BIEN JURÍDICO Y DERECHO DE CASTIGAR DEL ESTADO. COMENTARIOS SUGERIDOS POR UNA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Henry Issa El-khoury Jacob
Alfredo Chirino Sánchez
Profesores de Derecho Penal U.C.R.

INTRODUCCION

El voto 525 de las 14:24 horas del 3 de febrero de 1993, en el que la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia resuelve una consulta del Tribunal Superior Segundo Penal, Sección Segunda, tiene una gran trascendencia para el derecho punitivo(1) costarricense y para los postulados constitucionales de la República de Costa Rica, pues al señalar la necesidad de la existencia de un bien jurídico establece la racionalidad del derecho de castigar y, por ende, la racionalidad del castigo.

Con lo anterior queremos significar que un "ius punendi" ilimitado no es una forma republicana de derecho; al contrario, representa fielmente un derecho autoritario y penal autoritario, en su caso.

En este trabajo pretendemos mostrar lo necesario del voto 525 de la Sala Costitucional para la legalidad costarricense. Para hacerlo hemos considerado necesario aportar algunos elementos teóricos que, en nuestro criterio, sostienen ampliamente la resolución. Por el tipo de trabajo, partimos de las concepciones del bien jurídico de caracter sistemático (HONIG, GRUNHUT). Estas nos interesan porque plantean qué informaciones ofrece el bien jurídico tutelado para la delimitación del texto legal y se dirigen básicamente al juez y a la dogmática penal a fin de determinar qué nuevos compromisos con la legalidad deben esperarse del funcionamiento de la agencia judicial.(2)

Este trabajo busca, también, ponderar el aporte que dio el voto en comentario a la interpretación en materia penal, el cual elimina la posibilidad de sostener, en Costa Rica, que bien jurídico protegido por tal o cual disposición legal es lo que dice el título de una Sección o de un artículo de la ley penal y no lo que se extrae de la lectura del propio texto del artículo u artículos.

1. RESUMEN DEL FALLO:

Ante la consulta hecha por el Tribunal Superior Segundo Penal, Sección Segunda acerca de la constitucionalidad del artículo 328 del Código Penal, la Sala Cuarta señaló varios aspectos que a continuación resumimos:

l. Que la obligatoriedad que se impone al autor de un accidente, de permanecer en el lugar del accidente, con el fin de que pueda ser identificado, es incompatible con el planteamiento del artículo 39 de la Constitución que exige la "necesaria demostración de culpabilidad"

2. Que el bien jurídico protegido por el artículo en mención está arbitrariamente asimilado al que tutelan otras figuras delictivas que forman parte de ese mismo título. Para el tribunal costitucional, esto lleva a absurdas consecuencias

3. Que el bien jurídico se extrae del texto del artículo y no de su colocación en algún título de código penal.

II. ELEMENTOS PARA UN CONCEPTO DE BIEN JURIDICO:

i. ¿Qué es bien jurídico?

El concepto de bien jurídico no siempre queda claro, a pesar de ser fundamental para el derecho represivo: si se parte de un sistema jurídico con fundamentación antropológica, la existencia de un objeto de protección que acompañe a toda prohibición -y máxime si es penalmente conminada- resulta no sólo fundamental, sino de elemental cumplimiento. Por ello la noción de bien jurídico en derecho penal supone un planteamiento racional sobre el castigo, no obstante esta función no lo define.

Como lo postula FERRAJOLI, el problema del bien jurídico no es otra cosa más (y nada menos) que el problema de los fines del Derecho Penal; y al plantearse sus fines encontramos que los soportes ideológicos que tradicionalmente sostenían el derecho represivo están siendo cuestionados por los efectos de una realidad que hace evidente una distancia entre las aspiraciones garantistas de la dogmática jurídica ylos efectos negativos sociales e individuales que tiene el sistema de justicia penal en los grupos de población seleccionados para la criminalización(3). De acuerdo con los datos, el derecho penal no sólo no ha funcionado para combatir la delincuencia, sino que su aplicación ha generado una gran violencia institucional.

¿Qué es bien jurídico?. Si aceptamos que los seres humanos somos el centro del quehacer social -en tanto el postulado principal de la república es, precisamente, el ser humano-, podría decise que los bienes jurídicos representan intereses relevantes de las personas en tanto sujetos sociales. La vida en sociedad requiere la protecciónde ciertas zonas e intereses individuales y de ciertos límites de relación entre sujetos y de relación entre el poder estatal y los sujetos (en el tanto la colectividad y no un grupo específico sean los beneficiarios). Desde este punto de vista, el bien jurídico no es patrimonio sólo del derecho represivo, sino del derecho, como regulador de relaciones interpersonales y sociales.

Para entender mejor el término, es importante no perder de vista que el concepto de bien jurídico, de acuerdo con HASSEMER " es obra del pensamiento de la ilustración. Lo fundamentó y formuló PAUL JOHANN ANSELM FEUERBACH como arma contra una concepción moralizante del Derecho Penal. Para declarar una conducta como delito no debería bastar que suponga una infracción de una norma ética o divina, es necesario ante todo la prueba de que lesiona intereses materiales de otras personas, es decir, de que lesiona bienes jurídicos".(4)  Zaffaroni lo define así: "...bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le afectan".(5)

ii. El contenido del término bien jurídico.

Es válida, por ello, la pregunta ¿qué es lo que se protege: el ente como una abstracción, (p. ej. la vida, la propiedad, el honor, en general) o el ente, entendido como la relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto (por ejemplo, la relación de disponibilidad de un sujeto social con su vida, con su libertad)?.

En realidad una postura republicana implica aceptar la segunda posibilidad: que el bien jurídico tiene como función particular y preponderante la protección de las relaciones interindividuales y sociales, protección que incluye los intereses particulares de los sujetos con trascendencia social. En este sentido el bien jurídico tiene como contenido la relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto -protegido-. Esta consecuencia es distinta si se asume la primera posibilidad: que el contenido del bien jurídico es la protección de un concepto, como abstracción; en este caso obtendríamos un derecho protector de abstracciones, no de realidades. Así, con el término bien jurídico estaremos protegiendo aparentemente muchas cosas -orden público, moral pública, p. ej.-, que no se sabe a ciencia cierta qué significan: orden público puede tener diversas significados, de acuerdo con el punto de vista político o ideológico con el que se lo vea; unas de ellas podría interesar al objeto del derecho de castigar, pero otras no; igual ocurre con el término moral pública; así terminaríamos por no proteger nada de tanta abstracción protegida. Al contrario, de aceptarse un concepto de bien jurídico afincado en la realidad, pueden desaparecer conceptos abstractos, pero aparecerán protecciones concretas: cuáles conductas grupales no son convenientes para la seguridad de los habitantes de la república: en relación con el transporte, en relación con las contrucciones, en relación con ... .(aspectos que pueden, si se quisiera, conformar a posteriori una noción de orden público). Nótese cómo, partiendo de la posición que hemos asumido, quien hace la ley se obliga a pensar en concreto qué protege, para qué lo protege, por qué lo protege, con lo cual se cumple uno de los elementos de la racionalidad del castigo, postulado básico de nuestra costitucionalidad.

iii. Las potestades legislativas.

Otra pregunta fundamental es ¿quién señala qué se debe proteger?.

Obviamente, dentro de un régimen como el costarricense, el estado, entendido como los diversos grupos sociales representados en el órgano legislador que, en última instancia, hace las leyes, es quien debe tomar la decisión de qué debe tutelarse y de lo tutelado qué debe tener conminación penal. De esta manera, al hablarse de bien jurídico nos estaríamos refiriendo a los intereses de la colectividad y no a intereses particulares. De ahí que las necesidades de grupos particulares que hayan llevado a formar normas generales que impliquen prohibiciones y mandatos "erga omnes" deberían ser revisadas desde este punto de vista.

En este sentido, la tarea legislativa radica no sólo en la creación de leyes penales, sino, antes de ello y sobre todo, en la capacidad de tomar un pulso objetivo a la colectividad El legislador debe ser claramente preparado o técnicamente asesorado para no actuar ni por modas, ni por imposiciones grupales y para saber leer las informaciones que sobre delito manejan los medios de comunicación.

En ese mismo sentido, no se puede olvidar la idea de que el bien jurídico es también un concepto político, lo jurídico es su sostén y su límite. P. ej., la vida es un problema político fundamental y por ello se regula legislativamente su protección. De ahí que la normativización de la protección es un asunto del derecho, pero el origen de su tutela jurídica responde a una voluntad política.

Algunas experiencias dan cuenta que en la mayoría de los casos el legislador se hace eco de informaciones que no tienen fundamento en estudios de la realidad. Estas informaciones, constrastadas con investigaciones técnicas sobre el mismo tópico, no comparten los mismos resultados.

De lo dicho, además de lo anterior, es posible deducir una distinción entre derecho, como tutela de bienes fundamentales y derecho como mero reglamentismo; este aspecto lo tocaremos en otro momento, no en este comentario.

iv. Sobre el derecho de castigar.

El derecho penal tutela bienes jurídicos; esta intervención estatal no crea un derecho subjetivo de castigar por parte del estado. Así, el llamado ius punendi es más bien un límite estatal que, en Costa Rica, lo impone el artículo 28 párrafo segundo de la constitución.

De acuerdo con Zaffaroni, el postulado que recoge el párrafo segundo del 28 costitucional tiene las siguientes consecuencias:

a. El Estado no puede imponer una moral; b. El Estado reconoce una zona de libertad: c. Las penas no pueden caer sobre el ejercicio de la autonomía moral que garantiza la Constitución, sino sobre aquellas conductas que sí afectan el ejercicio de esa autonomía ética; d. No puede haber delito que no afecte un bien jurídico, es decir que no afecte alguno de los elementos de los que necesita disponer otro ser humano para realizar lo que quiere (vida, honor, patrimonio, salud, etc.).

II. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL BIEN JURIDICO EN COSTA RICA.

El principio de legalidad (artículo 39 de la Carta Magna), que establece los requisitos mínimos de validez y legitimidad para imponer una sanción, no importa el ámbito de que se trate, tiene para la la jurisdicción penal una serie de consecuencias que concurren a limitar el ejercicio del poder persecutorio del Estado y a brindar legitimidad a la pena. Entre las consecuencias directas que existen para lo penal está la necesidad de que cada descripción penal tenga un bien jurídico protegido.

Por su parte, el artículo 28 constitucional en relación con el artículo 39 citado, subraya el requisito indispensable de la tutela de Bienes Jurídicos o principio de ofensividad (FERRAJOLI), principio que aparece también como una garantía doble para el ciudadano, ya que es una limitante al Poder Legislativo para construir nuevos tipos penales (y de allí regular nuevas esferas de libertad del ciudadano) y también un límite para el operador judicial, quien en virtud del principio de reserva y de ofensividad no puede aplicar aquellos tipos penales que no tutelen un bien jurídico específico.

Así, tenemos que el ius puniendi del Estado costarricense está limitado no sólo por los elementos del tipo penal, sino que también es necesario costatar que la conducta lesione, significativamente, el bien jurídico que necesariamente debe contener todo tipo penal, ya que una descripción penal sin bien jurídico (y este es un axioma constitucional, a partir de la resolución en comentario) no puede ser aplicada para justificar una sanción.

Siguiendo el fallo en comentario, podemos concluir que para la Constitución, los bienes jurídicos no son valores ético-sociales en abstracto, sino relaciones de disponibilidad que poseemos los habitantes de la República con nuestros ámbitos de libertad, que han sido valorados positivamente por el legislador y que encuentran protección penal en la medida en que este legislador haya considerado que son fundamentales para sostener la convivencia. Esta postura sobre el Bien Jurídico, plenamente congruente con el caracter republicano de nuestra democracia (y de ahí congruente con el marco constitucional garantista) hace que el jurista deba trascender el mero formalismo del análisis de la norma jurídica para buscar el estudio de los objetos de protección con el ánimo de dar validez a principios de interpretación de la Ley Penal que sean de utilidad para un determinado ordenamiento jurídico.

El Bien Jurídico, así entendido, se convierte, entonces, en una importante herramienta metodológica, que permite acercar el Derecho Penal a la realización de la seguridad jurídica a la hora de la interpretación de la norma, pues es a través del Bien Jurídico que se puede comprender cuál es el ámbito de protección de la norma y hasta dónde debe llegarse en su tutela. Por ello es que la resolución en comentario señala la necesidad de que para indagar sobre el bien jurídico sea necesario atender a todos los elementos del tipo penal y no a su ubicación dentro del algún título o aparte de la ley.

Y lleva razón la Sala, pues el Bien Jurídico es el postulado que predica hasta dónde quizo llegar el legislador en la protección penal al decirnos cuáles son los límites de la norma penal (de lo prohibido). En otras palabras, el analizar el Bien Jurídico como objeto de protección nos informará qué se quizo proteger, ni más ni menos, de donde se desprende la importante misión delimitadora del bien jurídico en al aplicación de la Ley Penal.

Esta misión delimitadora del Bien Jurídico encuentra una relación de sentido con lo que denominamos Estado de Derecho Republicano, el cual se fundamenta en el caracter fragmentario del derecho penal, es decir, en una reacción penal que se interesa por proteger aquellas relaciones de disponibilidad más importantes para la vida social, que, por su extraordinaria relevancia para el sostenimiento de la vida social, merecen la utilización de la herramienta más poderosa en manos del legislador para reaccionar frente a las conductas que infringen significativamente esas relaciones.

Así entendido el Estado de Derecho, tenemos que el Bien Jurídico es más bien una representación legislativa de ámbitos de libertad y un reconocimiento factual del compromiso del derecho con el ser humano. El Estado, en esta tesitura constitucional, solo puede ayudar a realizar al hombre respetándole esa libertad, limitando la ingerencia de las agencias del control penal solo a aquellos sectores de la vida social que requieran de una tutela enorme a fin de no poner en peligro la continuidad del proyecto global de aquella organización (proyecto que tampoco puede ser contradictorio con la fundamentación antropológica que debe tener la reacción penal). Así, el derecho penal, debe tender "...con base en una reclamación de la jerarquía de los bienes jurídicos que merecen tutela, a una reducción de los intereses protegidos y de las prohibiciones legales."(6)

Al realizarse el bien jurídico, como una herramienta constitucional de garantías, en el proceso de aplicar e interpretar una ley, se produce -en esencia y teóricamente- una reducción del ámbito de cobertura de la represión que realiza el sistema de justicia penal: la acción del sistema quedará circunscrita a aquellas afectaciones de los bienes jurídicos que estén tuteladas penalmente. Esto es muy importante dentro del contexto general de la exposición que se hace en este trabajo, ya que conocer e identificar las relaciones de disponibilidad que están en juego en un determinado problema o conflicto social que es sometido a los órganos del Estado significa, para esos órganos, la identificación inmediata de la legitimación de su trabajo. No puede producirse una reacción penal si no se ha producido una afectación relevante a un ente o relación de convivencia que haya sido valorado legislativamente

En materia penal, al igual que en otros sectores del Ordenamiento Jurídico, existen ámbitos libres de regulación jurídica (HIRSH), se trata de entes o relaciones de convivencia que quedan dentro del margen de la "libertad civil" de los ciudadanos y que no requieren tutela del sistema penal porque así lo ha querido el legislador, por esa razón -y precisamente para darle racionalidad al Sistema- no puede extenderse la cobertura del tipo penal a esos sectores de la vida de convivencia. Así expuestos, los ámbitos libres de regulación jurídica no reducen sustancialmente el derecho penal, sino que limitan -materialmente- el ámbito de acción de las agencias del control penal, y, por ello, producen una reducción evidente de la represión que realizan estas agencias. El bien jurídico, así entendido, contribuye, entonces, a crear esa esfera de garantías del ciudadano, de manera que le sean visibles, que pueda sentir en la medida que están de su parte cuando interactúa con otros ciudadanos.

Por lo expuesto es que no se puede hablar de "legitimidad para el control penal" si no existe un objeto de protección lesionado, es decir, una parcela de las relaciones de convivencia y de los intereses que estas generan que haya sido valorada legislativamente y que resulte relevantemente violada por una conducta humana. Esto nos conduce a que no se puede hablar de derecho penal represivo porque sí sino en tanto y en cuanto se sostenga desde el punto de vista de la reacción frente a una afectación sustancial del bien jurídico. Tal es la consecuencia a la que nos lleva la integración de los fines constitucionales de realización del ser humano con los evidentes límites a los que se enfrenta el sistema de justicia penal, al menos desde la perspectiva de su discurso legitimador oficial.(7)

Esta posición sobre el Bien Jurídico, la cual es eminentemente constitucional, es una forma de brindar contenido garantista y liberal a la aplicación de la Ley Penal, ya que el delito no se definirá simplemente como un desviación al mandato jurídico sino por la oposición, lesión o peligro de valores ético sociales, siendo así una clara limitación al poder punitivo ya que sólo se castigarán aquellas conductas que incumplan el mandato jurídico y lesionen el valor ético social y que se constituye en lo que hemos llamado bien jurídico.

Resulta consecuencia lógica de esta tesitura que el acto legislativo de descripción de una conducta penalmente conminada es, al mismo tiempo, un acto de tutela del "ente" o la "relación" fundamental a que esa norma alude. En este sentido, es necesario aclarar que el legislador no hace una mención "pre-típica" del objeto de protección, antes bien, lo que realiza es una valoración positiva de una relación de disponibilidad importante para la vida de convivencia, que cuando es fundamental tiene protección penal.(8)  El bien jurídico sólo es posible conocerlo dentro del tipo penal, ya que la conducta que supone el tipo penal se entiende que lo cumple íntegramente sí y solo sí ha lesionado el bien jurídico penalmente tutelado, no existe otra manera racional de conocer el objeto de protección más que por la misma descripción penal. Así las cosas, el bien jurídico establece para el juez un trascendental esfuerzo exegético ya que el injusto (conducta contraria al Derecho) sería jurídico-penalmente analizada sólo cuando, además de contrariar lo dispuesto por la norma, lesione significativamente o ponga en real peligro un bien jurídico penalmente tutelado. Esto hace que el bien jurídico, como concepto perteneciente a la Ley, tenga implicaciones trascendentales para el análisis de la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta.(9)

Queda para un trabajo posterior examinar las consecuencias para la teoría del delito que tiene esta importante resolución de la Sala Constitucional, baste por el momento subrayar que este voto que hoy analizamos contiene un paso de incalculable importancia hacia la contextualización garantista de los principios derivados del artículo 39 constitucional. Lo que podamos hacer a partir de este fallo estará marcado por la impronta que esa ideología garantista produzca en el trabajo cotidiano de interpretación de la ley penal, impronta que puede asegurar un futuro con menos violencia en el funcionamiento de la agencia judicial.

Bibliografía

BAJO FERNANDEZ (Miguel)," Una respuesta a ciertas críticas sobre el cometido dogmático del Bien Jurídico", en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, Cali, Colombia, Número 3, II Semestre de 1980.

FERNANDEZ CARRASQUILLA (Juan), Derecho Penal Fundamental, Bogotá, Colombia, Temis, reimpresión de la Segunda Edición, 1989, Volumen Primero, 1989.

HASSEMER, (Winfried), Fundamentos de Derecho Penal, Barcelona, España, Bosh, traducción y notas de Francisco Muñoz Conde y Luis Araya Zapatero.

HASSEMER, (Winfried), "El Bien Jurídico en la relación de tensión entre Constitución y Derecho Natural (Aspectos Jurídicos)", San José, Costa Rica, documento mimeografiado, Traducción al español realizada por el Dr. Walter Antillón.

HOUED VEGA (Mario) y SÁNCHEZ ROMERO (Cecilia), La Abolición del Sistema Penal. Perspectivas de solución a la violencia institucionalizada, San José, Costa Rica. EDITEC Editores S.A., Primera Edición, 1992.

MAURACH (Reinhart), Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Barcelona, Ediciones Ariel, 1962.

OLESSA MUÑIDO, Estructura de la infracción penal en el Código Español vigente, Ariel, 1971.

ZAFFARONI (Eugenio Raúl), Sistemas Penales y Derechos Humanos, Informe Final, EDIAR, 1989.

ZAFFARONI (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, EDIAR, 1989.

ZAFFARONI (Eugenio Raúl), En busca de las Penas Perdidas, Buenos Aires, EDIAR, 1991.

Jurisprudencia Consultada:

Sala Tercera, Voto 188-F de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

Sala Cosntitucional, Voto 1739-92 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.

NOTAS:

1  En torno a este problema pueden observarse dos posiciones: 1. que todo derecho punitivo sea penal; 2. que existen zonas de otros derechos con su propio sistema punitivo. Escoger la primera, significa sostener que las reglas del derecho penal deben ser aplicadas a todo aspecto represivo del Estado; la segunda posición lleva a derechos represivos independientes del penal. Esta segunda posición debe ser tomada con cuidado, pues podría acarrear derechos penales especiares con reglas independientes. Conforme a la reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional, muy especialmente del fallo 1739-92, la interpretación de la Carta Magna se orienta en el camino que conduce a sostener la primer tesis. No obstante, el tema por su hondura y trascendencia para nuestro sistema democrático debe ser analizado en un trabajo aparte que sin duda deberemos acometer en un futuro cercano.

2. Sin embargo, compartimos con HASSEMER el criterio que el concepto sistemático de bien jurídico no puede escindirse o separarse de las postulaciones del concepto de caracter crítico, las cuales suelen dirigirse al legislador penal como solicitud para que limite la criminalización, por ende, son contenidos de la política criminal y atienden a su legitimidad. Lo sistemático y lo crítico del concepto están siempre vinculados como vinculadas están, en la realidad, las consecuencias de la tutela penal y la reacción estatal al injusto. Por el momento nuestro interés está enfocado en las consecuencias del concepto para la interpretación y la aplicación de la Ley Penal, por ello, las otras facetas del problema deben dejarse para una investigación posterior. Sobre los conceptos sistemático y crítico del bien jurídico debe consultarse HASSEMER (Winfried), "El Bien Jurídico en la relación de tensión entre Constitución y Derecho Natural (Aspectos Jurídicos)", San José, Costa Rica, documento mimeografiado, Traducción al español realizada por el Dr. Walter Antillón, pp.1-2

3. Una serie de investigaciones realizadas en América Latina dan cuenta de la violencia del ejercicio del poder penal, violencia que no encuentra ninguna justificación en el tradicional discurso dogmático ni tampoco en las aspiraciones "aparentes" de los sistemas sociales de la región, y que riñen directamente con las aspiraciones garantistas y iushumanistas en boga. Al respecto, puede consultarse ZAFFARONI (Eugenio Raúl), Sistemas Penales y Derechos Humanos, Informe Final, EDIAR, 1989, HOUED Y OTROS, Penas Alternativas, EDIAR, 1992, En Busca de las Penas Perdidas, Buenos Aires, Ediar, 1989.

4. Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal, Buenos Aires, EDIAR, 1989, p. 289

5. Hassemer (Winfried), Fundamentos del Derecho Penal, Barcelona, España, BOSCH, 1984, p.37

6. SANCHEZ ROMERO (Cecilia) y HOUED VEGA (Mario), La Abolicóni del Sistema Penal Perspectiva de solución a la violencia institucionalizada, San José, Costa Rica, EDITEC Editores S.A. Primera Edición, 1992, p. 56

7. Aceptamos, sin embargo, que para el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia penal estos valores que hemos llamado "intrasistemáticos" son altamente criticados y soslayados, precisamente porque ponen en franca evidencia que el sistema de justicia penal "…no es apto para proporcionar defensas eficaces a los derechos humanos..." o para realizar una determinada forma de hombre en la sociedad. La idea de bien jurídico, junto con las definiciones dogmáticas de la función de la pena, son quizá los conceptos del discurso legitimador del derecho penal que le producen mayores problemas a las agencias del control penal para ocultar esas funciones que causan tanto deterioro a nuestras sociedades.

8. La definición de cuáles bienes deben ser penalmente tutelados es el resultado de una definición de política criminal, y su función conceptual constituye algo negativo, esto es, una limitación del derecho penal, porque impide al legislador penal legislar si no es para asegurar la tutela de un bien jurídico, "...asegura el "status negativus" de la libertad privada de acción antes de cualquier intervención estatal." HASSEMER, "Bien Jurídico…"., p, 4.

9. Ibid., p.5.