Dr. José María Tijerino Pacheco
Fiscal General de la República de Costa Rica

La relación de los conceptos "policía" y "democracia" habría sido por lo menos sospechosa y en otros tiempos, en los cuales "democracia" fue una palabra subversiva, es decir, antónima de "policía", que evoca orden, autoridad, cuando no imposición y autoritarismo.

Pero en Costa Rica y en una conferencia que no es solo policial, sino también de justicia criminal, y en las postrimerías de este siglo, que no acaba de salir del asombro causado por el desplome de un sistema fundado en el autoritarismo más despiadado, no puede caber duda de la importancia del maridaje entre los conceptos dichos.

Nosotros estimamos que así como hay una historia negra de la policía, conformada por el abuso del poder en todas sus manifestaciones, las autoridades de una sociedad democrática tenemos el imperioso deber de escribir otra historia: aquella que reivindique un servicio esencial para cualquier comunidad: la del orden, entendido no como avasallamiento de la dignidad humana sino como garantía de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase.

Una realidad insoslayable es la que la policía, doquiera se encuentre, será siempre la expresión del poder. Si ese poder no emana del pueblo, si no es representativo de la voluntad popular, será inútil pretender que la policía actúe en salvaguarda de los derechos ciudadanos. Será, por el contrario, odioso instrumento de represión política, cuerpo no sólo separado del resto de la sociedad sino también enemigo declarado de ella. Estaremos ante un fenómeno social patológico, ante un verdadero monstruo.

Por otra parte, la existencia de un gobierno representativo, de una sociedad democrática, no es en absoluto garantía de que dicha sociedad cuente con una policía acorde con sus principios.

No existe ninguna nación en la Tierra, ni siquiera la costarricense, pese a un famoso cumplido hecho por un ilustre visitante sobre ella y la libertad, que no engendre individuos radicalmente antidemocráticos.

La paradoja de la democracia consiste en que también debe hacer respetar los derechos de sus enemigos, el derecho de atacarla inclusive, cuando su ejercicio no sea sino expresión de la libertad de pensamiento.

Esa situación, inconcebible en otros regímenes políticos, obliga a una permanente y cotidiana lucha. A la democracia hay que defenderla todos los días; por su fragilidad está expuesta a todos los ataques, y muchísimos de ellos se hacen, ¡otra paradoja!, en su propio nombre.

La experiencia enseña que cuando una sociedad emprende el arduo camino de la democratización encuentra en algunos sectores de las fuerzas policiales, muy identificados generalmente con las fuerzas armadas, cierto grado de resistencia. Tal pareciera que hay una tendencia en esos sectores a convertirse en los últimos reductos del autoritarismo del antiguo régimen.

Su actitud es comprensible: el ejercicio del poder es grato, y el de un poder ilimitado, más grato aún. Pero esa actitud no puede, bajo ningún concepto, justificarse, y si se quiere la consolidación del régimen de derecho, esa situación sólo puede aceptarse transitoriamente, como algo pasajero, algo que necesariamente debe estar condenado a desaparecer en un plazo razonable.

El régimen democrático necesita de la policía para subsistir. Pero para evitar su propia desnaturalización, para no ser mera fachada, para no traicionarse a si mismo, debe ser consecuente con sus principios.

Una sociedad democrática exige una policía distinta a la de una sociedad no democrática. No hay opción al respecto.

Surgen aquí unas preguntas: ¿Cómo debe ser la policía de una sociedad democrática? ¿En qué se diferencia de la policía de un régimen de fuerza?

Las respuestas hay que buscarlas en los principios que la inspiran, en los fines que persigue, en sus procedimientos, en la subordinación a las autoridades libremente elegidas por el pueblo, en su conformación orgánica y en el control que el resto de la sociedad, y no solo las autoridades superiores, ejerce sobre ella.

Los principios inspiradores de la acción de la policía de una sociedad democrática deben ser exactamente los mismos que rigen el proyecto político de esa sociedad.

La policía no puede oponerse a esos cánones, porque dejaría de estar al servicio de la sociedad. Hay una insalvable contradicción cuando las fuerzas policiales sustentan sus propios valores, distintos de los de la sociedad. De servidora se convierte en opositora, en amenaza, en desviación social.

Los fines de la policía de la sociedad democrática deben ser la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y la defensa del régimen de derecho.

La policía no debe identificarse con ningún partido político, credo religioso o grupo social determinado. Debe estar al servicio de la sociedad como un todo y no al de un sector de esa sociedad, si no quiere convertirse en vulgar banda armada.

Los procedimientos de la policía de la sociedad democrática deben ser aquellos fijados por el ordenamiento jurídico. Nada que atente contra él debe permitirse. La policía está concebida como la primera defensora de la ley, sus agentes son los representantes de la ley y los más obligados de todos los ciudadanos a acatarla y hacerla acatar.

La eficacia de la policía se mide tomando en consideración el porcentaje de casos esclarecidos, según el criterio de los tribunales y no según el criterio de los agentes. Y ello siempre y cuando los tribunales sometan a estricta crítica tanto del actor penal y de la defensa como de ellos mismos las pruebas presentadas por la policía.

Pruebas que no solo deben ser contundentes, sino también obtenidas con apego a las garantías y derechos ciudadanos y a las formalidades de la ley. La condena obtenida en un proceso legal es la verdadera prueba del éxito de la investigación policiaca.

Una sociedad o sus dirigentes pueden engañarse en cuanto al éxito en la lucha contra el crimen. Se corre el riesgo de confundirlo con la represión indiscriminada, en la que tantas veces el policía se transforma en delincuente al conculcar derechos a otros ciudadanos.

No puede lucharse contra el crimen actuando criminalmente. Por el contrario, el primer paso en esa lucha debe ser la depuración de las fuerzas policiacas.

La policía de la sociedad democrática está subordinada al poder legítimo, a las autoridades escogidas libremente por el pueblo.

Ningún derecho de deliberación tiene la policía frente a las órdenes de las autoridades superiores. Debe aceptar su condición de órgano ejecutor de órdenes legales, las que deberá cumplir estrictamente y sin tardanza alguna. Ningún compromiso puede contraer por su cuenta, ninguna componenda le será permitida.

La policía debe estar organizada como un cuerpo civil, debe diferenciarse claramente de las fuerzas armadas. Estas no deben ser llamadas en su carácter de tales a cumplir tareas policiacas, salvo en caso de extrema necesidad. Si lo hacen su actuación tendrá un carácter netamente civil tanto en lo que respecta a la autoridad a la que estarán sometidas como a las consecuencias jurídicas de su actuación (jurisdicción civil y no fuero militar).

Por último, la policía debe estar sometida a controles tanto internos como externos. Cualquier hombre con poder es capaz de abusar de él, y la experiencia indica que el policía no es precisamente una excepción.

El más importante de los medios de control de los cuerpos policiales es el que directamente ejercen sobre ellos sus jefes y oficiales. De allí la importancia de poner a esos cuerpos bajo el mando de jefes probos y celosos del cumplimiento del deber.

Es más fácil que un jefe integro, por respeto o temor, imponga rectitud a subordinados corruptos, que un grupo de hombres probos se sustraiga a la nefasta influencia de un jefe indigno.

Oficinas especializadas de supervisión interna, dotadas de suficiente autoridad, son otro medio importante de control.

El ministerio público o procuraduría penal debe ser el primer medio de control externo de las actuaciones de la policía. El ordenamiento jurídico debe establecer claramente la potestad supervisora del fiscal sobre la labor del policía.

Los tribunales de justicia constituyen otro medio de control externo, no sólo en la medida en que resten validez a actuaciones ilegales de la policía, sino también en cuanto subsanen y repriman severamente los abusos en que ésta incurra.

Jueces temerosos o indiferentes resultan perniciosos para la salvaguarda de un régimen de libertades. La dignidad de la magistratura obliga a velar por el inmediato acatamiento de las resoluciones jurisdiccionales, o a la renuncia del cargo cuando a éste no se le reconozca autoridad.

Muchas veces los magistrados son cómplices del atropello a la legalidad, porque aceptan una indigna subordinación a la fuerza pública.

En algunas sociedades de añeja tradición democrática funcionan óptimamente comisiones de control de la policía que cuentan entre sus integrantes a ciudadanos totalmente ajenos al cuerpo. Se opera por ese medio lo que Balbé llama "un trasvase de ideas y de información entre las instancias democráticas y la policía".

Dijimos que la sociedad democrática necesita una policía acorde con su carácter para prevalecer. Pero hay algo más: el connubio de la policía y la democracia es no sólo beneficioso para la última. La eficacia de la labor policial sólo puede alcanzarse en un régimen basado en el principio de igualdad ante la ley. Sólo así es posible la represión sistemática del crimen, sin distinción de personas y sin consideración de privilegios.

Nunca como hoy había sido tan dramática esta necesidad de poder proceder contra cualquier delincuente, sin que su clase social, su fortuna o su influencia política sean una patente de corso.

Si bien siempre ha habido delincuencia también en las clases altas, sus manifestaciones eran aisladas y la impunidad no tan gravosa para la conciencia social. Hoy, sin embargo, el fenómeno criminal del narcotráfico ha involucrado a esas clases y también ha hecho que los narcotraficantes asciendan en la escala social gracias, precisamente, a la fortuna amasada con el crimen.

Los cuerpos policiales de hoy tienen ahora su principal desafió no en los rateros y otros delincuentes de las clases populares, sino en los "barones de la droga". En hombres que gozan de influencia y hasta de respeto en la sociedad.

¿Podrá una sociedad no democrática luchar con éxito frente a ese flagelo? ¿Podrá una policía que no tiene legitimidad ni autoridad moral alguna ser eficaz? ¡Definitivamente, no!

*Conferencia dictada el 7 de diciembre de 1990 en la "Novena Conferencia Policial y Segunda Conferencia de Justicia Criminal de Centroamérica y el Caribe", celebrada en San José, Costa Rica.