arroyo18

EDITORIAL=20

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DOCTRINA = EXTRANJERA=20

El curso de la criminolog=EDa.=20 Eugenio Ra=FAl = Zaffaroni

Un an=E1lisis cr=EDtico de la visi=F3n de = Zaffaroni sobre=20 el curso actual de la criminolog=EDa. Susana Murillo, = Carlos=20 Elbert

Procedimimiento abreviado y juicio por=20 jurados. Alberto=20 Bovino

DOCTRINA = NACIONAL=20

La Ley de Armas y la violencia en Costa=20 Rica. El=EDas=20 Carranza

La historia =BFMala consejera? A prop=F3sito de la = reforma al=20 proceso penal. Walter Antill=F3n

El claroscuro de la seguridad ciudadana en Costa = Rica. Sus=20 deficiencias hist=F3ricas y las disfunciones de la reforma del = proceso=20 penal. Fernando=20 Cruz Castro

El A.D.N. y su importancia en la investigaci=F3n=20 criminal=EDsitca. Jaime Robleto Guti=E9rrez

Algunos apuntes sobre los delitos=20 burs=E1tiles. Manuel Rojas Salas

La conciliaci=F3n penal en = Iberoam=E9rica. Daniel = Gonz=E1lez=20 Alvarez

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JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia de casaci=F3n = penal. Mart=EDn Rodr=EDguez = Miranda

Jurisprudencia constitucional. Mart=EDn Rodr=EDguez = Miranda, Lucila=20 Monge Pizarro

RELACIONES = ADMINISTRACI=D3N-JURISDICCI=D3N EN LA=20 EJECUCI=D3N PENAL SEG=DAN EL NUEVO C=D3DIGO PROCESAL PENAL=20 (1996)=20

Jos=E9 = Manuel Arroyo=20 Guti=E9rrez
Juez de Casaci=F3n = Penal
Profesor Posgrado=20 U.N.A.

=20

=20 El t=EDtulo I del Libro V del nuevo C=F3digo Procesal Penal = costarricense(1996) est=E1 dedicado a la Ejecuci=F3n Penal. En = este apartado=20 se introducen una serie de normas para el control y vigilancia de = las=20 penas y medidas de seguridad privativas de libertad, a trav=E9s de = un=20 conjunto de tribunales de ejecuci=F3n penal que vienen a jugar un = papel=20 radicalmente novedoso respecto del que hasta ahora = han jugado=20 los jueces de ejecuci=F3n. A estos funcionarios, el nuevo = ordenamiento les=20 otorga una serie de funciones generales y espec=EDficas, = principalmente como=20 contralores de legalidad de las actuaciones de la = Administraci=F3n, que la=20 ley no les asignaba con anterioridad, al menos con la claridad y = extensi=F3n=20 que lo hace ahora.

= Una=20 le=EDda atenta de los numerales correspondientes a la ejecuci=F3n = penal=20 (art=EDculos 452 a 463), nos permite advertir que se plasman = expresamente=20 una serie de autorizaciones al Juez de Ejecuci=F3n que debemos = analizar=20 cuidadosamente. Este articulado responde, sin duda, al precepto=20 constitucional N=B0 153 que asigna al Poder Judicial la funci=F3n = de=20 administrar justicia por medio de los tribunales, resolver en = definida=20 sobre las causas que le son sometidas a su conocimiento y = =93ejecutar las=20 resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza p=FAblica si = fuere=20 necesario=94.(1)

=20 Espec=EDficamente, el C=F3digo estipula que =93El condenado = podr=E1=20 ejercer...los derechos y las facultades que las leyes... y los = reglamentos=20 le otorgan, y plantear=E1 ante el tribunal que corresponda las=20 observaciones...=94 (Art. 452), texto del cual podemos extraer dos = conclusiones preliminares: una, que queda el administrado = -enti=E9ndase=20 privado de libertad por pena o medida de seguridad- legitimado a = acudir=20 directamente ante el tribunal de ejecuci=F3n; y otra, que esa = legitimaci=F3n=20 se refiere gen=E9ricamente a =93observaciones=94 por lo que en = nuestro criterio=20 entran en este amplio concepto todo lo referente a peticiones,=20 solicitudes, reclamos, quejas, etc., respecto de aquellas = decisiones de la=20 Administraci=F3n Penitenciaria que el recluso considera lesivas = para sus=20 derechos e intereses.

=20 Debe notarse que en este caso, no se trata de un recurso de = apelaci=F3n propiamente dicho, aspecto que, como veremos = m=E1s=20 adelante est=E1 previsto para un =FAnico caso. No debe en = consecuencia estarse=20 dando una decisi=F3n o resoluci=F3n administrativa en el momento = de plantear=20 la =93observaci=F3n=94, ni se exige ning=FAn otro requisito m=E1s = que la creencia=20 subjetiva del interesado de estar siendo v=EDctima de una lesi=F3n = a sus=20 derechos. El Juez de Ejecuci=F3n queda legalmente autorizado a = intervenir=20 atendiendo la petici=F3n y resolviendo sobre ella, que puede = concretarse en=20 una orden si se trata de corregir alguna situaci=F3n urgente o = grave. El=20 Juez valorar=E1 esta gravedad y conforme criterios de = razonabilidad decidir=E1=20 lo que estime conveniente, pudiendo incluso tratarse de la = modificaci=F3n a=20 una medida de que la Administraci=F3n haya tomado. = =20

=20 Agrega la normativa procesal que: =93Lo relativo a las = sucesivas=20 fijaciones, extinci=F3n, sustituci=F3n o modificaci=F3n de = aquellas (condiciones=20 de cumplimiento) ser=E1 competencia del tribunal de ejecuci=F3n de = la pena=94=20 (Art. 453), con lo que debe entenderse que la Jurisdicci=F3n = est=E1 legitimada=20 para intervenir una vez que la Administraci=F3n Penitenciaria haya = cumplido=20 con las mismas funciones al nivel que le compete. Sabido es que la = Jurisprudencia Constitucional ha establecido que es competencia de = la=20 Administraci=F3n ubicar al recluso, definirle las modalidades del=20 tratamiento y concretarle tambi=E9n las dem=E1s condiciones de = cumplimiento de=20 la pena o medida de seguridad. Estas funciones y atribuciones = est=E1n=20 asimismo reglamentariamente dispuestas y constituyen el marco = normativo=20 con que se ha desenvuelto hasta hoy el r=E9gimen = penitenciario.=20

=20 Pero todo ello no obsta para que, habi=E9ndose definido = todas esas=20 variables en el =E1mbito administrativo, los tribunales de = ejecuci=F3n,=20 principalmente por la v=EDa incidental ahora incorporada en el = nuevo C=F3digo=20 Procesal, puedan entrar a revisar, ya sea para confirmar o = modificar las=20 disposiciones de la Administraci=F3n. Como cualquier otro, el = funcionario y=20 los =F3rganos colegiados del sistema penitenciario, no s=F3lo se = pueden=20 equivocar, sino que pueden cometer arbitrariedades, y por ello es = que el=20 control de legalidad en manos del Juez de Ejecuci=F3n, tiene que=20 alcanzarlos.

=20 En ning=FAn caso puede interpretarse que en este tipo de=20 intervenciones judiciales, la Jurisdicci=F3n pueda estar = =93sustituyendo=94 a la=20 Administraci=F3n. No se trata, en ning=FAn caso de que el Juez, = personal y=20 materialmente, intervenga para restituir derechos violentados; se = trata de=20 que el Juez, si tiene que ordenar la reubicaci=F3n de un preso, = por ejemplo,=20 ordene a la Administraci=F3n lo pertinente, con el =FAnico = requisito de=20 motivar la decisi=F3n que toma, se=F1alando con claridad los = fundamentos de la=20 misma y las expresas violaciones que el funcionario o el =F3rgano = decisor ha=20 cometido. En otras hip=F3tesis, la intervenci=F3n del Juez puede = limitarse a=20 ordenarle a la Administraci=F3n que restituya los procedimientos = llevados a=20 cabo sin las garant=EDas del debido proceso administrativo. En = todo caso,=20 debe quedar claro que las decisiones judiciales que modifiquen los = criterios de los funcionarios penitenciarios, deben estar basadas = en una=20 actuaci=F3n arbitraria, ilegal o antirreglamentaria de la = Administraci=F3n, de=20 ah=ED la necesaria motivaci=F3n de la que se habla. = =20

=20 Deteng=E1monos por un momento en otra de las normas en = comentario.=20 =93El Ministerio P=FAblico, el querellante, el condenado y su = defensor podr=E1n=20 plantear, ante el tribunal de ejecuci=F3n de la pena incidentes = relativos a=20 la ejecuci=F3n, sustituci=F3n, modificaci=F3n o extensi=F3n de la = pena o de la=20 medidas de seguridad... Si fuera necesario incorporar prueba, el = tribunal,=20 ... ordenar=E1 una investigaci=F3n sumaria... incidentes (que) por = su=20 importancia ser=E1n resueltos en audiencia oral...=94 (Art. 454, = p=E1rrafos 1=B0 y=20 2=B0). Las disposiciones anteriores se explican =FAnicamente bajo = el =20 presupuesto de que la Administraci=F3n Penitenciaria, en = ejercicio de=20 sus funciones y atribuciones, ha tomado medidas y disposiciones = que=20 afectan la ejecuci=F3n, sustituci=F3n, modificaci=F3n o = extinci=F3n de la pena o=20 medida de seguridad, as=ED como las condiciones de su = cumplimiento. Debe=20 anotarse sin embargo, que esta disposici=F3n legal faculta a la = parte=20 interesada a acudir directamente al Juez de Ejecuci=F3n, no = existiendo en=20 consecuencia nada semejante a un =93agotamiento de la v=EDa = administrativa=94.=20 Es decir, no podr=EDamos entender que para que la intervenci=F3n=20 jurisdiccional se d=E9, sea necesario que se hayan agotado todas = las=20 instancia y recursos que pudieran estar previstos al interior del = =E1mbito=20 administrativo. Basta con que un =F3rgano decisor de la = Administraci=F3n tome=20 una resoluci=F3n que afecte o pueda afectar los intereses de = alguna de las=20 partes, para que quede legitimada la intervenci=F3n del juez por = v=EDa=20 incidental.

=20 V=E9ase que en el curso de esos incidentes, el juez puede = hasta=20 ordenar una investigaci=F3n, recabar prueba y realizar una = audiencia oral=20 para forma su criterio, de manera que el margen de=20 intervenci=F3n legalmente autorizado es muy amplio. = =20

=20 Advi=E9rtase tambi=E9n que las resoluciones y medidas que = puedan=20 tomarse en el =E1mbito penitenciario pueden ser las de un Director = de=20 Centro, alg=FAn consejo t=E9cnico asesor o el propio Instituto = Nacional de=20 Criminolog=EDa. La =FAnica condici=F3n para que pueda darse la = intervenci=F3n=20 jurisdiccional es que esas resoluciones, decisiones o medidas sean = interpretadas por el administrado como susceptibles de causarle = perjuicio=20 o violentar sus derechos fundamentales. =

=20 Por otra parte, el nuevo C=F3digo nos dice: =93El tribunal = decidir=E1 por=20 auto fundado y, contra lo resuelto, procede recurso de apelaci=F3n = ante el=20 tribunal de sentencia...=94 (Art. 454, p=E1rrafo 3=B0). Interesa = en este punto=20 destacar que no s=F3lo la intervenci=F3n jurisdiccional est=E1 = autorizada en la=20 resoluci=F3n de incidentes que tienen que ver con las condiciones = de=20 ejecuci=F3n de la pena o medida, sino que la ley prev=E9, siempre = dentro del=20 =E1mbito jurisdiccional, el control de esas decisiones de primera = instancia,=20 a trav=E9s de un recurso de apelaci=F3n ante el tribunal de=20 sentencia.(2)

Con lo = dicho=20 anteriormente se confirma la legitimaci=F3n de la jurisdicci=F3n = para conocer=20 de los incidentes en una primera instancia, y para controlar esas=20 decisiones preliminares a trav=E9s del superior que corresponda. = Este=20 recurso de apelaci=F3n, en este caso, no se inscribe dentro de la = l=F3gica del=20 recurso jer=E1rquico impropio. No se trata de que la = jurisdicci=F3n=20 intervenga, por apelaci=F3n, respecto de una decisi=F3n de la = Administraci=F3n,=20 sino de una intervenci=F3n ante una decisi=F3n de la misma = Jurisdicci=F3n.=20

=20 Por otra parte tenemos que =93Durante el tr=E1mite de los = incidentes,=20 el tribunal de ejecuci=F3n de la pena podr=E1 ordenar la = suspensi=F3n=20 provisional de las medidas de la administraci=F3n que sena = impugnadas en el=20 procedimiento.=94 (Art. 455). No puede quedar duda, a la altura de = esta=20 disposici=F3n, la naturaleza propia de la intervenci=F3n = jurisdiccional en el=20 control sobre los actos administrativos penitenciarios y la = amplitud de=20 esa autorizaci=F3n.

=20 El incidente es definido como un medio de impugnaci=F3n, = una acci=F3n=20 independiente con efectos evidentes sobre las actuaciones de la=20 Administraci=F3n, tanto as=ED, que el tribunal de ejecuci=F3n bien = podr=EDa hasta=20 suspender provisionalmente las medidas ordenadas por ella (efecto=20 suspensivo), en tanto toma una resoluci=F3n definitiva. = =20

=20 Para todos los efectos, la jurisdicci=F3n queda legitimada = para=20 actuar por v=EDa incidental, respecto de una decisi=F3n o = actuaci=F3n=20 administrativa, definiendo el punto en una primera instancia=20 jurisdiccional. En consecuencia, el tribunal de la ejecuci=F3n = puede=20 confirmar la resoluci=F3n tomada por la Administraci=F3n, o bien = sustituirla=20 por otra, diferente parcial o totalmente, ordenando en este caso = lo que=20 proceda en derecho seg=FAn su criterio. =

=20 El Art=EDculo 458 del C=F3digo Procesal Penal que nos rige = a partir de=20 enero de 1998, establece las atribuciones que tienen los = tribunales de=20 ejecuci=F3n penal. Es as=ED c=F3mo, en primer lugar, define = atribuciones que,=20 por su car=E1cter gen=E9rico, dicen poco, al referirse a las = funciones de=20 vigilancia y control que esta instancia jurisdiccional debe = ejercer sobre=20 la Administraci=F3n Penitenciaria. =20

=20 Pero de seguido, se le definen legalmente tambi=E9n = atribuciones=20 bastante m=E1s espec=EDficas que confirman algunas de las = conclusiones a las=20 que hemos ido llegando. Cuando la normativa procesal = nos dice=20 que es atribuci=F3n del Juez de Ejecuci=F3n: =93 Mantener, = sustituir, modificar=20 o hacer cesar la pena y la medida, as=ED como las condiciones de = su=20 cumplimiento...=94 (inciso a.), reitera parcialmente lo ya = dispuesto en el=20 p=E1rrafo segundo del Art=EDculo 453, y legitima en la misma = medida, la=20 posibilidad de que la jurisdicci=F3n intervenga, principalmente a = trav=E9s de=20 la v=EDa incidental en el conocimiento de decisiones, resoluciones = y=20 actuaciones de la Administraci=F3n. =

=20 De igual manera, cuando este articulado expresa como = atribuci=F3n del=20 tribunal de ejecuci=F3n: =93Visitar los centros, constatar el = respeto a los=20 derechos fundamentales penitenciarios, ordenar las medidas = correctivas que=20 estime convenientes...=94 (inciso b.), no s=F3lo especifica = aquellas funciones=20 gen=E9ricas de vigilancia y control, sino que las remite a los = llamados=20 derechos fundamentales de las personas que no pueden ser otros que = los=20 constitucionalmente protegidos y los tutelados por Convenios y = Tratados=20 Internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, no = puede=20 haber duda de que se trata de una intervenci=F3n jurisdiccional = imperativa,=20 al utilizarse formas verbales como =93ordenar=E1=94, lo cual = obliga a la=20 Administraci=F3n a acatarlo dispuesto. Parece prudente que estas = =F3rdenes=20 queden en todo caso documentadas, aunque sea a posteriori, para = poder=20 ejercer un mejor control sobre ellas. =

=20 Si de nuevo el texto legal nos se=F1ala que es atribuci=F3n = de los=20 tribunales de ejecuci=F3n: =93Resolver peticiones y quejas con el=20 procedimiento del incidente respecto al r=E9gimen y tratamiento=20 penitenciarios que afecten derechos...=94 (inciso c.), se est=E1 = retomando con=20 ello la misma idea del Art=EDculo inicial 452 = (=93observaciones=94) y se est=E1=20 reiterando tambi=E9n la amplia legitimaci=F3n de la intervenci=F3n = jurisdiccional sobre el =E1mbito administrativo penitenciario. De = nuevo=20 tendr=EDamos que decir que no estamos ante lo que t=E9cnicamente = es un recurso=20 jer=E1rquico impropio, sino ante una lisa y llana autorizaci=F3n = legislativa=20 para que la jurisdicci=F3n ejerza un estricto control = de la=20 legalidad de las actuaciones en el =E1mbito administrativo. = =20

=20 Este art=EDculo 458 le atribuye tambi=E9n a los jueces de = ejecuci=F3n la=20 facultad de: =93Resolver por v=EDa de recurso las reclamaciones de = los=20 reclusos por sanciones disciplinarias...=94 (inciso d.), supuesto = ante el=20 cual s=ED claramente estamos ante el caso de un recurso (de = apelaci=F3n)=20 jer=E1rquico impropio. La ley autoriza expresamente a la = jurisdicci=F3n a=20 actuar como si fuera el jerarca del ente administrativo que toma = la=20 resoluci=F3n, de ah=ED el calificativo de =93impropio=94. = =20

=20 Finalmente, la =FAltima atribuci=F3n expresa que manda esta = norma se=20 refiere a que los tribunales de ejecuci=F3n pueden: =93Aprobar las = sanciones=20 disciplinarias de aislamiento por m=E1s de cuarenta y ocho = horas...=94 (inciso=20 d.), con lo cual entendemos que esta disposici=F3n, l=F3gicamente, = comprende=20 tambi=E9n la desaprobaci=F3n. Ser=EDa absurda la disposici=F3n si = quisiera=20 interpretarse que =FAnicamente el Juez de Ejecuci=F3n es = consultado para estar=20 de acuerdo con la decisi=F3n tomada, ejerciendo una especie de = refrendo=20 meramente formal del acto.

=20 Con referencia a otra tem=E1tica, el C=F3digo Procesal = dice: =93... el=20 tribunal de ejecuci=F3n de la pena dispondr=E1, previo los = informes m=E9dicos=20 necesarios, la internaci=F3n del enfermo en un establecimiento = adecuado y=20 ordenar=E1 las medidas adecuadas para evitar la fuga...=94 (Art. = 461, p=E1rrafo=20 2=B0). Esta disposici=F3n tiene que entenderse en el sentido de = que, en=20 condiciones de normalidad, cuando no estamos ante un caso de = urgencia, la=20 Administraci=F3n debe contar con una autorizaci=F3n del juez para = poder=20 disponer el internamiento de un recluso en centro m=E9dico por = razones de=20 enfermedad. Tanto es as=ED que, este mismo art=EDculado prosigue = diciendo: =93El=20 director del establecimiento penitenciario tendr=E1 iguales = facultades,=20 cuando se trate de casos urgentes... la medida deber=E1 ser = comunicada de=20 inmediato al tribunal quien podr=E1 confirmarla o revocarla...=94 = (Art. 461,=20 p=E1rrafo 2=B0), con lo que se confirma una vez m=E1s la amplia = intervenci=F3n que=20 tiene la jurisdicci=F3n sobre las actuaciones administrativas, se = distingue=20 entre situaciones de normalidad -impl=EDcitamente-, y situaciones = de=20 emergencia, en las que por supuesto la Administraci=F3n queda = autorizada a=20 actuar, pero comunicando de inmediato al juez, quien puede = revocarlas=20 decisiones tomadas.

=20 Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de diferir la = ejecuci=F3n de=20 la pena privativa de libertad, el C=F3digo ampl=EDa las = atribuciones del=20 tribunal de ejecuci=F3n y le autoriza a que difiera la ejecuci=F3n = de la pena=20 impuesta a favor de la =93mujer en estado avanzado de embarazo o = con hijo=20 menor de tres meses de edad...=94, con el correctivo de que esa = ejecuci=F3n=20 pueda poner en peligro la vida de la madre o el hijo, aspecto que = tambi=E9n=20 tendr=E1 que valorar en cada caso el juzgador. Asimismo, se = autoriza diferir=20 la ejecuci=F3n en el caso de =93enfermo grave=94, cuya vida est=E9 = en peligro.=20 (Art. 462). No vemos diferencia entre estas atribuciones = particulares y=20 las anteriormente analizadas. Se trata de autorizaciones que la = ley da al=20 tribunal de ejecuci=F3n para que intervenga, a=FAn oficiosamente, = en casos=20 especialmente calificados como el de la mujer embarazada o con = hijo muy=20 peque=F1o, as=ED como en el caso del enfermo grave. = =20

=20 Hay una remisi=F3n gen=E9rica a que estas reglas, atinentes = en lo=20 fundamental a la pena de prisi=F3n, deben ser aplicadas a las = medidas de=20 seguridad en todo lo que sea posible. Se obliga al tribunal de = ejecuci=F3n a=20 una revisi=F3n peri=F3dica de las medidas de seguridad privativas = de libertad=20 (al menos cada seis meses), y su decisi=F3n puede referirse a la=20 continuaci=F3n o cesaci=F3n de la medida. De igual manera = =93Cuando el juez=20 tenga conocimiento...=94 de que las causas que motivaron la = imposici=F3n de la=20 medida han desaparecido, puede tambi=E9n sustituirla o cancelarla, = entendemos que incluso oficiosamente.

=20 V=E9ase aqu=ED que el Juez de Ejecuci=F3n queda una vez = m=E1s legitimada=20 para definir el destino de las medidas de seguridad privativas de=20 libertad, supuesto en que la Administraci=F3n viene a estar = constituida por=20 el centro psiqui=E1trico de internamiento, con lo que se confirma = el amplio=20 espectro de intervenci=F3n que la nueva legislaci=F3n procesal le = concede,=20 pudiendo intervenir no s=F3lo a solicitud de parte -por v=EDa = incidental o de=20 recurso de apelaci=F3n-, sino tambi=E9n oficiosamente, seg=FAn los = casos que=20 hemos comentado.

En la pr=E1ctica, la puesta en = vigencia del=20 C=F3digo Procesal Penal ha tra=EDdo un per=EDodo de importantes = contradicciones=20 y desajustes en las relaciones entre la = jurisdicci=F3n y la=20 administraci=F3n penitenciaria que, por medio de arduos procesos = de=20 negociaci=F3n y di=E1logo, as=ED como pronunciamientos de la = jurisprudencia=20 constitucional, antiguos y recientes, han permitido ir aclarando = los=20 perfiles de esa relaci=F3n en los siguientes t=E9rminos: = =20

1.- La=20 administraci=F3n penitenciaria es la encargada legal y = reglamentariamente,=20 en un primer momento y de conformidad con los criterios t=E9cnicos = del caso,=20 de establecer la ubicaci=F3n, la modalidad de tratamiento y las = dem=E1s=20 condiciones en que una persona debe cumplir la pena privativa de = libertad=20 que jurisdiccionalmente se le ha impuesto. El Instituto Nacional = de=20 Criminolog=EDa es el =F3rgano de la administraci=F3n penitenciaria = con=20 competencia para determinar la ubicaci=F3n de un privado de = libertad dentro=20 del sistema. El otorgamiento de determinada modalidad = de=20 ejecuci=F3n o cumplimiento de la pena no reviste, en principio, = matices de=20 constitucionalidad, siempre y cuando al otorgarse o denegarse = beneficios a=20 una persona privada de libertad, no se violen principios = fundamentales=20 como el de igualdad, no discriminaci=F3n, razonabilidad y=20 proporcionalidad.(3)

2.- La=20 competencia de la Sala Constitucional no puede llevar a disputar = criterios=20 t=E9cnico =96 cient=EDficos del personal penitenciario, ni a = discutir si sus=20 dict=E1menes est=E1n fundados en estudios mal elaborados o = contienen criterios=20 errados, salvo que la decisi=F3n administrativa se torne = arbitraria por=20 violaci=F3n de principios superiores como el de igualdad, = proporcionalidad y=20 razonabilidad que determinen su ilegitimidad.(4) =

3.- El=20 nuevo C=F3digo Procesal Penal otorga amplias facultades a los = jueces de=20 ejecuci=F3n para ejercer funciones de vigilancia y control en el = proceso=20 ejecutivo de las penas y medidas de seguridad privativas de = libertad. Con=20 fundamento en el art=EDculo 458 C.p.p. la figura del Juez de = Ejecuci=F3n de la=20 Pena emerge como un garante de que la pena de prisi=F3n o la = medida de=20 seguridad se cumpla de conformidad con las finalidades = constitucional y=20 legalmente establecidas. El interesado debe acudir ante el Juez de = Ejecuci=F3n y no ante la Sala Constitucional para obtener = reparaci=F3n ante la=20 lesi=F3n que reclama (traslado a un =E1mbito de mayor contenci=F3n = dentro del=20 sistema penitenciario).(5)

4.- En=20 esa perspectiva, los jueces de ejecuci=F3n pueden y deben = controlar la=20 legalidad de las medidas adoptadas, controlar el respeto de los = derechos=20 constitucionales de las personas privadas de libertad y vigilar el = cumplimiento de los derechos humanos en los centros de = detenci=F3n. En el=20 marco del nuevo C=F3digo Procesal Penal, el Juez de Ejecuci=F3n = formalmente=20 debe ocuparse de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el = c=F3mputo=20 del plazo de la pena y sustancialmente debe controlar, entre = otras, la=20 eficacia de la pena en relaci=F3n con sus finalidades, el respeto = a los=20 derechos fundamentales de los condenados, las sanciones = disciplinarias que=20 se imponen en los centros penales, etc. En lo que ata=F1e a la = materia=20 propia de la ejecuci=F3n de la pena, las autoridades = administrativas se=20 encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecuci=F3n = de la pena=20 y no pueden oponerse en modo alguno, ya que esta facultad se = deriva del=20 mandato constitucional correspondiente.(6) =20

5.- En=20 concreto, ante una denuncia, incidente o petici=F3n de la persona=20 encarcelada, sea durante la prisi=F3n preventiva o durante el = proceso de=20 ejecuci=F3n de la condena, el juez est=E1 autorizado para = intervenir=20 poni=E9ndole a la administraci=F3n un plazo razonable para que = reponga,=20 corrija o cambie una decisi=F3n tomada con violaci=F3n a los = derechos del=20 afectado. En opini=F3n personal del autor de este Informe, el Juez = de=20 Ejecuci=F3n podr=EDa, en caso de que la decisi=F3n administrativa = causa gravamen=20 irreparable, orden la inmediata reposici=F3n del privado de = libertad en el=20 disfrute de sus beneficios, ventajas o derechos quebrantados. =

6.- En=20 esa labor de vigilancia y control, los mecanismos previstos son = diversos=20 (recursos, incidentes, solicitudes, etc.) y pueden ser dirigidos = al juez=20 de ejecuci=F3n ante cualquier acto administrativo que el = interesado estime=20 que lo afecta. El procedimiento de estas gestiones y incidencias = ha sido=20 descrito con anterioridad. =20

=20 CONCLUSIONES

=20 1.- Uno de los aspectos m=E1s sobresalientes del nuevo = ordenamiento=20 procesal penal radica en la etapa de ejecuci=F3n penal y del = renovado papel=20 asignado a los tribunales de ejecuci=F3n. La vigilancia y control = que la=20 Jurisdicci=F3n pueda ejercer sobre la Administraci=F3n es una = labor que hasta=20 ahora ha sido desempe=F1ada =FAnicamente por la Sala = Constitucional por medio=20 de los recursos de h=E1beas corpus y amparo. Con la normativa = reci=E9n=20 estrenada, se quiere que el control de legalidad sea funci=F3n de = los nuevos=20 jueces de ejecuci=F3n de la pena por los mecanismos que la misma = ley=20 dispone.

=20 2.- Estas innovaciones planean la necesidad de reformular = la=20 relaci=F3n tradicionalmente existente entre la Jurisdicci=F3n y la = Administraci=F3n Penitenciaria. Debe quedar claro que las = funciones y=20 atribuciones que desde siempre han sido encargadas a la = Administraci=F3n=20 siguen intactas. En principio, como ha quedado dicho p=E1ginas = atr=E1s, la=20 Jurisdicci=F3n s=F3lo deber=E1 intervenir, en el amplio margen que = la ley=20 autoriza (v=EDa incidental, v=EDa de recurso, v=EDa oficiosa) una = vez que la=20 Administraci=F3n haya actuado o dejado de actuar, y frente a = decisiones=20 arbitrarias, inconstitucionales, ilegales, ileg=EDtimas o = antireglamentarias=20 que justifiquen una modificaci=F3n o anulaci=F3n de esas = decisiones. En todo=20 caso, esa actividad de la Jurisdicci=F3n tendr=E1 que hacerse con = la=20 objetividad y el profesionalismo necesarios para que sus = resoluciones=20 est=E9n motivadas, expresadas las razones de lo resuelto y = se=F1alada con=20 claridad el principio o norma violentados. =20

=20 3.- Tampoco puede perderse de vista que estamos frente a = una=20 relaci=F3n especial de sujeci=F3n entre el administrado (recluso) = y la=20 Administraci=F3n. Esto tiene varias consecuencias ineludibles. Los = jueces=20 deben tener especial consideraci=F3n y respeto por los criterios = t=E9cnicos de=20 los funcionarios penitenciarios que han tomados sus decisiones, = desde la=20 perspectiva de sus diversas especialidades (m=E9dica, = psicol=F3gica,=20 psicqui=E1trica, sociol=F3gica, de trabajo social, jur=EDdica, = etc.). El juez de=20 ejecuci=F3n debe conocer a cabalidad esos criterios t=E9cnicos y = los=20 resultados a que llevan a la hora de tomar una decisi=F3n que = afecta las=20 condiciones de ejecuci=F3n de un privado de libertad. S=F3lo en la = medida en=20 que el conocimiento de estos jueces sea s=F3lido y profundo, = podr=E1=20 determinar si en un caso concreto se ha actuado conforme la = normativa=20 vigente, o se est=E1 ante una caso de decisi=F3n arbitraria o = discriminatoria,=20 sin el debido fundamento.

4.- Debe = tenerse=20 presente adem=E1s que el ambiente penitenciario suscita las = mayores=20 contradicciones respecto a lo que debe entenderse por un estado de = derecho. En sentido estricto, el recluso =FAnicamente ve afectada = de manera=20 preponderante su garant=EDa de libre tr=E1nsito (Art. 22 = constitucional), as=ED=20 como aquellos otros derechos y garant=EDas que expresamente = disponga la=20 naturaleza de la sanci=F3n penal que le es impuesta. Pero es lo = cierto que=20 una persona privada de libertad, sea en una c=E1rcel o un centro=20 hospitalario, ve restringido, afectado y amenazado constantemente, = todo el=20 universo de sus derechos, libertades y garant=EDas, precisamente = por esa=20 relaci=F3n especial de sujeci=F3n a la que hac=EDamos referencia = l=EDneas atr=E1s.=20 Es precisamente esa situaci=F3n la que con mayor raz=F3n debe = llevarnos a una=20 celosa tutela de los intereses de las personas bajo estas = especiales=20 condiciones de existencia.

BIBLIOGRAF=CDA B=C1SICA =20

Arroyo Guti=E9rrez, J.M.; La Ejecuci=F3n = Penal; en:=20 Reflexiones sobre el nuevo Proceso Penal; Corte Suprema de=20 Justicia-Asociaci=F3n de Ciencias Penales de Costa Rica; noviembre = de=20 1996.

Asamblea Legislativa de la Rep=FAblica de = Costa Rica;=20 C=F3digo Procesal Penal de Costa Rica; Ley No. 7594, publicada en = Alcance=20 No. 31 a la Gaceta No. 106 de 4 de junio de 1996. =

Bueno Ar=FAs, F. Et alt.; Fiscales de = Vigilancia=20 Penitenciaria; Centro de Estudios Judiciales, Colecci=F3n CURSOS, = Vol. 1;=20 Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, Madrid, = 1988.=20

Gonz=E1lez Cano, M.I.; La Ejecuci=F3n de la = Pena=20 Privativa de Libertad; Tirant lo blach; Valencia, 1994. = =20

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Sandoval Huertas, E.; Penolog=EDa, Parte = Especial;=20 Universidad Externado de Colombia, Bogot=E1, = 1984.

NOTAS:

(1) Para una = referencia mayor=20 ver: Arroyo G.; J.M.; La Ejecuci=F3n Penal, en Reflexiones sobre = el Nuevo=20 Proceso Penal; pp. 741 y ss.

(2) Debemos recordar aqu=ED = que por=20 disposici=F3n administrativa, la Corte Suprema de Justicia ha = definido que=20 el Juez de Ejecuci=F3n competente para atender todos los asuntos = de primera=20 instancia es el juez del lugar donde est=E1 radicado el recluso, = mientras=20 cumple su pena. Por la disposici=F3n legal que acabamos de leer, = en cambio,=20 el juez competente para conocer en alzada (apelaci=F3n) es el juez = o=20 tribunal de la sentencia. (Acuerdo N=B0 43-97, tomado en Sesi=F3n = de Corte=20 Plena celebrada el 22 de diciembre de 1997).

(3) Ver votos de Sala = Constitucional=20 n=FAmero 6602-96 y 1611-98.

(4) Ver voto de Sala = Constitucional=20 n=FAmero 0282-97.

(5) Ver votos de Sala=20 Constitucional n=FAmeros 0282-97 y 3324-98. =

(6) Ver voto de Sala = Constitucional=20 n=FAmero 3390-98 =