencia ha considerado que el desconocimiento, = por parte=20 del imputado, de las consecuencias indirectas del guilty plea, no afecta = su validez.=20 As=ED, se ha admitido que el juez no incumpli=F3 su obligaci=F3n = al no informar=20 al imputado que podr=EDa ser deportado como consecuencia de su = condena, pues=20 tal medida fue una consecuencia colateral de su admisi=F3n de=20 culpabilidad(21).=20 Tambi=E9n se ha destacado que el imputado debe ser informado de = las=20 consecuencias directas de su guilty=20 plea, pero no de todas las consecuencias colaterales posibles. = Se ha=20 citado como ejemplo que resulta innecesario informar al imputado = de la=20 posible revocaci=F3n de su libertad condicional, de una potencial=20 deportaci=F3n o de la posibilidad de que sea dado de baja = deshonrosamente de=20 una instituci=F3n militar(22). Tambi=E9n la obligaci=F3n de = informar la pena=20 m=E1xima ha sido desvirtuada al afirmarse que la regla 11, en lo = que=20 concierne a la aceptaci=F3n del guilty plea, no requiere = de una=20 advertencia expl=EDcita del tribunal de que las penas pueden ser = impuestas=20 para ser cumplidas consecutivamente(23), circunstancia que afecta=20 directamente el m=E1ximo real de la pena eventualmente = aplicable.=20

En = cuanto a=20 la determinaci=F3n de las =93bases f=E1cticas suficientes=94, en = realidad no se=20 toman demasiados recaudos, pues toda exigencia de averiguaci=F3n = de la=20 =93verdad real=94, una vez pactada la imputaci=F3n con el fiscal, = s=F3lo servir=EDa=20 para hacer caer la condena, pero jam=E1s para perseguir por el = delito m=E1s=20 grave eventualmente cometido, pues el fiscal no tiene obligaci=F3n = alguna de=20 perseguir todos los delitos, ni de cambiar la calificaci=F3n = jur=EDdica por la=20 que ha acusado. Por ello, los tribunales han establecido que este = deber no es una exigencia=20 constitucional, a menos que el imputado sostenga su inocencia, = y la=20 Corte Suprema afirm=F3 expresamente que si bien la mayor=EDa de = los guilty pleas = consist=EDan en una=20 renuncia al juicio por jurados y en una admisi=F3n expresa de = culpabilidad,=20 esta =FAltima circunstancia no era un requisito constitucional = para la=20 imposici=F3n de una sanci=F3n penal (North Carolina v. Alford, = 1970).=20

En = conclusi=F3n, dado que los estadounidenses tratan a la admisi=F3n = formal de=20 culpabilidad como una renuncia=20 al juicio que equivale a un veredicto de = culpabilidad, se=20 limitan a controlar si la renuncia, como tal, cumple con ciertos=20 requisitos m=EDnimos de validez. En cuanto a la verificaci=F3n = acerca de la=20 veracidad de los hechos que admite el imputado, el control no es = demasiado=20 exigente, por dos razones. En primer lugar, pues al concederse a = la=20 declaraci=F3n del imputado el mismo valor que al veredicto del = jurado, la=20 verdad se da por establecida. El consenso, en este = contexto, desplaza a la = determinaci=F3n=20 judicial de la =93verdad real=94. En segundo lugar, porque el = Estado nada gana=20 si se preocupara demasiado por esa cuesti=F3n. Por el contrario, = podr=EDa=20 resultar perjudicado, en todos los casos en que las pruebas sean = realmente=20 escasas. Tal como se=F1ala Langbein, las exigencias = impuestas=20 por la regla 11 se han transformado, b=E1sicamente, en un=20 formulismo(24).=20

En = este=20 marco, el plea = bargaining se ha=20 transformado, en las =FAltimas d=E9cadas, en el principal m=E9todo = de atribuci=F3n=20 de responsabilidad penal. Como tal, tiene sus cr=EDticos y sus = defensores.=20 Sus defensores sostienen que esta pr=E1ctica brinda beneficios = tanto al=20 acusado como al fiscal, pues la admisi=F3n de culpabilidad ahorra, = al=20 imputado, el esfuerzo y los gastos que el juicio requiere cuando = no es=20 probable que =E9ste obtenga un resultado favorable. Tambi=E9n = ofrece al=20 imputado la ventaja de una menor exposici=F3n p=FAblica al = acelerar el proceso=20 que conduce, casi directamente, a las etapas de imposici=F3n de la = condena y=20 de la pena. Para los fiscales, las ventajas consisten en = reducci=F3n de=20 gastos, eficiencia administrativa en la utilizaci=F3n de recursos = escasos y=20 la protecci=F3n del p=FAblico(25).=20

Por otro=20 lado, las cr=EDticas son varias y referidas a diferentes = cuestiones. Una de=20 las cr=EDticas m=E1s usuales destaca la gran discreci=F3n otorgada = al=20 fiscal(26). Las=20 cr=EDticas m=E1s fuertes destacan el efecto coercitivo de las = pr=E1cticas de plea bargaining, al = sostener que=20 el efecto producido es cualitativamente comparable a la tortura. = Langbein, por ejemplo, = afirma que=20 existe "una diferencia entre sufrir quebraduras de huesos y sufrir = algunos=20 a=F1os adicionales de prisi=F3n si uno se rehusa a confesar, pero = la=20 diferencia es de grado, no de calidad. El plea bargaining, al = igual que la=20 tortura, es coercitivo"(27). Debido a que la sentencia que ser=E1 = impuesta=20 despu=E9s del juicio por jurados ser=E1 considerablemente m=E1s = grave que la que=20 se impone evitando el juicio, este efecto coercitivo presiona al = acusado=20 para obtener su confesi=F3n. Por ello, Langbein ha se=F1alado = que el =EDndice=20 de confesiones refleja que en EE.UU., en el siglo XX, se ha = duplicado la=20 experiencia central del procedimiento penal europeo medieval: se = ha=20 abandonado, en la pr=E1ctica, el sistema contradictorio de = atribuci=F3n de=20 responsabilidad penal, adoptando un modelo basado, casi = exclusivamente, en=20 confesiones obtenidas coercitivamente(28). De este modo, la = =FAnica=20 diferencia entre el derecho estadounidense actual y el derecho = europeo de=20 la Edad Media es que, mientras en este =FAltimo el poder = aparec=EDa=20 concentrado en la figura del juez inquisidor, el plea bargaining = concentra el poder=20 en las manos del fiscal(29).

Adicionalmente,=20 la discreci=F3n con la cual el fiscal ejerce la persecuci=F3n = penal produce=20 otro efecto en el modo en que se aplica la ley penal. La amplitud = de su=20 discreci=F3n act=FAa como uno de los m=FAltiples factores que = contribuyen a=20 acentuar la discriminaci=F3n racial en los procesos de = criminalizaci=F3n. En=20 este sentido, se ha sostenido que el sistema de justicia penal=20 estadounidense es un "sistema que construye el delito en = t=E9rminos de raza=20 y la raza en t=E9rminos de delito"(30).=20 Diferentes estudios han se=F1alado la discriminaci=F3n racial que = gu=EDa, en=20 gran cantidad de casos, las decisiones de los fiscales(31).=20

EE.UU tiene,=20 actualmente, no s=F3lo la tasa de encarcelamiento m=E1s alta del=20 mundo(32) sino,=20 adem=E1s, un n=FAmero desproporcionado de personas pertenecientes = a minor=EDas=20 en prisi=F3n. Mientras que la tasa de encarcelamiento para hombres = negros en=20 Sud Africa fue de 681 presos por 100.000 habitantes en 1990, la = tasa para=20 el mismo per=EDodo fue de 3.370 en Estados Unidos(33). = Probablemente hayan=20 sido estas estad=EDsticas las que condujeron a Mauer a formular un = sub-t=EDtulo de=20 su significativo informe en los siguientes t=E9rminos: Afro-Americanos: =BFUna = especie en=20 extinci=F3n?(34). Es indudable, entonces, que estas personas = son=20 v=EDctimas de una terrible discriminaci=F3n producida, entre otros = motivos,=20 por el ejercicio del poder y la discrecionalidad del fiscal en las = decisiones vinculadas con la persecuci=F3n penal. =

M=E1s all=E1 de=20 la eventual ilegitimidad del sistema, que ha recibido severas=20 cr=EDticas(35), la=20 renuncia al juicio, en ese caso, representa la obtenci=F3n del = mismo=20 resultado (la condena) pero a trav=E9s dos m=E9todos completamente = distintos:=20 o bien vencen en juicio al imputado, soportando el ejercicio de = todos sus=20 derechos, o bien llegan a un acuerdo con =E9l, que evita toda = necesidad de=20 enfrentamiento judicial. En ese sistema, la renuncia al juicio = significa,=20 precisamente, eso, pues equivale a un veredicto de culpabilidad = sin=20 necesidad de ser juzgado.

IV=20

Veamos ahora=20 qu=E9 sucede en nuestro derecho. Seg=FAn el art. 431 bis del CPP Naci=F3n, la = aplicaci=F3n=20 del =93juicio abreviado=94 depende, exclusivamente, de la = decisi=F3n del=20 ministerio p=FAblico, pues es este =F3rgano quien solicita la = v=EDa abreviada=20 cuando =93estimare suficiente la imposici=F3n de una pena = privativa de=20 libertad inferior a seis (6) a=F1os, o de una no privativa de = libertad aun=20 procedente en forma conjunta con aqu=E9lla=94 (inc. 1). =

La = regulaci=F3n legal le da un tremendo poder al fiscal, pues el = acusador=20 p=FAblico puede, a su entera discreci=F3n, solicitar la v=EDa = abreviada y,=20 tambi=E9n, seleccionar la pena que estima =93suficiente=94, = obligando al=20 tribunal a imponer esa pena o, en todo caso, una pena menor. En = muchos=20 casos, sin embargo, el fiscal tendr=E1, en la pr=E1ctica, el poder = de=20 determinar casi exactamente la pena que deber=E1 aplicar el = tribunal. Ello=20 suceder=E1 siempre que la pena solicitada por el fiscal sea = equivalente o=20 apenas mayor al m=EDnimo legal previsto para el tipo penal de que = se trate.=20 As=ED, si el m=EDnimo del delito es tres a=F1os de prisi=F3n y el = fiscal estima=20 suficiente esos tres a=F1os, es =E9l, en realidad, quien determina = la pena a=20 aplicar en el caso concreto, antes que el juez. Si tenemos en = cuenta, en=20 este contexto, que el fiscal regularmente ofrecer=E1 una pena = relativamente=20 baja, para incentivar la confesi=F3n del imputado, es probable que = esta=20 pr=E1ctica no resulte nada inusual.

Se = requiere,=20 adem=E1s, =93la conformidad del imputado, asistido por su = defensor, sobre la=20 existencia del hecho y la = participaci=F3n de aqu=E9l, descriptas en el requerimiento de = elevaci=F3n a=20 juicio, y la calificaci=F3n legal=20 reca=EDda=94 (inc. 2, destacado agregado). Si el tribunal de = juicio no rechaza=20 =93el acuerdo de juicio abreviado=94 (inc. 4), dictar=E1 = sentencia, que =93deber=E1=20 fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucci=F3n, y en = su caso, en=20 la admisi=F3n a que se refiere el punto 2 y no podr=E1 imponer una = pena=20 superior o m=E1s grave que la pedida por el Ministerio Fiscal=94 = (inc. 5). El=20 tribunal de juicio s=F3lo podr=E1 rechazar el =93acuerdo=94 si = existe =93necesidad=20 de un mejor conocimiento de los hechos=94 o si discrepa = fundadamente =93con la=20 calificaci=F3n legal admitida=94 (inc. 3).

A = pesar de=20 que la norma hace referencia a la =93conformidad=94 del imputado, = su=20 manifestaci=F3n, presentada por escrito, es valorada como una=20 confesi=F3n(36), a=20 pesar de que no reviste ninguna de las exigencias requeridas para = =E9sta por=20 el c=F3digo nacional. As=ED lo reconoce expresamente el autor del = proyecto de=20 ley que incorpor=F3 el =93juicio abreviado=94 al CPP Naci=F3n. En = efecto, Cafferata Nores afirma = que =93la confesi=F3n que pudiera = haber=20 prestado el acusado, en el marco del acuerdo... deber=E1 ser = veros=EDmil y=20 concordante con aquellas probanzas [recogidas en la = investigaci=F3n], lo que=20 ratificar=E1 (reforz=E1ndolo) su valor conviccional=94. La = sentencia se debe=20 fundar, exclusivamente, en las pruebas de la instrucci=F3n y en la = confesi=F3n=20 escrita del imputado.

V=20

La = primera=20 pregunta que debemos responder es si el derecho al juicio por = jurados es=20 renunciable. El art. 18 de la CN establece: =93Ning=FAn habitante = de la Naci=F3n=20 puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al = hecho del=20 proceso...=94. El =93juicio previo=94 mencionado en el art. 18, = entre otras=20 exigencias, requiere la participaci=F3n de un jurado. As=ED, el = art. 24=20 dispone: =93El Congreso promover=E1... el establecimiento del = juicio por=20 jurados=94. El art. 75, inc.12, obliga al Congreso a =93Dictar...=20 especialmente leyes generales para toda la Naci=F3n... y las que = requiera el=20 establecimiento del juicio por jurados=94. Finalmente, el art. 118 = exige:=20 =93Todos los juicios criminales ordinarios... se terminar=E1n por = jurados...=94.=20 El principio de inocencia, entonces, parece exigir la = realizaci=F3n del=20 juicio previo para todos los=20 procesos penales ordinarios que, adem=E1s, deben ser por = jurados.=20

El = juicio=20 previo del art. 18 de la CN exig=EDa, para Cafferata Nores, los = siguientes=20 requisitos: a) acusaci=F3n:=20 presentada por alguien ajeno a quien debe juzgar; b) defensa: material y = t=E9cnica; c) prueba: m=E1ximo = resguardo contra la=20 arbitrariedad del juez, que debe obtenerse l=EDcitamente; y d) sentencia: resoluci=F3n = definitiva=20 de la situaci=F3n del acusado, =93en debate oral y p=FAblico y = mediante el=20 dictado de un fallo que se funde en la consideraci=F3n razonada de = las=20 pruebas recibidas en ese acto y en la ley=94(37). La=20 exigencia de realizar el juicio en todos los casos derivaba, seg=FAn este = autor(38),=20 del riesgo que podr=EDa generar el consenso en el proceso penal, = que s=F3lo=20 pod=EDa ser neutralizado =93con la idea de verdad real como =FAnica = base de=20 soluci=F3n del caso (la verdad real como igualadora del = castigo)=94(39).=20

=BFQu=E9 sentido=20 tendr=EDa el juicio previo si el Estado pudiera, en mayor o menor = medida,=20 sancionar penalmente a quien no ha sido juzgado y condenado en = juicio?=20 Diversos autores han afirmado la necesidad ineludible de que el = juicio=20 constitucional anteceda a toda sentencia penal, independientemente = de la=20 voluntad del imputado. Maier=20 afirma que, =93en nuestro sistema, el Derecho procesal penal se = torna necesario para el = Derecho penal,=20 porque la realizaci=F3n pr=E1ctica de =E9ste no se concibe sino a = trav=E9s de=20 aqu=E9l=94(40) y que=20 el imputado =93no posee ning=FAn poder de disposici=F3n sobre la = pena...=94(41).=20 Magari=F1os = se=F1ala, en el=20 mismo sentido, que la exigencia de =93juicio previo=94 no es = s=F3lo una garant=EDa=20 individual contenida en el art. 18, =93sino que, adem=E1s, es un = imperativo de orden = institucional=20 en raz=F3n de lo establecido en el art. 118 de la Ley = Fundamental=94(42).=20

En = segundo=20 lugar, se destaca la estrecha interrelaci=F3n entre las = garant=EDas penales y=20 las garant=EDas procesales. En este aspecto, Ferrajoli pone de = manifiesto esta=20 inseparable vinculaci=F3n:

=93Las=20 garant=EDas penales, al subordinar la pena a los presupuestos = sustanciales=20 del delito = =97lesi=F3n, acci=F3n y=20 culpabilidad=97 ser=E1n efectivas en la medida en que =E9stos sean = objeto de un=20 juicio en el que resulten aseguradas al m=E1ximo la imparcialidad, = la=20 veracidad y el control. Por eso las garant=EDas procesales, y en = general las=20 normas que regulan la jurisdicci=F3n, se llaman tambi=E9n =91instrumentales=92 frente = a las=20 garant=EDas y a las normas penales, designadas en cambio como = =91sustanciales=92.=20

La=20 correlaci=F3n funcional es, por lo dem=E1s, biun=EDvoca, dado que = las garant=EDas=20 penales pueden, a su vez, considerarse necesarias para garantizar = juicios=20 que no sean arbitrarios: en su ausencia, en efecto, juicio y pena = estar=EDan=20 desvinculados de l=EDmites legalmente preestablecidos y = resultar=EDan no menos=20 potestativas que si faltasen las garant=EDas procesales. Es decir, = tanto las=20 garant=EDas penales como las procesales valen no s=F3lo por s=ED = mismas, sino=20 tambi=E9n unas y otras como garant=EDa rec=EDproca de = efectividad=94(43).=20

La = correlaci=F3n funcional entre ambas garant=EDas se refleja de = manera expresa en el texto = constitucional=20 de nuestro pa=EDs, pues en la misma frase de su art. 18 se = condensan el=20 principio de legalidad sustantivo y la exigencia de juicio previo. = De esta=20 manera, la CN vincula ambas garant=EDas y, al mismo tiempo, = establece para=20 ambas el mismo nivel de = protecci=F3n. El=20 texto constitucional no admite ninguna excepci=F3n al principio de = legalidad=20 sustantivo. Tampoco admite ninguna excepci=F3n al principio de = inocencia que=20 autorice a imponer una pena sin juicio previo. La doctrina ha sido = pac=EDfica en ambas cuestiones, al menos hasta la incorporaci=F3n = del=20 instituto del =93juicio abreviado=94. La supuesta = =93renunciabilidad=94 del juicio=20 previo, sin fundamento normativo alguno, ha encontrado repentinos=20 defensores s=F3lo a partir de la regulaci=F3n del =93juicio = abreviado=94 que,=20 adem=E1s de no ser un juicio, opera, como veremos, con una = racionalidad=20 perversa.

La = doctrina=20 ha reiterado por a=F1os que una persona, por culpable que sea, no = puede por=20 su propia voluntad dirigirse a la c=E1rcel a cumplir su pena sin = que su=20 culpabilidad sea declarada en una sentencia firme dictada como=20 consecuencia de la realizaci=F3n de un juicio. Del mismo modo, = ning=FAn=20 procesado puede aceptar voluntariamente cumplir con una pena antes = de que=20 se dicte una sentencia v=E1lida. La exigencia no puede eludirse=20 ileg=EDtimamente denominando =93juicio=94 a algo que no lo es, es = decir, a algo=20 que no cumple con las exigencias m=EDnimas del =93juicio = previo=94. Si esto=20 fuera posible, bastar=EDa que el legislador permitiera dictar = sentencia al=20 juez de instrucci=F3n, cuando culmina la investigaci=F3n = preparatoria, para=20 imponer una pena. Como veremos, el =93juicio abreviado=94 regulado = en el art.=20 431 bis del CPP = Naci=F3n se=20 parece mucho m=E1s a este supuesto que al verdadero =93juicio = previo=94.=20

Parece=20 razonable afirmar que el consentimiento del imputado no puede ser = eficaz=20 para renunciar al juicio previo, del mismo modo que ese = consentimiento no=20 podr=EDa ser eficaz para renunciar al principio de legalidad = material. =BFCu=E1l=20 podr=EDa ser la diferencia sustancial entre aplicar una pena por = un hecho=20 punible sin juicio previo y aplicar una pena despu=E9s de un = juicio por un=20 hecho que no es punible? Por lo dem=E1s, =BFc=F3mo podremos = determinar con=20 certeza la existencia del hecho punible sin la realizaci=F3n del = juicio=20 previo? La =FAnica posibilidad de alcanzar el grado de certeza = necesario=20 para imponer una sanci=F3n penal, depende, necesariamente, de la = realizaci=F3n=20 de tal juicio. Ello pues hasta el momento, s=F3lo ese mecanismo = nos permite=20 garantizar con cierto grado de confiabilidad de la determinaci=F3n = que=20 afirma la existencia del hecho punible y la responsabilidad = personal del=20 imputado.

VI=20

Otro aspecto=20 problem=E1tico que plantea el instituto del =93juicio abreviado=94 = como=20 mecanismo alternativo al juicio requerido por el derecho = constitucional=20 vigente se vincula con el indispensable control republicano de la = justicia=20 penal. La Constituci=F3n Nacional prev=E9 dos mecanismos que = permiten el=20 control popular de las decisiones de los jueces penales: el juicio = por jurados y la publicidad del juicio. = Ambos=20 presupuestos de legitimidad republicana son claramente vulnerados = por la=20 aplicaci=F3n del =93juicio abreviado=94.

La = exigencia=20 de publicidad del juicio penal es un principio fundamental y = estructurante=20 del procedimiento penal, de car=E1cter complejo y esencialmente = pol=EDtico. Como expresa = sint=E9ticamente Binder: =93la=20 publicidad constitucional de los juicios penales es una decisi=F3n pol=EDtica de = gran=20 magnitud. Ella marca una pol=EDtica judicial = definida, propia=20 de un Estado democr=E1tico, republicano y limitado en el ejercicio = de sus=20 funciones=94(44). La complejidad del = principio surge de=20 su car=E1cter de garant=EDa=20 irrestricta del imputado y =97al mismo tiempo=97 de su = consideraci=F3n como derecho pol=EDtico de = los ciudadanos=20 de controlar los actos de gobierno en una rep=FAblica. La Corte = Suprema=20 estadounidense parece reconocer este car=E1cter complejo del = principio de=20 publicidad. Varios de sus precedentes establecen que la prensa no = cuenta=20 con un derecho constitucional de acceso privilegiado a las fuentes = de=20 informaci=F3n (=93Branzburg vs. Hayes=94), y que la Constituci=F3n = no otorga a la=20 prensa un derecho de acceso especial a la informaci=F3n distinto = del que=20 corresponde al p=FAblico en general (=93Pell vs. Procunier=94). = Estas=20 resoluciones, al mismo tiempo que definen el alcence del derecho = de la=20 prensa, reconocen de manera expresa el derecho del p=FAblico a = asistir a un=20 juicio penal(45).

Lo = mismo=20 sucede con la exigencia del juicio por jurados. El juicio por = jurados es,=20 a la vez, una garant=EDa del=20 imputado y un derecho = pol=EDtico=20 de los ciudadanos, que consiste en la facultad de participar en = las=20 decisiones m=E1s relevantes de la administraci=F3n de justicia = penal. El=20 car=E1cter pol=EDtico de este derecho ciudadano no s=F3lo surge de = la=20 circunstancia de que existe una cl=E1usula que establece la = instituci=F3n del=20 jurado en los casos penales en la parte org=E1nica de nuestra = Constituci=F3n,=20 el art. 118. Adem=E1s, y principalmente, surge del significado que = siempre=20 representa la intervenci=F3n de los individuos ajenos a la = justicia estatal=20 en la decisi=F3n de las causas penales. La facultad ocasional de = un=20 particular de tomar parte en el proceso de decisi=F3n de los = =F3rganos de la=20 justicia penal es, indudablemente, una facultad para intervenir=20 significativamente en el proceso de decisi=F3n de un =F3rgano de = uno de los=20 tres poderes del Estado. En este sentido, Maier destaca, tras = se=F1alar la=20 funci=F3n de garant=EDa del imputado, que desde el punto de vista = de las=20 formas de distribuci=F3n del poder pol=EDtico, =93el juicio por = jurados comporta=20 una clara decisi=F3n = pol=EDtica=20 acerca de la participaci=F3n de los=20 ciudadanos en las decisiones estatales=94(46). Nino se=F1ala, en = sentido=20 coincidente, que =93el jurado tiene un enorme valor como = expresi=F3n de la participaci=F3n directa de = la=20 poblaci=F3n en el acto de=20 gobierno fundamental que es la disposici=F3n inmediata de la = coacci=F3n=20 estatal=94(47).

El = juicio=20 por jurados, al estar incorporado a la parte org=E1nica de nuestra = Constituci=F3n, es un derecho pol=EDtico. Los ciudadanos de este = pa=EDs tenemos=20 derecho a intervenir en la decisi=F3n de las acusaciones penales, = y los=20 jueces profesionales, por el contrario, carecen de esa facultad. = El=20 fundamento esencial de la instituci=F3n del jurado impide a los = jueces=20 profesionales y permanentes que integran los =F3rganos estatales = de la=20 justicia penal, precisamente, que ellos puedan decidir todas las=20 cuestiones involucradas en un caso penal, en el cual se discute la = posible=20 aplicaci=F3n de una medida punitiva, eludiendo todo control = popular.=20

Adem=E1s, por=20 tratarse de un principio fundante de la legitimidad de nuestra = justicia=20 penal, nuestro inter=E9s como ciudadanos no termina en el eventual = ejercicio=20 personal de la = funci=F3n de=20 jurado en un caso concreto. En nuestro marco constitucional, es un = inter=E9s=20 p=FAblico colectivo = la=20 participaci=F3n ciudadana en la resoluci=F3n de los casos penales. = Si el voto=20 popular es un deber, es porque cada uno de nosotros tiene derecho = a que=20 nuestras instituciones democr=E1ticas sean representativas de = todos los=20 grupos sociales. Del mismo modo, tenemos un derecho a intervenir = en las=20 principales decisiones de la justicia penal, y un derecho a que = las=20 decisiones de nuestra justicia penal, en todos los casos posibles, = garanticen el control ciudadano. Si ello no fuera as=ED, = deber=EDamos aceptar=20 que las personas que por determinadas circunstancias no podemos = intervenir=20 como jurados en un juicio penal =97v. gr., los abogados=97 = carecemos de todo=20 derecho a exigir que la justicia penal se someta al mandato = constitucional=20 y, en consecuencia, al control de los dem=E1s ciudadanos.=20

Por estas y=20 otras razones, se reconoce, como regla, que si bien el imputado = tiene=20 derecho a un juicio penal p=FAblico y por jurados, no tiene, en = principio,=20 derecho a un juicio a puertas cerradas o sin jurados. Sin embargo, = el=20 =93juicio abreviado=94 permite que el Estado, con la conformidad = del imputado,=20 eluda la exigencia de publicidad y de participaci=F3n ciudadana, = sin motivo=20 leg=EDtimo alguno. El =93juicio abreviado=94 ha venido a disminuir = a=FAn m=E1s la=20 reducida exposici=F3n p=FAblica de la justicia penal en su = actuaci=F3n=20 represiva.

El = mejor=20 ejemplo de la manifiesta ilegitimidad del supuesto derecho al = =93juicio=20 abreviado=94 consiste en la posibilidad de que funcionarios = p=FAblicos=20 imputados por delitos de funci=F3n opten por el =93juicio = abreviado=94 para=20 evadir la publicidad propia del juicio penal ordinario. Esta=20 circunstancia, por s=ED sola, demuestra los perniciosos efectos de = este=20 mecanismo de simplificaci=F3n de dudosa utilidad en cuanto = tal(48). Sin=20 embargo, el legislador ha consagrado este derecho. =

En = conclusi=F3n, el =93juicio abreviado=94 produce importantes = efectos en la=20 restricci=F3n tanto cuantitativa =97experiencia cordobesa=97 como = cualitativa=20 =97delitos de funcionarios=97 de las exigencias republicanas de = publicidad y=20 de participaci=F3n ciudadana del juicio penal. Por ello, se = se=F1ala que: =93Lo=20 establecido por el legislador en la ley citada sin duda representa = un=20 tremendo retroceso = pol=EDtico y=20 cultural y un regreso = paradojal=20 hacia un sistema procesal penal de car=E1cter escrito y totalmente = inquisitivo...=94(49) y, por ende, secreto e invulnerable a = todo control=20 popular.

VII=20

Pero, aun=20 asumiendo que la voluntad del imputado permitiera evitar el juicio = previo,=20 resta analizar si resulta constitucionalmente admisible el = mecanismo del=20 =93juicio abreviado=94 tal como est=E1 regulado en el CPP = Naci=F3n.=20

La = =93conformidad=94 del imputado representa, claramente, una = confesi=F3n. As=ED lo=20 reconoce expresamente el autor del proyecto de ley que incorpor=F3 = el=20 =93juicio abreviado=94 al c=F3digo nacional. En efecto, Cafferata Nores afirma = que =93la confesi=F3n que pudiera = haber=20 prestado el acusado, en el marco del acuerdo... deber=E1 ser = veros=EDmil y=20 concordante con aquellas probanzas [recogidas en la = investigaci=F3n], lo que=20 ratificar=E1 (reforz=E1ndolo) su valor conviccional=94(50). Por=20 este motivo, resulta m=E1s que exigible la absoluta libertad con = que tal=20 consentimiento debe prestarse. A diferencia de EE.UU., nuestro = pa=EDs es=20 parte del PIDCP. El Comit=E9 de Derechos Humanos ha dicho, = respecto al=20 derecho de toda persona acusada de un delito =93A no ser obligada = a declarar=20 contra s=ED misma ni a confesarse culpable=94 (art. 14, n=BA 3, = g)., que tal=20 disposici=F3n a=F1ade a las formas de coacci=F3n il=EDcitas, toda = =93coerci=F3n que se=20 ejerza mediante la amenaza de=20 aplicar medidas no il=EDcitas en s=ED, como por ejemplo la = amenaza de=20 expulsi=F3n de un extranjero, o la=20 pr=E1ctica de obtener confesiones mediante la promesa de no = procesar al=20 reo por las acusaciones m=E1s graves que pesan en su = contra=94(51).=20

La = coacci=F3n=20 propia del mecanismo del =93juicio abreviado=94 consiste en la = reducci=F3n de la=20 pena que ofrece el fiscal a cambio de la confesi=F3n. La = reducci=F3n se mide=20 en referencia a la pena que podr=EDa ser impuesta en el juicio = com=FAn. El=20 car=E1cter inquisitivo del =93juicio abreviado=94 pone de = manifiesto la=20 intenci=F3n de condenar sobre la base de la confesi=F3n extra=EDda = coercitivamente, y de pruebas recolectadas sin control de la = defensa. En=20 este sentido, se ha dicho que =93... el procedimiento abreviado = supone una=20 clara regresi=F3n al juzgamiento escrito y reverdece la = figura de=20 la confesi=F3n, tan = cara a la=20 ideolog=EDa del inquisitivo=94(52). Como=20 lo pone Ni=F1o: = =93En otros=20 t=E9rminos: muchas condenas r=E1pidas y baratas, disminuci=F3n del = trabajo de=20 los magistrados y el acto de fe de los condenados, consistente en=20 persuadirse de haber logrado una disminuci=F3n en el monto de la = pena=20 virtualmente adjudicable, a cambio de su confesi=F3n o = reconocimiento de=20 culpabilidad=94(53).

Para que un=20 sistema como el del =93juicio abreviado=94 funcione, debe existir = una=20 diferencia significativa entre la pena pactada con el fiscal y la = pena=20 impuesta en el juicio. Sin esta diferencia, el imputado no tiene = incentivo=20 alguno para colaborar con el Estado que pretende aplicarle una = sanci=F3n=20 penal. La necesidad imperiosa que tienen estos mecanismos de = incentivar la=20 admisi=F3n de responsabilidad del imputado, por otra parte, = permite=20 calificar de ingenua la advertencia de V=E9lez en el sentido de = =93que no se=20 puede utilizar este medio como =91disparador=92 de confesiones que = de otro=20 modo no se hubieran producido=94(54). Sin el=20 incentivo de la reducci=F3n de la pena jam=E1s se habr=EDa llegado = a la=20 estad=EDstica que =E9l mismo cita para el a=F1o 1995, en ciudad de = C=F3rdoba,=20 seg=FAn la cual el 46,2 % de los casos se resolvieron sin juicio, = es decir,=20 a trav=E9s del =93juicio abreviado=94(55). O los cordobeses se = volvieron=20 repentinamente compulsivos para confesar, o bien ese desmesurado=20 porcentaje de condenas sin juicio deriva de la coerci=F3n = representada por=20 la diferencia entre la pena pactada y la pena impuesta en juicio=20 oral.

Pero el=20 =E1mbito m=E1s grave donde el =93juicio abreviado=94 opera como = mecanismo=20 indiscutible de coerci=F3n es en el de los presos sin condena. En = este=20 contexto, hay quienes afirman que el =93juicio abreviado=94 = =93beneficia=94 a los=20 detenidos que, con la condena, pueden obtener su libertad. Esta = afirmaci=F3n=20 es falsa, por diversas razones. La inmensa mayor=EDa de esos = detenidos=20 deber=EDan estar en libertad por ser jur=EDdicamente inocentes. = Adem=E1s, en el=20 caso de aquellos personas que han estado en prisi=F3n por largo = tiempo, si=20 no han sido llevados a juicio es porque el Estado no ha reunido = pruebas=20 suficientes. Estas personas, si fueran a juicio y contaran con un = buen=20 defensor, probablemente ser=EDan absueltas. La =FAnica medida = leg=EDtima,=20 entonces, consiste en concederles la libertad o llevarlos a = juicio. Sin=20 embargo, el Estado ni siquiera se preocupa por ellos, y sabe que = su propia=20 ineficiencia persecutoria no perjudica el proceso, pues todos los = riesgos=20 los sufre el imputado, cuyos derechos fundamentales son ignorados=20 sistem=E1ticamente por nuestra burocr=E1tica e ineficiente = justicia=20 penal.

En = esta=20 situaci=F3n, producto directo de la ineficiencia estatal y del = desprecio de=20 los m=E1s elementales derechos humanos, la =FAnica posibilidad que = tiene el=20 imputado de recuperar su libertad es llegar a un acuerdo con el = fiscal y=20 confesar, aun si no hubiera cometido el delito que le atribuyen. = Ello no=20 significa que el =93juicio abreviado=94 lo favorezca. En todo = caso, su=20 aplicaci=F3n representa una nueva violaci=F3n de sus derechos. La=20 circunstancia que mejor demuestra la irracionalidad perversa con = que opera=20 el =93juicio abreviado=94, consiste en el hecho de que el = imputado, a pesar de=20 que no puede ser llevado a juicio porque no hay pruebas = suficientes para=20 condenarlo, debe continuar detenido, y s=F3lo recupera su libertad = si=20 confiesa y es condenado, como de que la circunstancia de que, en = ese mismo=20 supuesto, tal opci=F3n le convendr=EDa, tambi=E9n, a una persona = inocente.=20

Las palabras=20 del legislador avalan nuestra interpretaci=F3n. Seg=FAn surge de = la discusi=F3n=20 en Diputados del 23/10/96, se reconocen seis objetivos al = =93juicio=20 abreviado=94. Cinco de ellos benefician al Estado y s=F3lo uno = mejora,=20 supuestamente, la situaci=F3n del imputado. El segundo de los = objetivos=20 mencionados consiste en =93llegar a condenas judiciales en un = sistema=20 procesal en el cual son muchos m=E1s los presos sin condena que = aqu=E9llos que=20 est=E1n cumpliendo una=94(56). Este=20 objetivo confirma las consideraciones anteriores. La tarea resulta = f=E1cil,=20 por la mayor fuerza de la coerci=F3n que significa la oferta de = recurrir al=20 =93juicio abreviado=94 en estos casos. Probablemente se logre = reducir=20 sustancialmente la tasa de presos sin condena recurriendo al = =93juicio=20 abreviado=94, pero el m=E9todo utilizado es completamente = ileg=EDtimo.=20

La = tasa de=20 presos sin condenas es consecuencia necesaria del arcaico = sistema de=20 enjuiciamiento oral adoptado por el Estado nacional hace pocos = a=F1os,=20 cuando hace tiempo que el fracaso de la experiencia cordobesa = permit=EDa=20 vaticinar este desastre. A pesar de todo, los hechos demuestran = que tales=20 tasas pueden ser reducidas dr=E1sticamente tanto por decisiones = judiciales=20 consistentes con las obligaciones constitucionales e = internacionales =97v.=20 gr., Costa Rica(57)=97 como=20 por el modelo procesal que se adopte =97v. gr., pa=EDses = anglosajones del=20 Caribe(58)=97. Ello=20 indica que el problema =97responsabilidad exclusiva del Estado=97 = puede=20 solucionarse racionalmente, y no condenando r=E1pidamente presos = sin=20 condena, arranc=E1ndoles la confesi=F3n.

Queda claro,=20 por ende, que tanto para los imputados detenidos como para los que = est=E1n=20 en libertad, la aplicaci=F3n del =93juicio abreviado=94 presupone = una confesi=F3n=20 obtenida de manera coercitiva. A pesar de que sus defensores = sostienen que=20 la v=EDa abreviada =93procede en caso de flagrancia, o confesi=F3n = llana y=20 circunstanciada del imputado o reconocimiento por parte de =E9ste = de la=20 acusaci=F3n=94(59) =97as=ED,=20 entre otros, V=E9lez afirma:=20 =93El juicio abreviado procede en los casos de flagrancia o de = confesi=F3n=20 llana y circunstanciada del imputado...=94(60)=97, en=20 realidad, la confesi=F3n no es uno de los presupuestos de procedencia, sino la = principal finalidad del mecanismo. = Tampoco=20 la flagrancia es un presupuesto de procedencia, pues tambi=E9n en = esos casos=20 se exigir=E1 la confesi=F3n. El =93juicio abreviado=94 no fue = dise=F1ado para ser aplicado a los confesos, sino para generar confesos a = quien=20 aplic=E1rselo.

En = conclusi=F3n, aun si se considerara renunciable el derecho de toda = persona=20 inocente a mantener ese estado jur=EDdico hasta que una sentencia=20 condenatoria dictada en el =93juicio previo=94 que garantiza el = art. 18 de la=20 CN, la regulaci=F3n vigente del =93juicio abreviado=94 = resultar=EDa, de todos=20 modos, inconstitucional. Su aplicaci=F3n pr=E1ctica vulnerar=EDa, = en primer=20 t=E9rmino, la exigencia de juicio previo. Ello pues si ese derecho = fuera=20 renunciable, tal renuncia deber=EDa ser libre y voluntaria. En = este caso,=20 por el contrario, el Estado utiliza el mecanismo abreviado como = elemento=20 de coerci=F3n para evitar el libre ejercicio del derecho, = provocando=20 renuncias que resultan inv=E1lidas por ser obtenidas a trav=E9s de = medidas=20 coercitivas dispuestas por funcionarios p=FAblicos. =

En = segundo=20 lugar, la aplicaci=F3n del =93juicio abreviado=94 vulnera la = prohibici=F3n de=20 obligar al imputado a declarar contra s=ED mismo. Tal como lo ha = expresado=20 claramente el Comit=E9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, = =E9ste es uno=20 de los supuestos paradigm=E1ticos donde se obtiene una confesi=F3n = viciada por=20 ser producto de un acto de coerci=F3n, aun cuando se trate de un = acto=20 l=EDcito. No importa, en realidad, como lo ha expuesto claramente = el Comit=E9,=20 la licitud o ilicitud de la medida que se utiliza para reducir la = libertad=20 del imputado para tomar una decisi=F3n acerca de su declaraci=F3n = ante las=20 autoridades de la justicia penal que pueda incriminarlo. Lo = =FAnico=20 relevante es que el Estado no puede utilizar ning=FAn medio que, = como la=20 negociaci=F3n sobre la pena, reduzca ileg=EDtimamente la libertad = del imputado=20 para no sentirse compelido a declarar contra s=ED mismo.=20

En = similar=20 sentido se expresa Langbein,=20 severo cr=EDtico del plea = bargaining. Este autor admite que, seg=FAn el texto = constitucional de=20 los EE.UU., el juicio por jurados es un derecho renunciable. Pero no = justifica de=20 ning=FAn modo la pr=E1ctica de negociar la imputaci=F3n o la pena: = =93Al se=F1alar=20 que los constituyentes se refirieron al juicio por jurados en = =91todos=92 los=20 delitos de cierta gravedad =97es decir, previeron el juicio por = jurados como=20 regla=97, no afirmamos que ordenaron la realizaci=F3n obligatoria del juicio, = pues el=20 juicio por jurados era, en realidad, renunciable. Tanto entonces = como=20 ahora, el acusado ten=EDa la opci=F3n de declararse culpable. = S=F3lo que antes no era inducido a = hacerlo.=20 Dado que en ese momento los funcionarios que desempe=F1aban tareas = persecutorias no se hab=EDan dedicado a=FAn a presionar al = imputado para que=20 renuncie a su derecho a juicio frente a un jurado, los = constituyentes no=20 prohibieron pr=E1cticas que no pronosticaron por no tener razones = para=20 hacerlo=94(61).=20

Esta=20 conclusi=F3n se ve reafirmada de manera inequ=EDvoca si atendemos = a las=20 diversas reglas del CPP Naci=F3n que se refieren a la = declaraci=F3n del=20 imputado. La prohibici=F3n para que la polic=EDa reciba = declaraci=F3n al=20 imputado es una expresi=F3n clara de que se pretende evitar toda = posible=20 restricci=F3n a la libertad del imputado (art. 184, p=E1rrafo II). = Las=20 diversas disposiciones que organizan la declaraci=F3n indagatoria = denotan=20 claramente la intenci=F3n del legislador de reglamentar la = prohibici=F3n=20 constitucional de obligar al imputado a declarar contra s=ED = mismo, al=20 establecer una serie de requisitos tendientes a garantizar la = m=E1xima=20 libertad de la declaraci=F3n del imputado.

En = la=20 primera oportunidad, y necesariamente antes de la indagatoria, el = juez=20 invitar=E1 al imputado a designar defensor y, cuando corresponda, = le=20 designar=E1 un defensor oficial. Designado el defensor, el = imputado tendr=E1=20 derecho a entrevistarse con su abogado antes de su declaraci=F3n = y, adem=E1s,=20 toda restricci=F3n indebida al ejercicio de ese derecho provoca la = nulidad=20 de la declaraci=F3n (art. 197). La indagatoria s=F3lo puede ser = tomada por el=20 juez (art. 294), y el imputado tendr=E1 derecho a que asista su = defensor=20 (art. 295), y a abstenerse de declarar (art. 296). Para proteger = el libre=20 ejercicio de ese derecho se proh=EDbe requerirle =93juramento o = promesa de=20 decir verdad=94, o ejercer contra =E9l =93coacci=F3n o amenaza ni = medio alguno=20 para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su = voluntad=94,=20 como tampoco hacerle =93cargos o reconvenciones tendientes a = obtener su=20 confesi=F3n=94, bajo pena de nulidad (art. 296). El juez debe = informar al=20 imputado de su derecho de abstenerse de declarar y de que su = ejercicio no=20 implica =93una presunci=F3n de culpabilidad=94 (art. 298). En caso = de que decida=20 declarar, el juez puede formularle preguntas, que deben ser = planteadas en=20 =93forma clara y precisa, nunca capciosa o sugestiva=94, y = tambi=E9n est=E1=20 obligado a suspender la declaraci=F3n si por su duraci=F3n =93se = notaren signos=20 de fatiga o falta de serenidad en el imputado=94 (art. 299). = Finalmente, la=20 presencia del abogado no s=F3lo halla fundamento en la posibilidad = de=20 =93proponer medidas, formular preguntas=94 o =93hacer las = observaciones que=20 estimen pertinentes=94, sino, adem=E1s y principalmente, para = garantizar el=20 respeto efectivo de los derechos fundamentales del imputado. De = all=ED que=20 se le permita =93pedir que se haga constar cualquier = irregularidad=94 del acto=20 de la declaraci=F3n (art. 203).

Todos estos=20 recaudos, de manera obvia, tienden a garantizar y verificar que la = declaraci=F3n del imputado no sea producto de la influencia de = cualquier=20 agente estatal. Si todos los jueces tomaran realmente las = declaraciones,=20 entonces, no s=F3lo se lograr=EDa una pr=E1ctica m=E1s acorde con = las exigencias=20 del C=F3digo sino que, adem=E1s, el juez podr=EDa tener = conocimiento de que la=20 declaraci=F3n del imputado ha sido prestada con la absoluta = libertad que=20 estas disposiciones pretenden garantizar, de modo de cumplir con = la=20 obligaci=F3n constitucional. En este contexto, no parece muy = consistente con=20 una regulaci=F3n legal que ni siquiera tolera que el juez o las = partes se=20 aprovechen del cansancio del imputado para poder afirmar que su=20 declaraci=F3n fue libre y voluntaria (art. 299), la posibilidad de = que el=20 fiscal lo obligue a confesar para recibir una =93reducci=F3n=94 de = pena o, en=20 todo caso, para no correr el riesgo de ser castigado con una pena = mayor si=20 decide ir a juiciO(62).

Debemos=20 tener en cuenta, adem=E1s, que todas estas reglas se aplican a la=20 declaraci=F3n del imputado, sea cual fuere su contenido. Es decir = que tales=20 exigencias se imponen aun en el caso de que el imputado se = defienda de la=20 imputaci=F3n. En consecuencia, los requisitos que deber=EDan = observarse para=20 recibir una declaraci=F3n incriminatoria deber=EDan ser, al menos, = tan=20 exigentes como aquellas o a=FAn m=E1s. Si el juez le preguntara al = imputado,=20 cuidando todas las dem=E1s formalidades de la declaraci=F3n: = =93=BFUsted=20 confesar=EDa si yo le impongo la pena m=EDnima?=94, tal = declaraci=F3 ser=EDa nula=20 por coacta. Sin embargo con el acuerdo del =93juicio abreviado=94 = sucede=20 exactamente lo contrario.

En = conclusi=F3n, el poder reconocido al fiscal por el art. 431 bis del CPP Naci=F3n, al = desprender=20 la pena que solicita de tales criterios, con un pedido que obliga = al=20 tribunal a no exceder su m=E1ximo, trae consigo la posibilidad de = promover=20 coercitivamente la renuncia a ejercer derechos de m=E1xima = trascendencia,=20 como el derecho al juicio previo y a no ser obligado a=20 autoincriminarse.

VIII=20

Por =FAltimo,=20 el =93juicio abreviado=94 elimina todo contenido posible del = derecho de=20 defensa, circunstancia que, en s=ED misma, permite cuestionar = fundadamente=20 la =93certeza=94 a la que puede arribar el tribunal para dictar = condena, esto=20 es, que este mecanismo respete de manera efectiva el principio de = la=20 =93verdad real=94. El art. 18 de la CN tambi=E9n establece: =93Es = inviolable la=20 defensa en juicio de la persona y de los derechos=94. Respecto del = derecho=20 de defensa en el proceso penal, se afirma que =93existen mayores = exigencias=20 para el enjuiciamiento penal que las requeridas para los dem=E1s. = La raz=F3n=20 de ser de esta diferencia proviene de la mayor importancia = pol=EDtica del=20 procedimiento penal, por la supremac=EDa de los bienes o valores = jur=EDdicos=20 que =E9l pone en juego=94(63). Por=20 este motivo, la defensa t=E9cnica s=F3lo es obligatoria e irrenunciable en el = procedimiento=20 penal. El consentimiento del imputado para ser juzgado sin = asistencia=20 legal, por ende, no produce efecto alguno sobre el deber del = Estado de=20 garantizar la defensa t=E9cnica en el juicio penal. Finalmente, el = art. 8,=20 n=BA 2, e, de la CADH dispone que el imputado tiene =93Derecho irrenunciable a = ser=20 asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o = no=20 seg=FAn la legislaci=F3n interna si el inculpado no se defendiere = por s=ED mismo=20 ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley=94 = (destacado=20 agregado).

Ello=20 significa que la legitimidad de la pena depende, necesariamente, = del=20 respeto a la exigencia de defensa t=E9cnica durante el juicio. El = imputado=20 no puede renunciar a la asistencia t=E9cnica, pues tal derecho es = un=20 presupuesto de la legalidad del juicio previo y de la eventual = condena.=20

Tal como lo=20 reconoce el propio Cafferata=20 Nores, la =93conformidad=94 del imputado exigida para = aplicar el=20 =93juicio abreviado=94 no es m=E1s que una =93confesi=F3n llana y = circunstanciada=94=20 que representa un =93reconocimiento de culpabilidad=94(64).=20 Adem=E1s, una vez presentada la confesi=F3n del imputado, el texto = legal no=20 prev=E9 oportunidad alguna para que el imputado se defienda, pues = este=20 mecanismo no =93abrevia=94 el juicio, sino que lo omite = =EDntegramente. Como=20 tambi=E9n reconoce el propio Cafferata Nores, el = supuesto=20 derecho de defensa del imputado que presta su conformidad para el = =93juicio=20 abreviado=94 se agota en ese mismo acto, pues afirma que el = derecho de=20 defensa, como uno de los elementos indispensables del debido = proceso, =93se=20 ejercita a trav=E9s de un reconocimiento de participaci=F3n en el = delito=20 libremente formulada, y estimada conveniente para el imputado, = debidamente=20 asesorado por el defensor=94(65).

En = realidad,=20 para que existiera alguna posibilidad pr=E1ctica de que el = imputado pudiera=20 defenderse, el instituto deber=EDa haber sido regulado de otra = manera. El=20 derecho de defensa no resulta limitado, sino eliminado por = completo con la=20 aplicaci=F3n del =93juicio abreviado=94 previsto en el CPP = Naci=F3n. Si el=20 ministerio p=FAblico solicita la v=EDa abreviada, es requisito de = admisibilidad que=20 acompa=F1e la =93conformidad del imputado=94 (art. 431 bis, inc. 2). Ahora = bien, la=20 =93conformidad=94 del imputado no debe expresar, =FAnicamente, su = decisi=F3n de=20 aceptar el mecanismo solicitado por el acusador estatal. Adem=E1s = de ello, y=20 en todos los casos =97aun los de flagrancia=97, la = =93conformidad=94 debe aceptar,=20 al mismo tiempo, su propia responsabilidad por el hecho que se le=20 atribuye. El art. 431 bis, inc.=20 2, del CPP Naci=F3n, dispone claramente que =93la conformidad del = imputado...=20 [se refiere a] la existencia del hecho y la participaci=F3n de = aqu=E9l,=20 descriptas en el requerimiento de elevaci=F3n a juicio, y la = calificaci=F3n=20 legal reca=EDda=94. Por otra parte, la admisi=F3n de = responsabilidad exigida al=20 imputado puede ser utilizada para dictar sentencia condenatoria = aun cuando=20 no resultara suficiente la prueba obtenida durante la = instrucci=F3n. El art.=20 431 bis, inc. 5, = establece que:=20 =93La sentencia deber=E1 fundarse=20 en las pruebas recibidas durante la instrucci=F3n, y en su caso, = en la=20 admisi=F3n a que se refiere el punto 2...=94 (destacado = agregado)(66).=20

En = este=20 contexto, no se puede aceptar la posici=F3n de Cafferata Nores, quien = sostiene=20 que =93no se advierte que el juicio abreviado ponga en crisis el = principio=20 del debido proceso, pues... [hay] defensa (que se ejercita a = trav=E9s de un=20 reconocimiento de participaci=F3n en el delito libremente formulada, y = estimada=20 conveniente a su inter=E9s por el imputado, debidamente asesorado = por el=20 defensor)=94(67). De la=20 misma opini=F3n es Olcese,=20 quien afirma que en el =93juicio abreviado=94 no =93hay = inversi=F3n del=20 contradictorio, por el contrario requiere especialmente el = ejercicio=20 previo de la defensa (esta defensa=20 especial que es la =91confesi=F3n circunstanciada=92 del = imputado), y que=20 mucho tiene de parecido con el =91allanamiento=92 o. mejor, con la = =91transacci=F3n=92 del proceso civil=94(68). =

El = Estado=20 est=E1 obligado a garantizar el derecho de defensa en juicio. Ello = no=20 significa que el imputado no tenga derecho a confesar, si as=ED lo = desea.=20 Pero la confesi=F3n del imputado, por su contenido = autoincriminatorio, no=20 es, ni podr=EDa ser, un acto defensivo. De all=ED la prohibici=F3n = de toda=20 confesi=F3n forzosa y la irrenunciabilidad de la defensa = t=E9cnica. La defensa=20 implica un m=EDnimo de resistencia ante la imputaci=F3n, y no = colaboraci=F3n con=20 ella. De all=ED que se denomine al derecho a ser o=EDdo, base = esencial del=20 derecho a defenderse, como =93principio de = contradicci=F3n=94(69). El=20 derecho de defensa del imputado comprende diversas facultades de=20 intervenci=F3n en el procedimiento penal =93para poner en = evidencia la falta=20 de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier = circunstancia=20 que la excluya o aten=FAe=94(70).=20

En = s=EDntesis,=20 defenderse significa, sencillamente, presentar alg=FAn grado de = resistencia=20 a la actividad persecutoria. En consecuencia, la admisi=F3n lisa y = llana de=20 la culpabilidad por el hecho descripto en la acusaci=F3n, de su = calificaci=F3n=20 legal y del monto de la pena merecida, esto es, la = =93conformidad=94 requerida=20 por el art. 431 bis, = inc. 2,=20 del CPP Naci=F3n, no puede ser considerada una medida defensiva. = El objeto=20 de esa manifestaci=F3n del imputado consiste en aceptar =EDntegramente la = pretensi=F3n del=20 acusador, esto es, precisamente, en lo opuesto a lo que = significa=20 defenderse(71). La=20 conformidad no puede ser considerada un acto de defensa del = imputado por=20 su contenido no contradictorio. Tampoco puede ser considerada como = una=20 expresi=F3n del derecho de=20 defensa porque se trata de un acto exigido legalmente, de manera = obligatoria, como = requisito de=20 admisibilidad de un procedimiento que no s=F3lo elimina toda = posibilidad de=20 defenderse en el juicio, sino que, adem=E1s, elimina toda = posibilidad=20 efectiva de ejercer ese derecho en el procedimiento que reemplaza = al=20 juicio(72).

El = =93juicio=20 abreviado=94, adem=E1s, afecta dos de las facultades m=E1s = importantes del=20 derecho de defensa: el control de la prueba de cargo y la = producci=F3n de=20 prueba de descargo. En efecto, la v=EDa abreviada no admite la = realizaci=F3n=20 de ninguna actividad probatoria. En consecuencia, el tribunal = valorar=E1 los=20 elementos de convicci=F3n recolectados en la etapa preliminar, = obtenidos con=20 escaso, cuando no inexistente, control de la defensa. En = consecuencia, la=20 sentencia se fundar=E1 casi exclusivamente en elementos de prueba=20 incorporados sin control alguno de la defensa y por iniciativa del = propio=20 juez de instrucci=F3n, encargado de la persecuci=F3n penal, con = innumerables=20 facultades inquisitivas. Tambi=E9n la posibilidad de producir se = ve reducida=20 en la investigaci=F3n preliminar, y la opci=F3n del =93juicio = abreviado=94 termina=20 por neutralizar el ejercicio de este derecho fundamental. En = cuanto al=20 derecho a la defensa t=E9cnica, la conformidad del imputado, a los = efectos=20 pr=E1cticos, representa la renuncia de un derecho que, seg=FAn las = normas=20 vigentes, es irrenunciable, pues el asesoramiento que aconseja = optar por=20 la v=EDa abreviada consiste, precisamente, en garantizar la = absoluta=20 imposibilidad de gozar de asistencia t=E9cnica durante el juicio,=20 presupuesto ineludible de la legitimidad de toda sanci=F3n penal, = que el=20 Estado no puede dejar de cumplir.

En = estas=20 circunstancias, con la presentaci=F3n de la conformidad del = imputado, que=20 admite su propia culpabilidad, resulta absurdo afirmar que se ejerce libremente el = derecho de=20 defensa o que no se invierte el contradictorio. La aceptaci=F3n=20 incondicionada de la culpabilidad del hecho descripto en la = acusaci=F3n,=20 exigida innecesariamente por el texto legal, implica la renuncia = al juicio=20 y, con =E9l, a toda posibilidad de ejercer el derecho de defensa. = En=20 conclusi=F3n, a pesar del consentimiento (viciado) del imputado, = resulta=20 indiscutible que el =93juicio abreviado=94 vulnera gravemente el = derecho de=20 defensa. Por lo dem=E1s, si fuera cierto que, como se afirma, el = =93juicio=20 abreviado=94 procede =93en caso de flagrancia, o confesi=F3n llana = y=20 circunstanciada del imputado o reconocimiento por parte de =E9ste = de la=20 acusaci=F3n=94(73), no se=20 entiende porqu=E9 raz=F3n el legislador estableci=F3 la = confesi=F3n, bajo el=20 eufemismo de =93conformidad=94, como presupuesto indispensable de=20 admisibilidad de la v=EDa abreviada, mucho menos cuando ese = presupuesto=20 tambi=E9n se exige para casos de flagrancia. =

En = conclusi=F3n, si fuera cierto que el =93juicio abreviado=94, tal = como sostienen=20 sus defensores, fuera procedente en determinados = supuestos(74), =20 permitiera que el imputado fuera absuelto(75), respetara el = principio de=20 la verdad real(76) y cumpliera m=EDnimamente con las exigencias = del debido=20 proceso(77), =E9ste deber=EDa haber sido regulado de un modo = completamente=20 diferente. En este sentido, Maier ha cuestionado la = regulaci=F3n=20 del instituto en el CPP C=F3rdoba =97similar a la del CPP = Naci=F3n=97, se=F1alando=20 que tal regulaci=F3n jur=EDdica no era necesaria para lograr los = fines que sus=20 defensores le asignan(78).

Estas=20 limitaciones al derecho de defensa, sumadas a la informalidad del = acto en=20 el cual el imputado reconoce su responsabilidad, generan un = problema=20 adicional, al disminuir las posibilidades de respetar el principio = de=20 =93verdad real=94. Las posibilidades de probar la verdad acerca de = un hecho,=20 en el marco del proceso, de manera m=E1s o menos confiable = depender=E1,=20 esencialmente, del m=E9todo que se elija para desempe=F1ar esta = tarea. El=20 m=E9todo que hoy se considera m=E1s id=F3neo para aproximarse a la = verdad y,=20 adem=E1s, para no afectar derechos individuales en el proceso de=20 averiguaci=F3n es, sin duda alguna, el modelo falsacionista del = garantismo=20 desarrollado por Ferrajoli.=20 En este marco, se procura que la verdad surja de la =93m=E1xima = exposici=F3n de=20 la hip=F3tesis acusatoria a la refutaci=F3n de la defensa=94, de = modo que no sea=20 =93atendible ninguna prueba sin que se hayan activado, = infructuosamente=20 todas las posibles refutaciones o contrapruebas=94(79). El=20 procedimiento debe permitir que la acusaci=F3n sea confirmada o = desvirtuada=20 mediante la actividad probatoria prevista a tal fin. De esta = manera, la=20 verdad operar=E1, como propone Ferrajoli, como garant=EDa destinada a = impedir tanto=20 que no se condene a los inocentes como tampoco a quienes no se les = ha=20 logrado demostrar como culpables.

No = cabe=20 duda, en este marco, que el =93juicio abreviado=94, por su = car=E1cter no=20 contradictorio(80), no=20 puede ser un mecanismo procesal id=F3neo para demostrar la verdad = de la=20 imputaci=F3n con un grado m=EDnimo de confiabilidad. El primer = problema de=20 este instituto consiste en que la sentencia se fundar=E1, = esencialmente, en=20 los elementos de convicci=F3n de la investigaci=F3n, muchos de = ellos=20 incorporados sin control alguno de la defensa. La opci=F3n por la = v=EDa=20 abreviada, por lo dem=E1s, implica la renuncia a toda actividad=20 contradictoria luego de incorporada esa prueba y antes de que el = tribunal=20 dicte sentencia. El segundo elemento de convicci=F3n que puede ser = utilizado=20 por el tribunal es la confesi=F3n del imputado presentada por = escrito.=20

Este=20 elemento tambi=E9n presenta problemas. En primer t=E9rmino, la = confesi=F3n, para=20 poder ser valorada, debe ser incorporada cumpliendo diversos = requisitos=20 que tienden a garantizar el respeto de sus presupuestos = esenciales. La=20 =93conformidad=94 del art. 431 bis=20 del CPP Naci=F3n, en cambio, puede ser valorada sin m=E1s = exigencia que su=20 simple presentaci=F3n por escrito junto con el requerimiento = acusatorio. El=20 eufemismo usado por el legislador nacional para evitar reconocer=20 expresamente que impuso la obligaci=F3n de autoincriminarse, = termin=F3 por=20 agravar a=FAn m=E1s la situaci=F3n del imputado. El CPP C=F3rdoba = tambi=E9n exige la=20 confesi=F3n llana y circunstanciada de la culpabilidad, = confesi=F3n que puede=20 ser valorada en la sentencia del =93juicio abreviado=94. A pesar = de que ambos=20 reconocimientos de culpabilidad cumplen id=E9ntica funci=F3n, en = la=20 legislaci=F3n cordobesa, al menos, la confesi=F3n es un acto = jurisdiccional,=20 sometido a las exigencia de la declaraci=F3n = indagatoria(81).=20

En = s=EDntesis,=20 en el =93juicio abreviado=94 del CPP Naci=F3n el tribunal valora = como confesi=F3n=20 una manifestaci=F3n por escrito, presentada sin cumplir con = ninguno de los=20 requisitos de una declaraci=F3n v=E1lida, cuyo valor de verdad = resulta=20 altamente cuestionable por motivos adicionales. En primer lugar, = si la=20 confesi=F3n debe ser valorada en la sentencia es porque no existen = pruebas=20 suficientes. Ello significa que cuanto menos elementos de = convicci=F3n=20 existan, mayor ser=E1 el valor que se reconocer=E1 a la = conformidad del=20 imputado.

Ahora bien,=20 diversas razones relativizan el valor probatorio de esa = confesi=F3n.=20 Partiendo de la falta de formalidades propias de la declaraci=F3n=20 indagatoria, debemos tener en cuenta, adem=E1s, dos factores que = pueden=20 provocar la admisi=F3n de responsabilidad del imputado aun si la = imputaci=F3n=20 no fuera cierta. Primero, no podemos ignorar el car=E1cter = coercitivo del=20 =93juicio abreviado=94 que se encubre bajo la promesa de = =93reducci=F3n=94 de pena,=20 especialmente en ciertos casos =97v. gr., presos preventivos=97. = En segundo=20 t=E9rmino, es un hecho que la legislaci=F3n vigente exige un = reconocimiento=20 pleno del imputado sobre la existencia del hecho, sobre su = participaci=F3n=20 en =E9l y sobre la calificaci=F3n legal, que no puede apartarse un = =E1pice de la=20 hip=F3tesis contenida en la acusaci=F3n. Ambas circunstancias, = potenciadas por=20 su existencia simult=E1nea, entonces, conspiran contra la = credibilidad que=20 deber=EDa reconocerse a la conformidad del imputado. Si tenemos en = cuenta,=20 adem=E1s, que aun para un inocente detenido preventivamente el = =93juicio=20 abreviado=94 puede resultar una opci=F3n racional, comprenderemos = porqu=E9=20 parece excesivamente aventurado afirmar que este procedimiento = =93no piensa=20 prescindir=94 de la verdad real(82).=20

Tal=20 afirmaci=F3n, por lo dem=E1s, llama especialmente la atenci=F3n si = tenemos en=20 cuenta que fuera formulada por Cafferata Nores, quien = antes=20 cuestionaba con dureza la supuesta confiabilidad de los elementos = de=20 convicci=F3n reunidos por el juez de instrucci=F3n, cuya principal = tarea=20 consiste, precisamente, en perseguir al imputado. En efecto, este = autor ha=20 afirmado que, dado que todo concepto de verdad, en el marco de un = proceso=20 penal, ingresa al campo de lo aproximativo, no se puede = =93legitimar posiciones autoritarias = que se=20 conformen con =91menos verdad=92 como base de la condena, o que = intenten=20 superar con meras impresiones, simples opiniones o puro arbitrio = judicial,=20 los condicionamientos para conocer =91toda=92 la verdad. Por el = contrario,=20 debe servir para reforzar la preocupaci=F3n de evitar ligerezas y=20 apresuramientos para redoblar los esfuerzos y extremar las = precauciones=20 tendientes a que la verdad que se obtenga en el proceso, sea la = m=E1s=20 =91correspondiente=92 posible=94(83).=20

IX=20

En = nuestro=20 pa=EDs, a diferencia de lo que sucede en el sistema = estadounidense, la=20 renuncia al juicio previo no es una verdadera renuncia. Si as=ED = lo fuera,=20 la =93conformidad=94 del art. 431 bis del CPP Naci=F3n = deber=EDa cumplir=20 la misma funci=F3n que el guilty=20 plea. Como en el caso estadounidense, la =93renuncia=94 local = conduce al=20 mismo resultado (la condena). Sin embargo, en nuestro sistema, la = =93verdad=20 real=94 juega un papel completamente distinto al que desempe=F1a = en el sistema=20 estadounidense. En aqu=E9l sistema, cuando hay juicio, la verdad = opera como=20 verdadera garant=EDa del imputado. Cuando no hay juicio, no = desempe=F1a un=20 papel relevante, pues el consenso desempe=F1a la misma funci=F3n, = y si no se=20 pudiera demostrar la =93verdad real=94, =E9sta s=F3lo operar=EDa = para quebrar el=20 consenso que funda la gran mayor=EDa de las condenas. =

En = nuestro=20 modelo de justicia penal, tanto la verificaci=F3n de la verdad = como la=20 imposibilidad de verificarla operan, por lo regular, a favor del = Estado.=20 Debido al principio estructural de nuestro sistema, el principio = de=20 legalidad procesal, contenido en el art. 71 del C=F3digo Penal, = todo hecho=20 punible de acci=F3n p=FAblica del que se tenga noticia debe ser = investigado y=20 perseguido. Cuando el Estado no puede alcanzar el grado de = verificaci=F3n de=20 la verdad necesario para imponer una condena, esa imposibilidad = tambi=E9n=20 puede operar a su = favor y en contra de los = individuos,=20 fundamentalmente a trav=E9s del abuso del encarcelamiento = preventivo, que se=20 impone como pena anticipada cuando no se cuenta con elementos de = prueba=20 suficientes para llevar al imputado a juicio. En este sentido, es = posible=20 afirmar que la justicia penal =93soluciona=94 su ineficiencia = recurriendo al=20 encarcelamiento anticipado de inocentes, a partir de la misma = racionalidad=20 que estructuraba el instituto inquisitivo de la poena extraordinaria: = =93La poena extraordinaria = permit=EDa=20 escapar del dilema absoluci=F3n-condena, para los casos en los = cuales no se=20 alcanzaba la certeza necesaria para condenar, aplicando una pena = reducida,=20 conforme a la probabilidad=94(84).=20

La = verdad=20 opera contra el imputado, adem=E1s, tanto cuando =E9sta puede ser = comprobada=20 para imponer una condena, como tambi=E9n cuando es verificada para = exigir el=20 cumplimiento de la regla de la persecuci=F3n penal p=FAblica = obligatoria, en=20 aquellos casos en que el acusador estatal, a juicio del tribunal, = debe=20 perseguir por un hecho m=E1s grave que aqu=E9l por el cual ha = requerido, o=20 bien debe continuar la persecuci=F3n en los supuestos en que ha = solicitado=20 su interrupci=F3n =97sobreseimiento=97(85). Por=20 este motivo, la renuncia al juicio previo no puede dejar de lado = la=20 =93verdad real=94 =97si bien se trata del particular m=E9todo de = construcci=F3n de=20 la verdad no contradictorio, unilateral y autoritario del modelo=20 inquisitivo=97. Si as=ED lo hiciera, el sistema perder=EDa el = control del=20 programa absurdo de persecuci=F3n penal obligatoria de todos los = hechos=20 punibles establecido por el principio de legalidad procesal, = atribuyendo,=20 de hecho, el poder de disponer de la acci=F3n penal a los miembros = del=20 ministerio p=FAblico.

En = consecuencia, la =93verdad real=94 de nuestro sistema no puede ser = excluida=20 por el consenso, y la renuncia al juicio no representa, en = realidad, una=20 renuncia a ser juzgado, sino a ser juzgado de manera acorde con = las=20 exigencias constitucionales. El =93juicio abreviado=94, se supone, = se prev=E9=20 para casos sin problemas probatorios. Si eso fuera as=ED, sin = embargo, no se=20 exigir=EDa la confesi=F3n. En realidad, la perversidad del sistema = torna a=20 este mecanismo en la opci=F3n individual menos irracional, de = manera=20 coercitiva, pero s=F3lo sirve a los intereses del Estado. En = efecto, la v=EDa=20 abreviada obliga al imputado a colaborar con el acusador que no = cuenta con=20 las pruebas suficientes para condenar, consintiendo una condena = sin=20 pruebas. Pero el concepto de =93verdad real=94, en realidad, es = usado para=20 perjudicar al imputado, pues se controla al solo efecto de impedir = que se=20 aplique una calificaci=F3n legal menor a la que debe = aplicarse.=20

Ahora bien,=20 dado que el discurso jur=EDdico no puede ser tan abiertamente = c=EDnico, al=20 mismo tiempo que se afirma que la verdad debe ser comprobada en=20 =93beneficio=94 del imputado, tambi=E9n se afirma que el =93juicio = abreviado=94, en=20 la b=FAsqueda de la =93verdad=94, respeta los elementos b=E1sicos = del juicio:=20 acusaci=F3n, defensa, prueba y sentencia. Es cierto que hay = acusaci=F3n, pero=20 no hay prueba, ni defensa y, en consecuencia, tampoco hay = sentencia=20 v=E1lida.

Por otra=20 parte, afirmar que el regreso al m=E1s puro sistema inquisitivo es = una=20 medida dirigida a aumentar la eficiencia de la justicia penal y = beneficiar=20 al imputado, no s=F3lo es falso, tambi=E9n es grotesco. Y, al = mismo tiempo,=20 describir el =93juicio abreviado=94 como un mecanismo procesal de = car=E1cter=20 acusatorio, porque permite un supuesto =93consenso=94 sobre la = pena, es m=E1s=20 grotesco a=FAn. As=ED, por ej., la postura de Corval=E1n, quien define = al=20 procedimiento abreviado como =93una moderna herramienta al = servicio de la=20 simplicidad que en muchos casos se requiere para la tramitaci=F3n = de una=20 causa penal=94(86), y=20 afirma que el consenso sobre el hecho y la pena torna innecesario = el=20 juicio por no haber controversia entre las partes. En su = opini=F3n, en la=20 medida en que el tribunal verifique los presupuestos de legalidad = del=20 acuerdo, debe dictar sentencia seg=FAn lo solicitado por las = partes.=20 Partiendo del presupuesto err=F3neo de que el procedimiento = abreviado es=20 consistente con el modelo acusatorio, lo considera compatible con = el texto=20 constitucional, sin importar la gravedad de la pena(87). Entiende = que el=20 modelo acusatorio =93hace reposar el tema de la verdad en las = partes,=20 quienes pueden arribar a acuerdos sobre el relato del hecho que = constituye=20 el objeto del procedimiento, por lo tanto no es necesario para = abreviar=20 tr=E1mites o superar el contradictorio, que opine el Tribunal = prestando=20 tambi=E9n su conformidad=94(88).

El = consenso=20 real, en el acusatorio material, era usado por particulares, y su = uso=20 implicaba la interrupci=F3n del litigio a traves de una soluci=F3n = no=20 represiva. El consenso, en el sistema acusatorio formal =97donde = la=20 persecuci=F3n penal es p=FAblica=97, opera de modo exactamente = inverso. En=20 primer lugar, el consenso no es tal, por la disparidad de fuerzas = entre el=20 individuo y el Estado. La fuerza del fiscal estadounidense = consiste,=20 b=E1sicamente, en la amenaza de obtener una pena sustancialmente = m=E1s grave=20 para quienes deciden ir a juicio. As=ED, el aumento significativo = de pena=20 que recibe quien es condenado en juicio =97alrededor del 40 = %(89)=97 es el=20 precio que se debe pagar para ejercer un derecho constitucional. = En EE.UU.=20 opera como un m=E9todo de extorsi=F3n que permite obtener la = admisi=F3n de=20 culpabilidad de m=E1s del 90 % de los condenados(90). El fiscal=20 estadounidense s=F3lo act=FAa como parte en el juicio, en el resto = de los=20 casos concentra el poder del antiguo inquisidor. Investiga, = persigue y=20 despu=E9s impone su poder de negociaci=F3n para condenar sin = juicio y=20 pr=E1cticamente determinar la pena de m=E1s del 90 % de las = personas=20 criminalizadas. Todo esto sin juicio, en privado, sin pruebas, sin = contradicci=F3n y coercionando para obtener la confesi=F3n. = =BFQu=E9 relaci=F3n=20 tiene este sistema con el modelo acusatorio? Ninguna. Es la nueva = versi=F3n=20 refinada de la inquisici=F3n, mucho m=E1s eficiente, mucho menos = sangrienta,=20 pues ya no necesita de los instrumentos de tortura, s=F3lo le = basta con=20 amenazar con una pena mucho m=E1s grave.

Nosotros,=20 sin embargo, ni siquiera hemos llegado a ese nivel de = refinamiento. Antes=20 de haber adoptado un sistema de enjuiciamiento moderno, cuando = reci=E9n=20 acabamos de llegar al absurdo modelo inquisitivo reformado = plasmado en el=20 c=F3digo franc=E9s de 1808, la mayor traici=F3n de los reformistas = del siglo=20 XIX, s=F3lo se nos ocurre, toscamente, retroceder varios siglos, = invocando=20 en vano los intereses del imputado, la eficiencia y el = calificativo de=20 =93acusatorio=94, para reestablecer el secreto, la escritura, la = confesi=F3n=20 extorsiva y, una vez m=E1s, como desde hace quinientos a=F1os, la = monol=EDtica=20 verdad inquisitiva.

La = m=E1s clara=20 demostraci=F3n de que mecanismos como el =93juicio abreviado=94 = constituyen una=20 herramienta dise=F1ada expresamente para restringir en la mayor = medida=20 posible el leg=EDtimo ejercicio del derecho a un juicio previo con = las=20 debidas garant=EDas surge de la discusi=F3n sobre la legislaci=F3n = italiana.=20 Ferrajoli ha = destacado=20 varias opiniones que desnudan la verdadera finalidad del = procedimiento=20 abreviado. El diputado Casini, en su = intervenci=F3n del=20 10/7/84, afirm=F3: =93Se ha dicho, en el curso de la aprobaci=F3n = de la ley=20 delegada, que el nuevo proceso =91funcionar=E1 si logramos que = s=F3lo una=20 peque=F1a parte de las causas llegue al juicio oral=92=94. = Tambi=E9n agreg=F3 que=20 =93Ambos procedimientos (la aplicaci=F3n de la pena a petici=F3n = de las partes y=20 el juicio abreviado) han sido introducidos con la convicci=F3n de = que=20 tendr=E1n en el nuevo sistema amplia difusi=F3n y permitir=E1n la = r=E1pida=20 resoluci=F3n de la mayor = parte de=20 los procesos=94(91). Se ha=20 destacado, adem=E1s, la sincera opini=F3n de Gonso: =93El proyecto, = pues, lejos=20 de idealizar el debate contradictorio, intenta prevenirlo=94, = como =93una=20 eventualidad a dejar en la reserva, para los casos en que se haga = verdaderamente = inevitable... Lo=20 importante es que el recurso a los procedimientos alternativos = resulte=20 favorecido al m=E1ximo=94(92).

Nuevamente,=20 es interesante escuchar a Langbein. Este profesor = ha=20 valorado la situaci=F3n de la justicia penal estadounidense en los = siguientes t=E9rminos:

=93El=20 plea bargaining ha = derrotado a=20 la Constituci=F3n y al Bill of=20 Rigths porque los profesionales del derecho =97especialmente = los jueces,=20 los fiscales y los abogados defensores=97 han preferido la = conveniencia de=20 realizar transacciones al rigor de llevar a cabo los = juicios=94(93).=20

Tambi=E9n=20 se=F1ala la complicidad de los acad=E9micos: =

=93El=20 esfuerzo acad=E9mico m=E1s destacado para justificar el plea bargaining es el = pavoroso=20 art=EDculo de Frank Easterbrook, =91El = proceso penal=20 como sistema de mercado=92(94).=20 Easterbrook = se=F1ala,=20 correctamente, que el comportamiento de los actores en el sistema = del plea bargaining es = similar al que=20 se observa en el mercado. Bajo las limitaciones del sistema, los = actores=20 se comportan racionalmente, maximizan sus utilidades, asignan sus=20 recursos, etc=E9tera. Ciertamente, hemos creado un glorioso = mercado persa en=20 lugar de lo que dise=F1aron los constituyentes. El art=EDculo de = Easterbrook deja de lado = la=20 cuesti=F3n vital, que consiste en el prop=F3sito que los = constituyentes=20 asignaban al juicio por jurados. =BFEs posible que entendieran que = este=20 derecho pudiera ser vendido en el mercado persa como cualquier = otra=20 mercanc=EDa? Yo creo que no. Cuando vislumbraron la posibilidad de = que=20 =91todo=92 delito grave fuera juzgado a trav=E9s de un juicio por = jurados,=20 ten=EDan en mente objetivos de inter=E9s p=FAblico. Decir que = hemos creado un=20 mercado de garant=EDas procesales del derecho penal es un oprobio, = no una=20 justificaci=F3n=94(95).=20

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NOTAS:

* Versi=F3n ampliada de la = conferencia=20 pronunciada en el =93Seminario sobre juicio por jurados=94, en la = Facultad de=20 Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el = 20 de=20 agosto de 1998.

[1]=20 El t=E9rmino =93crimes=94 =97sin=F3nimo=20 de =93offense=94=97 = incluye=20 infracciones penales denominadas =93felonies=94 y =93misdemeanors=94 (cf. = Gifis, Law Dictionary, p. 110). = La=20 categor=EDa de =93felony=94 es un=20 t=E9rmino gen=E9rico para distinguir los delitos m=E1s graves de = las=20 infracciones m=E1s leves llamadas misdemeanors (cf. Gifis, Law Dictionary, p. 183). = Estas=20 =FAltimas son infracciones penales menos graves, sancionadas con = penas menos=20 severas.

[2] = En el=20 sistema de pena indeterminada, la ley penal define la conducta = prohibida=20 y, respecto de la pena, s=F3lo establece un l=EDmite m=E1ximo. = As=ED, el robo=20 puede estar definido, como comportamiento prohibido, con una pena = m=E1xima=20 de veinte a=F1os de prisi=F3n =97los t=E9rminos m=E1ximos = previstos en las leyes son=20 realmente elevados=97. Al determinar la pena, el juez puede = decidir que no=20 es necesario que el imputado cumpla per=EDodo alguno de prisi=F3n = e imponer,=20 si le parece adecuada, la pena de probation. Pero si = decide que, por=20 las circunstancias del caso, la pena de prisi=F3n es necesaria, = establece,=20 en la sentencia, que el autor del hecho debe cumplir, por ej., un = t=E9rmino=20 m=EDnimo de tres a=F1os y un m=E1ximo de doce a=F1os de = encarcelamiento =97un rango=20 tan extenso era frecuente en el modelo anterior a la reforma=97. = Hasta aqu=ED,=20 el individuo condenado s=F3lo sabe el tiempo m=EDnimo que debe = cumplir, pero=20 hasta que =97cumplido ese m=EDnimo=97, la comisi=F3n de libertad = bajo palabra no=20 decida que puede obtener la libertad, contin=FAa encarcelado. La=20 determinaci=F3n de la pena que realiza el juez estadounidense se = asemeja a=20 la adopci=F3n de la escala que en nuestro sistema adopta el = legislador en=20 cada tipo penal. Finalmente, el =F3rgano administrativo, en cierto = sentido,=20 cumple, en aquel sistema, al determinar con certeza cu=E1ndo = finaliza la=20 estad=EDa en prisi=F3n, un papel similar al de nuestros = tribunales, s=F3lo que=20 en un momento diferente.
El juez Marvin Frankel ha sido uno de = los m=E1s=20 severos cr=EDticos del sistema de penas indeterminadas. Dado que = en un=20 sistema tal los tipos penales no prev=E9n una pena m=EDnima sino, = solamente,=20 un m=E1ximo, Frankel afirmaba=20 que =93respecto de la pena que puede ser aplicada, nuestras leyes = se=20 caracterizan por otorgar al juez que impone la pena un rango de = elecci=F3n=20 que deber=EDa resultar inimaginable bajo =91un gobierno de leyes, = no de=20 hombres=92=94 (Frankel, Criminal sentences, p. = 5). Este=20 juez menciona diversas figuras penales y las elevadas penas que = ellas=20 prev=E9n, tales como el intento de lesionar a un agente del = gobierno federal=20 (desde multa hasta diez a=F1os de prisi=F3n), violaci=F3n (pena de = muerte, o=20 prisi=F3n por cierta cantidad de a=F1os o perpetua), conducir un = autom=F3vil=20 robado cruzando la frontera estatal (hasta cinco a=F1os de = prisi=F3n), robar=20 un banco asegurado por el gobierno federal (hasta 25 a=F1os de = prisi=F3n),=20 hurto de una carta por parte de un empleado postal (hasta cinco = a=F1os de=20 prisi=F3n). En este contexto, agrega, los jueces federales pueden = enviar =97y=20 as=ED lo hacen=97 personas a prisi=F3n en cualquier caso dado por = cinco, diez,=20 treinta o m=E1s a=F1os (cf. Frankel, Criminal sentences, ps. = 5 y=20 s.).=20

[3] = Una breve=20 descripci=F3n del nuevo sistema en Christie, La industria del control del = delito, cap. 8, ps. 133 y ss., con especial referencia al = r=E9gimen=20 federal establecido en 1984. Un desarrollo m=E1s extenso de la = reforma=20 mencionada en Breyer, The Federal Sentencing = Guidelines and=20 the Key Compromise Upon Which They Rest.

[4] = Durante su=20 exposici=F3n sobre este mismo tema, en el =93Seminario sobre = juicio por=20 jurados=94, el profesor Gustavo Bruzzone dio buenos = argumentos=20 para sostener que la expresi=F3n =93juicios ordinarios=94 del art. = 118 de la CN=20 no se refiere a todos = los=20 juicios penales, en el sentido de que s=F3lo resulta excluido el = supuesto de=20 juicio pol=EDtico.

[5] = =C9sta es,=20 por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema. En = =93Patton v. US=94,=20 281 US 276 (1930), la Corte Suprema defini=F3 al juicio por = jurados como un=20 derecho al que el imputado pod=EDa renunciar voluntariamente. La = Corte=20 tambi=E9n se refiri=F3 al juicio por jurados como un = =93privilegio=94 y no como un=20 =93requisito imperativo=94, y decidi=F3, adem=E1s, que el imputado = no ten=EDa un=20 derecho absoluto a ser juzgado sin jurado (precedente citado en = =93Singer v.=20 US=94, 380 US 24 [1965], parcialmente transcripto en Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the=20 Constitution, p. 540).

[6] = El principio dispositivo es = la regla absoluta del = sistema que los=20 tribunales han respetado, a pesar de que algunas leyes establecen = el=20 car=E1cter obligatorio de la persecuci=F3n penal, en t=E9rminos = similares a los=20 de nuestro derecho positivo (cf. Welling, Victims in the Criminal = Process: A=20 Utilitarian Analysis of Victim Participation in the Charging = Decision,=20 p. 106). La legislaci=F3n federal, por ejemplo, establece que = "cada fiscal=20 de distrito... debe...=20 perseguir todos los = delitos=20 contra los Estados Unidos..." [28 USC =A7 547 (1966) (destacado = nuestro). En=20 t=E9rminos similares la legislaci=F3n de Kentucky, Ky. = Rev. Stat. =A715.725(1)=20 (1985)].

[7] LaFave, The Prosecutor's Discretion = in the=20 United States, p. 532.

[8] Cf. Bordenkircher v. = Hayes, 434 US=20 357, 364 (1978).

[9] Cf., por ejemplo, US v. = Cox, 342=20 F. 2d 167, 170-172 (5th Cir. 1965); Newman v. US, 382 F. 2d 479, = 480 (D.C.=20 Cir. 1967).

[10] Cf. Linda R. S. v. = Richard D., 410=20 US 614 (1973).

[11] = En este=20 juicio, cuyas complejas reglas probatorias garantizan el principio = de=20 inmediaci=F3n en la producci=F3n de la prueba, se respeta = ampliamente el=20 derecho de defensa del imputado y se exige efectivamente que el = fiscal=20 cumpla con su tarea de producir prueba suficiente para destruir el = estado=20 de inocencia del acusado. Una descripci=F3n sint=E9tica de la = etapa de juicio=20 en Kaplan, Trial by Jury; Bovino, Ingenier=EDa de la verdad. = Procedimiento=20 penal comparado; Carri=F3,=20 El enjuiciamiento penal = en la=20 Argentina y los Estados Unidos, ps. 60 y siguientes. =

[12] Cf. Alschuler, Plea Bargaining and Its = History,=20 p. 1; del mismo autor, The Failure=20 of Sentencing: A Plea for Less Aggregation, p. = 926.

[13] Cf. Alschuler, Plea Bargaining and Its = History,=20 ps. 3 y siguiente.

[14] Cf. Odiaga, The Ethics of Judicial = Discretion in=20 Plea Bargaining, p. 695. Este tipo de=20 acuerdos puede presentar problemas pues la determinaci=F3n de la = pena es una=20 tarea a cargo del juez y, por ende, la recomendaci=F3n del fiscal = no obliga=20 al juez.=20

[15] Cf. Odiaga, The Ethics of Judicial = Discretion in=20 Plea Bargaining, ps. 695 y siguiente.

[16] Cf. Durant v. US, C.A. = Mass. 1969,=20 410 F. 2d 689. Cf.,=20 tambi=E9n, US ex rel. McCloud v. Rundle, C.A. = Pa. 1968,=20 402 F. 2d 853, certiorari denegado 90 S.Ct. 1822, 398 US 929, 26 = L.Ed. 2d=20 92; US v. Morin, C.A. Pa. 1959, 265 F. 2d 241; Lam v. Peyton, D.C. Va. = 1967, 268=20 F. Supp. 253; US ex = rel.=20 Hairston v. Myers, D.C. Pa. 1965, 237 F. Supp. 472, certiorari = denegado 85=20 S.Ct. 1781, 381 US 943, 14 L.Ed. 2d 706.

[17] Cf. Bankey v. Sanford, = D.C. Ga.=20 1947, 74 F. Supp. 756, confirmada 165 F. 2d 788, certiorari = denegado 68=20 S.Ct. 649, 333 US 847, 92 L. Ed. 1130.

[18] Cf., por ej., US v. = Bialkin,=20 C.A.N.Y. 1964, 331 F. 2d 956.

[19] Cf. Reddy, Guilty Pleas and = Practice, p.=20 1118.

[20] = Cf., por=20 ejemplo, Bookyn v. Alabama, 395 US 238, 242 (1969).

[21] = Cf. US v.=20 Romero-Vilca, C.A. 3 (N.J.) 1988, 850 F. 2d 177.

[22] Cf. US v. King, C.A. = Cal. 1980,=20 618 F. 2d 550.

[23] Cf. Paradiso v. US, = C.A.N.J. 1973,=20 482 F. 2d 409. Las penas=20 pueden ser impuestas concurrente o consecutivamente. En el primer=20 supuesto, el plazo de cumplimiento de ambas penas se computa de = manera=20 simult=E1nea. As=ED, quien ha sido condenado a dos penas de dos = a=F1os de=20 prisi=F3n de manera concurrente, luego de esos dos a=F1os, ha = cumplido con=20 ambas penas. En el segundo caso, el cumplimiento de las penas = consecutivas=20 transcurre de manera separada, pues para comenzar a cumplir la = segunda=20 pena debe haberse cumplido previamente con la anterior. Si en = ejemplo=20 anterior las penas fueran consecutivas, luego de los dos a=F1os = s=F3lo se ha=20 cumplido con una de las penas, y a partir de ese momento reci=E9n = comienza a=20 contarse el cumplimiento de la segunda, con lo cual se duplica el = tiempo=20 que el condenado debe pasar efectivamente en = prisi=F3n.

[24 = Cf. Langbein, Sobre el mito de las = constituciones=20 escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por jurados, p.=20 52.=20

[25] Cf. Reddy, Guilty Pleas and = Practice, p.=20 1117.

[26] Cf., p. ej., Alschuler, The Prosecutor's Role in = Plea=20 Bargaining, p. 50.

[27] Langbein, Torture and Plea = Bargaining, ps.=20 12 y siguiente.

[28] Langbein, Torture and Plea = Bargaining, p.=20 12.

[29] Langbein, Torture and Plea = Bargaining, p.=20 18.

[30] Roberts, Crime, Race and = Reproduction, p.=20 1945. La = discriminaci=F3n racial no s=F3lo est=E1 relacionada con los = aspectos del=20 procedimiento, sino tambi=E9n con cuestiones del derecho penal = sustantivo.=20 Cf. Peller, Criminal Law, Race, and the = Ideology=20 of Bias: Trascending the Critical Tools of the=20 Sixties.

[31] Cf., por ej., Nota, Race and the Prosecutor's = Charging=20 Decision; Grossman=20 Applegate, Prosecutorial=20 Discretion and Discrimination in the Decision to=20 Charge.

[32] Dailey, Prison and Race in = Minnesota, p.=20 761.

[33] Christie, Crime control as = industry, p.=20 119.

[34] Mauer, Marc, American Behind Bars: A = Comparison of=20 International Rates of Incarceration, 1991, citado por Christie, Crime control as = industry, p.=20 120.

[35] = Cf., entre=20 otros, Alschuler, = The Failure of Sentencing: A = Plea for=20 Less Aggregation; Alschuler, The Prosecutor's Role in = Plea=20 Bargaining; Bovino, Composici=F3n estatal, = pol=EDtica criminal=20 inquisitiva y el art. 14 de la ley penal tributaria; Bovino, Simplificaci=F3n de = procedimiento y=20 =93juicio abreviado=94; Binder, L=EDmites y posibilidades de = la=20 simplificaci=F3n del proceso; Dailey, Prison and Race in = Minnesota;=20 Langbein, Sobre el mito de las = constituciones=20 escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por jurados; = Langbein, Torture and Plea = Bargaining; Christie, La industria del control del = delito; Freed = y Miller, Departure Visible and = invisible;=20 Freed y Miller, Plea Bargained Sentences = Disparity and=20 =93Guidelines.=20 Justice=94.=20

[36]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 84 (destacado agregado).

[37]=20 Cafferata=20 Nores, = Introducci=F3n al derecho = procesal=20 penal, ps. 80 y siguientes.

[38] = Resulta=20 obvio que Cafferata = Nores,=20 cambi=F3 de parecer, pues luego de expresar la opini=F3n citada en = el texto,=20 ha manifestado expresamente que acepta la imposici=F3n de una pena = sin=20 juicio previo: =93ahora se admiten alternativas para evitar el = juicio oral y=20 p=FAblico cuando =E9l no sea imprescindible para arribar a una = sentencia que=20 resuelva el caso, con respeto de los principios de legalidad y = verdad:=20 condici=F3n sine qua = non (aunque=20 no la =FAnica) para ello ser=E1 que la prueba reunida en la = investigaci=F3n=20 preparatoria sea id=F3nea a tal fin, sin que sea necesario = reproducirla en=20 un debate, a criterio de los sujetos esenciales del proceso=94 = (Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 79). Sin embargo, no parece ser cierto que =E9sa sea = la=20 justificaci=F3n del instituto. Si as=ED fuera, realmente, no = resultar=EDan=20 necesarios ni la confesi=F3n del imputado ni la absoluta = imposibilidad de=20 desarrollar actividad defensiva. Si, adem=E1s, el instituto = resultara tan=20 beneficioso para el imputado, tampoco ser=EDa necesario = =93premiarlo=94 con la=20 promesa de una reducci=F3n de pena.

[39]=20 Cafferata=20 Nores, = Introducci=F3n al derecho = procesal=20 penal, p. 53 (destacado en el original).

[40]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, p.=20 488 (destacado agregado).=20

[41]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, ps.=20 486 y s. (destacado en el original).

[42]=20 Magari=F1os, = voto en=20 disidencia en el caso =93Osorio Sosa=94 (destacado = agregado).

[43]=20 Ferrajoli, = Derecho y raz=F3n, p. = 537 (destacado=20 en el original). =

[44]=20 Binder, = Introducci=F3n al derecho = procesal=20 penal, p. 105, destacado agregado).

[45] = Sin=20 embargo, este derecho parece depender de la decisi=F3n del = tribunal, pues la=20 Corte tambi=E9n decidi=F3 que ni el p=FAblico ni la prensa pueden = invocar un=20 derecho constitucional a exigir un juicio p=FAblico (=93Richmond = Newspaper=20 Inc. vs. Virginia=94), y que el requerimiento de juicio p=FAblico = se cumple al=20 dar oportunidad al p=FAblico y a la prensa de asistir al juicio = (=93Nixon vs.=20 Warner Communications Inc.=94). Informaci=F3n y citas = jurisprudenciales=20 extra=EDdas de Garc=EDa, Juicio oral y medios de = prensa,=20 ps. 73 y siguiente.=20

[46]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, ps.=20 777 y s. (destacado agregado).

[47]=20 Nino, = Fundamentos de derecho=20 constitucional, p. 451 (destacado agregado).

[48] = La=20 racionalidad pol=EDtico-criminal de simplificar el procedimiento = suprimiendo=20 su etapa central carece de sustento. En nuestro sistema = jur=EDdico, el=20 efecto simplificador de este mecanismo no puede producir efectos=20 significativos. En primer lugar, el =93juicio abreviado=94 viene a = suprimir la=20 etapa m=E1s sencilla del proceso que, por lo dem=E1s, es la = =FAnica=20 constitucionalmente necesaria =97a diferencia de nuestra arcaica = etapa de=20 instrucci=F3n=97. Por otra parte, su aplicaci=F3n ni siquiera = afecta m=EDnimamente=20 el verdadero problema: la investigaci=F3n. Independientemente de = c=F3mo pueda=20 ser medida la efectividad del =93juicio abreviado=94, parece = indiscutible que,=20 antes de ser efectivo, todo mecanismo de simplificaci=F3n debe ser = leg=EDtimo.=20 Por este motivo, no puede evaluarse la efectividad recurriendo,=20 exclusivamente, al aumento en la resoluci=F3n definitiva del caso, = que=20 parece ser lo que est=E1 sucediendo en la provincia de C=F3rdoba. = Del hecho de=20 que la aplicaci=F3n del =93juicio abreviado=94 produzca m=E1s = cantidad de=20 sentencias codenatorias no podemos concluir, sin m=E1s, que el = instituto=20 procesal que analizamos produce efectos positivos.

[49]=20 Magari=F1os, = voto en=20 disidencia en el caso =93Osorio Sosa=94.

[50]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 84 (destacado agregado).

[51]=20 O=92Donnell, = Protecci=F3n internacional = de los=20 derechos humanos, p. 174 (destacado agregado).

[52]=20 Almeyra, = Juicio abreviado. =BFO la = vuelta al=20 inquisitivo?, p. 6 (destacado agregado).

[53]=20 Ni=F1o, = voto en=20 disidencia en el caso =93Wasylyszyn, Miguel = =C1ngel=94.

[54]=20 V=E9lez, = El juicio abreviado. Algunas = reflexiones, p. 697.=20

[55] = Cf. V=E9lez, El juicio abreviado. Algunas = reflexiones, p. 701.=20

[56] = Citado por=20 Ni=F1o, voto en = disidencia en=20 el caso =93Wasylyszyn, Miguel =C1ngel=94.

[57] = Cf. Editorial, El aumento del n=FAmero de = presos sin=20 condena, p. 1. Un buen ejemplo es el caso de Costa Rica. Este = pa=EDs=20 contaba con un 47,40 % de presos sin condena en 1981. En los = a=F1os=20 siguientes, el porcentaje disminuy=F3 notablemente, alcanzando = cifras=20 inferiores al 20 % en 1992 (14,7 %), 1993 (14,5) y 1994 (18,5 %). = Si bien=20 se ha se=F1alado con preocupaci=F3n la tendencia creciente = posterior, tambi=E9n=20 es cierto que se reconoce que el =93Poder Judicial costarricense = ha hecho=20 significativos esfuerzos por reducir el n=FAmero de personas = sometidas a=20 prisi=F3n preventiva=94. Entre los factores m=E1s importantes se = se=F1ala la=20 =93intervenci=F3n=94 de la Sala Constitucional sobre la = jurisdicci=F3n penal, que=20 determin=F3 el cambio de =93una gran cantidad de pr=E1cticas = viciadas que=20 ocurr=EDan alrededor de la detenci=F3n, poniendo en evidencia los = l=EDmites=20 constitucionales y legales a la actividad de los polic=EDas, de = los fiscales=20 del Ministerio P=FAblico y de los jueces en relaci=F3n con la = detenci=F3n de=20 personas=94 (p. 1). Es interesante se=F1alar el reconocimiento de = los propios=20 jueces penales de su cuota de responsabilidad: =93Desde luego que = esa=20 intervenci=F3n nos la ganamos los jueces de lo penal, en virtud de = los=20 r=EDgidos criterios y las interpretaciones extra=EDdas de los = preceptos que=20 regulaban la prisi=F3n preventiva y la detenci=F3n policial, de = espaldas a la=20 Constituci=F3n Pol=EDtica y las convenciones internacionales sobre = Derechos=20 Humanos=94 (p. 1).=20

[58] = Cf. Carranza, Mora Mora, Houed y Zaffaroni, El =93preso sin condena=94 = en Am=E9rica=20 Latina y el Caribe, ps. 643 y ss, especialmente el gr=E1fico = de p. 650.=20 La investigaci=F3n estableci=F3 que =93entre el pa=EDs de sistema=20 continental-europeo con menor n=FAmero de presos sin condena = (Costa Rica:=20 47,40 %) y el pa=EDs del grupo de sistema anglosaj=F3n con mayor = n=FAmero de=20 presos sin condena (Guyana: 37,44 %), existe una brecha del 9,96 = %,=20 distancia que separa netamente a uno y otro grupo de pa=EDses=94 = (p.=20 649).=20

[59]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 79.=20

[60]=20 V=E9lez, = El juicio abreviado. Algunas = reflexiones, p. 696.=20

[61]=20 Langbein, = Sobre el mito de las = constituciones=20 escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por jurados, p. = 48 (primer=20 destacado en el original, el resto = agregado).

[62] = Es dudoso=20 que realmente se trate de una =93reducci=F3n=94 de la pena. Dado = que este=20 mecanismo debe =93premiar=94 a quienes confiesan, en el supuesto = de dos=20 imputados que, seg=FAn los criterios sustantivos de la = determinaci=F3n=20 judicial de la pena del C=F3digo Penal (arts. 40 y 41), merezcan = la pena=20 m=EDnima, si uno de ellos decide ir a juicio sufrir=E1 un aumento = de pena en=20 caso de ser condenado. De otro modo, el fiscal no tendr=EDa = incentivo alguno=20 para ofrecer a quien acepte confesar y ser condenado mediante el = =93juicio=20 abreviado=94.=20

[63]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, p.=20 541.=20

[64]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, ps. 79 y 84, respectivamente.

[65]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 84.=20

[66] = El lenguaje=20 de la disposici=F3n no s=F3lo permite al tribunal fundar su = sentencia en la=20 conformidad del imputado, a la que alude como =93admisi=F3n=94, = sino que,=20 adem=E1s, parece obligarlo a ello, siempre que la prueba de la = investigaci=F3n=20 no resulte suficiente.=20

[67]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 82 (destacado agregado).

[68]=20 Olcese, = Juicio abreviado, juicio = sumario y=20 juicio monitorio en el proceso penal, p. 744 (destacado=20 agregado).=20

[69] = Cf. Maier, Derecho procesal penal, = t. I, p.=20 552.=20

[70]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, p.=20 547 (destacado agregado).=20

[71] = Cuando el=20 imputado solicita la suspensi=F3n del procedimiento a prueba, = seg=FAn esta=20 teor=EDa, se podr=EDa afirmar que est=E1 ejerciendo su derecho al = juicio previo.=20 La solicitud de suspensi=F3n implica exactamente lo contrario, = esto es, la=20 renuncia al derecho a ser juzgado, y s=F3lo por el absurdo = podr=EDa afirmarse=20 que solicitar precisamente lo opuesto al ejercicio de determinado = derecho=20 representa una manera efectiva de hacer uso de tal = derecho.

[72] = La=20 conformidad del imputado, en este sentido, no puede ser calificada = como=20 acto de defensa por los efectos que produce luego de su = presentaci=F3n.=20 Pi=E9nsese que en el procedimiento penal, la confesi=F3n del = imputado no=20 impide todo futura actividad defensiva, no afecta la defensa = t=E9cnica=20 irrenunciable y no releva al Estado de su obligaci=F3n de realizar = un juicio=20 para pronunciar una sentencia condenatoria. Con la conformidad del = imputado regulada en el art. 431 bis, inc. 2, del CPP = Naci=F3n, la=20 situaci=F3n es diferente.=20

[73]=20 Cafferata=20 Nores, = Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 79. En sentido coincidente, V=E9lez afirma: =93El = juicio abreviado=20 procede en los casos de flagrancia o de confesi=F3n llana y = circunstanciada=20 del imputado...=94 (El = juicio=20 abreviado. Algunas reflexiones, p. 696).

[74] = Ver los dos=20 supuestos mencionados en la nota anterior.

[75] = Cf. Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 84.=20

[76] = Cf. Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 82.=20

[77] = Cf. Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 84.=20

[78] = En este=20 sentido, Maier ha = criticado=20 la regulaci=F3n cordobesa en los siguientes t=E9rminos: "Dicho = sint=E9ticamente:=20 no es necesario que el imputado confiese circunstanciada y = llanamente=20 su culpabilidad para que se admita el juicio abreviado; antes = bien,=20 era necesario limitar la procedencia de la abreviaci=F3n a delitos = leves o,=20 de otro modo, limitar el poder penal del juez mediante este juicio = de=20 manera absoluta y no tan s=F3lo por el requerimiento fiscal; = tampoco es=20 necesario agotar el procedimiento con la confesi=F3n del imputado; = antes=20 bien, interesa que la defensa, que admite la base de la = acusaci=F3n, acepte=20 tambi=E9n que la investigaci=F3n practicada le concede base para = su propia=20 defensa, si desea agregar circunstancias que, inclusive, pueden = conducir a=20 la absoluci=F3n o a una valoraci=F3n jur=EDdica distinta y = favorable al imputado=20 respecto de la postulada por el fiscal" (Maier, Derecho procesal penal, = t. I, ps.=20 440 y s., destacado agregado).

[79]=20 Ferrajoli, = Derecho y raz=F3n, ps. = 30 y 33,=20 citado por Cafferata = Nores,=20 Los roles de los sujetos = procesales=20 respecto de la verdad en el enjuiciamiento penal, ps. 534 y=20 siguiente.=20

[80] = Sobre el=20 papel del derecho de defensa y del principio de contradicci=F3n en = el=20 proceso de verificaci=F3n de la verdad, cf. Ferrajoli, Derecho y raz=F3n, ps. = 613 y=20 siguientes.=20

[81] = Cf. de la R=FAa, Un agravio federal, p.=20 1199.=20

[82] = Cf. Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el = proceso=20 penal, p. 82.

[83]=20 Cafferata=20 Nores, = Los roles de los sujetos = procesales=20 respecto de la verdad en el enuiciamiento penal, p. 529 = (destacado=20 agregado).=20

[84]=20 Maier, = Derecho procesal penal, = t. I, p.=20 880. En realidad, la prisi=F3n preventiva opera como la poena extraordinaria = s=F3lo cuando=20 por la gravedad de la pena el imputado obtiene su libertad por la=20 limitaci=F3n temporal del encarcelamiento al =93plazo razonable=94 = exigido por=20 los tratados de derechos humanos =97CADH, art. 7, n=BA 5; PIDCP, = art. 9, n=BA=20 3=97, pues s=F3lo en esos casos el plazo de la detenci=F3n sin = condena es=20 inferior a la pena eventualmente aplicable. Cuando la pena es = menor, en=20 cambio, y el imputado obtiene su libertad por exigencia del = principio de=20 proporcionalidad =97v. gr., cuando agot=F3 en prisi=F3n preventiva = el m=E1ximo de=20 la pena eventualmente aplicable: CPP Naci=F3n, art. 317, inc. = 2=97, el=20 encarcelamiento anticipado es peor que la poena extraordinaria, = pues aqu=E9l,=20 en realidad, y a pesar de la falta de pruebas, se equipara a la = eventual=20 condena o, incluso, puede superarla.

[85] = Ver, en=20 este sentido, el control del requerimiento conclusivo del = ministerio=20 p=FAblico establecido en el art. 348 del CPP Naci=F3n. Sobre este = mecanismo de=20 control judicial, considerado necesario para verificar el = cumplimiento del=20 principio de legalidad, cf. =C1lvarez, El control jurisdiccional de = los=20 requerimientos acusatorios o conclusivos del ministerio = p=FAblico,=20 especialmente ps. 156 y siguientes.

[86]=20 Corval=E1n, = La simplificaci=F3n = procesal, p.=20 556.=20

[87] = Cf. Corval=E1n, La simplificaci=F3n = procesal, ps.=20 556 y siguiente. =

[88]=20 Corval=E1n, = La simplificaci=F3n = procesal, p.=20 557.=20

[89] = El aumento=20 promedio en la justicia federal con anterioridad a la reforma de = 1984 en=20 el r=E9gimen de determinaci=F3n de la pena era del 40 %. Con = posterioridad a=20 la reforma, algunos autores sostienen que el aumento es de = alrededor del=20 20 % (cf. Freed y = Miller, Plea Bargained Sentences = Disparity and=20 "Guidelines Justice", p. 176), mientras otros afirman que el = monto de=20 la pena casi se duplica (cf. Heaney, Revisiting Disparity: = Debating=20 Guidelines Sentencing, p. 775. El aumento es, probablemente, = mucho=20 mayor al 20 % se=F1alado en primer lugar, s=F3lo que con la = reforma de 1984 la=20 pr=E1ctica del plea = bargaining ha=20 vuelto =97como en sus or=EDgenes=97 a tornarse menos visible que = en el tiempo=20 inmediatamente anterior a la reforma (cf. Freed y Miller, Departure Visible and = Invisible,=20 ps. 3 y ss.).=20

[90] = Seg=FAn Langbein, en 1988, en = =93los=20 tribunales estatales, que intervienen en la mayor=EDa de los casos = penales... en el 91 % de los casos se impone la condena a trav=E9s = de la=20 pr=E1ctica del plea = bargaining=94=20 (Sobre el mito de las=20 constituciones escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por = jurados,=20 p. 47).=20

[91] = Citado por=20 Ferrajoli, Derecho y raz=F3n, p. = 761 (destacado=20 agregado).=20

[92] = Citado por=20 Ferrajoli, Derecho y raz=F3n, p. = 761 (destacado=20 agregado).=20

[93]=20 Langbein, = Sobre el mito de las = constituciones=20 escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por jurados, p.=20 52.=20

[94] Publicado en =93Journal = of Legal=20 Studies=94, 1983, vol. 12.

[95]=20 Langbein, Sobre el mito = de las=20 constituciones escritas: la desaparaci=F3n del juicio penal por = jurados,=20 ps. 51 y siguiente.=20