CÁRCEL Y DERECHOS HUMANOS

Roberto Bergalli
Universitat de Barcelona

Sumario:

Reflexiones sobre: a) primacía de un saber jurídico y b) hegemonía de una visión comportamentista 1). Obscenidad de la cárcel y capacidad corruptora; 1.1). Iluminismo: pena mínima y necesaria; 1.2). La cárcel "real" desmiente el reformismo correccionalista; 1.3). La cárcel "legal" desmitificada y la violación de derechos humanos; 1.4). La imagen dura de la cárcel y las situaciones de "emergencia". 2). Noticias sobre la cárcel y criterios clasificatorios; 2.1). Contradicciones entre la legislación penitenciaria y la aplicación del llamado sistema progresivo. 3). Improvisación y objetivos de "orden y disciplina" en Catalunya; 3.1). Prácticas improvisadas; 3.2). Agravamiento de la situación penitenciaria; 3.3). Abogados, clase judicial y ejemplos de (in)sensibilidad; 3.4). Tratamiento y conductismo. 4). Ambiguas y falaces "alternativas" a la cárcel.

Reflexionar y escribir sobre los derechos que los condenados y procesados tienen como internos en las instituciones penitenciarias, no es una simple operación hermenéutica. Si la cárcel no fuera el ámbito de obscenidad y de corrupción de la substancia humana (de presos y vigilantes) que planetariamente es, podría todavía acordarse la primacía del saber hegemónico sobre ella a la interpretación de los textos que fijan tales derechos. Más, ya ha llegado el día en que la “cárcel legar” deje de ser, necesaria e imperiosamente, objeto único de conocimiento jurídico y se convierta en la punta de lanza del ejercicio de una cultura democrática y en exaltación de los derechos humanos fundamentales, para lo cual parece que la simple lectura de los textos es insuficiente. Tal es la situación actual y tal no es comprendida por la lectura tradicional que se hace de la cuestión penitenciaria. Pero, todavía hay más aún.

Es efecto, de esa lectura apegada a la letra de las leyes penitenciarias que casi generalmente se hace, ha surgido -como no podía ser de otra manera- una legitimación de las formas de intervención ejecutivo-penal que, propias a un período en que la filosofía penitenciaria estaba permeada por la idea-guía de control total sobre los individuos, se han perpetuado de un modo obsesivo y asimismo aislados del cambio social exterior a los muros de la cárcel.

Esos dos aspectos que acabo de esbozar apenas a) primacía de un saber jurídico en detrimento de entender la cárcel como formando parte de la cultura democrática y b) hegemonía de una visión estrictamente comportamentista como medio de alcanzar el disciplinamiento total, me permitirán introducir las intervenciones que se harán en esta mesa redonda, lo cual me ha sido solicitado en la falsa creencia que mis palabras puedan ayudar a su presentación. Antes bien, pienso que, en todo caso, va a suceder lo contrario y con ello me apena defraudar a los asistentes a este acto, pues si es el contenido de las intervenciones lo que permitirá a la audiencia verificar la validez de mis hipótesis, ya aquellas, por sí solas, estaban introducidas entonces con la realidad que vienen a contrastar y, en consecuencia, esta introducción es innecesaria; obviamente, siempre que todo oyente no se acerque desde las perspectivas ideológicas que aquellos aspectos suponen.

1). Las afirmaciones que acabo de hacer, en relación a la obscenidad de la cárcel y a su capacidad corruptora de toda substancia humana, podrían haber sido formuladas hace ya más de doscientos años. De hecho, lo fueron y así fue como se inició no sólo el ya tan largo proceso de reformas humanitarias sino, algo mucho más importante todavía: fue nada menos que el Iluminismo penal el sistema de pensamiento que puso al descubierto los vicios mismos del secuestro institucional, aplicado como consecuencia del delito que esa nueva visión del mundo acababa de definir, en aplicación de las reglas de juego de la naciente sociedad moderna. Sin embargo, en materia de cárcel, como en general en todos los secuestros institucionales, poco y... nada ha cambiado si se acepta que todos ellos han satisfecho unas funciones latentes, asignadas por el propio sistema social que legitimará el Iluminismo con el fin de contener determinados sujetos que por razones de exclusión no han podido vivir en libertad. No obstante, en su origen y a lo largo de algo más de dos centurias, tal como se la conoce desde entonces y en cumplimiento de diversas funciones manifiestas que le han sido atribuidas por las diferentes formas-Estado a las cuales ha servido, a la cárcel se le han adjudicado unas misiones que discursivamente tenían que ver con las garantías y los derechos fundamentales de sus "clientes". De manera que, al estar todos esos derechos asegurados por los respectivos ordenamientos jurídicos, la lucha por su cumplimiento se ha constituido en la meta de toda actividad humanizadora de la cárcel por lo cual, en pos de tal objetivo, se ha soslayado el análisis de la ideología subyacente a la institución.

1.1). El Iluminismo penal nació precisamente acicateado, además de por la fundamental necesidad de sancionar punitivamente las violaciones a las reglas de juego de la nueva sociedad, también por el desgarrador reclamo de dar una solución al drama de la pena, tal como quedó entonces hasta literariamente patentizado nada menos que por el célebre romántico autor de l promessi sposi, el ilustre nieto de Beccaria, en la Storia della colonna infame (v. Manzoni 1981). Pero, si bien la privación de libertad sólo adquiere sentido como pena moderna cuando precisamente deja de ser una aflicción y se convierte en una privación -privación de un derecho de libertad personal (que, al igual que la privación de la vida y de la propiedad, constituyen y justifican al Estado moderno)- lo cierto es que las condiciones de su ejecución, aunque desde mucho antes de ser considerada "pena", reclamaban una adecuación a ciertos principios garantistas. El Iluminismo, más allá de limitar las vocaciones absolutistas de toda potestad punitiva, comportó la adopción de ciertos principios que significaron afirmaciones revolucionarias las cuales, aunque hoy parezcan banales, fueron acogidas por las primeras Constituciones como freno a las penas inútilmente excesivas El principio de la pena mínima necesaria y el del respeto a la persona -reclamados por Montesquieu, Beccaria, Romagnosi, Bentham y Carmignani- dan respuesta al interrogante que el penalismo ilustrado pretende responder: ¿cuándo y cómo punir?. De tal manera, si la pena debe ser "necesaria" y la "mínima de las posibles" en relación al fin de la prevención de nuevos delitos, estos principios pasan a ser los objetivos de mitigación y minimización, buscados por la ética racional de tipo utilitarista que otorgó lo más característico del movimiento penal reformador desarrollado por el Iluminismo (cfr. Ferrajoli 1990, 391).

1.2). Mas la cárcel real ha desmentido el reformismo humanizador que a lo largo de dos siglos y, sobre todo en el presente, ha ido plasmando un discurso legal-penitenciario que ha tenido contemporáneamente, en la Europa comunitaria del Welfare, excelentes demostraciones con las Norme sull'ordinamento penitenziario e sull' esecuzione delle misure privative e limitative della libertá de Italia (legge 26 luglio 1975, n. 354), la Straívollzugsgesetz de la República Federal de Alemania (de 16 Marzo 1976) y, finalmente, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP) de España. Estos ordenamientos penitenciarios, como otros anteriores y posteriores (cfr.Kalser 1983), sancionaron positivamente la afirmación de una ideología carcelaria que asienta sus postulados básicos en la vieja, aunque entonces renovada, concepción correcionalista de la privación de libertad. La atribución de un fin de prevención especial positiva a la privación de libertad fue, como se sabe, un principio que germinó en el terreno del Positivismo criminológico con raíces en la filosofía krausista a la que Carl von Roeder desplegó como capacidad de corregir respecto de quienes revelaban un comportamiento equivoco.

Ese movimiento legislativo europeo, con los importantes antecedentes del ámbito cultural escandinavo -aunque de características mucho más pragmáticas-, pretendió adecuar la ejecución de las penas privativas de libertad a los principios de la forma-Estado que el constitucionalismo social había recepcionado de forma plena después de la segunda Guerra mundial. Este dato fue determinado por el mismo desenvolvimiento internacional de los derechos humanos y no puede dudarse que en la configuración europea de semejante reforma penitenciaria han influido aquellas dos concepciones de los derechos humanos -iusnaturalista y ética- que consideran a los hombres como entes abstractos o alejados de su espacio y tiempo históricos. En efecto, si se tiene en cuenta el influjo que sobre semejante reforma ha tenido la denominada Défense Social Nouvelle, impulsada desde Francia por Marc Ancel, y se consideran los orígenes positivistas de ésta, no parece que la consideración historicista o sociológica de los derechos humanos pueda haber fundamentado el actual discurso legalpenitenciario. Antes bien, las ideas de régimen y de tratamiento penitenciario que campean a través de dicha legislación no hacen más que enfatizar unos procedimientos absolutamente manipuladores de la personalidad humana, lo cual rebaja la fundamentación humanizadora que pretendió atribuírsele a la misma, dejando así señalamiento social en que ha quedado encerrada esta reforma. La convicción de que quien delinque lo hace a causa de alguna condición patológica individual no ha abandonado la tradición penitenciarista y, cuanto más "humanitaria" ésta se ha querido manifestar, más ha revelado la negativa a ser diferente que se le opone a quien ha sido definido como delincuente. Este es precisamente el aspecto que permite poner de manifiesto hasta qué punto la ejecución de penas privativas de libertad contradice la forma-Estado democrática. Recuérdese aquí la profunda crítica dirigida a lo que se dio en llamar la Behandlungsideologie (cfr.Hilbers/Lange 1973) en la República Federal de Alemania, le difficollà di conciliare la rieducazione con la segregacione carceraria (cfr.Fassone 1980,91-98) en Italia y la ideología de la resocialización o la resocialización como ideología (cfr.Bergalli 1987) en España, fórmulas todas estas que -amparadas en una fundamentación ética, pero también política- pusieron en cuestión la capacidad estatal para intervenir en el ámbito de la personalidad de los condenados a privación de libertad.

Ante este irrebatible cuestionamiento, la doctrina ejecutivo-penal hizo algunas tentativas de adecuar el postulado de la reeducación o resocialización al objetivo de que quien fuera sometido a tratamiento penitenciario pudiera llevar en el futuro una vida sin volver a cometer delitos o bien para que a través de él se alcance, ante todo, la atenuación de los efectos negativos de las penas privativas de libertad. Mas todas estas tentativas han chocado contra la materialidad objetiva de la institución total: no hay compatibilidad alguna entre la segregación -que si se realiza en condiciones de hacinamiento agrava todos los problemas que suponen vivir bajo secuestro institucional, llegándose incluso a lesionar al principio básico de la dignidad de la persona- y las eventuales posibilidades de desempeñar un trabajo remunerado, mantener vínculos afectivos, participar en la comunicación social, etc. Por lo demás, las condiciones en las cuales se ha desenvuelto el mercado de trabajo en Europa en los últimos años no permiten alentar posibilidades para recuperar la fuerza-trabajo que queda en libertad luego del cumplimiento de una pena. Frente a todo esto, parece no haber reaccionado la doctrina ejecutivo-penal española que continúa procurando reelaborar un concepto desfasado de resocialización, lo que la ha hecho caer en un mero discurso autoalimentador de prácticas penitenciales negativas.

1.3). La desmitificación de la "cárcel legal" que se ha producido en Europa, como consecuencia del fracaso de las funciones simbólicas atribuidas a ella (la reeducación o la resocialización como fin u objetivo de las penas privativas de libertad), fue el resultado de un doble proceso acaecido a lo largo de la década de los años setenta. Por una parte, la restricción de las políticas sociales producidas por la llamada crisis del Estado de bienestar y, por la otra, la emergencia del terrorismo que puso al Estado de derecho frente a la necesidad de recurrir a la excepcionalidad penal, dejaron al desnudo la institución penitenciaria. La cárcel de custodia y la cárcel de máxima seguridad han pasado a ser las imágenes habituales del espectro con que se representa la privación de libertad y ambas son, asimismo, la expresión final de una política criminal presidida por lo que ha dado en llamarse "cultura de la emergencia", la cual ha permeado tanto la creación como la aplicación de las leyes penales, procesales y ejecutivo-penales. La inflación punitiva de que se ven aquejados los sistemas penales contemporáneos, a los que se les ha pretendidamente adjudicado la solución de conflictos que carecen de naturaleza punible y que deberían ser quizá encarados en el campo de intervención del derecho administrativo o del derecho civil, constituye el motivo principal del abrumador hacinamiento que cubre el panorama de las cárceles europeas. Los reclamos por la descriminación, pese a haberse promovido desde los propios ámbitos comunitarios (cfr. Council of Europe 1980), no parecen haber superado los limites del debate académico y mientras hoy se asiste a una interesante discusión acerca de cuál de las tres corrientes activas dentro de la denominada Criminología crítica (abolicionismo radical escandinavo, nuevo realismo de izquierda británico, derecho penal mínimo) es la más adecuada para alcanzar una restricción de las formas de intervención punitiva como empleo de formas "duras" de control social, al mismo tiempo se constata una reiterada voluntad política de acudir al empleo del sistema penal en substitución de las intervenciones de tipo social que ataquen las raíces mismas de los conflictos.

Hoy se asiste en la Europa comunitaria a la verificación de otros fenómenos que han acentuado esas imágenes a través de las cuales la cárcel se ha venido representando socialmente. La construcción social de la cuestión-droga y el rechazo a la presencia de extranjeros no-comunitarios en los territorios nacionales, han pasado a constituir una nueva fuente de alimento para el contenedor cárcel. Los porcentajes de relación entre la intervención de personas vinculadas a la droga (por tráfico, por delitos cometidos para procurársela o por simple tenencia que supere las dósis para su consumo) o en sus condiciones de extranjeros a quienes se les impide residir en territorio comunitario, con los alarmantes índices de superpoblación institucional, son aún más reveladores del uso instrumental de la privación de libertad con fines de mera confeción, cuando no del absoluto fracaso -pues genera auténticas violaciones de los derechos humanos (tales como la sieropositividad o el propio síndrome de inmunodeficiencia) e, incluso, del impulso al suicidio de jóvenes encerrados por fumar marihuana, como acaba de suceder en Italia en aplicación de la legge 162, conocido como Jervollino-Vassalli que comienza sancionando administrativamente pero termina por hacerlo punitivamente con quien posee droga para uso personal (v. il Manifesto 27.VII.1 991)

1.3). El doble proceso del que se ha hablado y los fenómenos de acentuación de las imágenes duras de la cárcel se han verificado también en España, tanto por su incorporación al ámbito de los países centrales (formalizado con su ingreso a las Comunidades Europeas) cuanto por el particular problema de terrorismo nacionalista que le afecta, todo lo cual obliga a adoptar la estrategia de control social dominante en Europa que ha sido definida más en función de las exigencias de intervención policial en relación a las situaciones de "emergencia" mencionadas, antes que atendiendo a una articulación de las necesidades de control con otras de política social, económica y cultural. En tal sentido conviene tener siempre presente lo que están significando las decisiones adoptadas por el llamado "grupo de Trevi" o las imposiciones que surgen de la adhesión española a los "acuerdos de Schengen", todas las cuales han impulsado al Gobierno español a proponer una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que se acaba de sancionar y que acoge tales imposiciones, aunque muchas de sus disposiciones rocen la inconstitucionalidad y pongan en peligro el Estado de derecho.

2). Cuando se analiza el papel que cumple la cárcel como última instancia del control social "duro" no puede menos que relacionársela con los innumerables sucesos que habitualmente ilustran la crónica periodística Suicidios, motines, homicidios, agresiones, torturas, ingreso y tráfico de drogas en su interior, abusos sexuales, transmisión de sieropositividad, etc. Estas son las noticias que se asocian usualmente a la imagen de la cárcel, sobre todo a la de aquellas instituciones emplazadas en las grandes urbes y que, aunque destinadas al alojamiento de un tipo de internos -detenidos en prisión preventiva-, terminan por confundir a una heterogénea población sobre la que se aplican unos criterios clasificatorios. Estos, no obstante, emergen de las leyes y reglamentos penitenciarios, no se corresponden para nada ni con las posibilidades reales de seguir permaneciendo en reclusión ni con las condiciones presuntas de aplicar el régimen que determinaría dicha clasificación.

2.1). Estos son los aspectos que precisamente necesitan el control jurisdiccional. Pero, las contradicciones que surgen entonces entre una lectura de la legislación penitenciaria y la aplicación concreta del llamado "sistema progresivo" (dogma indiscutible de esa cultura penitenciaria de marca correccionalista) resultan a veces tan aberrantes respecto al pretendido fin resocializador que poco o nada pueden ya decir sus ideólogos.

Un claro reflejo de semejante cuadro se ha producido en el verano español de 1991, aunque tal tipo de sucesos han constituido una repetición de semejantes acaecidos en el verano de 1990 y también en el anterior de 1989, particularmente en Barcelona. No es posible en esta sede hacer una crónica de tales sucesos, respecto de los cuales los medios de comunicación han suministrado una información cotidiana en esos períodos. Mas, lo que no es posible aceptar son las tesis oficiales que en una u otra ocasión siempre se han dado al respecto y con las que se ha intentado justificar tal repetición mediante unas ciertas razones temporales, pues el calor veraniego -se dice- habría constituido un acicate para la violencia que "naturalmente" existirá entre los internos de las instituciones penitenciarias, lo cual haría reproducir tales sucesos miméticamente. En la última ocasión se esgrimió la hipótesis de que una cierta "asociación" de reclusos de extrema peligrosidad -de los así llamados en "régimen especial" (¡cómo silos presos pudieran asociarse libremente e inscribir su asociación en el Registro pertinente, vaya la ironía oficial!)- habría impulsado la producción de motines y desórdenes, para reclamar así por sus condiciones de alojamiento, lo cual no haría más que confirmar el estado de inhabitabilidad de las cárceles españolas, aún pudiendo ser cierta la hipótesis oficial acerca de los fines violentos de tal "asociación" y sus eventuales conexiones con otros grupos de internos pertenecientes a organizaciones terroristas. Si las degradantes condiciones de alojamiento que presentan ciertas cárceles españolas son tan agudas, como ha sido puesto de resalto no sólo por los medios de comunicación, sino incluso por reiterados informes del Defensor del Pueblo, colectivos de abogados u organizaciones humanitarias, nada excusa el ineludible deber de la Administración; ya habrá recursos y tiempo para saber si los reclamos de los afectados han incurrido en faltas o delitos. En este terreno parece que la "susceptibilidad" de las autoridades penitenciarias se agigantara cuando una Juez de Vigilancia, en uso de atribuciones que son inherentes a su jurisdicción, guió la visita en Carabanchel de representantes de una organización internacional no gubernamental, de reconocido prestigio, dedicada a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, cuyo informe provisional puso al mismo nivel de Turquía (un país en que si se violan esos derechos en sus cárceles) el estado de ciertas cárceles españolas.

3). En Catalunya, por ser la única Comunidad Autónoma que ejerce competencias en materia penitenciaria, fue siempre esperada una iniciativa audaz que transformara las líneas estratégicas desde las que se ha venido esbozando la política penitenciaria estatal. El tan demorado desarrollo del principio constitucional de reeducación y reinserción social que la LOGP ha pretendido desarrollar -irrealizable por otra parte a la luz de las políticas social y económica que lleva a cabo el Estado español, pues al no poder asegurarse vivienda y ocupación a todo los ciudadanos que ingresan al mercado de trabajo es imposible suponer que alguien pueda sentirse resocializado al salir de la cárcel-, ha contrastado con unas prácticas de auténtica improvisación cuando no con unos objetivos de mero "orden y disciplina" en el interior de las prisiones.

3.1). Las primeras -prácticas improvisadas- se descubrieron tempranamente ya con el anunciado Plan de Construcciones Penitenciarias. La elección de los terrenos sobre los cuales debía construirse la primera cárcel construida por la Generalitat en el término municipal de La Roca, en el Vallès Oriental, estuvo en su momento rodeado de alternativas que, por lo menos, deben denominarse "escandalosas". Los medios de comunicación catalanes y nacionales reflejaron, por una parte, el descontento social que llegó a rozar la desobediencia civil (cfr. Bergalli 1985), puesto de manifiesto por las mismas poblaciones a las que parecía afectar la construcción de una institución penitenciaria en las inmediaciones de sus viviendas, frente a lo cual la Generalitat adoptó una solución condicionada por tales presiones. Por otra parte las autoridades locales aledañas a los terrenos cuestionados no hesitaron en denunciar cierto entretelones nunca aclarados que habrían rodeado los motivos de aquella elección (cfr. Ballús 1984). Lo escandaloso quedó mucho más tarde puesto en total evidencia cuando, el Departament de Benestar Social de la Generalitat, absolutamente ajeno por materia al de Justicia, competente en la cuestión, encargó de forma inesperada y aparentemente inopinada a un geógrafo social, la redacción de un estudio acerca de los motivos, inconvenientes y/o ventajas que pudieran suponer la construcción de una prisión en La Roca del Vallès. En dicho estudio se señalaba, naturalmente (v. Fraile 1989), que toda vez que se pretendiera iniciar planes de construcción semejante en la Roca del Vallès o en cualquier otro lugar, era imprescindible que semejante prospección se realizara con cierta anticipación a las obras. Por lo demás, tomar el pulso de los deseos populares en un sentido afirmativo o contrario a la construcción de una cárcel, constituía un imperativo de absoluta y total prevención previa lo cual, era evidente, en el caso nunca se había cumplido. Años más tarde, con el edificio de Quatre Camins ya construido, surgieron a la luz un sinnúmero de otras improvisaciones, destacadas tanto por los propios sindicatos de funcionarios (v. La Vanguardia 26.IX.1989) como hasta por algunos de los mismos arquitectos que intervinieron en el diseño de la nueva cárcel (v. Bonell Costa y otros 27.VI.91): unos vinculados con la dudosa seguridad que el mismo edificio y ciertas instalaciones ofrecían; otros con la distancia insalvable entre el establecimiento y centros urbanos lo cual procuraba un aislamiento de los internos con sus familiares y una gran incomodidad para los propios funcionarios; los demás con la falta de reconocimiento por la Generalitat de la tarea técnica desenvuelta por los expertos en el diseño de la cárcel.

3.2). Mientras tanto, es verdad que la situación de alojamiento en las instituciones penitenciarias de Catalunya ha pretendido ser mejorada por la Administración. Desde la asunción de las competencias en materia por la Generalitat se han llevado a cabo muchas obras de mejoramiento, junto a la construcción de la segunda prisión de Can Brians, en Sant Steve Sesrovires (Baix Llobregat). Esto es un mérito. Obras en Lleida que permitieron la distinción entre dos centros diferenciados por su régimen interior (recientemente se han reconstituido en lo que se denomina el Complex Penitencian del Ponent); obras en Girona; transformación del centro para jóvenes de La Trinitat; reformas en el centro para mujeres de Wad Ras; etc. Y, lo que es de resaltar, constantes trabajos edificios en el Centro Penitenciario de Hombres, conocido históricamente como la Cárcel Modelo, pero orientados específicamente a aumentar la seguridad del mismo.

Lo que si debe reprochársele a la Generalitat, es su exagerada ingenuidad al no parecer que quiera advertir la constante, permanente y marcada ampliación del uso de la privación de libertad que hace la política penal del Estado español. Ya se habló antes de la "inflación punitiva" que afecta a los sistemas penales europeos. A España, como uno de los últimos eslabones de las políticas comunitarias y como ostensible "vaso comunicante" con las culturas del norte de Africa y Latinoamérica, se hace más evidente que las Comunidades Europeas le exigen el cumplimiento de las restricciones contra los flujos migratorios que son negados sistemáticamente como la expresión propia de históricas expoliaciones sobre aquellas culturas. El enriquecimiento ilícito que los sistemas económicos centrales encontraron como veloz forma substitutiva de la circulación de capitales, eligió el territorio español como ámbito de ingreso y tránsito de drogas ilegales, pero también lo seleccionó como lugar de "lavado de dinero sucio", aprovechando la avidez de sus sistemas financiero y bancario. Estas dos situaciones, amplificadas por la carga punibilizadora de dos Leyes Orgánicas que apuntan a limitarlas y controlarlas, pero que en realidad no hacen más que vigorizar las mayúsculas ilegalidades que se generan en tema de extranjería y cuestión-drogas, están provocando un uso indiscriminado del sistema penal español. Al fin y a la postre es la institución penitenciaria la que recibe el producto de semejante indiscriminación con lo cual, no puede haber -no habrá-, ni en Catalunya ni en ninguna parte, dinero suficiente para construir cárceles...

Pese a todo esto, la situación se agrava cada día. Tómese como ejemplo las reiteradas quejas de los internos en la Modelo, algunas que en los últimos años han llegado al límite de airadas protestas seguidas por actos violentos. Recordaré aquí, a modo de ejemplo, las alteraciones del verano de 1990 (aunque en años anteriores hubo innumerables altercados, en los cuales también se vieron involucrados hasta los familiares de los internos, por manifestarse en la vía pública) que llevaron a cinco reclusos, afectados por el síndrome de inmunodeficiencia, a subirse a los tejados del edificio. Desde allí reclamaron e hicieron oír las demandas durante varios días -sólo calmadas por la veloz intervención del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria quien medió para que se atendieran sus justas reivindicaciones por la situación de la enfermería de la prisión, un servicio que, ya tiempo antes, había provocado intervenciones de la jurisdicción penitenciaria. Pues bien, fue necesario que el Juez de Vigilancia declarara el cierre de la enfermería -lo que, finalmente, a raíz de un recurso planteado por la Fiscalía, fue confirmado por la Audiencia Territorial- para que la Generalitat procediera a la refacción de tal servicio... ¡un año después!. Todo esto no modificó el cuadro general del Centro, como no puede ser de otro modo en un establecimiento con capacidad limitada que habitualmente acoge el triple de presencias y que llegara al límite para que el mismo Defensor del Pueblo instara al Presidente de la Generalitat a su derribo ante "las pésimas condiciones de vida en el mismo" (v. El País 28.VII.1988). Esto ha sido reconocido hasta por un mismo Director dimisionario de la cárcel (v. La Vanguardia 20.XI 1988). Pero, de todo esto ya me he ocupado en otra ocasión (v. Bergalli 1991) reciente. Lo cierto y concreto es que nada se podrá hacer, en Catalunya o donde sea, si se continúa depositando en la cárcel la sobreabundante "clientela" que produce el sistema penal.

3.3). Mientras tanto, las garantías procesales y los derechos de los reclusos como tales (pues como personas ya le han sido violados sus derechos fundamentales por el sólo hecho de vivir como se vive en el interior de las prisiones) resultan de continuo lesionados. Ante semejantes constataciones, algunos abogados dedicados particularmente a atender este tipo de cuestiones, están pretendiendo construir un discurso específico en el interior de la propia corporación profesional de Barcelona, tal como ha ocurrido en los ámbitos de los Colegios de Abogados de Bilbao y Madrid. Empero, pese a esta insistencia y a los reiterados reclamos para vigorizar la jurisdicción penitenciaria en España que formularán aquí todos los participantes en la mesa redonda, es muy interesante atender las observaciones que se hacen en lo relativo a la insuficiencia o ausencia de un verdadero derecho procesal penitenciario como para poder hacer valer todas las demandas de los internos, en función de los derechos que les reconoce la LOGP.

Permítaseme terminar este apartado con una invocación a la necesidad de que la clase judicial española construya su propia cultura penitenciarista. La existencia de una jurisdicción específica -como la instaurada por la LOGP- requiere de una legitimación a través de su propio ejercicio. Desafortunadamente, en la larga década de vigencia de la LOGP, pocos ejemplos ha tenido la sociedad española de auténtica y verdadera sensibilidad de jueces y magistrados por la atención de los derechos de los reclusos. Algunos, es verdad, han sido modélicos y cabe destacarlos; otros, en cambio, también deben destacarse pero, precisamente por los motivos de insensibilidad o de sensibilidad al revés de la que se requiere para el ejercicio de esa particular jurisdicción. Ambos tipos de ejemplos se han producido precisamente en Catalunya. El primero de ellos, a cargo de un magistrado que ha honrado a la justicia española; el segundo, representado por un personaje cuyas características subjetivas y profesionales difícilmente puedan repetirse. Lo raro en este último caso está constituido por la aparente protección que dispensa el mismo cuerpo judicial a sus decisiones y comportamientos, claramente violatorios no sólo de los derechos de los reclusos sino de los mismos principios de la Constitución española y el ordenamiento penitenciario, al desoir las denuncias y querellas que se han presentado para reclamar contra el sistemático desconocimiento de tales principios en que incurre y de los cuales se vanagloria el magistrado de Vigilancia.

3.4). Los objetivos de mero "orden y disciplina" en el interior de las prisiones que parecen presidir también la política penitenciaria seguido en Catalunya, no están únicamente reflejados en el tipo de intervenciones respecto de los internos o por aquellas decisiones de tipo edilicio. También puede encontrarse muestras de ello en las decisiones adoptadas por la Administración en relación al empleo de ciertas técnicas aplicadas a lo que se conoce como “tratamiento” y que se traducen en el tipo de formación que procura darse a los funcionarios o que quieren enfatizarse a través de la actividad de los expertos que configuran aquellos equipos destinados a la observación de la conducta de los internos. De este aspecto ya me he ocupado en ocasión anterior (cfr. Bergalli 1991 cit.) pero, de todos modos, no puede dejar de mencionarse cuando se trata de hablar de los "derechos" de los internos porque conviene preguntar en virtud de qué principio se legitima un cuadro de intervenciones destinado a obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema de "premios" a la fidelidad de la autoridad institucional o de quien la representa. Esos premios, que se otorgan sobre una base legal (progresión de grado y permisos de salida), responden sin embargo a unas técnicas psicológicas de puros reflejos provocados que, obviamente, poseen un efecto limitado en el tiempo y se orientan a obtener un resultado inmediato, condicionado a una meta prefijada. La crítica general dirigida al conductismo o comportamiento o Behaviourismo (cfr., por todos Blöschl 1977), en las versiones que descienden de la reflexología de Pawlow y se continúan a lo largo de los enfoques de Watson, Skinner o Jones, se hace todavía más aguda cuando se trata de analizar las consecuencias de toda terapia comportamental aplicada en ámbitos cerrados (v. especialmente Jaeggi 1980). De todo esto debe extraerse, como conclusión, lo efímero de tales técnicas, aplicadas en un régimen de secuestro institucional y que tienden a obtener una conformidad relativa. ¿Es posible, entonces, creer que el máximo objetivo de resocialización previsto por la Constitución española para las penas privativas de libertad puede alcanzarse desde semejantes técnicas de sumisión?

4). Ante este estado de cosas que configuran la cuestión penitenciaria en España y en Catalunya -muy suscintamente expuesto aquí- algunos espíritus sensibles se pronuncian por la búsqueda de "alternativas a la prisión". La ambigüedad del concepto y las falacias que puede encerrar, si no se esclarecen sus alcances (cfr., en este sentido, Pavarini 1991) llevan a la situación que ya procuré describir (cfr. Bergalli 1991, cit., repitiendo ideas expuestas en anteriores ocasiones). Por ello, no volveré sobre el tema, aunque me permito llamar la atención acerca de la necesidad de profundizar un debate -que debe extenderse al resto de la cuestión penitenciaria- al cual se rehuye la doctrina oficial que sustenta la política del Estado español y que se extiende a legitimar la que se practica en Catalunya (aunque ésta también cuenta con su propia doctrina y con un Centro emisor de ella).

Al concluir, me parece imprescindible resaltar el valor (los valores) que van a encerrar las intervenciones que se me han permitido introducir. Pienso que todo cuanto se diga en este acto puede prestar un elevado servicio, sobre todo para aquellos profesionales (abogados y jueces) a quienes va dirigido para que se introduzcan en la materia de defensa de derechos fundamentales de los reclusos. Pero, asimismo, para los estudiantes a quienes prácticamente nada se les explica sobre los "secretos" de la cárcel durante su proceso de formación universitaria. Además, creo necesario insistir, como lo sugieren los autores, de que una cosa es legislar, otra es juzgar, otra más es defender pero, una es particularmente mucho más difícil y dura estar preso. A mi se me ha brindado la ocasión de manifestar ciertas reflexiones, ya muy repetidas quizá, pero necesarias para mostrar cuál es la cárcel que tenemos... pero que no queremos!!!

Barcelona,21.Febrero de 1991.

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