|
LA POLÍTICA
ANTIDROGAS Y SUS EFECTOS EN AMÉRICA LATINA Roy
Murillo Rodríguez * La política antidrogas
en Latinoamérica presenta en primer término al narcotráfico como el
enemigo número uno del sistema político, económico y social, y, al mismo
tiempo al drogadicto como parte de una subcultura alejada de la realidad,
sin "valores sociales" y con cercanas vinculaciones al crimen: concretamente
al crimen violento. Es importante entonces analizar a qué responde esta
política, cuál es su contenido ideológico y cuáles son sus efectos más
visibles. 1.
POLITICA ANTIDROGAS: LAS RELACIONES EEUU-AMERICA LATINA. En el mundo actual,
el principal exponente, promotor y defensor de la política antidrogas
es el poderoso vecino del Norte: los Estados Unidos de América. Su influencia
en organismos internacionales, así como en los diferentes gobiernos
latinoamericanos, es innegable. Sin embargo, en el ámbito del consumo
de drogas sus índices tienen una dimensión escalofriante, calificables
de epidemia, a pesar de lo cual se empeñan en ver este fenómeno como
un problema que viene de afuera, donde los culpables son tanto los países
productores como los que sirven de puente para el transporte. Dentro
de este contexto una gran cuota de responsabilidad se le asigna a los
países latinoamericanos. La mencionada política
pretende erradicar el consumo y el tráfico, combatiendo a toda costa
la oferta. Se presenta al narcotráfico como "el mal perverso", la "plaga
contra la humanidad", un "cáncer" para la estabilidad política y económica
latinoamericana(1). La presión del gobierno norteamericano es tal, que
valiéndose de nuestra dependencia económica, condiciona los planes de
reactivación y desarrollo regional, (vrg. la Iniciativa para la Cuenca
del Caribe), a la aprobación de una serie de leyes antinarcóticos y
a la activa participación en su "guerra contra las drogas" -guerra autodeclarada
y autoimpulsada en febrero de 1982, por el entonces presidente Ronald
Reagan-. Por lo tanto, resulta a todas luces lógico y explicable que
las leyes en materia de drogas no respondan a nuestra realidad socio-económica,
y cultural pues se dictan sin analizar otra opción, respondiendo únicamente
a los intereses de nuestro "vecino y amigo": "…los Estados Unidos
de América ha venido vislumbrando un
nuevo enemigo: el
narcotráfico... aquel país hace participar
en la batalla contra el narcotráfico
a los Estados latinoamericanos. Así por ejemplo, la iniciativa para
la Cuenca del Caribe y ahora El Plan Bush han estado asociados a la
aprobación, por parte de los países adherentes a esa iniciativas,
de leyes anti-drogas, de tratados de extradición de narcotraficantes,
y a la cooperación con
los Estados Unidos en la lucha contra el nuevo
enemigo".(2) Realmente, en su discurso,
la preocupación por el problema del consumo de drogas no es primordial,
incluso podríamos decir que este aspecto es la cobertura para una serie
de motivaciones políticas y económicas. La política antidrogas se ha
utilizado como instrumento de dominación y neocolonización, pues permite
el control político de contraculturas y es un medio sostenedor de las
relaciones de poder de la política internacional(3). La desfachatez
es tal, que se ha llegado al extremo de amenazas de intervención militar
en países como Bolivia y Colombia y ni qué decir de la invasión a Panamá,
-que se justificó bajo el pretexto de "lucha contra las drogas"-, sin
importar el ilegítimo e injustificado quebrantamiento de principios
frindamentales del derecho internacional, como el de soberanía nacional: Lo que ocurre en Panamá,
sigue siendo quizás el mejor ejemplo de la
utilización que ha hecho los Estados Unidos de la lucha contra el Narcotráfico
para intereses político-militares en la región, diferentes de los
que expresa el discurso antidrogas oficial. El mejor indicador de esto
es el siguiente: antes de la invasión a Panamá el gramo de cocaína costaba
50 dólares ahora cuesta 3 dólares. La
dosis de crak cuesta cincuenta centavos ... desde 1989 se inició realmente
el tráfico interno de drogas en Panamá.(4) Aparte de intereses
políticos y militares, no se puede ocultar que tras el desvelo de Estados
Unidos por el fenómeno del narcotráfico y el consumo de drogas, existe
un grave problema económico, que es uno de los elementos que ha dado
base al montaje de su política antidrogas: la preocupación por la fuga
de capitales que conlleva el negocio del narcotráfico. Ello explica
en buena medida la acentuación de su método en esta materia, y con mucha
más razón en un momento de crisis económica como el que atraviesa actualmente
esa nación. El montaje es tal, que
las contradicciones son notorias: por un lado se presentan como protagonistas
de la guerra contra las drogas, defensores sin cansancio de la salud
pública y combatientes de la corrupción, mientras que por otro se ha
comprobado la complicidad de la C.I.A. y el F.B.I. en el tráfico de
droga, entre otros casos, en el conflicto Irán-Contras, donde se demostró
el acuerdo de estas entidades con narcotraficantes suramericanos, para
que, a cambio de ciertos favores, éstos suministraran armas a la "contra"
nicaragüense. Solo la existencia de
intereses como los que hemos señalado, justifica la acentuación del
método represivo en la lucha contra las drogas, especialmente cuando
quien la promueve es un país que ya tuvo en ese sentido una experiencia
con resultados absolutamente negativos: la llamada "Ley Seca", en la
década de los años veinte(5). Partiendo de lo expuesto,
pasemos a analizar el contenido de las leyes antinarcóticos y posteriormente
los resultados de su aplicación en el ámbito nacional. 2.
LEYES ANTIDROGAS: BROTE
EXCESIVO DE REPRESION Al examinar la legislación
latinoamericana en materia de drogas,
nos
encontramos con leyes prácticamente uniformes.
Así por ejemplo puede verse la Ley de Perú (1982), Venezuela
(1984), Chile (1985), Colombia (1986), Bolivia, República Dominicana,
Paraguay y Costa Rica (1988), Argentina (1989) y de nuevo Costa Rica
en 1991. El rasgo común en el
Derecho Penal Latinoamericano venía siendo la abstracción y generalidad
de los tipos penales, técnica que se pierde por completo en las leyes
antidrogas. Podemos ver, a manera de ejemplo, el artículo 18 de nuestra
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no
autorizado y actividades conexas: "Se impondrá prisión de ocho a veinte años a
quien,
sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique,
elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, tranporte,
almacene o venda las drogas, sustancias o productos a que se refiere
esta ley ... la misma pena se impondrá a quien poseyera, sin la debida
autorización, esas drogas, para cualesquiera de los fines expresados
y a quien posea o comercie semillas, con capacidad germinadora u otros
elementos naturales para la producción de las referidas drogas." -la
negrilla no es del original- Puede observarse claramente
como el legislador amplía de tal forma las diferentes maneras mediante
las cuales se puede llevar a cabo el delito, que tan solo en la mencionada
disposición encontramos quince acciones, produciéndose lo que ZAFFARONI
llama "multiplicación de los verbos"(6). Examinando en detalle
la legislación de comentario nos damos cuenta que, conductas típicamente
de tentativa, participación e incluso meros actos preparatorios,
se castigan como actividades principales y encontramos una lista de
conceptos que pareciera un verdadero diccionario legal. Si se cuestiona cuál
es el sustento de esta nueva técnica legislativa, en principio podría
creerse que se trata de una verdadera preocupación por la efectiva aplicación
del principio de legalidad, pero al contrario, la idea es castigar cualquier
acción que esté relacionada con drogas, así ZAFFARONI: "Es obvio que la expuesta
técnica legislativa es ajena a nuestra modalidad legislativa, pero,
además, y dentro del contexto de nuestra doctrina, cabe que nos preguntemos
cúal es su significado. Ante todo está revelado un afán por no dejar
ningún hueco de punibilidad: quien tenga "algo" que ver con un tóxico
prohibido comete delito. En este aspecto, no debe pensarse que las definiciones
son cuidadosas, en el sentido de procurar una precisión de la legalidad
típica, sino en el de cubrir toda posibilidad con punibilidad."(7). La utilización del método
represivo es la principal estrategia que se ha establecido en la lucha
contra las drogas. Las penas que se fijan son elevadas, no se permite
una adecuación de conformidad con el daño social causado y no existe
una graduación de las penas, sino que se dan mínimos excesivamente altos,
imposibilitando la aplicación de la ley de manera proporcional a la
gravedad del hecho acusado. Se demuestra, sin necesidad de más comentarios,
que con la normativa de comentario, en vez de procurarse la menor intervención
posible del Sistema Penal -como lo pretenden las modernas corrientes
criminógenas, a partir de la reconocida inoperancia del mismo, se produce
la mayor extensión posible de la punibilidad. Se utiliza el Derecho
Penal no como la "ultima ratio", sino como primer mecanismo de control.
Tipos penales abiertos, sanción de conductas que normalmente quedarían
impunes, ampliación del catálogo punitivo, diccionares legales conexos
y penas mínimas excesivamente altas, solo nos pueden llevar a pensar
en un Derecho Penal "Máximo", violatorio evidentemente de principios
básicos del Derecho Penal Garantista. 3.
COSTOS SOCIALES DE LA POLITICA ANTIDROGAS El uso excesivo de la
represión en la lucha contra las drogas no ha permitido la obtención
de resultados positivos. El consumo sigue aumentando, así como la diversidad
de sustancias sicotrópicas, a pesar de ello han surgido voces que claman
por la necesidad de crear nuevos órganos policiales especializados,
o al menos se les cambia de nombre -como si con ello fuesen a actuar
de forma más expedita-; se habla de producir más leyes, incluso de la
creación de un Código en esta materia; algunos hasta proponen construir
más cárceles. Es claro que los centros penitenciarios ya no dan abasto,
y es que, con la aplicación de este método, nuestras prisiones han visto
aumentar exageradamente su población penal, empeorando en dichos centros
de "readaptación social", las ya de por si, precarias condiciones de
vida. Es muy posible que un estudio sobre el tipo de personas que están
en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas(8), concluya
que la aplicación de la política que venimos comentando está asociada
en forma directa con la discriminación de ciertos sectores sociales,
no solo por causas directamente relacionadas con la misma sino, sobre
todo, por las características estructurales de un sistema penal que
es altamente selectivo, y sostenedor-legitimador de las relaciones económico-sociales.
Es a los victimarios del negocio de la droga: drogadictos, consumidores,
pequeños distribuidores habituales, traficantes-consumidores, etc.,
a quienes se expone dentro de condiciones que solo contribuyen a agravar
su problema de adicción, encerrándoles en lugares donde el acceso a
las drogas y el nivel de consumo, es mucho mayor, lo que es equivalente
a encerrar un diabético dentro de una gran confitera, y que en términos
jurídicos no es sino otra modalidad más de pena de muerte en nuestros
países. Mientras tanto, los verdaderos líderes de las organizaciones
dedicadas a este negocio disfrutan tranquilamente los grandes placeres
de este mundo, evadiendo con facilidad la acción de la justicia mediante
su exorbitante poderío económico, contribuyendo eso sí, directamente
a la corrupción de instituciones esenciales de nuestro sistema democrático. 4.
POLITICA ALTERNATIVA Podemos señalar entonces
que resulta fundamental cambiar las políticas para combatir las dificultades
que ocasiona todo lo relacionado con las drogas. Debe acudirse a medios
de control productores de menor violencia, de forma que, al menos no
se agrave la situación de las víctimas. La represión aparte de que ha
sido un verdadero fracaso, no responde a nuestra realidad. La solución
no está en aumentar el número de policías y cárceles. Las fuertes sumas
de dinero que se invierten en políticas de este tipo, deberían ser aprovechadas
de manera inteligente en medidas efectivas. Si lo que se quiere es realmente
dar una solución al problema del consumo de drogas, debe determinarse
científicamente las causas que inducen a su uso, para poder combatirlas,
y sobre todo recurrir a la prevención y a programas terapéutico-asistenciales.
Se necesita tomar conciencia y dar respuestas de política criminal
alternativa. El efecto prohibitivo de las drogas más bien genera atracción
y aumenta el valor del producto en virtud del alto riesgo
que genera su comercialización. En alguno países como Holanda y Suiza
se ha puesto en práctica la legalización de la venta de drogas, y ello
ha permitido un control en la calidad del producto
y de su precio, lo que viene a ser un fuerte golpe para la actividad
del narcotráfico. Algunos califican la legalización como una medida
"inmoral", pero de lo que se trata es de una solución real: actualmente
en nuestras sociedades la droga está en la calle y cualquiera -sin límite
de edad- tiene acceso a ella, por lo que es mejor legalizar esa venta
y lograr controlar su comercialización, ofreciendo al mismo tiempo al
consumidor programas que lo inviten a vivir una vida sana, a mejorar
su autoestima y a integrarse a la sociedad. Los resultados hasta ahora, en esos
países, son esperanzadores, sin embargo estas medidas deben ser tomadas
en bloque o conjunto y no individualmente. De hecho en la Unión Europea
se empieza a dar una serie de problemas en ese sentido, al no haber
una política homogénea al respecto. Es importante recalcar que la política
alternativa es realista: más que evitar el consumo de drogas parte de
que éstas siempre han acompañado a la humanidad, y que posiblemente
siempre la acompañarán. No se trata de resistirse a la realidad sino
de aprender a convivir con ella, disminuyendo al menos las nefastas
consecuencias de la política represiva, que debería ser un problema
igualmente preocupante, al menos si nuestra sociedad pretende un cumplimiento
efectivo de los derechos humanos. BIBLIOGRAFIA ALVAREZ GOMEZ (Ana
Josefina), Abolicionismo, Política
antidrogas y Proyecto Neoliberal. Ponencia presentada en la Sexta Conferencia
Internacional sobre Abolicionismo Penal, ICOPA IV, ILANUD, San José,
Costa Rica, del 2 al 5 de junio de 1993, p. 14. ALVAREZ GOMEZ (Ana Josefina), Hacia
el desmantelamiento de la lógica prohibicionista, elementos para un
debate científico del problema de las "drogas", Tráfico y consumo de
drogas: una visión alternativa, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1991, p. 310. BARATTA (Alessandro), Introducción
a una sociología de la droga.
Problemas y contradicciones del
control penal de las drogodependencias, Tráfico y consumo de drogas:
una visión alternativa, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1991, p. 257. LOPEZ CARCAMO (Zaida) y otro, Tesis
para optar al grado de Licenciados en Derecho: "Descriminalización del
consumo de drogas en Costa Rica: una perspectiva minimalista", Universidad
de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1993. SOTO ACOSTA (Willy), Costa Rica:
de la democracia narcisista a
la
democracia egoísta. Anticomunismo, Parlamento Centroamericano, Narcotráfico.
Ponencia presentada en el Seminario Internacional Nuevas Formas de integración
para le Desarrollo Latinoamericano, Costa Rica, del 9 al 13 de setiembre
de 1991, p. 35. TOKATLIAN (Juan), Las drogas y
las relaciones EEUU-América Latina.
Revista Nueva Sociedad, Venezuela, N° 102, junio, 1993, p. 74 ZAFFARONI (Raúl), La legislación
"antidrogas" latinoamericana: sus componentes de Derecho Penal Autoritario.
Revista de Ciencias Penais, Porto Alegre, Edición especial, año 3, N°
2, enero-junio de 1990, pp. 16-23. Notas: *
Alcalde Supernumerario. 1.
TOKATLIAN (Juan), Las drogas y
las relaciones EEUU-América Latina. Revista Nueva Sociedad,
Venezuela, N°
102,
Junio. 1993. p. 74. 2.
SOTO ACOSTA (Willy),
Costa
Rica: de la democracia narcisista a la democracia egoista. Anticomunismo,
Parlamento Centroamericano, Narcotráfico. Ponencia presentada en el Seminario Internacional
Nuevas Formas de integración para el
Desarrollo Latinoamericano, Costa Rica, del 9 al 13 de setiembre de
1991, p. 35. 3.
BARATTA (Alessandro), Introducción a una sociología de la
droga. Problemas y contradicciones del control penal de las drogodependencias,
Tráfico y consumo de drogas: una visión alternativa, México, Universidad
Nacional Autónoma de México,
1991, p. 257. 4.
ALVAREZ GOMEZ (Ana Josefina), Abolicionismo,
Política antidrogas y Proyecto Neoliberal. Ponencia presentada en
la Sexta Conferencia Internacional sobre Abolicionismo Penal,
ICOPA IV,
ILANUD, San José, Costa Rica, del
2 al
5 de
lunlo de 1993,
p. 14. 5.
Al respecto puede verse a ALVAREZ GOMEZ
(Ana Josefina), Hacia el
desmantelamiento de la lógica prohibicionista, elementos para un debate
científico del problema de las "drogas", Tráfico y consumo de
drogas: una visión alternativa, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, p. 310. 6.
ZAFFARONI (Raúl), La legislación "antidrogas" latinoamericana:
sus componentes de Derecho Penal Autoritario. Revista de Ciencias Penais,
Porto Alegre, Edición
especial, año 3. N° 2, enero-junio de 1990, pp. 16-23. 7.
Ibid., pp. 18-19. 8. Vease al respecto de LOPEZ CARCAMO
(Zaida) y otro, Tesis para obtar al grado de Licenciados en Derecho:
"Descriminalización del consumo de drogas en Costa Rica: una perspectiva
minimalista", Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1993. |